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Acuerdos de la Junta Electoral Central

Sesión JEC: 01/07/2024

Núm. Acuerdo: 247/2024

Núm. Expediente: 360/333

Autor: Representación de D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Objeto:

Expediente sancionador incoado por la Junta Electoral Central, en sesión de 29 de abril de 2024, a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno, por sus declaraciones en la rueda de prensa del día 3 de abril de 2024 en Doha con motivo de un viaje oficial por Oriente Próximo.

Acuerdo:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- La Junta Electoral Central, en su sesión del día 29 de abril de 2024, adoptó el acuerdo que se transcribe respecto de la reclamación presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) contra don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno, por sus declaraciones de 3 de abril de 2024 en la rueda de prensa celebrada en Doha.

         “Expte. 293/1605                              

ACUERDO.-

1.- Con fecha 24 de abril de 2024 se ha recibido denuncia planteada por Esquerra Republicana de Catalunya contra el Presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, por determinadas manifestaciones que hizo en la rueda de prensa celebrada en Doha el pasado 3 de abril, con motivo de su viaje oficial a Oriente Próximo. Considera que en ellas difundió mensajes políticos partidistas, incumpliendo los principios de objetividad, transparencia e igualdad entre los actores electorales, contradiciendo por tanto lo establecido en la legislación electoral y en la doctrina de la Junta Electoral Central. En particular la denuncia se centra en las siguientes expresiones:

"Ah y sobre Catalunya, pues estamos en campaña electoral o en precampaña electoral, yo creo que, no sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana y tampoco será noticia la posición del Gobierno de España y, en mi caso, concreto como Secretario General del Partido Socialista. Pero bueno, hacer ahora bandera de las bondades del primer secretario del PSC, de Salvador Illa aquí pues me parece un poco excesivo, pero si hay alguien que puede unir y servir ahora mismo la sociedad catalana creo que tiene un nombre y un apellido que es Salvador Illa".

Asimismo, se llama la atención sobre el hecho de que en las manifestaciones denunciadas utilizara las expresiones "Unir y servir" aplicado al candidato del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), don Salvador Illa, por tratarse precisamente del lema que dicha formación política está utilizando en su propaganda electoral, aportando a tal efecto imágenes de alguna de las intervenciones del señor Illa en las que aparece ese eslogan.

Considera que tanto las manifestaciones realizadas así como la utilización del mismo eslogan utilizado por una formación política concurrente a las elecciones al Parlamento de Cataluña vulneran lo establecido en el artículo 50.2 de la LOREG y que así debe ser declarado por la Junta Electoral Central, debiendo también incoar el correspondiente expediente sancionador.

2.- Aun cuando la denuncia fue presentada ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, el asunto ha sido remitido por esta a la Junta Electoral Central, al tratarse de una actuación realizada en un lugar que excede del ámbito territorial de competencia de dicha Junta. En efecto, al tratarse de declaraciones pronunciadas fuera del territorio nacional y haber tenido su reflejo en medios de comunicación de ámbito nacional y redes sociales, es la Junta Electoral Central el órgano competente para examinar esta denuncia.

3.- De la denuncia se dio traslado al Presidente del Gobierno para que presentara alegaciones hasta el lunes 29 de abril a las 10 horas, habiéndose recibido escrito a las 15:53 horas del citado día 29.

4.- El artículo 50.2 de la LOREG señala lo siguiente:

"Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones."

En relación con este precepto, parece conveniente recordar la reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sobre la interpretación de estos preceptos, que se resume con particular detalle en el Fundamento Sexto de la Sentencia 743/2021, de 26 de mayo, en los siguientes términos:

«En la reciente STS de 15 de marzo de 2021, recurso 346/2019 FJ 9 (lazos amarillos como símbolo partidista) se ha recordado la jurisprudencia sobre la neutralidad de las instituciones como principio básico de nuestro ordenamiento que se encuentra declarada en los arts. 9.3. y 103.1 CE. Así se menciona las SSTS de 19 de noviembre de 2014, recurso 288/2012 (denuncia de la campaña institucional denominada "una reforma para el empleo"), 28 de abril de 2016, recurso 827/2015 (bandera estelada), 18 de junio de 2014, recurso 555/2012 (prohibición de campaña institucional de incentivación del voto). La neutralidad política en período electoral en los espacios públicos constituye un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico. En el Fundamento Segundo de la STS de 28 de abril de 2016 se dice: "Tal exigencia de neutralidad se agudiza en los períodos electorales, puesto que como sostiene este Tribunal en la sentencia de 19 de noviembre de 2014 (denun, rec. 288/2012, "el sufragio igualitario para la elección de representantes parlamentarios es, según disponen los artículos 68.1 y 69.2 de la Constitución (CE) y 8.1 de la LOREG, un elemento de suma trascendencia de nuestro sistema político, y por ello, paralelamente, la neutralidad de todos los poderes públicos constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva esa igualdad que ha de ser observada en el sufragio. Y procede añadir así mismo, que dicha neutralidad en los procesos electorales es una de las específicas proyecciones que tiene el genérico mandato de objetividad que el artículo 103.1 CE proclama para la actuación de toda Administración pública"; razón por la cual sostiene la sentencia de esta Sala de 18 de junio de 2014, rec. 555/2012) que "ese artículo 50.1 de la LOREG debe ser interpretado en la clave constitucional del sufragio libre que proclama el artículo 68 de la Carta Magna. Sufragio libre que significa proclamar como un esencial designio de verdadera democracia el establecer un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política".»

En esa misma resolución se añade además algo que resulta particularmente relevante en el presente caso, como es el de los límites de la libertad de expresión en actos institucionales durante los periodos electorales a efectos del respeto de la exigencia de neutralidad política:

«La fijación de límites a la libertad de expresión y el deber de neutralidad que impone la normativa electoral (en las federaciones deportivas y su configuración jurídica) es recordada en fecha reciente, STC 5/2021, de 25 de enero, FJ, 4º b) (proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Futbol) con mención del caso Haldimann y otros C. Suiza, párrafo 46, STEDH 24 de febrero de 2015. Al mismo tiempo la antedicha sentencia, FJ 5Ab), recuerda que el Tribunal Constitucional ha declarado que: "en ningún caso son titulares de los referidos derechos fundamentales las instituciones públicas o sus órganos (en relación con la libertad de expresión, SSTC 185/1989, de 13 de noviembre, FJ 4; 254/1993, de 20 de julio, FJ 7; en relación con las libertades de expresión e información, ATC 19/1993, de 21 de enero" (por todas, las SSTC 14/2003, de 28 de enero, FJ 8, y 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 3). Este tribunal ha declarado que "no puede equipararse la posición de los ciudadanos y la de las instituciones públicas, en el disfrute de la libertad de expresión: pues, mientras aquellos gozan de libertad para criticarlas, las instituciones encuentran su actuación vinculada a los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, entre los que no se encuentra ciertamente el de atribuir calificativos a sus administrados" ( ATC 19/1993, de 21 de enero, FJ 2, y la referencia que en el mismo se hace a la STC 185/1989, FJ 4)." Es aquí extrapolable el último inciso del último fundamento de la antedicha STC 5/2021 cuando afirma: "el ejercicio de derechos fundamentales, que solo están reservados a los ciudadanos particulares, pero no a órganos o representantes de una entidad que se halle en aquel momento en el desempeño de funciones públicas, cuyos actos siempre han de estar vinculados a los fines que les asigne el ordenamiento jurídico."» (STS 743/2021, FD 6.º).

5.- En el presente caso se advierte, en primer lugar, que las manifestaciones denunciadas entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la LOREG, pues se realizaron en una rueda de prensa ofrecida por el Presidente del Gobierno, en su calidad de tal y con motivo de una visita oficial a Catar. Por ello le resulta aplicable la prohibición establecida en dicho precepto respecto de actuaciones realizadas en periodo electoral por cualquier autoridad pública.

En segundo lugar, cabe apreciar que esas manifestaciones pueden incurrir en la prohibición establecida en el referido precepto en la medida en que, manifiesta explícitamente su apoyo a uno de los candidatos concurrentes al proceso electoral, don Salvador Illa. Con ello se olvida el deber de neutralidad que toda autoridad pública debe mantener durante los periodos electorales cuando realiza intervenciones en actos institucionales organizados o financiados, directa o indirectamente, por los poderes públicos.

El Presidente del Gobierno, como cualquier otro cargo público, puede ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, y manifestar su apoyo a uno de los candidatos concurrentes a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Pero no puede hacerlo prevaliéndose de la utilización de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo público. Esta es la finalidad esencial del artículo 50.2 de la LOREG, en conexión con la garantía de igualdad que el artículo 8.1 de la citada ley exige que deba ser garantizada por la administración electoral, y que implica un estricto deber de neutralidad política en actos institucionales como proyección específica del mandato de objetividad impuesto por el artículo 103.1 de la Constitución y reiteradamente recordado por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que se ha recogido en el anterior fundamento de esta resolución.

Debe tenerse en cuenta, además, que la autoridad denunciada conoce perfectamente esta exigencia puesto que la Junta Electoral Central se lo ha recordado ya en anteriores ocasiones. Así, en su Acuerdo 609/2019, de 17 de octubre, en el que se instó expresamente a todos los miembros del Gobierno que presidía el señor Sánchez Pérez-Castejón a que extremasen su deber de cuidado para que no se produjesen nuevas infracciones del artículo 50.2 de la LOREG. Con posterioridad, mediante Acuerdo 646/2019, de 30 de octubre, la Junta Electoral Central acordó la incoación de expediente sancionador por vulneración del artículo 50.2 de la LOREG, que dio lugar al ulterior Acuerdo 12/2020, de 23 de enero, que le impuso una sanción de multa de 500 €. Finalmente, el Acuerdo de la misma Junta 497/2023, de 12 de julio, respecto de declaraciones formuladas por el mismo en rueda de prensa ofrecida tras el Consejo Europeo de 29 y 30 de junio de 2023, que supuso la incoación de un nuevo expediente sancionador que, tras su tramitación, dio lugar al Acuerdo 575/2023, de 5 de octubre, que le impuso una sanción de multa de 2200 €.

Todo ello conduce a que proceda la estimación de la denuncia y a ordenar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, en el sentido que a continuación se indica.

En su virtud se adopta el siguiente

ACUERDO:

 

PRIMERO.- Estimar la denuncia y declarar que las manifestaciones vertidas por el Presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en la rueda de prensa celebrada en Doha el 3 de abril con motivo de su viaje oficial a Oriente Próximo vulneró presuntamente la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG, así como el deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar los cargos públicos durante los periodos electorales, conforme al deber de objetividad en la actuación de las administraciones públicas exigida por el artículo 103.1 de la Constitución.

SEGUNDO.- Instar al Presidente del Gobierno a que durante el resto del periodo electoral se abstenga de realizar actuaciones como la examinada que supongan vulneración del deber de neutralidad exigido a las autoridades públicas durante el periodo electoral.

TERCERO.- Incoar expediente sancionador al señor Sánchez Pérez-Castejón, en los términos siguientes:

1.º Los hechos que motivan la incoación del procedimiento sancionador consisten en la presunta vulneración del artículo 50.2 de la LOREG así como el deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar durante los periodos electorales, conforme al deber de objetividad en la actuación de las administraciones públicas exigida por el artículo 103.1 de la Constitución, por las manifestaciones vertidas por el Presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en la rueda de prensa celebrada en Doha el 3 de abril con motivo de su viaje oficial a Oriente Próximo, en particular las que se recogen en el fundamento número 1 de esta resolución.

Tales hechos podrían constituir una infracción electoral susceptible de ser sancionada con multa de 300 a 3000 euros, en aplicación del artículo 153.1, en relación con el mencionado artículo 50.2, ambos de la LOREG, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

2.º La persona presuntamente responsable de los hechos es don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, todo ello sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción del expediente.

3.º Se designa instructor y secretario. 

4º El órgano competente para la resolución del expediente es la Junta Electoral Central, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.k) de la LOREG.

5º En aplicación del artículo 64.2.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el expedientado tiene la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos reductores que se desprenden del artículo 85.3 de dicha Ley. A tal efecto, el expedientado podrá proceder al pago voluntario de la sanción en cualquier momento anterior a la resolución del expediente, debiendo en tal caso abonar la cantidad de 2400 euros, si bien su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción, como dispone el citado artículo 85.3 de la Ley 39/2015.

Asimismo, conforme dispone el mencionado artículo 85.3 de la Ley 39/2015, la reducción por el pago voluntario de la sanción es acumulable a la que corresponde aplicar por el reconocimiento de la responsabilidad, siempre que este reconocimiento de la responsabilidad se ponga de manifiesto dentro del plazo concedido para formular alegaciones a la apertura del procedimiento. En este caso, si procediera a aplicar ambas reducciones, el importe de la sanción quedaría establecido en 1800 euros.

El reconocimiento de la responsabilidad y la aceptación de la sanción habrán de comunicarse formalmente a la Junta Electoral Central en un plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde la fecha de la notificación de incoación del expediente sancionador.

6.º De no reconocer voluntariamente su responsabilidad, el expedientado dispondrá de un plazo de 10 días hábiles desde la notificación de este acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en su defensa y, en su caso, para proponer la práctica de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, con la advertencia de que en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado como propuesta de resolución.

El presente Acuerdo es firme en vía administrativa. Contra el mismo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

De este Acuerdo se dio traslado al Presidente del Gobierno, Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, mediante oficio remitido por el Presidente de la Junta Electoral Central de fecha 30 de abril de 2024.

 

SEGUNDO.- En nombre de la parte expedientada, se presentó escrito de alegaciones mediante documento registrado el 16 de mayo de 2024. En dicho escrito se solicita el archivo del expediente sancionador o, en su defecto, que se concluya el mismo sin imposición de sanción alguna; todo ello apoyándose en diferentes motivos, que cabe resumir del siguiente modo:

a)  En primer lugar, se reiteran y dan por reproducidas las alegaciones que ya se formularon con motivo de la reclamación que, en su momento, presentó la formación política denunciante.

b)  En segundo lugar, se alega que la remisión realizada en el fundamento 1 de la resolución de 29 de abril de la Junta Electoral Central en la que se examina la reclamación de ERC no cumple las exigencias propias de un escrito de iniciación de un procedimiento sancionador, que debe delimitar con concreción el objeto del procedimiento y los hechos que han de subsumirse dentro de los tipos sancionadores que se aplicarán en el procedimiento sancionador, exigidas por el artículo 64 de la Ley 39/2015, como garantía del principio de legalidad y seguridad jurídica en el procedimiento sancionador, previstos en el artículo 9 de la CE, para salvaguardar el derecho de defensa del expedientado.

c)  En tercer lugar, aduce que no concurre el supuesto de hecho previsto en el artículo 50.2 de la LOREG, pues la rueda de prensa no fue organizada por el Gobierno, sino por las autoridades cataríes, sin contar con recursos públicos suministrados por el Gobierno. Además, la rueda de prensa fue emitida en directo y posteriormente alojada en la web de la Presidencia del Gobierno, sin que las declaraciones a los periodistas objeto de reclamación se colgaran desde la web y sin que se destacaran desde la red social X del Gobierno de España ni del Presidente del Gobierno. Por otro lado, entiende que la prohibición de llevar a cabo apreciaciones valorativas en el curso de una rueda de prensa a preguntas a los periodistas constituye una vulneración del derecho a la libertad de expresión reconocida en el art.20.1a) CE de las personas que ostentan funciones públicas. Añade que el art. 50.2 LOREG se refiere a “imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. Sin embargo, cuando el Presidente del Gobierno utilizó la expresión “unir y servir” el 3 de abril, todavía no era el lema de la campaña electoral, pues no fue anunciado hasta el 9 de abril de 2024.

d) En cuarto lugar, la representación de la parte expedientada sostiene que la reclamación inicial de ERC se centra en la utilización del lema “unir y servir”, mientras que la Junta Electoral Central ha entendido que con sus declaraciones el Presidente del Gobierno ha apoyado a un candidato, cuestión no planteada en la reclamación. Por ello, señala que la Junta Electoral Central se excede en su resolución.

e) En quinto lugar, destaca que el eslogan aludido por ERC es el del PSC, partido distinto del PSOE y al que no pertenece el Presidente del Gobierno. También alega que las declaraciones del Presidente se efectuaron dentro de la normalidad institucional y en el ámbito de sus funciones propias, conforme al artículo 97 CE, que no pueden detenerse por el mero hecho de que estén convocadas unas elecciones autonómicas, como se desprende de la Instrucción 2/2011 de la Junta Electoral Central, en virtud de la cual el inicio del periodo electoral no interrumpe aquellas actuaciones de los poderes públicos que resulten necesarias para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los poderes públicos. En este sentido, las declaraciones objeto de reclamación se formularon como respuesta, casual y breve, a la pregunta de una periodista, aludiendo a su papel como secretario general del Partido Socialista, para hacer una única mención a Salvador Illa, en lo personal y como compañero. Por ello, entiende que la interpretación extensiva que realiza la Junta Electoral Central del artículo 50.2 de la LOREG supone, además, una vulneración del derecho del Presidente a ejercer su cargo, en el sentido del art. 23.2 CE. En este sentido, el Derecho le atribuye la dirección de la acción del Gobierno, incluyendo la determinación de las directrices de la política interior y exterior (art. 97 CE). Así, corresponde al Presidente fijar la posición del Estado y representarlo, función particularmente importante desde el punto de vista del principio democrático del art. 1.1 CE. La interpretación de la Junta Electoral Central, según alega, también vulnera los principios de prohibición de analogía y lex certa de todo proceso sancionador.

f) En sexto lugar, se alega que la Junta Electoral decidió incoar expediente sancionador sin apercibimiento previo, lo cual se aparta de los precedentes administrativos y anula el elemento subjetivo de culpabilidad, dado que los hechos objeto de presunta infracción fueron realizados sin advertencia previa y en una situación (una rueda de prensa en Doha) hasta ahora no sancionada, por lo que entiende la parte expedientada que la JEC debió emitir un aviso previo para aclarar que las ruedas de prensa en organizadas por países ajenos a la Unión Europea en visitas oficiales también estaban incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la LOREG.

g) Por último, concluye señalando que la espontaneidad y brevedad de las declaraciones y la voluntad de minimizar el efecto de las manifestaciones denunciadas (ordenando su retirada de las páginas institucionales de la Presidencia del Gobierno), además de la falta de reincidencia en los términos del art. 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deben ser tenidas en cuenta al interpretar el principio de proporcionalidad que rige a la hora de determinar la sanción que en su caso pueda corresponder. Además, sostiene que en el acuerdo de incoar expediente sancionador, la Junta Electoral Central también apercibía al Presidente del Gobierno, lo que supone una doble imposición de sanción, vulnerando el principio non bis in idem que se deriva del artículo 25.1 CE según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incurriendo en un vicio de nulidad, de modo que procede declarar el acuerdo de la Junta como no conforme a Derecho y proceder a su anulación, en virtud de lo previsto en el artículo 47.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

TERCERO.- Con fecha 9 de junio de 2024 la Instructora del expediente formuló propuesta de resolución que fue notificada al expedientado.

Mediante escrito recibido el 25 de junio de 2024, el representante del señor Sánchez Pérez-Castejón presentó escrito de alegaciones, en el que reitera los argumentos dados en su anterior escrito. En primer lugar, insiste en invocar defectos del acuerdo de incoación del expediente que producen indefensión, por entender que no se han acotado debidamente los hechos que motivan la infracción. En segundo lugar, considera que los hechos acaecidos en Catar no pueden enmarcarse en las previsiones recogidas en el artículo 50.2 de la LOREG. Considera, por otra parte, que las declaraciones efectuadas por el Presidente del Gobierno se hicieron en el ámbito de sus funciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 97 de la Constitución, insistiendo en que ni el expedientado ni su formación política concurrían a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Añade que ni utilizó recursos públicos ni el acto tuvo carácter partidista, sino que se limitó a realizar un elogio a una persona que es un compañero y amigo, sin que por tanto suponga desigualdad de acceso respecto de otros actores políticos. De igual manera insistió en la ausencia de apercibimiento previo o de reiteración o reincidencia, en la falta de proporcionalidad de la sanción y en la infracción del derecho fundamental al non bis in idem.

 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

PRIMERO.- El artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), dispone que “Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.

La interpretación del art. 50.2 de la LOREG debe efectuarse a la luz de diferentes preceptos constitucionales; en este caso, resultan singularmente claros los que se contienen en los art. 23.2 y 103.1 de la Constitución, en la medida en que imponen, respectivamente, el principio de igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (art. 23.2) y el principio de neutralidad de los poderes públicos (art. 103.1); en relación con esto último, conviene tener presente que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) ha declarado reiteradamente que la neutralidad de los poderes públicos constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva la igualdad que ha de ser observada en el sufragio, siendo además una de las específicas proyecciones que tiene el genérico mandato de objetividad que el artículo 103.1 de la Constitución proclama para la actuación de toda Administración Pública (por todas, cabe citar SSTS 721/2021, de 24 de mayo; 743/2021, de 26 de mayo; 113/2023, de 31 de enero o 132/2023, de 2 de febrero). Y es que, en último término, la utilización de medios públicos institucionales vulnerando el principio de neutralidad comporta, a su vez, la quiebra del principio de igualdad al que también se refiere el art. 8.1 de la LOREG.

En el caso que nos ocupa, cabe considerar como hechos probados que el Sr. Sánchez Pérez-Castejón, en la rueda de prensa celebrada el 3 de abril de 2024 en Doha, con motivo de su visita oficial a Catar para -en su condición de Presidente del Gobierno- efectuó una serie de manifestaciones con connotación electoralista en las que se contiene el siguiente mensaje:

"Ah y sobre Catalunya, pues estamos en campaña electoral o en precampaña electoral, yo creo que, no sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana y tampoco será noticia la posición del Gobierno de España y, en mi caso, concreto como Secretario General del Partido Socialista. Pero bueno, hacer ahora bandera de las bondades del primer secretario del PSC, de Salvador Illa aquí pues me parece un poco excesivo, pero si hay alguien que puede unir y servir ahora mismo la sociedad catalana creo que tiene un nombre y un apellido que es Salvador Illa".

Estas manifestaciones, al ser efectuadas por el Sr. Sánchez en su condición de Presidente del Gobierno, en el curso de un acto institucional, la rueda de prensa celebrada el 3 de abril de 2024 y con motivo de su viaje oficial a Oriente Próximo, expresando explícitamente su apoyo a uno de los candidatos concurrentes al proceso electoral, constituyeron una vulneración del principio de neutralidad que dimana del art. 50.2 de la LOREG, de conformidad con la interpretación que del mismo ha venido haciendo en abundante jurisprudencia el Tribunal Supremo, en aplicación de los artículos 23.2 y 103.1 de la Constitución.

SEGUNDO.- La representación del expedientado alega que el fundamento 1 de la resolución de 29 de abril de la Junta Electoral Central en la que se examina la reclamación de ERC no cumple las exigencias propias de un escrito de iniciación de un procedimiento sancionador. Sin embargo, dicho reproche carece de fundamento, toda vez que, a lo largo de la resolución, se fundamentan suficientemente los hechos que determinaron la apertura del procedimiento.

Por otra parte, en el fundamento anterior se concretan las manifestaciones que se encontraban ya en el acuerdo de iniciación y sobre las que ha podido presentar alegaciones la autoridad expedientada.

TERCERO.- Se alega por el expedientado que no concurre el supuesto de hecho previsto en el artículo 50.2 de la LOREG, al tratarse de una rueda de prensa organizada por las autoridades cataríes, sin contar con recursos públicos suministrados por el Gobierno, siendo emitida en directo pero sin recogerse en la web ni en el perfil de la red social X del Gobierno de España ni del Presidente del Gobierno. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el articulo mencionado hace alusión a “cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos”. En este sentido, las manifestaciones controvertidas se realizaron en una rueda de prensa ofrecida por el Presidente del Gobierno, en su calidad de tal y con motivo de una visita oficial a Catar. Aunque la sede en que se celebró la rueda de prensa se hubiese puesto a disposición del Presidente del Gobierno por las autoridades cataríes, el Gobierno necesariamente participó en su organización, al menos, convocando a la prensa a través de su agenda. Por ello, le resulta aplicable la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG respecto de actuaciones realizadas en periodo electoral por cualquier autoridad pública.

En las alegaciones del expedientado se insiste en que el Presidente del Gobierno, en los hechos que motivan el expediente, actuó en el ámbito propio de las funciones que le encomienda el artículo 97 de la Constitución, afirmación que esta Junta comparte. Se trató efectivamente de un acto institucional en el ejercicio de las atribuciones propias del Presidente del Gobierno y por eso entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la LOREG.

Por otro lado, la parte expedientada entiende que la prohibición de llevar a cabo apreciaciones valorativas en el curso de una rueda de prensa a preguntas de los periodistas constituye una vulneración del derecho a la libertad de expresión reconocida en el art. 20.1a) CE de las personas que ostentan funciones públicas. Añade que el art. 50.2 LOREG se refiere a “imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. Sin embargo, cuando el Presidente del Gobierno utilizó la expresión “unir y servir” el 3 de abril, todavía no era el lema de la campaña electoral, pues no fue anunciado hasta el 9 de abril de 2024.

Aun cuando al momento de la intervención que se analiza la expresión “unir y servir” todavía no se hubiera publicitado como lema de campaña, las manifestaciones en su conjunto evidencian un apoyo explícito al candidato en coincidencia con el partido que lo sustenta, con el consiguiente compromiso del deber de neutralidad. Ciertamente el Presidente del Gobierno puede ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión y apoyar a un candidato en unas elecciones o utilizar su lema de campaña. Pero no puede hacerlo prevaliéndose de la utilización de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo público. Esta es la finalidad esencial del artículo 50.2 de la LOREG, en conexión con la garantía de igualdad que el artículo 8.1 de la citada ley exige que deba ser garantizada por la administración electoral, y que implica un estricto deber de neutralidad política en actos institucionales como proyección específica del mandato de objetividad impuesto por el artículo 103.2 de la Constitución y reiteradamente recordado por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, como se desprende del Fundamento Sexto de su Sentencia 743/2021, de 26 de mayo, en los siguientes términos:

«La fijación de límites a la libertad de expresión y el deber de neutralidad que impone la normativa electoral (en las federaciones deportivas y su configuración jurídica) es recordada en fecha reciente, STC 5/2021, de 25 de 15 enero, FJ, 4º b) (proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Futbol) con mención del caso Haldimann y otros C. Suiza, párrafo 46, STEDH 24 de febrero de 2015. Al mismo tiempo la antedicha sentencia, FJ 5Ab), recuerda que el Tribunal Constitucional ha declarado que: "en ningún caso son titulares de los referidos derechos fundamentales las instituciones públicas o sus órganos (en relación con la libertad de expresión, SSTC 185/1989, de 13 de noviembre, FJ 4; 254/1993, de 20 de julio, FJ 7; en relación con las libertades de expresión e información, ATC 19/1993, de 21 de enero" (por todas, las SSTC 14/2003, de 28 de enero, FJ 8, y 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 3). Este tribunal ha declarado que "no puede equipararse la posición de los ciudadanos y la de las instituciones públicas, en el disfrute de la libertad de expresión: pues, mientras aquellos gozan de libertad para criticarlas, las instituciones encuentran su actuación vinculada a los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, entre los que no se encuentra ciertamente el de atribuir calificativos a sus administrados" ( ATC 19/1993, de 21 de enero, FJ 2, y la referencia que en el mismo se hace a la STC 185/1989, FJ 4)." Es aquí extrapolable el último inciso del último fundamento de la antedicha STC 5/2021 cuando afirma: "el ejercicio de derechos fundamentales, que solo están reservados a los ciudadanos particulares, pero no a órganos o representantes de una entidad que se halle en aquel momento en el desempeño de funciones públicas, cuyos actos siempre han de estar vinculados a los fines que les asigne el ordenamiento jurídico."» (STS 743/2021, FD 6.º).

CUARTO.- Frente a la alegación de que la reclamación inicial de ERC se centra en la utilización del lema “unir y servir”, mientras que la Junta Electoral Central ha entendido que, con sus declaraciones, el Presidente del Gobierno ha apoyado a un candidato, cuestión que, a su juicio, no había sido planteada en la reclamación. Por ello, considera que la Junta se ha excedido en su resolución.

Sobre esta alegación, conviene recordar que el art. 120 LOREG dispone que “En todo lo no expresamente regulado por esta Ley en materia de procedimiento será de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo”. En este sentido, aunque por medio de denuncia pueda conocerse por la Junta Electoral Central la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación del procedimiento sancionador, estos procedimientos, como establece el art. 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente”. En el presente caso, aunque la denuncia se centre en la utilización del lema “unir y servir”, se refiere también al resto de la declaración y nada impide que la Junta Electoral Central pueda apreciar otros hechos que puedan vulnerar la LOREG.

En cualquier caso, como ya hemos señalado, aun cuando al momento de la intervención que se analiza la expresión “unir y servir” todavía no se hubiera publicitado como lema de campaña, las manifestaciones en su conjunto evidencian un apoyo explícito al candidato en coincidencia con el partido que lo sustenta, con el consiguiente compromiso del deber de neutralidad. Por consiguiente, no puede prosperar la alegación de que la Junta Electoral Central efectúa una interpretación “extensiva” de dicho precepto, por cuanto dicha Junta se limita a interpretar y aplicarlo ciñéndose estrictamente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

QUINTO.- El reproche de que el eslogan de “unir y servir” aludido por ERC es el del PSC, partido distinto del PSOE y al que no pertenece el Presidente del Gobierno carece de fundamento, toda vez que el deber de neutralidad se impone a todos los poderes públicos, con independencia del proceso electoral de que se trate, así como del partido al que pertenezcan sus titulares.

La representación del Presidente del Gobierno sostiene también que sus declaraciones se efectuaron dentro de la normalidad institucional y en el ámbito de sus funciones propias, conforme al artículo 97 CE, que no pueden detenerse por el mero hecho de que estén convocadas unas elecciones autonómicas, como se desprende de la Instrucción 2/2011 de la Junta Electoral Central, que se trataba de una respuesta a una pregunta de una periodista y que, con su acuerdo, la administración electoral está vulnerando el derecho del Presidente a ejercer su cargo, en el sentido del art. 23.2 CE.

Sin embargo, las manifestaciones hechas por el Presidente del Gobierno apoyando a un candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña no pueden entenderse imprescindibles para la salvaguarda del interés público. El deber de neutralidad de los poderes públicos -que dimana del artículo 103.1 de la CE y, a efectos electorales, desarrolla el artículo 50.2 de la LOREG- constituye una de las reglas básicas de nuestro ordenamiento jurídico. Toda persona que ostenta un cargo público sabe que los medios y recursos públicos que han sido puestos a su disposición están afectos al desempeño de las responsabilidades institucionales inherentes al cargo que ocupa. En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ante una infracción similar cometida por el ahora nuevamente expedientado, confirmó la decisión sancionadora de la Junta Electoral Central y dejó consignado que “la neutralidad política en periodo electoral en los espacios públicos constituye un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico” (FD 6º de la STS/743/2021, de 26 de mayo).

SEXTO.- La representación del Presidente del Gobierno aduce también que la Junta Electoral Central decidió incoar el expediente sancionador sin apercibimiento previo, apartándose de precedentes administrativos, apercibimiento que sí se produjo, sin embargo, en el acuerdo de la Junta Electoral Central de incoar expediente sancionador, lo que supone una doble imposición. Añade, por lo demás, que debe observarse el principio de proporcionalidad a la hora de imponer la sanción.

En relación con la ausencia de apercibimiento previo, conviene señalar que no se trata de un requisito establecido en la LOREG, por cuya aplicación vela la Junta Electoral Central. No obstante, la autoridad denunciada conoce perfectamente la exigencia de neutralidad de los cargos públicos durante el periodo electoral, puesto que la Junta Electoral Central se lo ha recordado en anteriores ocasiones. Así, en su Acuerdo 609/2019, de 17 de octubre, en el que se instó expresamente a todos los miembros del Gobierno que presidía el señor Sánchez Pérez-Castejón a que extremasen su deber de cuidado para que no se produjesen nuevas infracciones del artículo 50.2 de la LOREG. Con posterioridad, mediante Acuerdo 646/2019, de 30 de octubre, la Junta Electoral Central acordó la incoación de expediente sancionador por vulneración del artículo 50.2 de la LOREG, que dio lugar al ulterior Acuerdo 12/2020, de 23 de enero, que le impuso una sanción de multa de 500 €. Finalmente, el Acuerdo de la misma Junta 497/2023, de 12 de julio, respecto de declaraciones formuladas por el mismo en rueda de prensa ofrecida tras el Consejo Europeo de 29 y 30 de junio de 2023, que supuso la incoación de un nuevo expediente sancionador que, tras su tramitación, dio lugar al Acuerdo 575/2023, de 5 de octubre, que le impuso una sanción de multa de 2200 €.

En cuanto a la alegación de que se ha producido una doble imposición al expedientado, como es patente, cualquier acuerdo de incoación de un expediente sancionador tiene que partir de una declaración inicial de reconocimiento presunto de una infracción del ordenamiento jurídico. Pero esa decisión de ninguna manera cabe calificarla de sanción de amonestación o apercibimiento, como sostiene la parte expedientada. El Acuerdo de 29 de abril de 2024, tras una amplia motivación, concluyó observando la vulneración presunta del artículo 50.2 de la LOREG, razón por la que procedía la incoación de expediente sancionador, lo que se hace sistemáticamente ante la apertura de cualquier procedimiento disciplinario o sancionador. Si no hay un reconocimiento presunto de una posible infracción, carece de sentido incoar un expediente de esta naturaleza.

Por lo demás, en cuanto al principio de proporcionalidad, efectivamente ha sido tenido en cuenta por la Junta Electoral Central a la hora de determinar la sanción, como exige la ley. A ello se hace mención en el fundamento siguiente.

SÉPTIMO.- El órgano competente para la resolución del expediente es la Junta Electoral Central, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 k) de la LOREG, según el cual corresponde a la Junta Electoral Central “corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no sean constitutivas de delito e imponer multas hasta la cuantía máxima prevista en esta Ley.”

La cuantía de las sanciones previstas se regula en el artículo 153.1 de la LOREG, según el cual: “Toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito será sancionada por la junta electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares.”

De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la determinación de la concreta sanción a imponer debe ponderar las diferentes circunstancias que rodean la responsabilidad del expedientado. En el presente caso concurren varias circunstancias agravantes, como el hecho de que la infracción haya sido cometida por la suprema autoridad del Gobierno de la Nación, al que por ello le es exigible un mayor deber de cuidado y de ejemplaridad. Debe añadirse la singular exclusividad y relevancia de los recursos utilizados que, en el caso de una rueda de prensa con motivo de una visita oficial a Catar, adquirió una dimensión e importancia internacional. Por otra parte, en sucesivos acuerdos de la Junta Electoral Central se ha instado a los miembros del Gobierno a que extremaran su diligencia para evitar vulnerar el principio de neutralidad.

También concurren circunstancias atenuantes. Aunque el Presidente del Gobierno no podía ser ajeno a la necesidad de evitar durante el periodo electoral vulnerar el principio de neutralidad que dimana del artículo 50.2 de la LOREG, la espontaneidad de las declaraciones, dado que fueron efectuadas en respuesta a una periodista, y especialmente la brevedad y escasa intensidad de las expresiones proferidas han de operar como mitigadoras en un análisis de proporcionalidad. A lo que debe añadirse como atenuante el hecho de que las manifestaciones controvertidas no se recogieran o se retiraran de la web de la Presidencia del Gobierno y de los perfiles oficiales de la red social X.

Todos estos factores deben conjugarse con el principio que acoge el art. 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a tenor del cual: “El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas”. Esta finalidad disuasoria de las sanciones, junto con el resto de factores antes descritos, determina la aplicación de una sanción cuya cuantía se encuentre en la franja intermedia, dentro de la escala prevista en la Ley Electoral, interpretando las cuantías establecidas en ella según “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”, tal como ordena el artículo 3.1 del Código Civil. De otro modo, resultaría defraudado el principio de proporcionalidad sancionadora, cuyo objeto radica en garantizar la adecuada y disuasoria correspondencia entre la transcendencia y gravedad de la acción sancionable y la sanción misma.

A la vista de todos estos factores procede imponer una sanción de 1.500 euros.

Sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos se formula la siguiente

 RESOLUCIÓN

 

1.- Declarar que don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en el ejercicio de sus responsabilidades como Presidente del Gobierno de la Nación, incurrió de la manera arriba descrita en la infracción tipificada en el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por la realización de manifestaciones con contenido valorativo y electoralista, aprovechando los medios públicos de que disponía, en su referida condición, en la rueda de prensa celebrada en Doha el 3 de abril con motivo de su viaje oficial a Oriente Próximo, provocando el consiguiente quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral, vulnerando el art. 50.2 de la LOREG, con la consiguiente merma del principio de igualdad entre las formaciones políticas contendientes en las elecciones que dimana del artículo 8.1 de la LOREG.

2.- Imponer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón una sanción de multa de 1.500 €.

La presente Resolución se notificará al interesado con la indicación de que es firme en la vía administrativa-electoral y que contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante la Sala del Tribunal Supremo de dicho orden jurisdiccional.

El pago deberá realizar en la cuenta corriente indicada, en los plazos que dispone el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria:

“a) Si la notificación de esta Resolución se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de esta Resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.”


Voto Particular discrepante al Acuerdo de la Junta Electoral Central recaído en el punto 4 del Orden del día, de la sesión 01/07/2024, núm. expediente 360/336, suscrito por el vocal Andrés Palomo del Arco y al que se adhieren las vocales Miriam Cueto Pérez, Esther Del Campo García y el vocal Juan Montabes Pereira.

 

Con el máximo respeto a la mayoría del Pleno de la Junta Electoral Central y a su parecer en el Acuerdo adoptado referido al Asunto núm. 4 del orden de día del 1 de julio de 2024 relativo a la Propuesta de resolución de la instructora en el expediente sancionador incoado por la Junta Electoral Central, en sesión de 29 de abril de 2024, a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno, por sus declaraciones en la rueda de prensa del día 3 de abril de 2024 en Doha con motivo de un viaje oficial por Oriente Próximo, quienes suscribimos este Voto particular queremos dejar expresa constancia de que no compartimos el criterio mayoritario.

A este respecto consideramos que la decisión de la JEC debería haber desestimado la Propuesta de resolución del expediente sancionador incoado por la Junta Electoral Central y, consecuentemente, acordado el archivo por no corresponderse los hechos denunciados con ninguna infracción electoral, en base a las consideraciones siguientes:

1. En esencia, la infracción estimada por la mayoría obedece al contenido de determinadas manifestaciones que hizo en el curso de la rueda de prensa celebrada en Doha el pasado 3 de abril, con motivo de su viaje oficial a Oriente Próximo. Concretamente, como se recoge supra;

"Ah y sobre Catalunya, pues estamos en campaña electoral o en precampaña electoral, yo creo que, no sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana y tampoco será noticia la posición del Gobierno de España y, en mi caso, concreto como Secretario General del Partido Socialista. Pero bueno, hacer ahora bandera de las bondades del primer secretario del PSC, de Salvador lila aquí pues me parece un poco excesivo, pero si hay alguien que puede unir y servir ahora mismo la sociedad catalana creo que tiene un nombre y un apellido que es Salvador Illa ".

Donde la mayoría entiende:

a) que las manifestaciones denunciadas entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la LOREG, pues se realizaron en una rueda de prensa ofrecida por el Presidente del Gobierno, en su calidad de tal y con motivo de una visita oficial a Catar. Por ello le resulta aplicable la prohibición establecida en dicho precepto respecto de actuaciones realizadas en periodo electoral por cualquier autoridad pública; y también que

b) cabe apreciar que esas manifestaciones pueden incurrir en la prohibición establecida en el referido precepto en la medida en que, manifiesta explícitamente su apoyo a uno de los candidatos concurrentes al proceso electoral, don Salvador llla. Con ello se olvida el deber de neutralidad que toda autoridad pública debe mantener durante los periodos electorales cuando realiza intervenciones en actos institucionales organizados o financiados, directa o indirectamente, por los poderes públicos. Ello en cuanto se realiza prevaliéndose de la utilización de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo público

2. No obstante, que don Pedro Sánchez Castejón, sea Presidente de Gobierno en todo momento, no implica necesariamente que su actividad resulte financiada por medios públicos. La conferencia de prensa realizada en Doha, como es notorio, fue conjunta con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani; y nada consta sobre quien convocó a los medios de comunicación, pero dado el lugar, la inferencia más plausible es que logística y medios materiales fueren aportados por Catar.  

3. Además, en la extensa comparecencia realizada, de más de media hora en total, donde don Pedro Sánchez Castejón, habló diez minutos y estuvo, tras un intermedio ocupado por las preguntas al jeque catarí, otro tiempo similar de respuestas a las preguntas de los medios presentes; sólo al final de las mismas, hace un distingo, para referirse a su condición de Secretario General del Partido Socialista y durante apenas treinta segundos, contestar el contenido objeto de denuncia.  

4. Resulta exorbitante entender que como se encontraba en el curso de un viaje oficial, no tenía opción en ningún momento, durante todo el decurso del mismo, a expresarse como Secretario General del Partido Socialista, advirtiendo expresamente de esa condición. No resulta equiparable a las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros, donde resulta viable y sencillo cambiar de situación y localización para entender que habla el Secretario General, otro miembro del partido y no el Presidente o un Ministro o Ministra del Gobierno. En la situación que analizamos, no mediaba alternativa a la advertencia realizada; y por ende suficientemente justificada para evitar conculcar neutralidad alguna.

5. Incluso en la hipótesis (que no aceptamos) que se negara la posibilidad de emitir opiniones, como Secretario General de un partido, las circunstancias en que se expresaron, diluyen el sentido infractor de esas expresiones, de conformidad con el criterio expresado por esta Junta en otras situaciones:

a) En la pasada sesión de 14/06/2024, en el acuerdo correspondiente al punto núm. 10 que versaba sobre una denuncia contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte del contenido de la declaración institucional que pronunció el 2 de mayo día de la Comunidad de Madrid (en período electoral al Parlamento catalán y al Parlamento europeo), núm. expediente 293/1710, entendió esta Junta que “Aquí ganan las ganas” pese a su sustancial coincidencia con el eslogan utilizado por el Partido Popular en las elecciones autonómicas de 28 de mayo de 2023, consistente en el lema “Ganas de ganar”, dado que se trata de expresiones comunes que tienen sentido en el contexto político en que se realizaron, que su utilización fue mínima durante el recurso y que era el lema de unas elecciones anteriores, no correspondiente a las que estaban en curso; y aunque la coincidencia con el lema electoral fue detectado por algunos medios periodísticos; que la utilización de esa expresión en el contexto en que se hicieron, no supuso una vulneración de la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG

Pues bien, en el caso de la expresión “unir y servir”, parece más usual y común, que aquí ganan las ganas; en la fecha de 3 de abril, no era un lema hecho público, por lo que la incidencia era mínima, de hecho sólo llega a los medios, al menos no se expresa otra cosa, tras la apertura del expediente; y su utilización fue aislada, de muy escasísima duración, unos segundos, en una comparecencia conjunta con el ministro catarí, que pasó de la media hora.

b) En cuanto al elogio del candidato, esta Junta en el Acuerdo 259/2023, en la sesión 23/05/2023, núm. expediente 293/1442, consideró que realizado un envío directo y personal a los electores de Andalucía de sobres y papeletas así como de propaganda y publicidad electoral en la que aparece un mensaje firmado por el candidato a la Alcaldía de la localidad junto con mensaje firmado por el Presidente de la Junta de Andalucía, en el que se presenta al electorado como Presidente de la Junta de Andalucía, solicitando el voto para dicho partido en las Elecciones Municipales de 28 de mayo, entendió que dado el anterior Acuerdo de la Junta Electoral Central de 19 de mayo de 2011, contestando precisamente a una consulta de la formación política denunciada en ese expediente, y al no haber declarado la Junta Electoral Central hasta ahora lo que se acaba de indicar, pese la existencia de jurisprudencia en contra del Tribunal Supremo de 2104 y 2026, no procedía la incoación de expediente sancionador.

En autos, aun prescindiendo, dada la notoriedad del mencionado, de que aún no habían acaecido la proclamación de candidaturas y que se limita a elogiarle y no solicita el voto expresamente, no cabe mayor justificación que la advertencia de que el elogio lo realiza como Secretario General y que no había en esas circunstancias, alternativa efectiva, para atender al ejercicio legítimo que otorga el art. 6, 20 y 23 CE y compatibilizar el principio de neutralidad que su condición de Presidente de Gobierno le obligaba, que esa advertencia de expresarse en ese concretísimo momento, como Secretario General de su partido.

En cuanto al impacto y repercusión de las declaraciones realizadas, criterio tenido en cuenta por la JEC en numerosas ocasiones, este fue mínimo, ya que en la nota difundida desde Moncloa sobre la rueda de prensa no se resaltan las expresiones objeto de controversia aunque se incluyen en el video de respuestas a los medios de comunicación, ya que tanto las preguntas como sus respuestas se hacían, como en el propio vídeo se señala, en la condición Secretario General del PSOE[1]. En cuanto a la repercusión de tales declaraciones, que dan lugar al este expediente sancionador, tampoco se hicieron eco las mismas ningún diario de difusión nacional ni autonómica. En el ámbito nacional ni El País, ni El Mundo ni ABC y en cuanto a medios radicados en Cataluña tampoco se incluye ni por El Periódico ni por La Vanguardia[2].

De ahí nuestro disenso y el entendimiento, de que el expediente debió ser concluido sin sanción alguna, por no encontrarnos ante un incumplimiento del art. 50.2 de la LOREG, por lo tanto, no siendo posible en ausencia de tipo infractor otra alternativa que el archivo del expediente incoado.

                       

En Madrid, 3 de julio de 2024

Andrés Palomo del Arco                                                   

Miriam Cueto Pérez

Esther Del Campo García                                                

Juan Montabes Pereira

 

[1] En el siguiente enlace se puede constatar como en el apartado de contestación “Respuestas a los  medios de comunicación”, Pedro Sánchez señala expresamente que responde a esa pregunta en su condición de Secretario General del PSOE. En una intervención de 18 minutos y 39 segundos, Pedro Sánchez responde a esta pregunta formulada por un periodista durante 38 segundos, es decor entre el minuto 15:55 de su intervención y el minutos 18:32.  https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2024/030424-sanchez-viaje-catar.aspx 

[2] A este respecto  el periódico La Vanguardia publicó la siguiente información, en donde no aparecen mencionados los textos denunciados, igual que en el resto de prensa española, que no incluyen ninguna referencia a los hechos denunciados.      https://www.lavanguardia.com/economia/20240403/9587172/sanchez-mantiene-doha-encuentro-empresarios-espanoles-catar-agenciaslv20240403.html . Tan solo, como se indica en la denuncia, aparece mencionada en un Twit de la red X publicada por el periódico digital catalán ElNacional. https://x.com/elnacionalcat/status/1775572551617376722?s=12&t=aC1vTRa4NIFDOms.Wlcq

 

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609/2019 (sesión:17/10/2019)

646/2019 (sesión:30/10/2019)

12/2020 (sesión:23/01/2020)

497/2023 (sesión:12/07/2023)

575/2023 (sesión:05/10/2023)

123/2024 (sesión:29/04/2024)

Proceso electoral asociado:

Elecciones al Parlamento Europeo 2024

Descriptores de materia:

ACTOS INSTITUCIONALES - Irregularidades

CAMPAÑA ELECTORAL - Irregularidades

MULTAS Y SANCIONES

NEUTRALIDAD INFORMATIVA Y PLURALISMO POLÍTICO

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