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Acuerdos de la Junta Electoral Central

Sesión JEC: 23/04/2009

Núm. Acuerdo: 86/2009

Núm. Expediente: 283/506

Objeto:

Española residente en el Reino Unido, para presentarse en las elecciones al Parlamento Europeo como candidata por un partido político de dicho país, solicita certificación española acreditativa de no estar incursa en causa de inelegibilidad ni haber sido privada del derecho a ser candidata en España.

Acuerdo:

Comunicar que:

1. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General señala que "carecen de derecho de sufragio los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio; los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme; y los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial". Y que en el supuesto de que la incapacitación o el internamiento sean apreciados, los Jueces o Tribunales que entiendan de dichos procedimientos han de comunicarlo al Registro Civil para que se proceda a la anotación correspondiente. En consecuencia, los supuestos de incapacidad civil para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo deberán constar en el Registro Civil.

2. Según el artículo 6 de la citada Ley Orgánica son también inelegibles los españoles mayores de edad, que se encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad que el mismo señala, y en cualquier caso, los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena; y los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en los términos previstos en la legislación penal. Por ello, los motivos de naturaleza penal que impidan el ejercicio del derecho de sufragio pasivo deben constar en el Registro de Penados y Rebeldes.

3. En consecuencia, la acreditación del derecho de sufragio pasivo en España debe instarse por los interesados ante el Registro Civil y ante el Registro de Penados y Rebeldes, los cuales deberán certificar la inexistencia de causas que impidan el ejercicio del citado derecho.

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