Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos
desde Julio de 2007 hasta Octubre de 2012
Artículo 18.
Los procedimientos sancionadores a que se refieren los apartados a) y b) del artículo anterior se iniciarán por acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas.
1. El acuerdo de iniciación tendrá el contenido mínimo siguiente:
a) Identificación del partido político presuntamente responsable.
b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación jurídica y las sanciones que pudieran corresponder.
c) El instructor del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación del mismo.
El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor y se notificará al partido político inculpado indicándole que tiene un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un período probatorio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados.
El acuerdo de iniciación se acompañará de los documentos y pruebas que haya tenido en cuenta el órgano titular de la competencia sancionadora para abrir el procedimiento.
2. Se abrirá un período probatorio en los siguientes supuestos:
a) Cuando en el trámite de alegaciones establecido en el artículo precedente lo solicite el partido interesado con proposición de medios de prueba concretos.
b) Cuando, en ausencia de solicitud de parte interesada, el instructor lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos y determinación de los responsables. En este caso el instructor dará un plazo de cinco días a los interesados para que propongan los medios de prueba que estimen oportunos.
c) El período probatorio durará treinta días hábiles.
d) La práctica de las pruebas se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Concluido, en su caso, el período probatorio, el instructor formulará propuesta de resolución, la cual deberá contener:
1) Si estima que existe infracción y responsabilidad:
a) Los hechos que considere probados y la valoración de la prueba en que tal consideración se funde.
b) El partido político que considere responsable, los preceptos y la valoración de la prueba en que tal consideración se funde.
c) Los preceptos tipificadores de infracciones en que considere subsumidos los hechos y las razones de tal consideración que deberán ser exclusivamente los que aparecen en los apartados a) y b) del artículo 17 de la presente Ley.
d) Las sanciones que estime procedentes en los términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, los preceptos en los que se determinen, las circunstancias que a tal efecto haya considerado, los preceptos y valoración probatoria en que se funde tal consideración, así como, en su caso, la proposición de suspensión de la ejecución de la sanción, de ejecución fraccionada o de su modificación, y las razones de tal proposición.
2) Si estima que no existe infracción o responsabilidad:
a) La propuesta de absolución.
4. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles que disponen de un plazo de quince días para formular alegaciones. En tal notificación se comunicará a los interesados que durante dicho plazo se les pondrá de manifiesto el expediente, a fin de que puedan consultarlo y obtener copias de los documentos que obren en el mismo.
Concluido el trámite de audiencia, el instructor cursará inmediatamente la propuesta de resolución al Pleno del Tribunal de Cuentas para resolver el procedimiento, junto con los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el expediente.
5. El instructor podrá, motivadamente, prorrogar los plazos de dichos trámites de alegaciones y el del período de prueba, por una sola vez e idéntico o inferior tiempo al establecido, siempre que, por el número y la naturaleza de las pruebas a practicar, la complejidad de las situaciones fácticas y cuestiones jurídicas analizadas u otras razones atendibles, sea preciso para lograr la adecuada determinación de los hechos y las responsabilidades o para garantizar la eficaz defensa de los imputados.
6. Los actos del instructor que denieguen la apertura del período probatorio o la práctica de algún medio de prueba propuesta por las partes, serán susceptibles de recurso, en el plazo de tres días, considerándose su silencio desestimatorio.
7. El Pleno del Tribunal de Cuentas dictará resolución motivada, que decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por el partido interesado y aquellas derivadas del procedimiento. La resolución que resuelva el procedimiento deberá tener el contenido que se establece en el apartado tercero de este artículo.
El Pleno del Tribunal de Cuentas, órgano competente para resolver, únicamente podrá variar la relación de hechos expresada en la propuesta de resolución, matizándolos o tomando en cuenta otros sólo en el caso de que ello sea beneficio del imputado. El órgano competente para resolver motivará específicamente en la resolución la variación fáctica.
Si no hubiera sido notificada la resolución en el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento se producirá la caducidad de éste. El transcurso del referido plazo de seis meses quedará interrumpido mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables a los interesados.
8. Las resoluciones sancionadoras que adopte el Tribunal de Cuentas serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Cuando dichas resoluciones sancionadoras acuerden la minoración o el no libramiento de las subvenciones anuales para gastos de funcionamiento, la interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecución de la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas.