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Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia

Versión vigente desde 23/09/1988

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 3.º, dispone que la Región se organiza en municipios y comarcas o agrupaciones de municipios limítrofes, determinando en su artículo 11, en correspondencia con lo establecido en el artículo 148 de la Constitución Española, la competencia de la Comunidad Autónoma para el desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca, en materia de alteración de términos y denominaciones de los municipios comprendidos en su territorio, así como la creación de Entidades de ámbito inferior y superior a los mismos.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su disposición adicional primera, apartado 1, configura el marco en el que se ejercerán las competencias legislativas o de desarrollo legislativo sobre régimen local, asumidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en las materias de creación y supresión de municipios, alteración de términos municipales, comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades, Entidades de ámbito inferior al municipio, organización municipal complementaria y regímenes especiales.

Dentro de dicho marco, la presente Ley trata de desarrollar la legislación del Estado, estableciendo los principios generales de la organización territorial de la Región de Murcia, adaptándolos a las singularidades de sus municipios.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se caracteriza por su uniprovincialidad, por lo que estatutariamente tiene asumidas las competencias, medios y recursos que corresponden, a las Diputaciones Provinciales, especialmente la asistencia a los municipios.

Los municipios murcianos se caracterizan por su variedad de tipos (agrícolas, de montada, de grandes aglomeraciones urbanas o de carácter histórico), así como por su número no muy elevado, y son, en general, medianos por su población y riqueza, y pocos los pequeños municipios.

A estas características pretende dar respuesta el capítulo que la Ley dedica a los regímenes municipales especiales.

Constituye otra singularidad de la Región de Murcia la existencia de núcleos importantes de población separados de la respectiva capitalidad del municipio, de huerta o de campo, tradicionalmente denominados pedanías o diputaciones, que, por su elevado número de habitantes y por su riqueza, podrían aspirar a constituirse en Entidades locales menores o disponer de una organización territorial de gestión desconcentrada. Por ello, la Ley trata de potenciar la figura jurídica de la Entidad local menor y de las juntas de vecinos de pedanías o diputación, de acuerdo con el principio de descentralización en que se inspira toda ella.

Con relación a las comarcas y áreas metropolitanas, y dada la singularidad de las circunstancias de su creación en cada caso, se ha seguido el criterio de la remisión para su creación a una Ley singular de la Asamblea regional.

La Ley trata de dar respuesta, también, a la necesidad de establecer normas de constitución de agrupaciones forzosas para el sostenimiento en común de puestos de funcionarios locales, según competencia que le viene atribuida por el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

Por último, la Ley trata de establecer las lineas directrices en las que se han de desenvolver las relaciones entre la Comunidad Autónoma y las Entidades locales de la Región, que, sin perjuicio de su autonomía propia, están llamadas a una necesaria intercomunicación en cuanto que la actuación de ambas se dirige a unos mismos destinatarios: Los ciudadanos.

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se organiza territorialmente en municipios y comarcas como sus Entidades básicas, que constituyen los cauces inmediatos de participación ciudadana y vecinal.

Tendrán también la condición de Entidades locales las áreas metropolitanas, las mancomunidades de municipios y las Entidades locales menores.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asume, conforme a su Estatuto y en virtud de su carácter uniprovincial, las competencias, medios y recursos que, de acuerdo con la legislación del Estado, corresponden a las Diputaciones Provinciales y aquellos otros que en el futuro le sean atribuidos.

1. Los órganos de la Comunidad Autónoma inspirarán su actuación en materia de régimen local en los principios de respeto a la autonomía municipal, descentralización, mutua información, colaboración y coordinación con las Entidades locales de la Región, para lograr la máxima proximidad de la gestión administrativa a la población, y asegurar el establecimiento y adecuada prestación de los servicios municipales, especialmente en aquellas de menor capacidad económica y de gestión.

2. La legislación de la Comunidad Autónoma garantizará a las Entidades locales el derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente a sus intereses para hacer efectivo el principio de autonomía local.

La Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de competencias propias de la Administración regional en las Entidades locales de la Región, facultar a éstas para la gestión ordinaria de determinados servicios competencia de la misma, así como establecer convenios de colaboración, ajustándose en su actuación a lo dispuesto en la Ley Regional de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las Entidades locales. En tales supuestos, se les dotará de los recursos humanos y materiales para el ejercicio de dichas competencias.

Las comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios y Entidades territoriales de ámbito inferior al municipal en la Región de Murcia, tendrán las potestades que la legislación básica del Estado reconoce a los municipios, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

TÍTULO II. El municipio

CAPÍTULO PRIMERO. Territorio y población

SECCIÓN PRIMERA. Alteración, creación y supresión de municipios

La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se regularán por el procedimiento establecido en los artículos siguientes:

1. Los términos municipales podrán ser alterados:

a) Por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes.

b) Por fusión de dos o más municipios limítrofes.

c) Por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro municipio independiente.

d) Por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para agregarla a otro limítrofe.

2. Ninguna alteración podrá dar lugar a un término municipal discontinuo.

3. En ningún caso podrá procederse a la alteración de términos municipales si no se garantiza que, después de la misma, el municipio o municipios afectados dispondrán de recursos suficientes para prestar los servicios obligatorios establecidos por la legislación de régimen local.

Las alteraciones de términos municipales podrán acordarse cuando existan notorios motivos de necesidad, conveniencia económica o administrativa, tales como la mejora de la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales, la atención a los servicios mínimos establecidos por la Ley y las exigencias urbanísticas.

La incorporación implicará la anexión del término o términos municipales a otro municipio, en el cual quedará integrado a todos los efectos.

Podrá procederse a la fusión de municipios en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando exista insuficiencia de medios económicos, materiales y personales para gestionar los servicios mínimos obligatorios establecidos por la legislación de régimen local.

b) Cuando los núcleos de población formen un solo conjunto con continuidad urbana.

c) Cuando consideraciones de origen geográfico, demográfico, económico o administrativo lo hagan necesario o aconsejable.
La fusión de municipios, en cualquiera de los supuestos contemplados, comportará la supresión del municipio o municipios afectados.

1. Sólo podrán crearse nuevos municipios por segregación cuando concurran los requisitos siguientes:

a) Existir núcleos de población territorialmente diferenciados.

b) Contar los municipios resultantes con el territorio y recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales.

c) No comportar la segregación disminución de la calidad media de los servicios que se prestaban en el municipio.

2. Sin perjuicio del requisito establecido en el apartado 1, b), es preciso, asimismo, justificar que la segregación comporta una mejora objetiva en la prestación de servicios en el nuevo municipio.

La segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para agregarla a otro limítrofe podrá realizarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en el artículo 10, apartados b) y c).

1. La alteración de términos municipales lleva consigo la de los bienes, derechos, deudas y cargas en función del número de habitantes y de la riqueza imponible de las porciones de territorio afectadas.
En su caso, la alteración podrá comportar la de los restantes medios personales y materiales. Igualmente, se determinará, cuando proceda, el nombre del nuevo municipio y el núcleo urbano en que se fije la capitalidad.

2. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá establecer, cuando consideraciones de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo así lo aconsejen, medidas de fomento consistentes en ayudas económicas y técnicas, para las iniciativas de fusión, incorporación o segregación que se promuevan con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.

1. La iniciación de los expedientes de alteración de términos municipales se realizará por el órgano de la Administración regional competente en materia de régimen local, de oficio o a instancia de:

a) Cualquiera de los Ayuntamientos interesados.

b) La Administración del Estado, a través del Delegado del Gobierno.

2. Con carácter voluntario, podrán iniciarse por acuerdo de los Ayuntamientos interesados.

3. En los supuestos de segregación parcial, podrán ser promovidas las alteraciones de términos municipales por la mayoría de los vecinos residentes en la parte o partes del territorio que hayan de segregarse.

4. La resolución de estos expedientes se efectuará por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previa audiencia de los Ayuntamientos interesados, información pública por plazo de un mes y dictamen del Órgano Consultivo Superior de la Comunidad Autónoma, si existiera, o del Consejo de Estado. Simultáneamente a la petición de este dictamen, se dirá conocimiento a la Administración del Estado.

5. Dicho Decreto se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», y se comunicará a la Administración del Estado a los efectos del Registro de Entidades Locales.

Las cuestiones que se susciten entre municipios, referentes a los expedientes de alteraciones de términos municipales, serán resueltas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del Órgano Consultivo Superior de ésta, si existiera, o del Consejo de Estado.

En los supuestos de segregación, los nuevos municipios se regirán, hasta las siguientes elecciones municipales, por una Comisión Gestora designada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en proporción a los resultados de las últimas celebradas en la Mesa o Mesas correspondientes al territorio segregado.

SECCIÓN SEGUNDA. Demarcación, deslinde y amojonamiento

1. Los Ayuntamientos tendrán la facultad de promover la demarcación, deslinde y amojonamiento de sus términos municipales, de conformidad con el procedimiento reglamentariamente establecido.

2. Los conflictos que puedan plantearse entre municipios en relación con la demarcación y deslinde de sus términos serán resueltos por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería competente en materia de régimen local y del Instituto Geográfico Nacional. En el supuesto de que se trate de expedientes de alteración de términos municipales, será preceptivo, además, el dictamen del Órgano Consultivo Superior de la Comunidad Autónoma, si existiera, o del Consejo de Estado.

3. Cuando el deslinde afecte a los límites de la Región, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma designará, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de régimen local, una Comisión integrada por un Presidente y tres Vocales, asistida por un Letrado y un Técnico.

4. En todo caso, del resultado del deslinde se dará cuenta al Instituto Geográfico Nacional y a la Administración del Estado, a los efectos del Registro de Entidades Locales.

SECCIÓN TERCERA. Denominación y capitalidad

1. El nombre y capitalidad de los municipios podrán ser alterados por Decreto del Consejo de Gobierno, a petición del Ayuntamiento interesado, e informe de la Consejería competente en materia de régimen local, de la Academia «Alfonso X el Sabio», de Murcia, si es por motivos históricos, o de la Real Sociedad Geográfica, en los demás casos, conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.

2. El expediente se someterá a información pública por plazo de un mes.

3. Los cambios de denominación y capitalidad de los municipios serán inscritos en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad, que se llevará en la Consejería competente en materia de régimen local, y serán publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», sin perjuicio de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

SECCIÓN CUARTA. Padrones municipales

1. Los Ayuntamientos de la Región de Murcia, finalizados los trabajos de confección de sus respectivos padrones municipales de habitantes o sus rectificaciones anuales, y para su coordinación por la Comunidad Autónoma, remitirán los datos de los mismos a la Consejería competente en materia de régimen local.

2. Los datos a enviar serán los incluidos en las hojas del Padrón, cuya estructura será la fijada por el Instituto Nacional de Estadística.
No obstante, si así se aprobase, en las hojas del Padrón podrán incluirse una o más características destinadas a recoger datos de interés exclusivo para la Comunidad Autónoma o para los propios Ayuntamientos.

3. Los Ayuntamientos que informaticen sus padrones habrán de facilitar sus datos en soporte magnético.

SECCIÓN QUINTA. Símbolos municipales

1. Las Entidades locales de la Región de Murcia podrán dotarse de un escudo o emblema cuyos elementos se basarán en hechos históricos o geográficos característicos y peculiares, conforme a las normas de la heráldica.

2. Derivada del propio escudo y conteniendo los elementos esenciales de éste o su color predominante, los municipios podrán adoptar, como distintivo, una bandera. La bandera regional no podrá utilizarse como fondo de ninguna bandera municipal.

3. El procedimiento para aprobar o modificar el escudo o la bandera será el regulado en el artículo 18.

CAPÍTULO II. Organización

1. Los municipios de la Región de Murcia, en ejercicio de su autonomía organizativa y mediante el correspondiente Reglamento Orgánico, podrán establecer la estructura de su propia organización y régimen de funcionamiento.

2. En los municipios en que así lo acuerden sus respectivos Ayuntamientos, podrán existir alguno o algunos de los órganos complementarios regulados en esta Ley, que se aplicará con carácter supletorio respecto a lo establecido en sus correspondientes Reglamentos Orgánicos.

3. La creación de los órganos complementarios responderá a los principios de eficacia, economía organizativa y participación ciudadana.

En los Ayuntamientos que no procedan a regular su organización complementaria, podrán existir, previo acuerdo de los mismos, uno o varios de los órganos complementarios siguientes:

a) Comisiones Informativas.

b) Grupos Políticos.

c) Concejales Delegados de la Alcaldía.

d) Consejos Sectoriales.

e) Alcaldes de Barrio, Pedanías o Diputación.

f) Juntas de Vecinos.

SECCIÓN PRIMERA. Comisiones informativas

Podrán crearse Comisiones Informativas para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno o de la Comisión de Gobierno, cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes.

1. La presidencia de las Comisiones Informativas corresponde al Alcalde o al miembro de la Corporación en quien delegue.

2. La composición de las Comisiones Informativas será proporcional y ponderada a la de los Grupos Políticos presentes en la Corporación, y su número será determinado por acuerdo plenario, garantizando la presencia de todas las fuerzas políticas con respaldo electoral en cada una de ellas.

3. La propuesta de nombramiento de sus miembros se efectuará mediante escrito del Portavoz del Grupo Político dirigido al Alcalde y del que éste dará cuenta al Pleno. Igualmente, podrá designarse un suplente para cada titular.

1. Los informes de estas Comisiones serán preceptivos y no vinculantes.

2. El funcionamiento de las mismas se ajustará a lo establecido para el funcionamiento del Pleno de la Corporación.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a la Comisión Especial de Cuentas le corresponde el examen, estudio e informe de las cuentas anuales de la Corporación, pudiendo actuar igualmente como Comisión Informativa permanente para los asuntos relativos a la Economía y Hacienda de la Entidad Local, siempre que así se hubiere decidido por acuerdo plenario.

SECCIÓN SEGUNDA. Grupos políticos

1. Los miembros de la Corporación, en número no inferior a dos, podrán constituirse en Grupos Políticos a efectos de actuación corporativa, excepto en el Grupo Mixto, en el que bastará un solo Concejal para constituirlo.

2. Igualmente, podrán constituir Grupo Político los Concejales de aquellos Partidos, Federaciones o Coaliciones que hubieren obtenido, al menos, el 8 por 100 de los votos emitidos en el conjunto del municipio.

3. La constitución o modificación del Grupo Político se efectuará mediante escrito dirigido al Alcalde y suscrito por todos sus integrantes, presentado en la Secretaria General de la Corporación.

4. El Alcalde dará cuenta de tales escritos al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

1. Los Grupos Políticos dispondrán en la sede del Ayuntamiento de los locales y medios personales y materiales que permitan las disponibilidades de la Corporación, para poder reunirse de manera independiente.

2. Asimismo, los Grupos Políticos, mediante acuerdo plenario que así lo disponga, podrán contar con asignaciones económicas para atender a su funcionamiento.

1. Cada Grupo Político elegirá un Portavoz entre sus miembros, cuya designación será comunicada al Pleno del Ayuntamiento en el escrito de constitución de aquél, pudiendo designarse también suplente. El Grupo Mixto podrá establecer un turno rotatorio para el desempeño de la función de Portavoz.

2. Competen al Portavoz las facultades de coordinación y representación del Grupo Político.

3. La Junta de Portavoces estará compuesta por el Alcalde, que actuará de Presidente, y los Portavoces de los Grupos que se constituyan. Sus acuerdos serán adoptados por el sistema de voto ponderado.

1. Ningún Concejal podrá pertenecer a más de un Grupo Político debiendo integrarse en el grupo que se corresponda con el Partido o Coalición por el que hubiere sido elegido, salvo que decida pasar al Grupo Mixto, mediante solicitud dirigida al Alcalde y de la que se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento.

2. La baja en el Partido o Coalición por el que fue elegido lleva consigo el cese en el Grupo Político correspondiente y su incorporación al Grupo Mixto.

SECCIÓN TERCERA. Concejales Delegados de la Alcaldía

1. El Alcalde puede delegar de modo genérico el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Comisión de Gobierno o Tenientes de Alcalde, referidas a una o varias áreas en que se organice la actividad de la Corporación.

2. También podrá efectuar, a favor de cualquier miembro de la Corporación, delegaciones especiales que podrán ser relativas a:

a) Un proyecto o asunto determinado.

b) Un determinado servicio.

c) Un distrito, pedanía, barrio o diputación.

1. Las delegaciones se otorgarán por Decreto de la Alcaldía, que contendrá el ámbito de materias objeto de la delegación y las facultades que comprende, especificando si queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y la resolución de recursos de reposición frente a los mismos.
Caso de no especificarse otra cosa, se entiende delegada la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, pero no la facultad de resolver recursos de reposición frente a los mismos, que quedará reservada a la Alcaldía.

2. La delegación, para ser eficaz, debe ser aceptada por el Delegado.

3. La facultad delegada no puede ser objeto de delegación.

4. Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictadas por el órgano delegante.

La delegación surte efectos desde la fecha del Decreto de otorgamiento, sin perjuicio de la de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», en el tablón municipal de edictos y en el «Boletín Municipal», si existiera, dándose, en todo caso, cuenta el Pleno en la primera sesión que se celebre con posterioridad a tal fecha.

1. Los Concejales Delegados deberán dar cuenta al Alcalde periódicamente, y cuantas veces lo requiera éste, de la actuación desarrollada y de los resultados obtenidos en el ejercicio de las facultades delegadas.

2. En el ejercicio de las atribuciones delegadas se tendrán en cuenta los principios de coordinación y de prelación de fines en la programación acordada por la Corporación.

La delegación se pierde por:

a) Renuncia expresa formulada por escrito ante la Alcaldía.

b) Revocación por el Alcalde, adoptada en cualquier momento y con las mismas formalidades señaladas para su otorgamiento.

c) Cambio en la titularidad de la Alcaldía.

d) Pérdida de la condición de miembro de la Corporación.

e) Renovación de la Corporación por la celebración de elecciones locales.

SECCIÓN CUARTA. Consejos sectoriales

1. El Pleno de la Corporación podrá crear Consejos Sectoriales para canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos municipales.

2. En el acuerdo de creación se especificará su composición, organización y ámbito de actuación.

3. Sus funciones serán las de iniciativa, informe y propuesta, en relación con su sector de actividad.

4. Los Consejos Sectoriales serán presididos por un miembro de la Corporación, nombrado y separado libremente por el Alcalde.

SECCIÓN QUINTA. Alcaldes de Barrio. Pedanías o Diputaciones

1. En los barrios urbanos y en las pedanías o diputaciones, de huerta o de campo, en que tradicionalmente se dividen los términos municipales de la Región de Murcia, podrá existir un Alcalde de Barrio, de Pedanía o de Diputación, nombrado libremente por el Alcalde del municipio, entre los vecinos de la demarcación, que recibirá en las pedanías el nombre tradicional de pedáneo.

2. La duración del mandato de estos Alcaldes estará sujeta a la del Alcalde del municipio que le nombró, quien podrá decretar su cese por el mismo procedimiento de su nombramiento.

3. Estos Alcaldes tendrán el carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones municipales, en cuanto representantes de la Alcaldía del municipio.

Corresponden al Alcalde de Barrio, Pedanía o Diputación las siguientes facultades:

a) La representación ordinaria de la Alcaldía del municipio en su ámbito territorial.

b) La Presidencia de la Junta de Vecinos y de las Asambleas o reuniones de vecinos que se convoquen.

c) La vigilancia inmediata de las obras y servicios municipales en su demarcación.

d) Informar a los vecinos sobre las normas, acuerdos y demás actuaciones municipales que les afecten.

e) Canalizar las aspiraciones de los vecinos respecto del Ayuntamiento.

f) Cuantos asuntos le delegue o encargue el Alcalde del municipio.

SECCIÓN SEXTA. Juntas de Vecinos

1. En cada barrio, pedanía o diputación, podrá existir, como órgano territorial de gestión desconcentrada, una Junta de Vecinos, cuya creación y estatuto básico se determinarían por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en defecto de regulación por el Reglamento Orgánico del municipio.

2. Dicha Junta estará integrada por el Alcalde de Barrio, Pedanía o Diputación y un número de vocales que no superará un tercio del de Concejales del Ayuntamiento.

3. La designación de los miembros de la Junta de Vecinos se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento, en la Sección o Secciones constitutivas del correspondiente barrio, pedanía o diputación.

En el acuerdo de creación se especificarán las facultades de dicha Junta, que podrán ser las siguientes:

a) Recibir información directa de los asuntos que les afecten, y, especialmente, ser convocadas por el Ayuntamiento a las informaciones públicas de obras, servicios y planes relativos a su ámbito territorial de gestión.

b) Elevar propuestas, iniciativas, peticiones, informes, reclamaciones o quejas a los órganos municipales.

c) Aprobar sus propias normas de organización y funcionamiento, y el presupuesto de sus actividades, que habrán de ser ratificados por el Pleno de la Corporación.

d) Cuantas facultades les delegue el Ayuntamiento en orden a la mejor gestión de las obras y servicios municipales, así como la colaboración en la vigilancia y gestión de su ordenación urbanística, sin perjuicio de la unidad de gestión del municipio.

e) Facilitar la participación ciudadana en el ámbito del barrio, pedanía o diputación.

1. La Junta de Vecinos y la Asamblea o reunión de vecinos adoptarán sus acuerdos por mayoría de votos de los vecinos presentes.

2. Para la válida constitución de la Junta de Vecinos será necesaria, en todo caso, la presencia de su Presidente, del vocal que realice las funciones de fedatario y de otro vocal más.

3. Para la válida constitución de la Asamblea o reunión de vecinos será precisa la presencia de su Presidente, vocal que dé fe del acto y, al menos, igual número de vecinos al de los componentes del Pleno del Ayuntamiento respectivo.

1. El Ayuntamiento, dentro de sus disponibilidades, facilitará a la Junta de Vecinos los locales adecuados y los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades.

2. El presupuesto de actividades de la Junta de Vecinos se nutrirá con los siguientes recursos:

a) Aportaciones municipales.

b) Aportaciones voluntarias de los vecinos.

c) Donativos y subvenciones.

SECCIÓN SÉPTIMA. Participación ciudadana

1. Las Corporaciones locales deberán garantizar el derecho de los ciudadanos a la más amplia información sobre su actividad y al fomento de su participación en la vida local, favoreciendo el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos.

2. Asimismo, se impulsará la participación en la gestión de la Corporación de las asociaciones mencionadas en el apartado anterior, sin menoscabar en ningún caso las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley.

3. Las Corporaciones facilitarán, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para garantizar el ejercicio de estos derechos. El procedimiento y la determinación de las mismas se regularán por acuerdo del Pleno.

SECCIÓN OCTAVA. Dispensa de servicios mínimos

1. Los Ayuntamientos podrán solicitar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería competente en materia de Régimen Local, la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan, cuando por sus características peculiares resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de los mismos.

2. A la solicitud se adjuntará el resultado de la información pública que previamente haya efectuado el municipio y los pertinentes informes técnicos sobre las características del servicio de que se trate.

3. El Consejo de Gobierno adoptará las medidas necesarias para la prestación de dichos servicios mínimos, en el Decreto de concesión de la dispensa.

CAPÍTULO III. Regímenes Municipales Especiales

1. Podrán establecerse regímenes especiales en los municipios de la Región de Murcia en los que incidan características predominantemente:

a) Turísticas.

b) Industriales, mineras o de déficit medio ambiental.

c) Históricas.

2. La aplicación de más de un régimen o tratamiento especial podrá compatibilizarse siempre que el municipio reúna las condiciones y requisitos legales exigidos en cada caso.

3. La Comunidad Autónoma, además de los regímenes municipales especiales establecidos en la presente Ley, podrá regular otros en los que se tenga en cuenta otras peculiaridades de los municipios de la Región, tales como el que sean costeros o de tradición pesquera, el tamaño de sus términos municipales o la dispersión de su población.

SECCIÓN PRIMERA. Municipios turísticos

1. Tendrán la consideración de municipios turísticos aquellos que, por su afluencia estacional, superen ampliamente la media de población anual residente y el número de alojamientos turísticos y de segunda residencia sea superior al de viviendas habituales.

2. La Administración Regional colaborará de modo especial con estos municipios, a petición de los mismos, para la solución de sus problemas de temporada turística, mediante su asesoramiento, coordinación y aportación de medios materiales, personales y económicos.

3. La Comunidad Autónoma fomentará la constitución de mancomunidades de municipios turísticos para fines de esta naturaleza, y coordinará, a petición de los propios Ayuntamientos, las campañas y actividades municipales de difusión y promoción turística.

4. Especialmente, la Administración prestará su apoyo a los municipios que tengan declaradas fiestas de interés turístico o celebren ferias o festivales de trascendencia para la Región.

1. Para atender a las necesidades extraordinarias derivadas de la afluencia turística en determinadas épocas del año, y en caso de insuficiencia de la propia plantilla, los Ayuntamientos podrán solicitar la colaboración de otros municipios de la Región.
Asimismo, podrán contratar personal en régimen de derecho laboral, para esos períodos determinados, previendo a tal fin las dotaciones presupuestarias correspondientes.

2. La actuación de funcionarios de otros Ayuntamientos en el término municipal para atender dichas necesidades exigirá autorización de la Alcaldía del Ayuntamiento de procedencia y la expedición, a su favor, de un documento de autorización individual por parte de la Alcaldía del Ayuntamiento donde ha de prestarse el servicio.

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación a la colaboración entre Cuerpos de Policías locales de diversos Ayuntamientos de la Región, para atender, por motivos turísticos, las necesidades extraordinarias de vigilancia y ordenación del tráfico de vehículos, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la Ley Regional de Coordinación de Policías Locales y sus normas de desarrollo.

SECCIÓN SEGUNDA. Municipios industriales, mineros o con déficit medioambiental

1. Tendrán la consideración de industriales, mineros o con déficit medioambiental aquellos municipios en los que la actividad económica predominante corresponda al sector industrial o minero y en los que la agresión al medio ambiente supere los niveles mínimos legalmente establecidos.

2. La Administración Regional, mediante su personal técnico, colaborará con estos Ayuntamientos en la elaboración de estudios de protección y restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras o industriales u otras causas de degradación y pondrá a su disposición los informes y documentación que obren en su poder.

3. La concesión de subvenciones, estímulos fiscales y otras ayudas a las industrias de estos municipios por la Comunidad Autónoma requerirá la previa audiencia de la Corporación.

SECCIÓN TERCERA. Municipios históricos

1. Tendrán la consideración de municipios históricos aquellos que, conforme a la legislación específica, hayan sido declarados conjunto histórico o cuenten con un núcleo individualizado de inmuebles a los que se les haya otorgado tal carácter.

2. La Administración Regional colaborará en la realización y financiación de los planes especiales de protección, conservación, restauración y rehabilitación de los inmuebles que integren el conjunto histórico de estos municipios.

3. Asimismo, asistirá de modo especial a estos municipios en la elaboración del inventario del patrimonio histórico, mueble e inmueble, y en la defensa del mismo.

1. La Comunidad Autónoma, con carácter general y en el ejercicio de sus competencias, colaborará con los municipios de la región en conservar, incrementar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio histórico de sus respectivos términos municipales.

2. La Administración Regional cooperará en la instalación, y adecuado funcionamiento de los archivos, bibliotecas y museos municipales y propiciará, mediante los oportunos convenios, la integración de los mismos en el Sistema Regional de Archivos y Bibliotecas.

SECCIÓN CUARTA. Régimen especial de simplificación administrativa, económica y contable

1. Las Entidades locales con población inferior a cinco mil habitantes o con presupuesto consolidado inferior a la cifra que reglamentariamente se determine podrán simplificar su gestión administrativa, económica o contable para adaptarla a sus peculiares necesidades, medios y funcionamiento, dentro del marco legal y reglamentario vigente.

2. A dichos efectos, podrán utilizar las siguientes medidas:

a) Los órganos de Gobierno de dichas Entidades quedan autorizados para adoptar un modelo simplificado de presupuesto en cuanto a la clasificación funcional, que sólo llegue a un desarrollo de primer grado, por lo que el número funcional estará representado por una sola cifra, expresiva de la función a que corresponda el gasto, y la partida presupuestaria, por una clave de cuatro cifras.

b) El Pleno podrá facultar a los Secretarios-Interventores para prescindir de los registros de expedición de mandamientos de ingreso y de mandamientos de pago.

c) Los Tesoreros estarán obligados a llevar adaptados a los modelos oficiales, tan sólo los libros siguientes:

1. Libro de caja.

2. Libro de arqueos.

3. Libros auxiliares de cuentas corrientes de recaudación, uno por valores en recibo y otro por certificaciones en descubierto.

SECCIÓN QUINTA. Agrupaciones a efectos de sostener en común

1. Los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de menor capacidad económica podrán constituir agrupaciones voluntarias a efectos de mantener en común funcionarios locales, con independencia de lo dispuesto en esta Ley para el sostenimiento en común de funcionarios con habilitación nacional.

2. De modo especial, la Administración Regional ayudará a la prestación adecuada de las funciones que correspondan al personal técnico facultativo de grado superior y medio, a través de la asignación temporal, en su caso, de medios personales o materiales propios de la misma.

La constitución de estas Agrupaciones se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Iniciación por acuerdo de las Corporaciones locales interesadas y adoptado por mayoría simple.

b) Información pública del expediente durante el plazo de treinta días.

c) Informe de la Administración Regional.

d) Aprobación definitiva por acuerdo de los Ayuntamientos, que será adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

e) Remisión a la Administración Regional, que ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acordar la agrupación de municipios y otras Entidades Locales de la región cuya población y recursos ordinarios no superen las cifras que determine la Administración Central, a través del Ministerio competente, a efectos de sostener en común un puesto único de Secretario.

2. Asimismo, podrá acordar la agrupación de municipios u otras Entidades locales de la Región cuyas Secretarías estén catalogadas como de segunda o tercera clase, a efectos de sostener en común un puesto único de Interventor.

La constitución de las agrupaciones de municipios a que se refiere el artículo anterior se ajustará al procedimiento siguiente:

a) Iniciación por acuerdo de las Corporaciones locales interesadas, adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, o de oficio por la Administración Regional, dándose audiencia, en este caso, a las Corporaciones afectadas, por plazo de treinta días.

b) Información pública, durante el plazo de treinta días, por parte de la Administración que lo hubiese iniciado.

c) Resolución del expediente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejería competente en materia de régimen local, que ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

d) El acuerdo aprobatorio del expediente se remitirá a la Administración del Estado, a los efectos oportunos.

En el acuerdo aprobatorio de la mencionada agrupación forzosa, se determinarán los municipios que deban agruparse y las normas mínimas por las que deberá regirse, que podrán ser desarrolladas por acuerdo conjunto de los municipios afectados.

En los supuestos en que no se produzca la agrupación de municipios u otras Entidades locales a que se refiere el artículo 54.1 de la presente Ley, a efectos de sostener un puesto único de Secretario, las funciones de la Secretaría General serán desempeñadas por funcionarios con habilitación de carácter nacional adscritos a los Servicios de Asistencia, existentes en la Administración Regional.

En caso de ausencia, enfermedad, abstención legal o reglamentaria de funcionarios con habilitación de carácter nacional de las Entidades locales de la Región, sin que existan en las mismas otros funcionarios de igual clase a quienes corresponda la sustitución, la Administración Regional, en defecto de funcionario en comisión de servicio o en acumulación, o de habilitación de funcionario accidental de la propia Corporación, prestará la asistencia mencionada en el artículo anterior.

TÍTULO III. Entidades locales de ámbito territorial superior

CAPÍTULO PRIMERO. Comarca

Conforme a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, podrán crearse, por Ley de la Asamblea Regional, Comarcas constituidas por agrupación de varios municipios limítrofes cuyas características históricas, naturales, geográficas, socioeconómicas, culturales o demográficas determinen intereses comunes precisados de una gestión propia, o demanden la prestación de servicios en dicho ámbito.

1. La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los propios municipios interesados, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejería competente en materia de régimen local, o de los demás titulares de la iniciativa legislativa.

2. En todo caso, será preceptivo oír a las Entidades locales que puedan resultar afectadas por la creación de la Comarca.

3. La ley de creación o, en su caso, la de modificación de la Comarca determinarán el ámbito territorial de la misma, su denominación, capitalidad, las concretas competencias que asuma, la composición, designación y funcionamiento de sus órganos de gobierno y los recursos económicos y financieros que se le asignen.

No podrá crearse la Comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios afectados, siempre que representen, al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.

CAPÍTULO II. Áreas metropolitanas

1. Por Ley de la Asamblea Regional, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos afectados, se podrán crear, modificar o suprimir áreas metropolitanas, como Entidades Locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

2. La ley de creación determinará los órganos de gobierno y de administración, el régimen económico y de funcionamiento, los servicios a prestar, las obras a realizar y el procedimiento para su ejecución.

3. La iniciativa para la creación de áreas metropolitanas podrá partir de los mismos órganos a que se refiere el artículo 60.1 de la presente Ley.

CAPÍTULO III. Mancomunidades

1. Los municipios de la región de Murcia, en uso de su derecho a asociarse, pueden constituir Mancomunidades para la ejecución conjunta de obras o para la gestión de servicios de su competencia.

2. La Mancomunidad tiene la naturaleza de Entidad local con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y se regirá por sus propios estatutos.

3. El objeto de la Mancomunidad debe estar determinado y no podrá incluir todas las competencias de los municipios asociados.

Los estatutos de la Mancomunidad regularán, necesariamente, los siguientes extremos:

a) Los municipios que comprende.

b) La denominación y el domicilio.

c) Objeto, competencias, derechos y deberes de los municipios asociados.

d) Órganos de gobierno, número y forma de designación de representantes de los municipios asociados.

e) Los recursos financieros, las aportaciones y los compromisos.

f) Plazo de vigencia, causas de disolución y forma de liquidación.

g) Procedimiento para la modificación de los estatutos.

h) Procedimientos de adscripción o selección de su personal.

El procedimiento para la constitución de la Mancomunidad se ajustará a las siguientes reglas:

a) Acuerdo inicial de promover la constitución de una Mancomunidad, adoptado por mayoría simple en cada uno de los Ayuntamientos interesados.

b) Elaboración del proyecto de estatutos por los Concejales de la totalidad de municipios promotores de la Mancomunidad, constituidos en Asamblea.

c) Información pública del proyecto, por plazo de un mes, en cada Ayuntamiento.

d) Informe de la Consejería competente en materia de régimen local de la Administración Regional.

e) Aprobación de la constitución de la Mancomunidad y de sus estatutos por todos los Ayuntamientos, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada Corporación.

f) Remisión de los acuerdos y texto de los estatutos a la Administración Regional, que ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

1. La modificación de los estatutos o la supresión de la Mancomunidad se realizarán por el mismo procedimiento establecido para su creación.

2. La incorporación de nuevos asociados a la Mancomunidad o la separación de alguno de los integrantes requerirán acuerdo del Ayuntamiento interesado, informe de la Consejería competente en materia de régimen local y del órgano de gobierno de la Mancomunidad, información pública por plazo de un mes y aprobación por todos los Ayuntamientos con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada Corporación.

CAPÍTULO IV. Entidades Locales Menores

1. Las pedanías, diputaciones u otras divisiones territoriales de denominación tradicional análoga, inferiores al municipio, con características peculiares y que constituyan núcleos de población separados, podrán constituirse en Entidades Locales Menores para su administración descentralizada.

2. Para constituir una Entidad Local Menor será necesario que el núcleo respectivo cuente con los recursos económicos y capacidad de gestión suficientes para el cumplimiento de sus fines, y que su constitución no determine una notoria pérdida de calidad en la prestación de los servicios generales del municipio.

3. Las Entidades Locales Menores, como Entidades territoriales, tendrán, en la esfera de sus competencias, idénticas potestades, prelaciones y demás prerrogativas que corresponden al municipio.

4. No podrá constituirse en Entidad Local Menor el núcleo territorial en que resida la capitalidad del municipio.

1. Las Entidades Locales Menores contarán con un Alcalde Pedáneo, una Junta Vecinal y otros órganos complementarios de que puedan dotarse, con sujeción a su reglamento orgánico.

2. Las Entidades Locales Menores tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer obras y servicios públicos, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones.

Para la constitución de Entidades Locales Menores, se seguirá el siguiente trámite:

a) Petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en el territorio que haya de servir de base de la Entidad, dirigida al Ayuntamiento correspondiente o acuerdo del mismo de iniciar el expediente.

b) Información pública durante el plazo de treinta días.

c) Informe del Ayuntamiento sobre la petición y reclamaciones habidas, que habrá de emitirse dentro del plazo de treinta días.

d) Aprobación definitiva, si procede, por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejería competente en materia de régimen local.

1. Una vez constituida la Entidad, se establecerán sus límites territoriales y se hará la segregación patrimonial por acuerdo del Ayuntamiento, a propuesta de la Junta Vecinal.

2. El acuerdo municipal en esta materia requerirá la ratificación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, que se entenderá otorgada si no se resolviese en el término de tres meses.

La modificación o supresión de Entidades Locales Menores podrán llevarse a cabo por notorios motivos de necesidad económica o administrativa, bien a petición de la propia Entidad y a través de los trámites establecidos para su constitución, bien por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma previa audiencia, en este caso, de la Entidad y del Ayuntamiento interesados.

1. El Alcalde Pedáneo será elegido directamente por los vecinos de la correspondiente Entidad Local Menor, por sistema mayoritario, mediante la presentación de candidatos por los distintos partidos, federaciones, coaliciones o agrupación de electores.

2. La Junta Vecinal estará formada por el Alcalde Pedáneo, que la presidirá, o un número de Vocales que no superará el tercio del de Concejales que integren el Ayuntamiento.

3. La designación de los Vocales de la Junta Vecinal se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento, en la Sección o Secciones constitutivas de la Entidad Local Menor, según lo dispuesto en la Ley Electoral General.

1. Corresponde a las Entidades Locales Menores la aprobación de su Reglamento orgánico, presupuestos, ordenanzas y cuentas, así como la administración y disposición de su patrimonio.

2. Igualmente, podrán asumir las siguientes competencias:

a) Obras en calles y caminos rurales, así como para edificios de sus dependencias.

b) Servicios de Policía Urbana y Rural, ordenación del tráfico, subsistencias, alumbrado público, agua potable y alcantarillado, limpieza viaria y de recogida de basuras, protección civil, actividades culturales y sociales, y cuantas otras obras y servicios sean de interés para la Entidad Local Menor, que no estén a cargo del respectivo municipio.

c) Recaudación.

3. Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa, deberán ser ratificados por el Ayuntamiento.

1. El Alcalde Pedáneo tendrá las atribuciones que la Ley señala para el Alcalde, circunscritas a la administración de la Entidad.

2. La Junta Vecinal tendrá las atribuciones que la Ley señale al Pleno del Ayuntamiento en el ámbito de la Entidad.

La Hacienda de las Entidades Locales Menores estará constituida por los siguientes recursos:

a) Ingresos de derecho privado.

b) Tasas.

c) Contribuciones especiales.

d) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.

e) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.

f) Tributos con fines no fiscales.

g) Multas.

TÍTULO IV. Relaciones interadministrativas

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Comunes

1. La Administración Regional y sus Entidades Locales de Murcia ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

2. Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de la Administración Regional cuando las actividades o los servicios locales transciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dicha Administración, o sean concurrentes o complementarios de los de ésta.

3. Las funciones de coordinación no afectarán, en ningún caso, a la autonomía de las Entidades Locales.

CAPÍTULO II. Relaciones en régimen de igualdad

Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativa, la Administración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de la Región, en sus relaciones recíprocas, deberán:

1. Respetar el ejercicio legítimo, por cada una de ellas, de sus competencias, así como las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.

2. Ponderar, en el ejercicio de sus competencias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en particular, aquellos cuya gestión esté encomendada a la otra Administración.

La Administración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de la Región tienen el deber de facilitarse mutuamente, previa petición, la información sobre los datos de su propia gestión que consideren de importancia para el desarrollo de los fines que tienen encomendados por las leyes.

Las Entidades Locales y la Administración Regional habrán de prestarse, de manera recíproca, la cooperación y asistencia activas que pudieran precisar coyunturalmente para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Regional y las Entidades Locales, para la prestación de servicios de competencia local o a la atención de asuntos de interés común, se desarrollará, con carácter voluntario, mediante los consorcios o convenios administrativos que se suscriban.

CAPÍTULO III. Relaciones en régimen de supremacía

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, sobre la Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, la Administración Regional, a través de la Consejería competente en materia de régimen local, colaborará con aquéllas, mediante asistencia técnica, jurídica y económica, con el fin de asegurar el establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos y el desempeño en las mismas de las funciones públicas de Secretaría, Intervención y Tesorería.

1. La Comunidad Autónoma, cuando no pueda alcanzarse la coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas por los medios previstos en los artículos anteriores, podrá, mediante ley, coordinar el ejercicio de competencias propias de las Corporaciones Locales en relación con actividades o servicios que trasciendan el interés local o concurran con intereses propios de la misma.

2. La coordinación, que corresponderá al Consejo de Gobierno, se realizará mediante la definición concreta y, en relación con una materia, servicio o competencias determinadas, de los intereses generales o comunitarios, a través de planes sectoriales para la fijación de objetivos y la determinación de prioridades de la Administración Pública en la materia correspondiente.

3. En todo caso, la ley deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los límites de la coordinación, así como las modalidades de control que se reserve la Asamblea Regional.

1. En los casos en que la naturaleza de la actividad haga muy difícil una asignación diferenciada y distinta de las facultades, la decisión final corresponderá al Consejo de Gobierno, garantizándose a las Entidades Locales su integración y participación en las actuaciones o procedimientos que se desarrollen.

2. La Comunidad Autónoma facilitará el acceso de los representantes legales de las Entidades Locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.

1. Las Entidades Locales de la Región tienen el deber de remitir al órgano competente de la Administración Regional en materia de régimen local, en el plazo de seis días y en la forma que reglamentariamente se determine, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas.

2. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones Locales, serán responsables del cumplimiento de este deber.

CAPÍTULO IV. Relaciones de conflicto

1. Cuando la Comunidad Autónoma considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de una Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla para que anule dicho acto o acuerdo.

2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada, formulándose en el plazo de quince días hábiles, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.

3. No obstante, la Comunidad Autónoma podrá impugnar el acto o acuerdo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, directamente o transcurrido el plazo que en el requerimiento se señale.

Las Entidades Locales estarán legitimadas para promover la impugnación, ante el Tribunal Constitucional, de las leyes de la Comunidad Autónoma, cuando se estime que éstas lesionan la autonomía local.

Cuando una Entidad Local de la Región incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la Ley, de forma que tal incumplimiento afectase al ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma, y cuya cobertura económica estuviere legal o presupuestariamente garantizada, la Administración Regional deberá recordarle su cumplimiento, concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación, a costa y en sustitución de la Entidad Local.

Los actos y acuerdos de las Entidades Locales que menoscaben competencias de la Comunidad Autónoma, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de aquéllas, podrán ser impugnados directamente, sin necesidad de previo requerimiento, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la Administración Regional, en el plazo señalado en el número 2 del artículo 85 de esta Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las Organizaciones asociativas de las Entidades Locales actualmente existentes adaptarán sus Estatutos a las prescripciones contenidas en la presente Ley, en el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo reglamentario de la presente Ley.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades que corresponda, que la hagan cumplir.

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