Ley 5/1987, de 27 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Cantabria
desde 04/04/1987 hasta 25/03/1991
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 10 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, establece en su apartado uno que la Asamblea Regional de Cantabria estará constituida por diputados elegidos por sufragio universal, directo y secreto, y de acuerdo con un sistema proporcional.
Los apartados dos y tres del citado artículo 10 fijan como circunscripción electoral la del actual territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y diferentes preceptos inamovibles, tales como la duración del mandato de los Diputados, que será de cuatro años; el mecanismo de convocatoria de las elecciones, que habrán de celebrarse entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato parlamentario, y los mecanismo de convocatoria y disolución de la Asamblea Regional de Cantabria.
El apartado cuatro, por último, establece la necesidad de una Ley de la Asamblea Regional de Cantabria reguladora del procedimiento electoral, fija el número mínimo y máximo de los Diputados a elegir entre 35 y 45, y ordena al legislador regional que en el citado texto legal se articulen las causas de ineligibilidad e incompatibilidad que afecten a los puestos o cargos que vayan a desempeñar los Diputados dentro y fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Esta Ley da cumplimiento al citado precepto estatutario en la medida en que se respetan escrupulosamente los principios que en el mismo se contienen y las disposiciones comunes para todas las elecciones por sufragio universal directo contenidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Se establece, además, el marco jurídico adecuado para la convocatoria y la celebración de las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria.
Quedan así plenamente garantizados, tanto el carácter representativo de esta alta Institución cántabra y su adecuación a la voluntad libremente expresada del pueblo cántabro, como el derecho fundamental de los habitantes de Cantabria a participar en los asuntos públicos.