6
1985
Ley Orgánica
Estatal
01/07/1985
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
desde Julio hasta Octubre de 2014
PREÁMBULO
1.El artículo 1 de la Constitución afirma que España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político.El Estado de Derecho, al implicar, fundamentalmente,
separación de los poderes del Estado, imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, sujeción
de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantía procesal
efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos
órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional
que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter
a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa
y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.El
conjunto de órganos que desarrollan esa función constituye el Poder Judicial del que se ocupa el Título
VI de nuestra Constitución , configurándolo como uno de los tres poderes del Estado y encomendándole,
con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan.El artículo
122 de la Constitución Española dispone que la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución,
funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados
de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia,
así como el estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen
disciplinario.Las exigencias del desarrollo constitucional demandaron la aprobación de una Ley Orgánica
que regulara la elección, composición y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aun
antes de que se procediese a la organización integral del Poder Judicial. Tal Ley Orgánica tiene, en
no pocos aspectos, un carácter provisional que se reconoce explícitamente en sus disposiciones transitorias,
las cuales remiten a la futura Ley Orgánica del Poder Judicial.La presente Ley Orgánica satisface,
por tanto, un doble objetivo: Pone fin a la situación de provisionalidad hasta ahora existente en la
organización y funcionamiento del Poder Judicial y cumple el mandato constitucional.
2. En la actualidad, el Poder Judicial está regulado por la Ley Provisional sobre organización
del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 , por la Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial
de 14 de octubre de 1882 , por la Ley de Bases para la Reforma de la Justicia Municipal de 19 de
julio de 1944 y por numerosas disposiciones legales y reglamentarias que, con posterioridad, se
dictaron de forma dispersa en relación con la misma materia. Estas normas no se ajustan a las demandas
de la sociedad española de hoy. Desde el régimen liberal de separación de poderes, entonces recién
conquistado, que promulgó aquellas leyes, se ha transitado, un siglo después, a un Estado Social
y Democrático de Derecho, que es la organización política de una Nación que desea establecer una
sociedad democrática avanzada y en la que los poderes públicos están obligados a promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, a remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica y social. El cumplimiento de estos objetivos constitucionales
precisa de un Poder Judicial adaptado a una sociedad predominantemente industrial y urbana y diseñado
en atención a los cambios producidos en la distribución territorial de su población, en la división
social del trabajo y en las concepciones éticas de los ciudadanos. A todo ello hay que añadir la
notable transformación que se ha producido, por obra de la Constitución , en la distribución territorial
del poder. La existencia de Comunidades Autónomas que tienen asignadas por la Constitución y los
Estatutos competencias en relación con la Administración de Justicia obliga a modificar la legislación
vigente a ese respecto. Tanto la Constitución como los Estatutos de Autonomía prevén la existencia
de los Tribunales Superiores de Justicia que, según nuestra Carta Magna, culminarán la organización
judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. La ineludible e inaplazable necesidad
de acomodar la organización del Poder Judicial a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es, pues, un imperativo más que justifica la aprobación de la presente Ley Orgánica. Por último,
hay que señalar que ésta es solamente una de las normas que, en unión de otras muchas, tiene que
actualizar el cuerpo legislativo -tanto sustantivo como procesal- español y adecuarlo a la realidad
jurídica, económica y social. Será preciso para ello una ardua labor de reforma de la legislación
española, parte de la cual ha sido ya acometida, al objeto de lograr un todo armónico caracterizado
por su uniformidad.
3. Las grandes líneas de la Ley están expresadas en su título preliminar. Se recogen
en él los principios que se consagran en la Constitución . El primero de ellos es la independencia,
que constituye la característica esencial del Poder Judicial en cuanto tal. Sus exigencias se desenvuelven
a través de mandatos concretos que delimitan con el rigor preciso su exacto contenido. Así, se
precisa que la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional se extiende frente a
todos, incluso frente a los propios órganos jurisdiccionales, lo que implica la imposibilidad de
que ni los propios Jueces o Tribunales corrijan, a no ser con ocasión del recurso que legalmente
proceda, la actuación de sus inferiores, quedando igualmente excluida la posibilidad de circulares
o instrucciones con carácter general y relativas a la aplicación o interpretación de la ley. De
la forma en que la Ley Orgánica regula la independencia del Poder Judicial se puede afirmar que
posee una característica: Su plenitud. Plenitud que se deriva de la obligación que se impone a
los poderes públicos y a los particulares de respetar la independencia del Poder Judicial y de
la absoluta sustracción del estatuto jurídico de Jueces y Magistrados a toda posible interferencia
que parta de los otros poderes del Estado, de tal suerte que a la clásica garantía -constitucionalmente
reconocida- de inamovilidad se añade una regulación, en virtud de la cual se excluye toda competencia
del Poder Ejecutivo sobre la aplicación del estatuto orgánico de aquéllos. En lo sucesivo, pues,
la carrera profesional de Jueces y Magistrados estará plena y regladamente gobernada por la norma
o dependerá, con exclusividad absoluta, de las decisiones que en el ámbito discrecional estatutariamente
delimitado adopte el Consejo General del Poder Judicial. La importancia que la plenitud de la independencia
judicial tendrá en nuestro ordenamiento debe ser valorada completándola con el carácter de totalidad
con que la Ley dota a la potestad jurisdiccional. Los Tribunales, en efecto, controlan sin excepciones
la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, con lo que ninguna actuación del Poder
Ejecutivo quedará sustraída a la fiscalización de un Poder independiente y sometido exclusivamente
al imperio de la ley. Habrá que convenir que el Estado de Derecho proclamado en la Constitución
alcanza, como organización regida por la ley que expresa la voluntad popular y como sistema en
el que el gobierno de los hombres es sustituido por el imperio de la ley, la máxima potencialidad
posible. Corolarios de la independencia judicial son otros preceptos del título preliminar que
concretan sus distintas perspectivas. Así, la unidad de la jurisdicción, que, en consecuencia con
el mandato constitucional, es absoluta, con la única salvedad de la competencia de la jurisdicción
militar, que queda limitada al ámbito estrictamente castrense regulado por la ley y a los supuestos
de estado de sitio; la facultad que se reconoce a Jueces y Tribunales de requerir la colaboración
de particulares y poderes públicos; y, en fin, la regulación del procedimiento y de las garantías
en él previstas, para los supuestos de expropiación de los derechos reconocidos frente a la Administración
Pública en una sentencia firme.4. Una de las características de la Constitución Española es la
superación del carácter meramente programático que antaño se asignó a las normas constitucionales,
la asunción de una eficacia jurídica directa e inmediata y, como resumen, la posición de indiscutible
supremacía de que goza en el ordenamiento jurídico. Todo ello hace de nuestra Constitución una
norma directamente aplicable, con preferencia a cualquier otra. Todos estos caracteres derivan
del propio tenor del texto constitucional. En primer lugar, del artículo 9.1 , que prescribe que
"los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento".
Otras disposiciones constitucionales, como la que deroga cuantas normas se opongan al texto constitucional
o la que regula los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, completan el efecto
del citado párrafo 1 del artículo 9 y cierran el sistema que hace de la Carta Magna la norma suprema
de nuestro ordenamiento con todos los efectos jurídicos a ello inherentes. El Título preliminar
de la presente Ley Orgánica singulariza en el Poder Judicial la vinculación genérica del artículo
9.1 de la Constitución , disponiendo que las leyes y reglamentos habrán de aplicarse según los
preceptos y principios constitucionales y conforme a la interpretación de los mismos que realice
el Tribunal Constitucional. Se ratifica así la importancia de los valores propugnados por la Constitución
como superiores, y de todos los demás principios generales del Derecho que de ellos derivan, como
fuente del Derecho, lo que dota plenamente al ordenamiento de las características de plenitud y
coherencia que le son exigibles y garantiza la eficacia de los preceptos constitucionales y la
uniformidad en la interpretación de los mismos. Además, se dispone que sólo procederá el planteamiento
de la cuestión de inconstitucionalidad cuando no sea posible acomodar, por la vía interpretativa,
la norma controvertida al mandato constitucional. Se refuerza, con ello, la vinculación del juzgador
para con la norma fundamental, y se introduce en esa sujeción un elemento dinámico de protección
activa, que trasciende del mero respeto pasivo por la Ley suprema. El valor de la Constitución
como norma suprema del ordenamiento se manifiesta, también, en otros preceptos complementarios.
Así, se configura la infracción de precepto constitucional como motivo suficiente del recurso de
casación y se menciona expresamente la directa aplicabilidad de los derechos fundamentales, haciéndose
explícita protección del contenido esencial que salvaguarda la Constitución.
5. El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos,
provincias y Comunidades Autónomas, sobre los que ejercen potestad jurisdiccional Juzgados de Paz,
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de
Vigilancia Penitenciaria y de Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.
Sobre todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo. La Ley contiene en este punto innovaciones importantes. Así, se democratiza el procedimiento
de designación de los Jueces de Paz; se suprimen los Juzgados de Distrito, que se transforman en
Juzgados de Primera Instancia o de Instrucción; se crean Juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo,
así como de lo Social, sustitutivos estos últimos de las Magistraturas de Trabajo; se atribuyen
competencias en materia civil a las Audiencias Provinciales y, en fin, se modifica la esfera de
la Audiencia Nacional, creando en la misma una Sala de lo Social, y manteniendo las Salas de lo
Penal y de lo Contencioso-Administrativo. Sin embargo, las modificaciones más relevantes son las
derivadas de la configuración territorial del Estado en Comunidades Autónomas que realiza la Constitución
y que, lógicamente, se proyecta sobre la organización territorial del Poder Judicial. La Ley Orgánica
cumple en este punto las exigencias constitucionales y estatutarias. Por ello, y como decisiones
más relevantes, se crean los Tribunales Superiores de Justicia, que culminarán la organización
judicial en la Comunidad Autónoma, lo que implica la desaparición de las Audiencias Territoriales
hasta ahora existentes como órganos jurisdiccionales supraprovinciales de ámbito no nacional. A
ello hay que añadir la regulación de la participación reconocida a las Comunidades Autónomas en
la delimitación de las demarcaciones territoriales, así como las competencias que se les asignan
en referencia a la gestión de los medios materiales. Con esta nueva organización judicial, necesitada
del desarrollo que llevará a cabo la futura Ley de planta y demarcación judicial -que el Gobierno
se compromete a remitir a las Cortes Generales en el plazo de un año-, se pretende poner a disposición
del pueblo español una red de órganos judiciales que, junto a la mayor inmediación posible, garantice
sobre todo la realización efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24
de la Constitución Española , entre ellos, destacadamente, el derecho a un juicio público sin dilaciones
indebidas y con todas las garantías.
6. Para garantizar la independencia del Poder Judicial, la Constitución crea el Consejo
General del Poder Judicial, al que encomienda el gobierno del mismo, y remite a la Ley Orgánica
el desarrollo de las normas contenidas en su artículo 122.2 y 3 . En cumplimiento de tales mandatos,
la presente Ley Orgánica reconoce al Consejo General todas las atribuciones necesarias para la
aplicación del estatuto orgánico de los Jueces y Magistrados, en particular en materia de nombramientos,
ascensos, inspección y régimen disciplinario. La Ley concibe las facultades de inspección de Juzgados
y Tribunales, no como una mera actividad represiva sino, más bien, como una potestad que incorpora
elementos de perfeccionamiento de la organización que se inspecciona. Para la elección de los doce
miembros del Consejo General del Poder Judicial que, de acuerdo con el artículo 122.2 de la Constitución
Española , deben ser elegidos "entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales",
la Ley, informada por un principio democrático, partiendo de la base de que se trata del órgano
de gobierno de un Poder del Estado, recordando que todos los poderes del Estado emanan del pueblo
y en atención al carácter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes Generales,
atribuye a éstas la elección de dichos miembros de procedencia judicial del Consejo General. La
exigencia de una muy cualificada mayoría de tres quintos -pareja a la que la Constitución requiere
para la elección de los otros miembros- garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carácter
general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas diversas y evita la conformación de
un Consejo General que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural. La Ley regula
también el estatuto de los miembros del Consejo y la composición y atribuciones de los órganos
en que se articula. Igualmente, se refuerza la mayoría necesaria para la propuesta de nombramiento
del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y otros cargos institucionales.
Por último, se atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la competencia
para conocer de los recursos que se interpongan contra los actos y disposiciones emanados del pleno
o de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial no susceptibles de alzada.
Resta añadir que la entrada en vigor de esta Ley Orgánica significará la derogación de la Ley del
mismo carácter 1/1980, de 10 de enero , cuya provisionalidad ya ha sido puesta de manifiesto. La
Ley Orgánica modifica el sistema de designación de las Salas de Gobierno, introduciendo parcialmente
los métodos electivos. Ello está aconsejado por las funciones gubernativas y no jurisdiccionales
que vienen llamadas a cumplir, así como por las nuevas competencias que esta misma Ley Orgánica
les atribuye. En estas condiciones, habida cuenta de que la actividad de las Salas de Gobierno
afecta fundamentalmente a Jueces y Magistrados y no incide directamente sobre los particulares,
se adopta un sistema parcial de elección abierto y mayoritario, en el que desempeña un papel notable
el conocimiento personal de electores y elegidos. La materialización de los principios de pluralismo
y participación de que se quiere impregnar el gobierno del Poder Judicial impone una profunda modificación
de la actual regulación del derecho de asociación profesional que el artículo 127.1 de la Constitución
reconoce a Jueces, Magistrados y Fiscales. El régimen transitorio de libertad asociativa hasta
ahora existente contiene restricciones injustificadas a las que se pone fin. De ahí que esta Ley
Orgánica reconozca el derecho de libre asociación profesional con la única limitación de no poder
llevar a cabo actuaciones políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos.
Las asociaciones profesionales quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el Registro
que será llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial.
7. La realización práctica del derecho, constitucionalmente reconocido, a la tutela
judicial efectiva, requiere como presupuesto indispensable que todos los órganos jurisdiccionales
estén provistos de sus correspondientes titulares, Jueces o Magistrados. Muy graves perjuicios
se producen en la seguridad jurídica, en el derecho a un juicio sin dilaciones, cuando los Juzgados
y Tribunales se encuentran vacantes durante prolongados lapsos de tiempo, con la correspondiente
acumulación de asuntos pendientes y retraso en la Administración de Justicia. Ello ha obligado
a recurrir a fórmulas de sustituciones o prórrogas de jurisdicción especialmente inconvenientes
en aquellos territorios en los que tiene lugar un progresivo y creciente incremento del trabajo.
Resulta por todo ello indemorable afrontar y resolver tal problema. Los hechos demuestran que los
clásicos mecanismos de selección de personal judicial no permiten que la sociedad española se dote
de Jueces y Magistrados en número suficiente. Es obligado, pues, recurrir a mecanismos complementarios.
A tal fin, la Ley Orgánica prevé un sistema de acceso a la carrera judicial de juristas de reconocido
prestigio. Ello permitirá, en primer lugar, hacer frente a las necesidades y cubrir las vacantes
que de otra forma no podrían serlo; en segundo término, incorporar a función tan relevante como
la judicial a quienes, en otros campos jurídicos, han demostrado estar en condiciones de ofrecer
capacidad y competencia acreditadas; por último, lograr entre la carrera judicial y el resto del
universo jurídico la ósmosis que, a buen seguro, se dará cuando se integren en la judicatura quienes,
por haber ejercido el Derecho en otros sectores, aportarán perspectivas diferentes e incorporarán
distintas sensibilidades a un ejercicio que se caracteriza por la riqueza conceptual y la diversidad
de enfoques. Los requisitos exigidos, y el hecho de que operarán aquí las mismas garantías de selección
objetiva y rigurosa que rigen el clásico camino de la oposición libre, aseguran simultáneamente
la imparcialidad del elector y la capacidad del elegido. No se hace con ello, en definitiva, otra
cosa que incorporar a nuestro sistema de selección mecanismos experimentados con éxito de antiguo
no sólo en varios países, sino, incluso, entre nosotros mismos, y precisamente en el Tribunal Supremo.
Sin embargo, el sistema básico de ingreso en la carrera judicial sigue siendo el de oposición libre
entre licenciados en Derecho, completada por la aprobación de un curso en el Centro de Estudios
Judiciales y con las prácticas en un órgano jurisdiccional. El acceso a la categoría de Magistrado
se verifica en las proporciones siguientes: De cada cuatro vacantes, dos se proveerán con los Jueces
que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de la categoría; la tercera, por medio de pruebas
selectivas y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social entre los Jueces,
y la cuarta, por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio.
Por lo que se refiere al régimen de provisión de destinos, se sigue manteniendo como criterio básico,
en lo que respecta a Juzgados, Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia, el de la antigüedad.
Ello no obsta, sin embargo, para que se introduzca también, como sistema de promoción en la carrera
judicial, la especialización que es, por un lado, necesaria a la vista de la magnitud y complejidad
de la legislación de nuestros días y, por otra parte, conveniente en cuanto introduce elementos
de estímulo en orden a la permanente formación de Jueces y Magistrados. Por lo demás, la regulación
de la carrera judicial se realiza bajo el criterio básico de su homologación con las normas comunes
que rigen el resto de los funcionarios públicos, manteniendo tan sólo aquellas peculiaridades que
se derivan de su específica función.
8. Los cuatro primeros Libros de la Ley regulan cuanto se refiere a la organización,
gobierno y régimen de los órganos que integran el Poder Judicial y de su órgano de gobierno. Los
Libros V y VI establecen el marco básico regulador de aquellos otros órganos, cuerpos de funcionarios
y profesionales que, sin integrar el Poder Judicial, colaboran de diversas formas con él, haciendo
posible la efectividad de su tutela en los términos establecidos por la Constitución. La Ley se
refiere así, en primer lugar, al Ministerio Fiscal, que tiene por misión promover la acción de
la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y el interés público,
y la de velar por la independencia de los Tribunales y la satisfacción del interés social conforme
a lo previsto por el artículo 124 de la Constitución. Consagra también la Ley la función de los
Abogados y Procuradores, a los que reserva la dirección y defensa y la representación de las partes,
pues a ellos corresponde garantizar la asistencia jurídica al ciudadano en el proceso, de forma
obligatoria cuando así lo exija y, en todo caso, como derecho a la defensa y asistencia letrada
expresamente reconocido por la Constitución. La Policía Judicial, como institución que coopera
y auxilia a la Administración de Justicia, se ve potenciada por el establecimiento de unidades
funcionalmente dependientes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal. Regula también
la Ley el personal que sirve a la Administración de Justicia, comprendiendo en él a los Secretarios,
así como a los Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes, cuerpos todos ellos de funcionarios
que en sus respectivas competencias auxilian y colaboran con los Jueces y Tribunales. Las funciones
de los Secretarios merecen especial regulación en el Título IV del Libro III, pues a ellos corresponde
la fe pública judicial al mismo tiempo que la ordenación e impulso del procedimiento, viéndose
reforzadas sus funciones de dirección procesal. Junto a las previsiones básicas sobre la estructura
y funciones de los cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, así como de los Médicos Forenses,
la Ley establece la previsión de que otros técnicos puedan servir a la Administración de Justicia,
constituyendo al efecto cuerpos y escalas, o bajo contrato laboral. Con ello se trata de garantizar
y potenciar la estructura del personal al servicio de los órganos judiciales y su cada vez más
necesaria especialización.
9. El ciudadano es el destinatario de la Administración de Justicia. La Constitución
exige y esta Ley Orgánica consagra los principios de oralidad y publicidad, para lo que se acentúa
la necesaria inmediación que ha de desarrollarse en las leyes procesales y, junto a ello, se regula
por primera vez la responsabilidad patrimonial del Estado que pueda derivarse del error judicial
o del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sin perjuicio de la responsabilidad
individual de Jueces y Magistrados de carácter civil, penal y disciplinaria, complementándose de
esta forma un Poder Judicial plenamente responsable.
10. Las disposiciones adicionales, transitorias y final de la Ley regulan los problemas
de su aplicación sincrónica, haciendo posible la adecuación de la organización judicial vigente
a la que esta Ley establece y previendo expresamente las leyes de desarrollo que han de implantar
en su totalidad la nueva organización del Poder Judicial.
TÍTULO PRELIMINAR.
Del Poder Judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional
Artículo 1.
La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados
integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a
la Constitución y al imperio de la ley.
Artículo 2.
1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados
internacionales.
2. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el párrafo
anterior, las de Registro Civil y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía
de cualquier derecho.
Artículo 3.
1. La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en
esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros
órganos.
2. La competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al ámbito estrictamente
castrense respecto de los hechos tipificados como delitos militares por el Código Penal Militar
y a los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con la declaración de dicho estado y la Ley Orgánica
que lo regula, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 9, apartado 2, de esta Ley.
Artículo 4.
La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio
español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes.
Artículo 5.
1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos
los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los
preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.
2. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de
ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución
, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley
Orgánica.
3. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía
interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional.
4. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente
para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para
decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia,
el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.
Artículo 6.
Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios
a la Constitución , a la ley o al principio de jerarquía normativa.
Artículo 7.
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la
Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo
la tutela efectiva de los mismos.
2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán,
en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones
judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.
3. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales
como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos
últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten
afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.
Artículo 8.
Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa,
así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
Artículo 9.
1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos
en que les venga atribuida por esta u otra Ley.
2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que
les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. En este
orden civil, corresponderá a la jurisdicción militar la prevención de los juicios de testamentaría
y de abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en tiempo de guerra, fallecieren en
campaña o navegación, limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el
sepelio del difunto y la formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando
siempre cuenta a la Autoridad judicial civil competente.
3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas
y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan
en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo,
con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos
en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca
la Ley de esa Jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración
y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento
los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las
Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán,
en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional
quinta de su Ley Orgánica. Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación
con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio,
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la
producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente
a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones
de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración,
junto a la Administración respectiva. También será competente este orden jurisdiccional si las
demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas
o privadas indirectamente responsables de aquéllas.
**APDO. 4 1º modificado por art. 2 de Ley Orgánica núm. 1/2010
**APDO. 4 modificado por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 19/2003
5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan
dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como
las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad
la legislación laboral.
6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la
falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio
Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional
que se estime competente.
Artículo 10.
1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos
que no le estén atribuidos privativamente.
2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda
prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta determinará
la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes
corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca.
Artículo 11.
1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán
efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones
que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.
3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado,
en el artículo 24 de la Constitución , deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les
formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable
o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes.
Artículo 12.
1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes
respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.
2. No podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento
jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia
en virtud de los recursos que las leyes establezcan.
3. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo
General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a
sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo
en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Artículo 13.
Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados.
Artículo 14.
1. Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia
lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al
Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por
sí mismos, las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia
y restaurar el orden jurídico.
2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes
en defensa de la independencia judicial.
Artículo 15.
Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados
sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en esta Ley.
Artículo 16.
1. Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en la forma
determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta ley.
2. Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración de Justicia.
Artículo 17.
1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en
la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso
del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución
y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones
debidas que procedan conforme a la ley.
2. Las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones
y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán
las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables
de acuerdo con las leyes.
Artículo 18.
1. Las resoluciones judiciales sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos
previstos en las leyes.
2. Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare
imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad
de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que
aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Sólo por causa de utilidad pública o interés
social, declarada por el Gobierno, podrán expropiarse los derechos reconocidos frente a la Administración
Pública en una sentencia firme, antes de su ejecución. En este caso, el Juez o Tribunal a quien
corresponda la ejecución será el único competente para señalar por vía incidental la correspondiente
indemnización.
3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de gracia, cuyo
ejercicio, de acuerdo con la Constitución y las leyes, corresponde al Rey.
Artículo 19.
1. Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los
casos y formas establecidos en la ley.
2. Asimismo, podrán participar en la Administración de Justicia: mediante la institución
del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine; en los
Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los demás casos previstos en esta Ley.
3. Tiene el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas
de la Vega Valenciana.
4. Se reconoce el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional al denominado
Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
**APDO. 4 añadido por art. 1 de Ley Orgánica núm. 13/1999
Artículo 20.
1. La Justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley.
2. Se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho
declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución , en los casos de insuficiencia de recursos
para litigar.
3. No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción
popular, que será siempre gratuita.
LIBRO I.
De la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los Juzgados
y Tribunales
TÍTULO I.
De la extensión y límites de la jurisdicción
Artículo 21.
1. Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten
en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con
arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales en
los que España sea parte.
2. Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos
por las normas del Derecho Internacional Público.
Artículo 22.
En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:1º Con carácter
exclusivo, en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España;
en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que
tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus
órganos; en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español;
en materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro
cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el depósito o registro; en materia de reconocimiento
y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en
el extranjero.2º Con carácter general cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente
a los Juzgados o Tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.3º
En defecto de los criterios precedentes y en materia de declaración de ausencia o fallecimiento,
cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; en materia de
incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados,
cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España; en materia de relaciones personales y patrimoniales
entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia
habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual
en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su
lugar de residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento
del otro; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales, cuando el hijo tenga su residencia
habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en
España; para la constitución de la adopción, cuando el adoptante o el adoptado sea español o resida
habitualmente en España; en materia de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia
habitual en territorio español; en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido
o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del
que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia
habitual común en España; en las acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en
territorio español al tiempo de la demanda; en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido
su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.4º Asimismo, en materia
de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una
venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a financiar su adquisición;
y en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles cuando
la celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad realizada
en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para
la celebración del contrato; en materia de seguros, cuando el asegurado y asegurador tengan su
domicilio en España; y en los litigios relativos a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento
mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. En materia concursal se estará a lo
dispuesto en su ley reguladora.5º Cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento
respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España.
Artículo 23.
1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de
las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques
o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los
que España sea parte.
2. Asimismo, conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como
delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente
responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española
con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:
**APDO.2 modificado por art. único.1 de la Ley Orgánica 1/2014
a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud
de un tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de
la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.
**APDO . 2 a) modificado por disp. final única.1 de Ley Orgánica núm.
11/1999
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella
ante los Tribunales españoles.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero,
o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte,
se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros
fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española,
como alguno de los siguientes delitos:
a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.
b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
c) Rebelión y sedición.
d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de
las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
e) Falsificación de moneda española y su expedición.
f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses
del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos
españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.
i) Los relativos al control de cambios.
4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos
cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse,
según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:
**APDO.4 modificado por art. único.1 de la Ley Orgánica 1/2014
a) Genocidio y lesa humanidad.
b) Terrorismo.
c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
d) Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.
e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables
se encuentren en España.
h) Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular
los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos,
deba ser perseguido en España. Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y
convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales
españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables
se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse
algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente
o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una
investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. El proceso
penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede
constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el
Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.
**APDO. 4 modificado por art. 1.1 de Ley Orgánica núm. 1/2009
5. Si se tramitara causa penal en España por los supuestos regulados en los anteriores
apartados 3 y 4, será en todo caso de aplicación lo dispuesto en la letra c) del apartado 2
del presente artículo.
**APDO.5 modificado por art. único.1 de la Ley Orgánica 1/2014
**APDO. 5 modificado por art. 1.1 de Ley Orgánica núm. 1/2009
6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán
perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado
o por el Ministerio Fiscal.
**APDO.6 añadido por art. único.1 de la Ley Orgánica 1/2014.
Artículo 24.
En el orden contencioso-administrativo será competente, en todo caso, la jurisdicción
española cuando la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o a
actos de las Administraciones Públicas españolas. Asimismo conocerá de las que se deduzcan en relación
con actos de los poderes públicos españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes.
Artículo 25.
En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:1º En materia
de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado
en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandando tenga su
domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación
en España; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea
el lugar de prestación de los servicios, o de celebración del contrato; y además, en el caso de
contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador
español.2º En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados
en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio
español.3º En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que tengan
domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.
TÍTULO II.
De la planta y organización territorial
CAPÍTULO I.
De los Juzgados y Tribunales
Artículo 26.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados
y Tribunales:-Juzgados de Paz.-Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil,
de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de
Menores y de Vigilancia Penitenciaria.-Audiencias Provinciales.-Tribunales Superiores de Justicia.-Audiencia
Nacional.-Tribunal Supremo.
** Guión 2 modificado por disp. adic. 10.1 de Ley Orgánica núm. 1/2004
** Modificado por art. 2.1 de Ley Orgánica núm. 8/2003
Artículo 27.
1. En las Salas de los Tribunales en las que existan dos o más Secciones, se
designarán por numeración ordinal.
2. En las poblaciones en que existan dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional
y de la misma clase, se designarán por numeración cardinal.
Artículo 28.
En cada Sala o Sección de los Tribunales habrá una o más Secretarías y una sola
en cada Juzgado.
** Derogado por disp. derog. única.a) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 29.
1. La planta de los juzgados y tribunales se establecerá por Ley. Será revisada,
al menos, cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para
adaptarla a las nuevas necesidades.
2. La revisión de la planta de los juzgados y tribunales podrá ser instada
por las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia para adaptarla a las
necesidades de su ámbito territorial.
** Modificado por art. único.2 de Ley Orgánica núm. 19/2003
CAPÍTULO II.
De la división territorial en lo judicial
Artículo 30.
El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos,
provincias y Comunidades Autónomas.
Artículo 31.
El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.
Artículo 32.
1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes,
pertenecientes a una misma provincia.
2. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función del número
de asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales.
3. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.
Artículo 33.
La provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación administrativa
del mismo nombre.
Artículo 34.
La Comunidad Autónoma será el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de
Justicia.
Artículo 35.
1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial
de los órganos judiciales, se establecerá por ley.
2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de
la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud
de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales.
3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas,
redactará un anteproyecto, que será informado por el Consejo General del Poder Judicial
en el plazo de dos meses.
4. Emitido el precitado informe, el Gobierno aprobará el oportuno proyecto
de ley, que, en unión de las propuestas de las Comunidades Autónomas y del informe del
Consejo General del Poder Judicial, remitirá a las Cortes Generales para su tramitación.
5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias
lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.
6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder
Judicial, determinarán, por Ley, la capitalidad de los partidos judiciales.
**APDO. 6 modificado por art. 9.1 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 36.
La creación de Secciones y Juzgados corresponderá al Gobierno cuando no suponga
alteración de la demarcación judicial, oídos preceptivamente la Comunidad Autónoma afectada
y el Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 37.
1. Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la Comunidad
Autónoma con competencias en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales de
los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia.
2. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial remitirá anualmente
al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la Comunidad Autónoma con competencias
en materia de justicia una relación circunstanciada de las necesidades que estime existentes.
** Modificado por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO III.
De los conflictos de jurisdicción y de los conflictos y cuestiones de competencia
CAPÍTULO I.
De los conflictos de jurisdicción
Artículo 38.
1. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración
serán resueltos por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo,
que lo presidirá, y por cinco vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, y los otros tres serán Consejeros Permanentes de Estado, actuando como
Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.
2. El Presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate.
Artículo 39.
1. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales de cualquier
orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares, serán
resueltos por la Sala de Conflictos de Jurisdicción, compuesta por el Presidente del Tribunal
Supremo, que la presidirá, dos Magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional
en conflicto y dos Magistrados de la Sala de lo Militar, todos ellos designados por el
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Actuará como Secretario de esta Sala el de
Gobierno del Tribunal Supremo.
**APDO. 1 modificado por disp. adic. 5 de Ley Orgánica núm. 4/1987
2. El Presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate.
Artículo 40.
Anualmente se renovarán los componentes de los órganos colegiados decisorios previstos
en los dos artículos anteriores.
Artículo 41.
El planteamiento, tramitación y decisión de los conflictos de jurisdicción se ajustará
a lo dispuesto en la ley.
CAPÍTULO II.
De los conflictos de competencia
Artículo 42.
Los conflictos de competencia que puedan producirse entre Juzgados o Tribunales
de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolverán por una Sala
especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados,
uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados anualmente por la Sala
de Gobierno. Actuará como Secretario de esta Sala especial el de Gobierno del Tribunal Supremo.
Artículo 43.
Los conflictos de competencia, tanto positivos como negativos, podrán ser promovidos
de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, mientras el proceso no haya concluido
por sentencia firme, salvo que el conflicto se refiera a la ejecución del fallo.
Artículo 44.
El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá
plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional.
Artículo 45.
Suscitado el conflicto de competencia en escrito razonado, en el que se expresarán
los preceptos legales en que se funde, el Juez o Tribunal, oídas las partes y el Ministerio
Fiscal por plazo común de diez días, decidirá por medio de auto si procede declinar el conocimiento
del asunto o requerir al órgano jurisdiccional que esté conociendo para que deje de hacerlo.
Artículo 46.
1. Al requerimiento de inhibición se acompañará testimonio del auto dictado
por el Juez o Tribunal requirente, de los escritos de las partes y del Ministerio Fiscal
y de los demás particulares que se estimen conducentes para justificar la competencia de
aquél.
2. El requerido, con audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes por plazo
común de diez días, dictará auto resolviendo sobre su competencia.
Artículo 47.
1. Si no se accediere al requerimiento, se comunicará así al requirente y se
elevarán por ambos las actuaciones a la Sala de Conflictos, conservando ambos órganos,
en su caso, los testimonios necesarios para cumplir lo previsto en el apartado 2 del artículo
48.
2. La Sala, oído el Ministerio Fiscal por plazo no superior a diez días, dictará
auto en los diez siguientes, sin que contra él quepa recurso alguno. El auto que se dicte
resolverá definitivamente el conflicto de competencia.
Artículo 48.
1. Desde que se dicte el auto declinando la competencia o acordando el requerimiento,
y desde que se tenga conocimiento de éste por el Juez o Tribunal requerido, se suspenderá
el procedimiento en el asunto a que se refiere aquél.
2. No obstante, la suspensión no alcanzará a las actuaciones preventivas o
preparatorias ni a las cautelares, cualesquiera que sean los órdenes jurisdiccionales en
eventual conflicto, que tengan carácter urgente o necesario, o que, de no adoptarse, pudieran
producir un quebranto irreparable o de difícil reparación. En su caso, los Jueces o Tribunales
adoptarán las garantías procedentes para asegurar los derechos o intereses de las partes
o de terceros o el interés público.
Artículo 49.
Las resoluciones recaídas en la tramitación de los conflictos de competencia no
serán susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.
Artículo 50.
1. Contra la resolución firme en que el órgano del orden jurisdiccional indicado
en la resolución a que se refiere el apartado 6 del artículo 9 declare su falta de jurisdicción
en un proceso cuyos sujetos y pretensiones fuesen los mismos, podrá interponerse en el
plazo de diez días recurso por defecto de jurisdicción.
2. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución, quien,
tras oír a las partes personadas, si las hubiere, remitirá las actuaciones a la Sala de
Conflictos.
3. La Sala reclamará del Juzgado o Tribunal que declaró en primer lugar su
falta de jurisdicción que le remita las actuaciones y, oído el Ministerio Fiscal por plazo
no superior a diez días, dictará auto dentro de los diez siguientes.
CAPÍTULO III.
De las cuestiones de competencia
Artículo 51.
1. Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden
jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas
establecidas en las leyes procesales.
2. En la resolución en que se declare la falta de competencia se expresará
el órgano que se considere competente.
Artículo 52.
No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subordinados
entre sí. El Juez o Tribunal superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia
competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. Acordado
lo procedente, recabarán las actuaciones del Juez o Tribunal inferior o le remitirán las que
se hallare conociendo.
TÍTULO IV.
De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales
CAPÍTULO I.
Del Tribunal Supremo
Artículo 53.
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.
Artículo 54.
El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los
Magistrados que determine la Ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que
las mismas puedan articularse.
Artículo 55.
El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: Primera.
De lo Civil.<br />Segunda. De lo Penal.<br />Tercera. De lo Contencioso-Administrativo.<br
/>Cuarta. De lo Social.<br />Quinta. De lo Militar, que se regirá por su
Iegislación específica y supletoriamente por la presente Ley y por el
ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.
** Modificado por disp. adic. 6 de Ley Orgánica núm. 4/1987
Artículo 55 bis
Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo
Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán
de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente,
dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe
de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y
su consorte.
** Añadido por el art. único.1 de la Ley Orgánica 4/2014
Artículo 56.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá:1º De los recursos de casación,
revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la Ley.2º De las demandas
de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra
el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros
del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y
de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado,
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente
y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad
Autónoma, cuando así lo determine su Estatuto de Autonomía.3º De las demandas de responsabilidad
civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores
de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.4º De las peticiones de ejecución
de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado
en los tratados, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
** APDO. 4 suprimido por art. único.4 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 57.
1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 1º De los recursos de
casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. 2º De
la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes
del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores,
Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas
y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala
del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros
del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen
los Estatutos de Autonomía. 3º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra
Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
** APDO. 1 renumerado por art. 1.2 de Ley Orgánica núm. 7/1988
4.º De los demás asuntos que le atribuya esta Ley.
** APDO.4 añadido por artículo único.2 la Ley Orgánica 1/2014
2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo
anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido,
un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
** APDO. 2 añadido por art. 1.2 de Ley Orgánica núm. 7/1988
Artículo 58.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá:Primero.
En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones
del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del Consejo General del
Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de
los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor
del Pueblo en los términos y materias que la Ley establezca y de aquellos otros recursos que
excepcionalmente le atribuya la Ley.Segundo. De los recursos de casación y revisión en los
términos que establezca la Ley.
** Modificado por art. único.2 de Ley Orgánica núm. 6/1998
Artículo 59.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación
y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden
jurisdiccional.
Artículo 60.
1. Conocerá además, cada una de las Salas del Tribunal Supremo de las recusaciones
que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia
entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior
común.
2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.
Artículo 61.
1. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes
de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá: 1º
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal. 2º De los incidentes de recusación
del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos Magistrados
de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos
por quienes corresponda. 3º De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra
los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala
de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. 4º De la instrucción
y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados
de una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. 5º
Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute
a una Sala del Tribunal Supremo. 6º De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente
disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002,
de 27 de junio, de Partidos Políticos.
** APDO. 1 núm. 6º añadido por disp. adic. 1 de Ley Orgánica núm.
6/2002
** APDO. 1 renumerado por art. 1.3 de Ley Orgánica núm. 7/1988
2. En las causas a que se refiere el número 4 del apartado anterior se designará
de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que
no formará parte de la misma para enjuiciarlos.
** APDO. 2 añadido por art. 1.3 de Ley Orgánica núm. 7/1988,
3. Una Sección, formada por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que serán los
dos más antiguos y los tres más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación
de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia
por Secciones distintas de dicha Sala.
** APDO. 3 añadido por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 6/1998
CAPÍTULO II.
De la Audiencia Nacional
Artículo 62.
La Audiencia Nacional con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda
España.
Artículo 63.
1. La Audiencia Nacional se compondrá de su Presidente, los Presidentes de
Sala y los magistrados que determine la Ley para cada una de sus Salas y Secciones.
2. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de Presidente
de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas.
** Modificado por art. único.5 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 64.
1. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas: De Apelación.
De lo Penal. De lo Contencioso-Administrativo. De lo Social.
2. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o
más Secciones dentro de una Sala.
** Modificado por art. único.6 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 64 bis.
1. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de
esta clase que establezca la Ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal.
2. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje,
los magistrados de esta Sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta
del Presidente del Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial,
total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala
de diferente orden. Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón y la
especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias.
** Añadido por art. único.7 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 65.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:1º Del enjuiciamiento, salvo
que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por
los siguientes delitos:
a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos
de la Nación y forma de Gobierno.
b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas
y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan
o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía
nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más
de una Audiencia.
d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias
farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados
y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes
o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles. En todo caso,
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de
los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. 2º De los procedimientos penales
iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros
o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud
de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal
iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento
de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que
esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal. 3º De
las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de
Tratados internacionales en los que España sea parte. 4º Del procedimiento para la ejecución
de las órdenes europeas de detención y entrega y de los procedimientos judiciales de extradición
pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención
del afectado por el procedimiento. 5º De los recursos establecidos en la Ley contra las
sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados
Centrales de Instrucción y del Juzgado Central de Menores. 6º De los recursos contra las
resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad
con lo previsto en la disposición adicional quinta. 7º De cualquier otro asunto que le
atribuyan las leyes.
** APDO. 2º modificado por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 2/2008
**APDO. 4 modificado por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 2/2003
** APDO. 1 b) modificado por disp. final 3 de Ley Orgánica núm. 5/2010
** APDO. 1 inciso inicial modificado por art. 1.4 de Ley Orgánica
núm. 7/1988
** APDO. 5 modificado por art. 3.1 de Ley Orgánica núm. 7/2000
** APDO. 6 añadido pasando el anterior ap. 6 a ser ap. 7 por art.
1.1 de Ley Orgánica núm. 5/2003
Artículo 66.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá:
a) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones
y actos de los Ministros y Secretarios de Estado que la ley no atribuya a los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
b) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los
actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión
de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003
, de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
c) De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones
de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
d) De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en
relación a los convenios entre las Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Central.
e) De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente
le atribuya la ley.
** Modificado por art. 1 de Ley Orgánica núm. 4/2003
Artículo 67.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:1º De
los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación
sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma.2º De los procesos sobre conflictos colectivos
cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad
Autónoma.
Artículo 68.
1. Conocerá además cada una de las Salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones
que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan.
2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.
Artículo 69.
Una Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de
las Salas y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una, o aquel que, respectivamente,
le sustituya, conocerá de los incidentes de recusación del Presidente, de los Presidentes de
Sala o de más de dos Magistrados de una Sala.
CAPÍTULO III.
De los Tribunales Superiores de Justicia
Artículo 70.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización
judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde
al Tribunal Supremo.
Artículo 71.
El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá
su jurisdicción al ámbito territorial de ésta.
Artículo 72.
1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas:
de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
2. Se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil
y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe
el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada
una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse.
Artículo 73.
1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá,
como Sala de lo Civil:
a) Del recurso de casación que establezca la Ley contra resoluciones de
órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, siempre
que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial,
propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto
esta atribución.
b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la Ley contra
sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad
Autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma,
si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.
c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan
en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales
extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de
la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
** APDO. 1 c) añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 5/2011
2. Esta Sala conocerá igualmente:
a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos
cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente
y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y contra los miembros de
la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos
de Autonomía, al Tribunal Supremo.
b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos
cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados
de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.
c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del
orden civil con sede en la Comunidad Autónoma que no tenga otro superior común.
3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:
a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía
reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados
y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de
su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal
Supremo.
c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones
dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos
aquellos previstos por las Leyes.
d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales
del orden penal con sede en la Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común.
4. Para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos a) y b)
del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno
preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia
entre Juzgados de Menores de distintas provincias de la Comunidad Autónoma.
6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o
más secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas
capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de
conocer los recursos de apelación a los que se refiere el párrafo c) del apartado 3 de
este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las Leyes al Tribunal Superior.
Los nombramientos para magistrados de estas Secciones, a propuesta del Consejo General
del Poder Judicial, recaerán en aquellos magistrados que, habiendo permanecido durante
los 10 años inmediatamente anteriores en el orden penal, ostenten mayor antigüedad escalafonal.
** Modificado por art. único.8 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 74.
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación
con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y
de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas
al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración
y gestión patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos
Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo
Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de
Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos
de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de
Presidentes de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se
ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas
en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión .
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General
del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel
orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades
especiales y expropiación forzosa.
j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente
a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias
y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los correspondientes
recursos de queja.
3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento
de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
con sede en la Comunidad Autónoma.
5. Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina en los
casos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .
6. Conocerán del recurso de casación en interés de la Ley en los casos previstos
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
** Modificado por art. único.5 de Ley Orgánica núm. 6/1998
Artículo 75.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:1º En única instancia,
de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores
y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad
Autónoma.2º De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones dictadas por los
Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma, así como de los recursos de suplicación y los
demás que prevé la Ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la Comunidad
Autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre
la misma materia.3º De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de
lo Social de la Comunidad Autónoma.
** APDO. 2 modificado por art. 2.2 de Ley Orgánica núm. 8/2003
Artículo 76.
Cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones
que se formulen contra sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la Sala a que
se refiere el artículo siguiente.
Artículo 77.
1. Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá de las
recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales
con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de
una Audiencia Provincial.
2. El recusado no podrá formar parte de la Sala, produciéndose, en su caso,
su sustitución con arreglo a lo previsto en esta Ley.
Artículo 78.
Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias
lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo
o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma,
en cuya capital tendrán su sede. Dichas Salas estarán formadas, como mínimo, por su Presidente,
y se completarán, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.
Artículo 79.
La Ley de Planta podrá, en aquellos Tribunales Superiores de Justicia en que el
número de asuntos lo justifique, reducir el de Magistrados, quedando compuestas las Salas por
su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados, en su caso, que aquélla determine.
CAPÍTULO IV.
De las Audiencias Provinciales
Artículo 80.
1. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia,
de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 82 .
2. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital
de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales.
3. En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el
Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases
de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá
siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas.
Este acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
** Modificado por art. único.9 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 81.
1. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y dos o más magistrados.
También podrán estar integradas por dos o más Secciones de la misma composición, en cuyo
caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio
de su mandato.
2. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial
lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente.
En este caso, la Audiencia Provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando
la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el número de magistrados que se precisen
del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecerá un
turno para cada año judicial.
3. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia,
las Secciones de la Audiencia podrán estar formadas por cuatro o más magistrados.
** APDO. 3 modificado por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 8/2012
4. La adscripción de los magistrados a las distintas secciones tendrá carácter
funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si
lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden
o especialidad.
** Modificado por art. único.10 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 82.
1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal: 1º De las causas
por delito, a excepción de los que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo
Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley. 2º De los recursos que establezca la
ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la
provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de
Instrucción en juicio de faltas la audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante
un turno de reparto. 3º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en
materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A
fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes,
deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en
el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos
supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia
de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. 4º
Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de
los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre
los mismos. 5º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional.
2. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil: 1º De los recursos
que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados
de Primera Instancia de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones
de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por
razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno
de reparto. 2º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en
primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes
concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal
fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de
la presente Ley Orgánica. 3º Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial
de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán,
además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que
se refiere el artículo 101 del Reglamento núm. 40/94, del Consejo de la Unión Europea,
de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo
de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios.
En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional,
y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria. 4º Las Audiencias
Provinciales también conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones
dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.
A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos
existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto
en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica.
3. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento: 1º
De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados
de la provincia que no tengan otro superior común. 2º De las recusaciones de sus Magistrados,
cuando la competencia no esté atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en
los Tribunales Superiores de Justicia.
** Modificado por art. 1.2 de Ley Orgánica núm. 1/2009
Artículo 83.
1. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial
u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.
2. La composición y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado .
** APDO. 2 modificado por disp. final 1 de Ley Orgánica núm. 5/1995
CAPÍTULO V.
De los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de
Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria
y de Menores
** CAP. 5 Rúbrica modificado por disp. adic. 10.2 de Ley Orgánica núm. 1/2004
Artículo 84.
En cada partido habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con
sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación
del municipio de su sede.
Artículo 85.
Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil:
1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta Ley
a otros juzgados o tribunales.
2. De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las
Leyes.
3. De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones de los Juzgados
de Paz del partido.
4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de
Paz del partido.
5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones
judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros,
a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales,
corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
** Modificado por art. único.11 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** APDO. 5 modificado por art. único.2 de Ley Orgánica núm. 5/2011
Artículo 86.
1. El Registro Civil estará a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por
delegación de éstos, de los de Paz, de conformidad con lo que establezca la ley, sin perjuicio
de lo que se disponga en ella para los demás Registros Civiles, en su caso.
2. La Ley de Planta determinará las poblaciones en las que uno o varios Jueces
desempeñarán con exclusividad funciones de Registro Civil, y en las ciudades en que hubiere
más de un Juzgado de Primera Instancia, cuál o cuáles de entre ellos se encargarán del
Registro Civil.
Artículo 86 bis.
** Añadido por art. 2.6 de Ley Orgánica núm. 8/2003, de 9 de julio.
1. Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y
sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil.
2. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia
cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la
actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.
3. Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción
a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma, con la salvedad de lo previsto en
el apartado 4 de este artículo.
4. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para
conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan
al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/1994, del Consejo de la Unión Europea,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión
Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios. En el ejercicio
de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional,
y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria.
** Añadido por art. 2.6 de Ley Orgánica núm. 8/2003
Artículo 86 ter.
1. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten
en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora. En todo caso, la
jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio
del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación,
matrimonio y menores a las que se refiere el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Civil . Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de
la Ley Concursal. 2º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación
o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado,
así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que
cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo
aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores.
En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas
específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores
de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral. 3º Toda ejecución frente
a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el
órgano que la hubiera ordenado.
4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las
que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número
1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante
un procedimiento arbitral. 5º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación
con la asistencia jurídica gratuita. 6º Las acciones tendentes a exigir responsabilidad
civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores,
por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.
** APDO. 1.4º modificado por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 5/2011
2. Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones
sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:
a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia
desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas
cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa
reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia
de transportes, nacional o internacional.
c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.
d) Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en
los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
e) Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador
Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
f) De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado, así como los procedimientos
de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.
** APDO. 2 f) modificado por disp. final 1.1 de Ley Orgánica núm.
13/2007
g) De los asuntos atribuidos a los Juzgados de Primera Instancia en el
artículo 8 de la Ley de Arbitraje cuando vengan referidos a materias contempladas en
este apartado.
** APDO. 2 g) derogado por disp. derog. de Ley Orgánica núm. 5/2011
3. Los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento
y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen
sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados
y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
** Añadido por art. 2.7 de Ley Orgánica núm. 8/2003
** APDO. 3 modificado por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 5/2011
Artículo 87.
1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda
a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas
que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación
en los casos establecidos por la Ley.
c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean
competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
d) De los procedimientos de "habeas corpus".
e) De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones dictadas
por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia
sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda
ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
g) De la ejecución de las medidas de embargo y aseguramiento de pruebas
transmitidas por un órgano judicial de un Estado miembro de la Unión Europea que las
haya acordado en un proceso penal, cuando los bienes o los elementos de prueba se encuentren
en territorio español.
** APDO. 1 modificado por disp. adic. 10.Tres de Ley Orgánica
núm. 1/2004
** APDO. 1 letra g) añadido por art. único de Ley Orgánica núm.
5/2006
2. Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento
de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de
éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las
peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.
** APDO. 2 añadido por disp. adic. 4 de Ley Orgánica núm. 2/2009
Artículo 87 bis.
1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con
sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación
del municipio de su sede.
2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados
de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de
la misma provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las
Salas de Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función
de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo
87 ter de la presente Ley Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo
de estos Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de
forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el
artículo 87 ter de esta Ley.
** Añadido por art. 43 de Ley Orgánica núm. 1/2004
Artículo 87 ter.
1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de
conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, de los siguientes supuestos:
a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal
por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto,
lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad
moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con
violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya
sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación
de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes,
propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan
o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho
de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de
género.
b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal
por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea
alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.
c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas,
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y
II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas
como tales en la letra a) de este apartado.
e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos
por la Ley.
** APDO. 1 e) añadido por disp. final 1 de Ley Orgánica núm. 3/2005
2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil,
en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de los siguientes asuntos:
a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia
familiar.
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas
menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de
los hijos e hijas menores.
f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores.
3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente
competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las
materias indicadas en el número 2 del presente artículo.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos
de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del
presente artículo.
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor,
inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones
penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o
se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.
4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma
notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión,
remitiéndola al órgano judicial competente.
5. En todos estos casos está vedada la mediación.
** Añadido por art. 44 de Ley Orgánica núm. 1/2004
Artículo 88.
En la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción,
con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda
a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo
Penal y que tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y
entrega, y de extradición pasiva, así como las solicitudes de información entre los servicios
de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial,
en los términos previstos en la Ley.
** Modificado por art. único de Ley Orgánica núm. 6/2010
Artículo 89.
La Ley de Planta y Demarcación puede establecer, como órganos distintos, en aquellos
partidos en que fuere conveniente, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Instrucción.
Artículo 89 bis.
1. En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados
de lo Penal. Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno
o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre
demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrán su sede. Los Juzgados
de lo Penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede.
2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.
A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno
o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de
la presente Ley. Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias
dictadas en causas por delito por los Juzgados de Instrucción, y el reconocimiento y ejecución
de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades
competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse
en territorio español.
** APDO. 2 párr. 2º añadido por disp. adic. 10.3 bis de Ley Orgánica
núm. 1/2004
** APDO. 2 párr. 3º añadido por art. único.2 de Ley Orgánica núm.
2/2008
3. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios
Juzgados Centrales de lo Penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las
leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 y de los
demás asuntos que señalen las leyes. Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo
Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados Centrales
de Instrucción.
** APDO. 3 párr. 2º añadido por art. único.3 de Ley Orgánica núm.
2/2008
4. Corresponde a los Juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de
las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados
miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español.
** APDO. 4 añadido por art. único de Ley Orgánica núm. 3/2010
Artículo 90.
1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá
uno o más Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o más
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en las poblaciones que por ley se determine.
Tomarán la denominación del municipio de su sede, y extenderán su jurisdicción al partido
correspondiente.
3. También podrán crearse excepcionalmente Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma Comunidad Autónoma.
4. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos
contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos,
órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos
que la Ley establezca.
** APDO. 4 añadido por art. único.7 de Ley Orgánica núm. 6/1998
5. Corresponde también a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se
refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de las resoluciones
adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa
la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos
que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002 y del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril .
** APDO. 5 añadido por art. 3 de Ley Orgánica núm. 4/2011
Artículo 91.
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en primera o única
instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les
atribuya la ley.
2. Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo autorizar,
mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo
acceso requiera el consentimiento del titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa
de actos de la Administración.
** Modificado por art. único.8 de Ley Orgánica núm. 6/1998
Artículo 92.
1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá
uno o más Juzgados de lo Social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de
la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados
núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción.
2. Los Juzgados de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción
a dos o más provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma.
Artículo 93.
Los Juzgados de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos
sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos
del mismo.
Artículo 94.
1. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o
varios Juzgados de Vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales
previstas en la Ley General Penitenciaria , en materia de ejecución de penas privativas
de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria
de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos
en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley.
2. Podrán establecerse Juzgados de Vigilancia penitenciaria que extiendan su
jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma.
3. También podrán crearse Juzgados de Vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción
no se extienda a toda la provincia.
4. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios
Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales
previstas en la Ley General Penitenciaria , descritas en el apartado 1 de este artículo,
y demás que señale la Ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional.
En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente cuando
el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia
Nacional.
** APDO. 4 añadido pasando el anterior ap. 4 a ser ap. 5 por art.
1.3 de Ley Orgánica núm. 5/2003
5. El cargo de Juez de Vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño
de un órgano del orden jurisdiccional penal.
Artículo 95.
1. El número de Juzgados de Vigilancia penitenciaria se determinará en la Ley
de Planta , atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes
y a la clase de éstos.
2. El Gobierno establecerá la sede de estos Juzgados, previa audiencia de la
Comunidad Autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 96.
1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá
uno o más Juzgados de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán
establecerse Juzgados de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado
o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma.
Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.
** APDO .1 renumerado por art. 3.Segundo de Ley Orgánica núm. 7/2000
2. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un Juzgado
Central de Menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora
de la responsabilidad penal de los menores.
** APDO. 2 añadido por art. 3.2 de Ley Orgánica núm. 7/2000
Artículo 97.
Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan
las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como
delito o falta y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las
leyes.
Artículo 98.
** Modificado por art. único.12 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de
diciembre.
1. El Consejo General del Poder Judicial, podrá acordar, previo informe de
las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un juzgado
de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo, el conocimiento
de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional
de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios
comunes que al efecto se constituyan.
2. Este acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y producirá
efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopte.
3. Los juzgados afectados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes
ante los mismos hasta su conclusión.
** Modificado por art. único.12 de Ley Orgánica núm. 19/2003
CAPÍTULO VI.
De los Juzgados de Paz
Artículo 99.
1. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz.
2. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados.
** Modificado por art. único.13 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 100.
1. Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en
primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirán también
funciones de Registro Civil y las demás que la ley les atribuya.
2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas
que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención,
o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.
** APDO. 2 modificado por art. 2.5 de Ley Orgánica núm. 7/1988,
Artículo 101.
1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro
años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento
recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento.
2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento,
con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo
las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el Pleno elegirá
libremente.
3. Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido al Juez de Primera Instancia
e Instrucción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno.
4. Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante
en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida
en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá
a designar al Juez de Paz. Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el
Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y oído el Ministerio Fiscal,
las condiciones exigidas por esta Ley.
5. Los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Juez de Primera Instancia
e Instrucción y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.
Artículo 102.
Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aun
no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para el ingreso
en la Carrera Judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad
previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de las actividades
profesionales o mercantiles.
Artículo 103.
1. Los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente
se establezca, y tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que
se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.
2. Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso
de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación.
LIBRO II.
Del gobierno del poder judicial
TÍTULO I.
De los órganos de gobierno del poder judicial
CAPÍTULO ÚNICO.
Disposiciones generales
Artículo 104.
1. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios
de unidad e independencia.
2. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder
Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la
Constitución y lo previsto en la presente Ley. Con subordinación a él, las Salas de Gobierno
del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia
ejercerán las funciones que esta Ley les atribuye, sin perjuicio de las que correspondan
a los Presidentes de dichos Tribunales y a los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales.
Artículo 105.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es
la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y
del órgano de gobierno del mismo. Su categoría y honores serán los correspondientes al titular
de uno de los tres poderes del Estado.
Artículo 106.
1. Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen
sus atribuciones en dichos Tribunales. La de la Audiencia Nacional las ejerce, además,
sobre los Juzgados Centrales de Instrucción.
2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen sus
competencias en el propio Tribunal con respecto a los Juzgados y Tribunales radicados en
la respectiva Comunidad Autónoma.
3. El resto de los órganos jurisdiccionales ejercen sus atribuciones gubernativas
con respecto a su propio ámbito orgánico.
TÍTULO II.
Del Consejo General del Poder Judicial
** TIT. 2 Derogado en lo referente a la renovación, designación y elección de
los Vocales del Consejo y a la constitución del mismo por disp. derog. .2 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO I.
De las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial
** CAP. 1 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 107.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá competencias en las siguientes materias:
1. Propuesta por mayoría de tres quintos para el nombramiento del Presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
2. Propuesta por mayoría de tres quintos para el nombramiento de miembros del
Tribunal Constitucional cuando así proceda.
3. Inspección de juzgados y tribunales.
4. Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos,
situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados.
5. Nombramiento mediante orden de los jueces y presentación a Real Decreto,
refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de magistrados del Tribunal
Supremo, Presidentes y magistrados.
6. Nombramiento de Secretario General y miembros de los gabinetes o servicios
dependientes del mismo.
7. Ejercicio de las competencias relativas a la Escuela Judicial que la Ley
le atribuye.
8. Elaborar, dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento del presupuesto
del Consejo.
9. Potestad reglamentaria en los términos previstos en el artículo 110 de esta
Ley.
10. Publicación oficial de las sentencias y otras resoluciones que se determinen
del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. A tal efecto el Consejo General
del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones competentes, establecerá reglamentariamente
el modo en que habrán de elaborarse los libros electrónicos de sentencias, la recopilación
de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad,
autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia
de protección de datos personales.
11. Aquellas otras que le atribuyan las Leyes.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013, de 28 de junio.
Artículo 108.
1. El Consejo General del Poder Judicial deberá informar los anteproyectos
de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten
total o parcialmente a alguna de las siguientes materias:
a) Determinación y modificación de demarcaciones judiciales y de su capitalidad
en los términos del artículo 35 de esta Ley.
b) Fijación y modificación de la plantilla orgánica de Jueces, Magistrados,
Secretarios y personal que preste servicios en la Administración de Justicia.
c) Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados.
d) Estatuto orgánico de los Secretarios y del resto del personal al servicio
de la Administración de Justicia.
e) Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales
de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales
y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y
gobierno de los Juzgados y Tribunales.
f) Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario.
g) Aquellas otras que le atribuyan las leyes.
2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá el informe en el plazo de
treinta días. Cuando en la orden de remisión se haga constar la urgencia del informe, el
plazo será de quince días.
3. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de
tratarse de anteproyectos de leyes.
4. El Consejo General será oído con carácter previo al nombramiento del Fiscal
General del Estado.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 109.
1. El Consejo General del Poder Judicial elevará anualmente a las Cortes Generales
una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados
y Tribunales de Justicia. Asimismo, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan
en materia de personal, instalaciones y de recursos, en general, para el correcto desempeño
de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. Incluirá también
un capítulo sobre el impacto de género en el ámbito judicial.
2. Las Cortes Generales, de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras, podrán
debatir el contenido de dicha Memoria y reclamar, en su caso, la comparecencia del Presidente
del Consejo General del Poder Judicial o del miembro del mismo en quien aquél delegue.
El contenido de dicha Memoria, de acuerdo siempre con los reglamentos de las Cámaras, podrá
dar lugar a la presentación de mociones, preguntas de obligada contestación por parte del
Consejo y, en general, a la adopción de cuantas medidas prevean aquellos reglamentos.
3. Las Cortes Generales, cuando así lo dispongan los Reglamentos de las Cámaras,
podrán solicitar informe al Consejo General del Poder Judicial sobre Proposiciones de Ley
o enmiendas que versen sobre materias comprendidas en el apartado primero del artículo
anterior. Esta misma regla será de aplicación, en el mismo supuesto, a las Asambleas legislativas
de las Comunidades Autónomas.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 110.
1. El Consejo General del Poder Judicial podrá dictar reglamentos sobre su
personal, organización y funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función
pública.
2. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia y
con subordinación a las Leyes, podrá dictar reglamentos de desarrollo de esta Ley para
establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar. Estos Reglamentos podrán regular
condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto
judicial sin innovar aquéllos ni alterar éste en su conjunto. Podrán aprobarse en los casos
en que sean necesarios para la ejecución o aplicación de esta Ley, en aquellos en que así
se prevea en esta u otra Ley y, especialmente, en las siguientes materias:
a) Sistema de ingreso, promoción y especialización en la Carrera Judicial,
régimen de los funcionarios judiciales en prácticas y de los jueces adjuntos y cursos
teóricos y prácticos en la Escuela Judicial, así como organización y funciones de ésta.
A este efecto, en el desarrollo reglamentario de la organización y funciones de la
Escuela Judicial, deberá determinarse la composición de su Consejo Rector, en el que
necesariamente habrán de estar representados el Ministerio de Justicia, las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de Justicia y las asociaciones profesionales
de jueces y magistrados.
b) Forma de distribución entre turnos y de provisión de plazas vacantes
y desiertas de jueces y magistrados.
c) Tiempo mínimo de permanencia en el destino de los jueces y magistrados.
d) Procedimiento de los concursos reglados y forma de solicitud de provisión
de plazas y de cargos de nombramiento discrecional.
e) Actividades de formación de los jueces y magistrados y forma de obtención
de títulos de especialización.
f) Situaciones administrativas de jueces y magistrados.
g) Régimen de licencias y permisos de jueces y magistrados.
h) Valoración como mérito preferente del conocimiento de la lengua y derecho
propios de las Comunidades Autónomas en la provisión de plazas judiciales en el territorio
de la comunidad respectiva.
i) Régimen de incompatibilidades y tramitación de expedientes sobre cuestiones
que afecten al estatuto de jueces y magistrados.
j) Contenido del Escalafón judicial, en los términos previstos en esta
Ley.
k) Régimen de sustituciones, de los magistrados suplentes, de los jueces
sustitutos, y de los Jueces de Paz.
l) Funcionamiento y facultades de las Salas de Gobierno, de las Juntas
de Jueces y demás órganos gubernativos y elecciones, nombramiento y cese de miembros
de las Salas de Gobierno y de Jueces Decanos.
m) Inspección de juzgados y tribunales y tramitación de quejas y denuncias.
n) Publicidad de las actuaciones judiciales, habilitación de días y horas,
fijación de las horas de audiencia pública y constitución de los órganos judiciales
fuera de su sede.
ñ) Especialización de órganos judiciales, reparto de asuntos y ponencias
y normas generales sobre prestación y desarrollo del servicio de guardia, sin perjuicio
de las competencias del Ministerio de Justicia o, en su caso, de las Comunidades Autónomas
con competencias en materia de personal.
o) Forma de cese y posesión en los órganos judiciales y confección de alardes.
p) Cooperación jurisdiccional.
q) Honores y tratamiento de jueces y magistrados y reglas sobre protocolo
en actos judiciales.
r) Sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que
se estimen convenientes con los que determinar la carga de trabajo que puede soportar
un órgano jurisdiccional, así como establecer criterios mínimos homogéneos para la
elaboración de normas de reparto.
3. Los proyectos de reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las
asociaciones profesionales de jueces y magistrados y de las corporaciones profesionales
o asociaciones de otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses
a los que puedan afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio
del Ministerio de Justicia, y a las de las Comunidades Autónomas siempre que una y otras
tengan competencias relacionadas con el contenido del reglamento o sea necesario coordinar
éstas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que
se consideren pertinentes y un dictamen de legalidad sobre el proyecto. En todo caso, se
elaborará un informe previo de impacto de género. El Ministerio Fiscal será oído cuando
le afecte la materia sobre la que verse el proyecto y especialmente en los supuestos contemplados
en los párrafos n), ñ) y q) del apartado 2 de este artículo.
4. Los reglamentos que deberán ser aprobados por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial por mayoría de tres quintos de sus miembros autorizados por su Presidente,
se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado".
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO II.
De la composición del Consejo General del Poder Judicial y de la designación y sustitución
de sus miembros
** CAP.2 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 111.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por un período de cinco años por
el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 112.
Los doce miembros que conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución
han de integrar el Consejo entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán
propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales
que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios
en los órganos técnicos del mismo.
2. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el
Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer seis Vocales, por mayoría de tres quintos
de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cámaras por los Jueces y Magistrados
conforme a lo previsto en el número siguiente.
3. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce
puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un
número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 por 100 de todos los que
se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que
corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse
con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad,
de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Los treinta y seis candidatos se distribuirán en proporción al número
de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando
este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas
de otros Jueces y Magistrados no asociados, todo ello, de acuerdo con los datos obrantes
en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo previsto
en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún Juez o Magistrado pueda
avalar con su firma más de un candidato.
b) En el caso de que el número de Jueces y Magistrados presentados con
el aval de firmas suficientes supere el máximo al que se refiere la letra a), sólo
tendrán la consideración de candidatos los que, hasta dicho número máximo, vengan avalados
por el mayor número de firmas. En el supuesto contrario de que el número de candidatos
avalados mediante firmas no baste para cubrir el número total de treinta y seis, los
restantes se proveerán por las asociaciones, en proporción al número de afiliados;
a tal efecto y para evitar dilaciones, las asociaciones incluirán en su propuesta inicial,
de forma diferenciada, una lista complementaria de candidatos.
c) Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que dispongan sus Estatutos,
el sistema de elección de los candidatos que le corresponda presentar.
4. Entre los treinta y seis candidatos presentados, conforme a lo dispuesto
en el número anterior, se elegirán en primer lugar seis Vocales por el Pleno del Congreso
de los Diputados, y una vez elegidos estos seis Vocales, el Senado elegirá los otros seis
entre los treinta candidatos restantes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número
2 del artículo siguiente.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 113.
1. Los restantes ocho miembros que igualmente han de integrar el Consejo, elegidos
por el Congreso de los Diputados y por el Senado, serán propuestos para su nombramiento
por el Rey entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince
años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten
servicios en los órganos técnicos del mismo.
2. El Pleno de cada Cámara elegirá cuatro Vocales, por mayoría de tres quintos
de sus miembros, en la misma sesión en que se proceda a la elección de los seis Vocales
a los que se refiere el artículo anterior e inmediatamente a continuación de ésta.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 114.
El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años,
computados desde la fecha de constitución. A tal efecto, y con seis meses de antelación a la
expiración del mandato del Consejo, su Presidente se dirigirá a los de las Cámaras,interesando
que por éstas se proceda a la elección de los nuevos Vocales yponiendo en su conocimiento los
datos del escalafón y del Registro de asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados obrantes
en dicha fecha en el Consejo, que serán los determinantes para la presentación de candidaturas
conforme a lo dispuesto en el artículo 112 .
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 115.
1. La sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial será presidida
por el Vocal de mayor edad, y se celebrará una vez nombrados los veinte Vocales del mismo,
que tomarán posesión de su carga prestando juramento o promesa ante el Rey.
2. El Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del
nuevo Consejo.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 116.
1. El cese anticipado de un Vocal del Consejo General del Poder Judicial dará
lugar a su sustitución. A tal efecto, el Presidente del Consejo pondrá esta circunstancia
en conocimiento de la Cámara que hubiera elegido al Vocal cesante, al objeto de que proceda
a efectuar nueva propuesta por idéntica mayoría que la requerida para la elección inicial.
2. El que fuese propuesto para sustituir al Vocal cesante deberán reunir los
requisitos exigidos para su elección, según el caso, en los artículos 112 y 113 de la presente
Ley Orgánica.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO III.
Del Estatuto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial
** CAP.3 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 117.
1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad
con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión
o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción
de la mera administración del patrimonio personal o familiar. Les serán de aplicación,
además, las incompatibilidades específicas de los Jueces y Magistrados enunciadas expresamente
en el artículo 389, apartado 2º, de la presente Ley Orgánica.
2. La situación administrativa para los que sean funcionarios públicos, tanto
judiciales como no judiciales, será la de servicios especiales.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 118.
1. Los destinos cuyos titulares se encuentren en situación que lleve consigo
el derecho de reserva de plaza por ocupar un cargo de duración determinada y dotado de
inamovilidad se podrán cubrir, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo
que permanezcan los titulares en la referida situación, a través de los mecanismos ordinarios
de provisión.
2. Quienes ocupen los referidos destinos quedarán, cuando se reintegre a la
plaza su titular, adscritos al Tribunal colegiado en que se hubiera producido la reserva
o, si se tratase de un Juzgado, a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia
correspondiente y sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan
en esta situación prestarán sus servicios en los puestos que determinen las respectivas
Salas de Gobierno, devengando las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio
cuando éstos se prestaren en lugar distinto del de su residencia, que permanecerá en el
de la plaza reservada que hubiere ocupado.
3. Mientras desempeñen la plaza reservada, una vez transcurrido un año desde
que accedieran a la misma, o en cualquier momento cuando se encuentren en situación de
adscripción, podrán acceder en propiedad a cualesquiera destinos por los mecanismos ordinarios
de provisión y promoción. Ocuparán definitivamente la plaza reservada que sirvieren cuando
vaque por cualquier causa. Cuando queden en situación de adscritos, serán destinados a
la primera vacante que se produzca en el Tribunal colegiado de que se trate o en los Juzgados
del mismo orden jurisdiccional del lugar de la plaza reservada, a no ser que se trate de
plazas de Presidente o legalmente reservadas a Magistrados procedentes de pruebas selectivas,
si no reunieren esta condición.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 119.
1. La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del
Poder Judicial se exigirá por los trámites establecidos para la de los Magistrados del
Tribunal Supremo.
2. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por
mandato imperativo alguno, y no podrán ser removidos de sus cargos sino por agotamiento
de su mandato, renuncia, incapacidad, incompatibilidades o incumplimiento grave de los
deberes del cargo. La aceptación de la renuncia competerá al Presidente, y la apreciación
de las restantes causas del cese deberá ser acordada por el Pleno del Consejo General por
mayoría de tres quintos de sus miembros.
3. Los Vocales elegidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
112 cesarán cuando, por jubilación u otras razones, dejen de pertenecer a la Carrera Judicial.
En tal caso, se procederá según lo dispuesto en el artículo 116.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 120.
Los Vocales del Consejo General no podrán ser promovidos durante la duración de
su mandato a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, ni nombrados para cualquier cargo
de la Carrera Judicial de libre designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 121.
1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial percibirán, por toda
la duración de su mandato, la retribución que se fije como única y exclusiva en atención
a la importancia de su función. Será igual para todos e incompatible con cualquier otra
retribución.
2. Los Vocales que al tiempo de su elección no perteneciesen a Cuerpos del
Estado o de las Administraciones Públicas o, aun perteneciendo, no se hallasen en situación
de servicio activo y al cesar no se reintegrasen al mismo, siempre que hubieran desempeñado
el cargo durante un mínimo de tres años, tendrán derecho a una remuneración de transición
por un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese. Esta remuneración
de transición estará sujeta al mismo régimen de concurrencia o incompatibilidad, en su
caso, que se prevea para los haberes pasivos del Estado.
3. Cuando el Vocal del Consejo General del Poder Judicial tenga derecho a la
percepción de haberes pasivos, por pertenecer a cualquier Cuerpo o Escala de funcionarios
públicos, o a pensión del sistema de Seguridad Social, se le computará, a los efectos de
determinación del haber correspondiente, el tiempo de desempeño de aquellas funciones.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO IV.
De los órganos del Consejo General del Poder Judicial
** CAP.4 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
** SEC.1 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 122.
1. El Consejo General del Poder Judicial se articula en los siguientes órganos:
-Presidente. -Vicepresidente. -Pleno. -Comisión Permanente. -Comisión Disciplinaria. -Comisión
de Calificación. -Comisión de Igualdad.
2. Reglamentariamente se podrán establecer las Comisiones y Delegaciones que
se estimen oportunas. Sección 2ª. Del Presidente
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
** SEC.2 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 123.
1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre miembros
de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia, con más de quince años de
antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Podrá ser reelegido y nombrado,
por una sola vez, para un nuevo mandato.
2. La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptará por mayoría
de tres quintos de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo.
3. El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial se llevará a cabo en Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
4. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante los Plenos
del Consejo General del Poder Judicial y de dicho Alto Tribunal en sesión conjunta.
5. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial será sustituido por
el Vicepresidente en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 124.
1. El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial será propuesto
por el Pleno de éste entre sus Vocales, por mayoría de tres quintos de sus componentes,
y nombrado por el Rey.
2. El Vicepresidente sustituye al Presidente en los supuestos previstos en
el apartado 5 del artículo anterior, y desempeña las demás funciones que le atribuyen las
leyes.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 125.
El Presidente del Consejo General del Poder Judicial tendrá las siguientes funciones:
1. Ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial.
2. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente,
decidiendo los empates con voto de calidad.
3. Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
4. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materias de la competencia
del Pleno o de la Comisión Permanente.
5. Someter al Pleno las propuestas de nombramiento de los Magistrados del Tribunal
Supremo a que se refiere el artículo 127.4) de esta Ley.
6. Proponer el nombramiento de Ponencias para preparar la resolución o despacho
de un asunto.
7. Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente.
8. Ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos
del Consejo.
9. Las demás previstas en la Ley.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 126.
1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
cesará:
a) Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado
en la misma fecha en que concluya el del Consejo General por el que hubiere sido propuesto.
b) Por renuncia.
c) A propuesta del Pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad,
o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus
miembros.
2. Los casos a que se refieren las letras b) y c) de este artículo se comunicarán
al Gobierno por mediación del Ministerio de Justicia. En tales casos se procederá al nuevo
nombramiento de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Sección 3ª. Del Pleno
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
** SEC.3 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 127.
Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:
1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos de sus miembros
de:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
y el Vicepresidente de este último.
b) Los miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde.
c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como
los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
d) El Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso-Administrativo,
del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades
del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos
en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como la del Magistrado de dichas Salas
del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.
Para el cómputo de la mayoría cualificada exigida en este apartado se tomará siempre
como base la totalidad de los veintiún miembros integrantes del Consejo General del
Poder Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 111 de esta Ley. Para efectuar
dichas propuestas de nombramiento previstas en este apartado, el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial velará, en todo caso, por el cumplimiento de los principios
de mérito y capacidad.
2. La propuesta de nombramiento de los demás cargos de designación discrecional.
3. Evacuar la audiencia prevista en el artículo 124.4 de la Constitución sobre
nombramiento del Fiscal General del Estado.
4. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión
Permanente, de la Comisión Disciplinaria y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores
de Justicia y de los órganos de gobierno de los Tribunales y Juzgados.
5. Resolver los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria.
6. Evacuar los informes previstos en la Ley y ejercer la potestad reglamentaria
atribuida por la Ley al Consejo General del Poder Judicial.
7. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación
de los Jueces y Magistrados en los supuestos no previstos en el artículo 131.3.
8. Elegir y nombrar los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones.
9. Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del año judicial
leerá su Presidente sobre el estado de la Administración de Justicia.
10. Elaborar el Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, que se
integrará en los Generales del Estado, en una sección independiente.
11. Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento.
12. Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder
Judicial y no se hallen expresamente atribuidas a otros órganos del mismo.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 128.
El Pleno se reunirá, previa convocatoria del Presidente, o en su caso, del Vicepresidente,
en sesiones ordinarias y extraordinarias con arreglo a lo que se determine en el Reglamento
de Organización aprobado por el propio Consejo. En todo caso, deberá celebrarse sesión extraordinaria,
cuando lo soliciten cinco de sus miembros, incluyendo en el orden del día los asuntos que éstos
hayan propuesto.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 129.
El Pleno quedará válidamente constituido cuando se hallaren presentes un mínimo
de catorce de sus miembros, con asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya.Sección
4ª.De la Comisión Permanente
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
**SEC.4 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 130.
1. Anualmente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial procederá a designar
la Comisión Permanente, que estará compuesta por el Presidente del Consejo, que la presidirá,
y cuatro Vocales elegidos por mayoría de tres quintos, por acuerdo del Pleno del Consejo
General: dos pertenecientes a la Carrera Judicial y otros dos que no formen parte de la
misma.
2. Las reuniones de la Comisión Permanente sólo serán válidas con asistencia
de tres, al menos, de sus componentes, entre los que deberá encontrarse el Presidente o
quien legalmente le sustituya.
3. El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente, o en quien legalmente
le sustituya, la presidencia de la Comisión Permanente para la resolución de los asuntos
de su competencia.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 131.
Compete a la Comisión Permanente:
1. Preparar las sesiones del Pleno.
2. Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo.
3. Decidir aquellos nombramientos de Jueces y Magistrados que, por tener carácter
íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa
por edad de los mismos, resolver sobre su situación administrativa y disponer el cese de
los Magistrados suplentes y de los Jueces sustitutos por el transcurso del plazo para el
que fueron nombrados o por alcanzar la edad de setenta y dos años.
4. Resolver sobre la concesión de licencias a los Jueces y Magistrados, en
los casos previstos por la ley.
5. Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.
6. Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o atribuidas
por la ley. Sección 5ª. De la Comisión Disciplinaria
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
**SEC.5 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 132.
1. El Pleno del Consejo General elegirá, anualmente, por mayoría de tres quintos,
de entre sus Vocales, a los componentes de la Comisión Disciplinaria, que estará integrada
por cinco miembros. Tres de ellos, elegidos entre los Vocales que pertenezcan a la Carrera
Judicial, y los dos restantes, ajenos a ésta.
2. La Comisión Disciplinaria deberá actuar, en todo caso, con la asistencia
de todos sus componentes y bajo la presidencia del miembro de la misma que sea elegido
por mayoría. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los
miembros, se procederá a su sustitución por otro Vocal del Consejo de idéntica procedencia,
que será designado por la Comisión Permanente.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 133.
A la Comisión Disciplinaria corresponde la competencia para la instrucción de expedientes
e imposición de sanciones a Jueces y Magistrados.Sección 6ª.De la Comisión de Calificación
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
** SEC.6 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 134
1. Anualmente, el Pleno del Consejo General procederá a designar los componentes
de la Comisión de Calificación, que estará integrada por cinco miembros, elegidos en la
misma forma establecida para la Comisión Disciplinaria.
2. Será presidida y quedará válidamente constituida en los mismos términos
previstos para la referida Comisión.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 135
Corresponderá a la Comisión de calificación informar, en todo caso, sobre los nombramientos
de la competencia del Pleno, excepto el nombramiento del Magistrado del Tribunal Supremo previsto
en el artículo 127.4) de esta Ley.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 136.
Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los Jueces y Magistrados,
la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial y, en todo
caso, recibirá un informe anual elaborado por las correspondientes Salas de Gobierno de los
órganos jurisdiccionales a que aquéllos estuviesen adscritos que deberá fundarse en criterios
objetivos y suficientemente valorados y detallados.Sección 7ª.De la Comisión de Igualdad
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
** SEC.7 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 136 bis.
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre
sus Vocales, por mayoría de tres quintos y atendiendo al principio de presencia equilibrada
entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad, que estará integrada
por cinco miembros.
2. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes
y bajo la presidencia del miembro de la misma que sea elegido por mayoría. En caso de transitoria
imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se procederá a su sustitución
por otro Vocal del Consejo, preferentemente del mismo sexo, que será designado por la Comisión
Permanente.
3. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas
necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres
y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y,
en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de
los reglamentos y mejorar los parámetros de igualdad en la Carrera Judicial.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO V.
Del régimen de los actos del Consejo
** CAP.5 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
** SEC.1 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 137
1. Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo serán adoptados por mayoría
de los miembros presentes, salvo cuando la Ley disponga otra cosa. Quien presida tendrá
voto de calidad en caso de empate. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 y concordantes
de esta Ley, en caso de no poder adoptarse acuerdos por falta del número de miembros para
constituir el órgano, podrá efectuarse una segunda convocatoria en la que bastará la mayoría
necesaria para la constitución de los órganos colegiados en la legislación común de régimen
jurídico de las Administraciones públicas.
2. Las deliberaciones de los órganos del Consejo tendrán carácter reservado,
debiendo sus componentes guardar secreto de las mismas.
3. El Vocal que disintiere de la mayoría podrá pedir que conste su voto en
el acta. Si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará
en el acta, siempre que lo presente dentro del día siguiente a aquel en que se tomó el
acuerdo.
4. Cuando el Pleno haga uso de sus facultades de informe, se incorporarán al
texto del acuerdo adoptado los votos particulares razonados, que se unirán a la documentación
que se remita al órgano destinatario.
5. Los acuerdos de los órganos del Consejo siempre serán motivados. Sección
2ª. De la formalización de los acuerdos
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
** SEC.2 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 138.
Los acuerdos de los órganos del Consejo General serán documentados por el Secretario
general y suscritos por quien haya presidido.Sección 3ª.Régimen de los actos del Consejo
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
** SEC.3 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 139.
1. Adoptarán la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y que deberá refrendar
el Ministro de Justicia, los acuerdos del Consejo General sobre el nombramiento de Presidentes
y Magistrados. Los nombramientos de Jueces se efectuarán por el Consejo mediante Orden.
Todos ellos se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial se publicarán
en la forma prevista en el artículo 110.4 de la Ley.
3. Los restantes acuerdos, debidamente documentados e incorporados los votos
particulares, si los hubiere, serán comunicados a las personas y órganos que deban cumplirlos
o conocerlos. Estos acuerdos se publicarán en los casos y con las modalidades establecidas
por las normas generales que les sean aplicables. Sección 4ª. De la ejecución de los actos
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
** SEC.4 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 140.
1. Los actos de los distintos órganos del Consejo General del Poder Judicial
serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del régimen de impugnación previsto en esta
Ley.
2. No obstante, cuando se interponga recurso contra los mismos, la Autoridad
competente para resolverlo podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensión
de la ejecución, cuando la misma pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación,
o cuando esté así establecido por la Ley.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 141.
Corresponderá al Consejo General la ejecución de sus propios actos, que llevarán
a cabo los órganos técnicos a su servicio con la colaboración, si fuere necesaria, de la Administración
del Estado y de las Comunidades Autónomas.Sección 5ª.Del procedimiento y recursos
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
** SEC.5 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 142.
1. En todo cuanto no se hallare previsto en esta Ley, se observarán, en materia
de procedimiento, recursos y forma de los actos del Consejo General, en cuanto sean aplicables,
las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo , sin que, en ningún caso,
sea necesaria la intervención del Consejo de Estado.
2. Tratándose de actos declarativos de derechos, la revisión de oficio y, en
su caso, la previa declaración de lesividad, se adoptarán por el Pleno del Consejo por
mayoría absoluta de sus miembros.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 143.
1. Los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento
o produzcan indefensión y las resoluciones definitivas de la Comisión Permanente y de la
Comisión Disciplinaria, serán impugnables en alzada ante el Pleno del Consejo General.
2. Los actos, resoluciones y disposiciones emanados del Pleno serán recurribles
en vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO VI.
De los órganos técnicos al servicio del Consejo General
** CAP.4 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
** SEC.1 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 144
El Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial
determinará la estructura, funciones y competencias de sus órganos técnicos.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 145.
1. En los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, podrán prestar
servicios miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa
y del Cuerpo de Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia así como
funcionarios de las Administraciones públicas, en el número que fijen las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo.
2. Los miembros de los órganos técnicos de nivel superior para cuya designación
se haya exigido el título de licenciado en Derecho, actuarán con la denominación de Letrados
al servicio del Consejo General del Poder Judicial.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 146
1. La provisión de los puestos de los órganos técnicos del Consejo General
del Poder Judicial, se realizará mediante concurso de méritos.
2. Aquellos que hayan obtenido puestos de nivel superior, serán nombrados por
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, previo concurso de méritos, por un período
de dos años, prorrogable por períodos anuales con un máximo de prestación de servicios
de 10 años y serán declarados en situación de servicios especiales en su Administración
de origen.
3. Cuando se trate de la prestación de servicios en los restantes puestos de
los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, los funcionarios que los desempeñen
se considerarán en servicio activo en sus cuerpos de origen.
4. Durante el tiempo que permanezcan ocupando un puesto de trabajo en el Consejo
General del Poder Judicial, estarán sometidos al Reglamento de Personal del Consejo. Sección
2ª. De los órganos técnicos en particular
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
** SEC.2 Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley
Orgánica núm. 4/2013
Artículo 147.
El Secretario general, que será nombrado y removido libremente por el Pleno del
Consejo, asistirá a las sesiones de sus órganos, con voz y sin voto, y ejercerá las funciones
de gestión, tramitación y documentación de los actos del Consejo, así como las de dirección
y coordinación de los restantes órganos técnicos.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
Artículo 148.
El Servicio de Inspección llevará a cabo, bajo la dependencia del Consejo General,
funciones de comprobación y control del funcionamiento de los servicios de la Administración
de Justicia, mediante la realización de las actuaciones y visitas que sean acordadas por el
Consejo General, todo ello sin perjuicio de la competencia de los órganos de gobierno de los
Tribunales.
** Quedará derogado cuando se constituya el primer Consejo elegido de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica por disp. derog. .3 de Ley Orgánica
núm. 4/2013
TÍTULO III.
Del gobierno interno de los Tribunales y Juzgados
CAPÍTULO I.
De las Salas de gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores
de Justicia
Artículo 149.
1. Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional estarán
constituidas por el Presidente de dichos órganos, que las presidirá, por los Presidentes
de las Salas en ellos existentes y por un número de magistrados igual al de éstos.
2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia estarán constituidas
por el Presidente de éstos, que las presidirá, por los Presidentes de las Salas en ellos
existentes, por los Presidentes de las Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma,
y por un número igual de magistrados o jueces, elegidos por todos los miembros de la Carrera
Judicial destinados en ella. Uno, al menos, de los componentes de la Sala será de la categoría
de juez, salvo que no hubiera candidatos de dicha categoría. Además de éstos se integrarán
también, con la consideración de miembros electos a todos los efectos, los decanos que
de conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 hayan sido liberados totalmente
del trabajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.
3. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el
número de miembros exceda de 10, se constituirán en Pleno o en Comisión. La Comisión estará
integrada por seis miembros, tres natos y tres electos. La designación de sus componentes
corresponderá al Pleno, y de producirse vacantes, la de sus sustitutos. No obstante, formará
parte de la misma el Decano liberado totalmente de tareas jurisdiccionales, o uno de ellos
de existir varios. La Comisión se renovará anualmente en la misma proporción y la presidirá
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
4. El Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional
y de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia ejercerá las funciones de Secretario
de la Sala de Gobierno, sin perjuicio de todas aquellas que expresamente esta Ley le atribuya.
** Modificado por art. único.19 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 150.
Los miembros electivos de las Salas de gobierno se renovarán en su totalidad cada
cinco años, computados desde la fecha de constitución de aquélla. Transcurrido dicho plazo,
la Sala de Gobierno continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constitución
de la nueva.
Artículo 151.
1. La elección de miembros de las Salas de gobierno se llevará a cabo conforme
a las siguientes reglas: 1ª La elección se llevará a cabo mediante voto personal, libre,
igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo. Deberá convocarse con dos meses
de antelación a la terminación del mandato de los anteriores miembros electivos. 2ª Las
candidaturas podrán incluir uno o varios candidatos, junto con su correspondiente sustituto,
hasta un número igual al de puestos a cubrir, y bastará para que puedan ser presentadas
que conste el consentimiento de quienes las integren, aunque también podrán ser avaladas
por un grupo de electores o por una asociación profesional legalmente constituida. Las
candidaturas serán abiertas, y los electores podrán votar a tantos candidatos y a otros
tantos suplentes como plazas a cubrir. 3ª Resultarán elegidos los candidatos que hubieren
obtenido mayor número de votos. Si por aplicación estricta de esta regla no resultare elegido
para la Sala de gobierno de un Tribunal Superior de Justicia ningún Juez, el Magistrado
que hubiere resultado elegido con menor número de votos cederá su puesto en la misma al
Juez que hubiere obtenido mayor número de votos entre los que fueren candidatos, salvo
que no se hubieran presentado a elección candidatos de dicha categoría.
2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, existirá en cada Tribunal
una Junta Electoral, presidida por su Presidente e integrada, además, por el Magistrado
más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal
Superior de Justicia correspondiente.
3. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial convocar las elecciones
y dictar las instrucciones necesarias para su organización y, en general, para la correcta
realización del proceso electoral.
4. A cada Junta Electoral corresponde proclamar las candidaturas, actuar como
mesa electoral en el acto de la elección, proceder al escrutinio y proclamar los resultados,
que se comunicarán al Consejo, y, en general, la dirección y ordenación de todo el proceso
electoral. Contra los acuerdos de la Junta Electoral podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
electoral.
5. En los supuestos de cese anticipado, por cualquier causa, de alguno de los
miembros elegidos de la Sala de Gobierno, su puesto será cubierto por el correspondiente
sustituto.
6. Si se tratase de un miembro electo y el sustituto también cesare, el puesto
será cubierto por el candidato no elegido que hubiera obtenido mayor número de votos. Si
no restaren candidatos electos, se convocarán elecciones parciales para cubrir el puesto
o puestos vacantes. Sección 2ª. De las atribuciones de las Salas de gobierno
Artículo 152.
1. Las Salas de Gobierno, también las constituidas en régimen de Comisión,
desempeñarán la función de gobierno de sus respectivos tribunales, y en particular les
compete: 1º Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada
Sala. 2º Establecer anualmente con criterios objetivos los turnos precisos para la composición
y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal y de las Audiencias Provinciales
del territorio, así como de modo vinculante las normas de asignación de las Ponencias que
deban turnar los Magistrados. 3º Adoptar, con respeto a la inamovilidad judicial, las medidas
necesarias en los casos de disidencia entre magistrados que puedan influir en el buen orden
de los tribunales o en la Administración de Justicia. 4º Completar provisionalmente la
composición de las Salas en los casos en que, por circunstancias sobrevenidas, fuera necesario
para el funcionamiento del servicio, siempre sin perjuicio de respetar el destino específico
de los magistrados de cada Sala Asimismo, tomar conocimiento, aprobar provisionalmente
y remitir al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación definitiva, en los términos
y, en su caso, con las correcciones que procedan, la relación de jueces y magistrados propuestos
de conformidad con lo previsto en los tres primeros apartados del artículo 200 de la presente
Ley, así como velar por su cumplimiento. 5º Proponer motivadamente al Consejo General del
Poder Judicial a los magistrados suplentes expresando las circunstancias personales y profesionales
que en ellos concurran, su idoneidad para el ejercicio del cargo y para su actuación en
uno o varios órdenes jurisdiccionales, las garantías de un desempeño eficaz de la función
y la aptitud demostrada por quienes ya hubieran actuado en el ejercicio de funciones judiciales
o de sustitución en la Carrera Fiscal, con razonada exposición del orden de preferencia
propuesto y de las exclusiones de solicitantes. Las propuestas de adscripción de magistrados
suplentes como medida de refuerzo estarán sujetas a idénticos requisitos de motivación
de los nombres y del orden de preferencia propuestos y de las exclusiones de solicitantes.
6º Ejercer las facultades disciplinarias sobre magistrados en los términos establecidos
en esta Ley. 7º Proponer al Presidente la realización de las visitas de inspección e información
que considere procedentes. 8º Promover los expedientes de jubilación por causa de incapacidad
de los Magistrados, e informarlos. 9º Elaborar los informes que le solicite el Consejo
General del Poder Judicial y la memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal,
con expresión detallada del número y clase de asuntos iniciados y terminados por cada Sala,
así como de los que se hallaren pendientes, precisando el año de su iniciación, todo ello
referido al 31 diciembre. La memoria deberá contener, en todo caso, la indicación de las
medidas que se consideren necesarias para la corrección de las deficiencias advertidas.
10º Proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue
pertinentes para mejorar la Administración de Justicia en cuanto a los respectivos órganos
jurisdiccionales. 11º Recibir el juramento o promesa legalmente prevenidos de los magistrados
que integran los respectivos tribunales y darles posesión. 12º Recibir informes del Secretario
de Gobierno, por iniciativa de éste o de la propia Sala, en todos aquellos asuntos que,
por afectar a las oficinas judiciales o secretarios judiciales que de él dependan, exijan
de algún tipo de actuación. En este caso, el Secretario de Gobierno tendrá voto en el acuerdo
que pueda llegar a adoptarse. 13º Promover ante el órgano competente la exigencia de las
responsabilidades disciplinarias que procedan de secretarios judiciales, del personal al
servicio de la Administración de Justicia o de cualquier otro que, sin ostentar esta condición,
preste sus servicios de forma permanente u ocasional en ésta. 14º En general, cumplir las
demás funciones que las Leyes atribuyan a los órganos de gobierno interno de los tribunales
y que no estén atribuidas expresamente a los Presidentes.
** APDO. 1.4 párr. 2º añadido por art. único.2 de Ley Orgánica núm.
8/2012.
2. A las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, en Pleno
o en Comisión, compete además: 1º Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las Salas
del Tribunal y entre las Secciones de las Audiencias Provinciales y Juzgados del mismo
orden jurisdiccional, con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente. Excepcionalmente,
de forma motivada, y cuando las necesidades del servicio así lo exigieren, la Sala de Gobierno
podrá ordenar que se libere del reparto de asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado,
a una Sección o a un juez determinado. 2º Ejercer las facultades de los números quinto
al decimocuarto del apartado anterior, pero referidas también a los órganos jurisdiccionales
con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente a los jueces y magistrados en ellos destinados.
3º Expedir los nombramientos de los Jueces de Paz. 4º Tomar conocimiento de los planes
anuales de sustitución elaborados por las Juntas de Jueces, aprobarlos provisionalmente
en los términos y, en su caso, con las correcciones que procedan y remitirlos al Consejo
General del Poder Judicial para su aprobación definitiva. Además, velarán por su cumplimiento.
Sección 3ª. Del funcionamiento de las Salas de gobierno y del régimen de sus actos
** Modificado por art. único.20 de Ley Orgánica núm. 19/2003
**APDO. 2.4 añadido por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 153.
1. Las Salas de Gobierno se reunirán, al menos, dos veces por mes, a no ser
que no hubiere asuntos pendientes, y cuantas veces, además, tengan que tratar de asuntos
urgentes de interés para la Administración de Justicia, cuando lo considere necesario el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando lo solicite la tercera parte de sus
miembros mediante propuesta razonada y con expresión de lo que deba ser objeto de deliberación
y decisión, o cuando lo solicite el Secretario de Gobierno a fin de tratar cuestiones que
afecten a oficinas judiciales o Secretarios Judiciales que de él dependan. La convocatoria
se hará por el Presidente, con expresión de los asuntos a tratar.
2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, constituidas
en Comisión, se reunirán semanalmente. La Comisión trimestralmente, pondrá en conocimiento
del Pleno, previamente convocado, todos aquellos asuntos que han sido tratados y resueltos.
Podrá reunirse, asimismo, el Pleno cuando, a juicio del Presidente o de la Comisión, la
trascendencia, importancia o interés para la Administración de Justicia de los asuntos
a tratar así lo aconsejen, cuando lo solicite la mayoría de sus miembros mediante propuesta
razonada y con expresión de lo que debe ser objeto de deliberación y decisión o cuando
lo solicite el Secretario de Gobierno a fin de tratar cuestiones que afecten a oficinas
judiciales o a Secretarios Judiciales que de él dependan. La convocatoria del Pleno o de
la Comisión se hará por el Presidente, con expresión de los asuntos a tratar.
3. La Sala podrá constituirse por el Presidente y dos miembros para las actuaciones
no decisorias de carácter formal, tales como la recepción de juramento o promesa o la toma
de posesión de jueces y magistrados u otras de carácter análogo.
4. En los demás casos, para su válida constitución, se requerirá la presencia,
al menos, de la mayoría de sus miembros, que deberán ser citados personalmente con 24 horas
de anticipación como mínimo.
** Modificado por art. único.21 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 154.
No podrán estar presentes en las discusiones y votaciones los que tuvieren interés
directo o indirecto en el asunto de que se trate, siendo de aplicación en este caso lo dispuesto
en la Ley para la abstención y recusación.
Artículo 155.
El Presidente designará un Ponente para cada asunto a tratar, que informará a la
Sala y presentará, en su caso, la propuesta de acuerdo o resolución, salvo que, por razones
de urgencia, no sea posible, o por la escasa importancia del asunto, a juicio del Presidente,
no lo requiera.
Artículo 156.
El Presidente, por propia iniciativa, a petición del Ponente o por acuerdo de la
Sala, pasará a dictamen del Ministerio Fiscal aquellos asuntos en los que deba intervenir o
en los que la índole de los mismos lo haga conveniente. El Ponente, a la vista del dictamen
del Fiscal, del que dará cuenta a la Sala, formulará la correspondiente propuesta.
Artículo 157.
1. Concluida la discusión de cada asunto, se procederá a la votación, que comenzará
por el Juez o Magistrado más moderno y seguirá por orden de menor antigüedad, hasta el
que presidiere. La votación será secreta si lo solicitase cualquiera de los miembros.
2. El Juez o Magistrado que disintiere de la mayoría podrá pedir que conste
su voto en el acta. Si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que
se insertará en el acta, si la Sala lo estimare procedente por razón de su naturaleza o
de las circunstancias concurrentes, siempre que lo presente dentro del plazo que fije la
Sala, que no será superior a tres días.
3. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 158.
1. El Secretario de Gobierno dará cuenta de los asuntos que se lleven a la
Sala; estará presente en su discusión y votación; redactará las actas, en que se hará mención
de todos los acuerdos, refiriéndolos a los expedientes en que se insertare; anotará al
margen los apellidos de los que estén presentes en la sesión; custodiará el libro de actas
y dará, en su caso, las certificaciones correspondientes.
2. Los actos de las Salas de gobierno gozarán de ejecutoriedad, serán recurribles
en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial y les serán de aplicación supletoria
las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo .
Artículo 159.
1. Los acuerdos de las Salas de gobierno se llevarán a un libro de actas, que
estará a cargo del Secretario de Gobierno y que no tendrá otra publicidad que la que se
efectúe a instancia del que tenga un interés directo, legítimo y personal.
2. No obstante, a los acuerdos sobre normas de reparto entre Secciones y entre
Juzgados de un orden jurisdiccional se les dará publicidad suficiente.
CAPÍTULO II.
De los Presidentes de los Tribunales y Audiencias
Artículo 160.
Los Presidentes tendrán las siguientes funciones:
1. Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Sala de gobierno.
2. Fijar el orden del día de las sesiones de la Sala de gobierno, en el que
deberán incluirse los asuntos que propongan al menos dos de sus componentes.
3. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materia de competencia
de la Sala de Gobierno.
4. Autorizar con su firma los acuerdos de la Sala de gobierno y velar por su
cumplimiento.
5. Cuidar del cumplimiento de las medidas adoptadas por la Sala de gobierno
para corregir los defectos que existieren en la administración de Justicia, si estuvieren
dentro de sus atribuciones, y, en otro caso, proponer al Consejo, de acuerdo con la Sala,
lo que considere conveniente.
6. Despachar los informes que le pida el Consejo General del Poder Judicial.
7. Adoptar las medidas necesarias, cuando surjan situaciones que por su urgencia
lo requieran, dando cuenta en la primera reunión de la Sala de gobierno.
8. Dirigir la inspección de los Juzgados y Tribunales en los términos establecidos
en esta Ley.
9. Determinar el reparto de asuntos entre las Salas del Tribunal del mismo
orden jurisdiccional y entre las Secciones de éstas de acuerdo con las normas aprobadas
por la Sala de Gobierno.
** APDO. 9 modificado por art. único.10 de Ley Orgánica núm. 6/1998
10. Presidir diariamente la reunión de los Presidentes de Salas y Magistrados
y cuidar de la composición de las Salas y Secciones conforme al artículo 198 de esta Ley.
11. Ejercer todos los poderes dirigidos al buen orden del Tribunal o Audiencia
respectivo, así como al cumplimiento de sus deberes por el personal de los mismos.
12. Comunicar al Consejo General las vacantes judiciales y las plazas vacantes
de personal auxiliar del respectivo Tribunal o Audiencia.
13. Oír las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando
las prevenciones necesarias.
14. Las demás previstas en la ley.
Artículo 161.
1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia ostenta la representación
del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma correspondiente, siempre que no concurra el
Presidente del Tribunal Supremo.
2. El Presidente de Sala a que se refiere el artículo 78 de esta Ley representa
al Poder Judicial en las provincias a que se extiende la jurisdicción de aquélla, salvo
cuando concurra el del Tribunal Superior de Justicia o el del Tribunal Supremo. En el caso
de que existan, conforme a dicho artículo, Salas de lo Contencioso-Administrativo y de
lo Social, tal representación corresponde al presidente de Sala que designe el Consejo
General del Poder Judicial.
3. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá delegar en el de Sala
a que se refiere el artículo anterior las funciones gubernativas que tenga por conveniente,
referidas a la Sala o Salas correspondientes y a los órganos jurisdiccionales con sede
en las provincias a los que aquélla o aquéllas extiendan su jurisdicción.
Artículo 162.
Podrán los Presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, Tribunales
Superiores de Justicia y de las Audiencias y, en su caso, las Salas de Gobierno, por conducto
de aquéllos, dirigir a los Juzgados y Tribunales a ellos inferiores, que estén comprendidos
en su respectiva circunscripción, dentro del ámbito de sus competencias gubernativas, las prevenciones
que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, dando cuenta
sin dilación al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente al Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 163.
En el Tribunal Supremo, y bajo la dependencia directa de su Presidente, funcionará
un Gabinete Técnico de Información y Documentación. El Ministerio de Justicia, oída la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinará
su composición y plantilla.
** Modificado por art. único.22 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 164.
Los Presidentes de las Audiencias Provinciales presiden las mismas, adoptan las
medidas precisas para su funcionamiento y ejercen las demás funciones que les atribuye la Ley,
sin perjuicio, en todo caso, de las facultades de los órganos de gobierno del Tribunal Superior
de Justicia.
** Modificado por art. único.23 de Ley Orgánica núm. 19/2003
CAPÍTULO III.
De los Presidentes de las Salas y de los Jueces
Artículo 165
Los Presidentes de las Salas de Justicia y los jueces tendrán en sus respectivos
órganos jurisdiccionales la dirección e inspección de todos los asuntos, adoptarán, en su ámbito
competencial, las resoluciones que la buena marcha de la Administración de Justicia aconseje,
darán cuenta a los Presidentes de los respectivos Tribunales y Audiencias de las anomalías
o faltas que observen y ejercerán las funciones disciplinarias que les reconozcan las Leyes
procesales sobre los profesionales que se relacionen con el tribunal.Con respecto al personal
adscrito al servicio de la sala o juzgado correspondiente se estará a lo previsto en su respectivo
régimen disciplinario.
** Modificado por art. único.24 de Ley Orgánica núm. 19/2003
CAPÍTULO IV.
De los Jueces Decanos y de las Juntas de Jueces
Artículo 166
1. En las poblaciones donde haya diez o más Juzgados, sus titulares elegirán
por mayoría de tres quintos a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayoría en
la primera votación, bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates
en favor del que ocupe el mejor puesto en el escalafón. La elección deberá renovarse cada
cuatro años o cuando el elegido cesare por cualquier causa.
2. Donde haya menos de diez Juzgados, ejercerá las funciones de Decano el Juez
o Magistrado con mejor puesto en el escalafón.
3. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias del Decanato lo justifiquen,
el Consejo General del Poder Judicial, oída la Junta de Jueces, podrá liberar a su titular
total o parcialmente del trabajo que le corresponda realizar en el orden jurisdiccional
respectivo.
Artículo 167.
1. Donde hubiere dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos
se distribuirán entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto
se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de
la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la
Junta de Jueces podrá proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto
de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administración de Justicia lo haga necesario.
El acuerdo se trasladará a la Sala de Gobierno para que ésta, si lo entiende pertinente,
proceda a su aprobación.
2. El reparto se realizará bajo la supervisión del Juez Decano, asistido por
un Secretario, y le corresponderá a aquél resolver con carácter gubernativo interno las
cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse adoptando
las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades
que procedan.
Artículo 168.
1. Los Decanos velarán por la buena utilización de los locales judiciales y
de los medios materiales; cuidarán de que el servicio de guardia se preste continuadamente;
adoptarán las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera
quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable; oirán las
quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias,
y ejercerán las restantes funciones que les atribuya la Ley.
2. En todo caso, corresponde a los Jueces Decanos:
a) Resolver en única instancia los recursos gubernativos que quepa interponer
contra las decisiones de los Secretarios Judiciales en materia de reparto.
b) Poner en conocimiento de la Sala de Gobierno toda posible anomalía en
el funcionamiento de servicios comunes procesales de su territorio.
c) Resolver cuantos recursos les atribuyan las Leyes procesales.
d) Velar por la correcta ejecución de las sustituciones y de los planes
anuales de sustitución en los términos previstos en esta Ley, resolver con carácter
gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que
puedan producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia
de las responsabilidades que procedan.
** Modificado por art. único.25 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** APDO. 2 d) añadido por art. único.4 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 169.
El Decano ostentará ante los poderes públicos la representación de todos y presidirá
la Junta de Jueces para tratar asuntos de interés común relativos a la actividad jurisdiccional
de los titulares de todos o de alguno de los órganos judiciales. Esta Junta habrá de convocarse
por el Decano siempre que lo solicitare la cuarta parte de los jueces de la población.
** Modificado por art. único.26 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 170.
1. Los Jueces de cada orden jurisdiccional podrán reunirse en Junta, bajo la
Presidencia del Decano, para proponer las normas de reparto entre los mismos, unificar
criterios y prácticas, y para tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente
elevar exposición a la Sala de Gobierno correspondiente o al Consejo General del Poder
Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o aquél les solicitare
informe.
2. El Decano convocará la Junta cuando lo estime necesario o cuando lo solicite,
al menos, la cuarta parte de los miembros de derecho de la misma.
3. También podrán reunirse los Jueces de una misma provincia o Comunidad Autónoma,
presididos por el más antiguo en el destino, para tratar aquellos problemas que les sean
comunes.
4. La Junta se considerará válidamente constituida para tomar acuerdos cuando
asistan la mitad más uno de sus miembros, adoptándose los acuerdos por mayoría simple.
5. La Junta elegirá como Secretario a uno de sus miembros, que será el encargado
de redactar las actas de los acuerdos de las Juntas, así como de conservarlas y de expedir
las certificaciones de las mismas.
6. Corresponde a la Junta de Jueces elaborar los planes anuales de sustitución
entre jueces titulares a que se refiere el artículo 211 para su remisión a la Sala de Gobierno.
**APDO. 6 añadido por art. único.5 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
CAPÍTULO V.
De la Inspección de los Juzgados y Tribunales
Artículo 171.
1. El Consejo General del Poder Judicial ejerce la superior inspección y vigilancia
sobre todos los Juzgados y Tribunales para la comprobación y control del funcionamiento
de la Administración de Justicia.
2. El Presidente del Consejo y los Vocales del mismo, por acuerdo del Pleno,
podrán realizar visitas de información a dichos órganos.
3. El Consejo o su Presidente, cuando lo consideren necesario, podrán ordenar
que el Servicio de inspección dependiente de aquél, o los Presidentes, Magistrados o Jueces
de cualquier Tribunal o Juzgado, realicen inspecciones a Juzgados o Tribunales o recaben
información sobre el funcionamiento y el cumplimiento de los deberes del personal judicial.
4. El Ministerio de Justicia, cuando lo considere necesario, podrá instar del
Consejo que ordene la inspección de cualquier juzgado o Tribunal. En este caso, el Consejo
notificará al Ministerio de Justicia la resolución que adopte y, en su caso, las medidas
adoptadas. Todo ello sin perjuicio de las facultades que la presente Ley concede al Ministerio
Fiscal.
Artículo 172.
1. El Presidente del Tribunal Supremo dirige la inspección ordinaria y vigila
el funcionamiento de las Salas y Secciones de este Tribunal.
2. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen las mismas
funciones en sus respectivos ámbitos territoriales.
3. El Presidente de la Audiencia Nacional tiene las facultades de los apartados
anteriores, respecto a las Salas de la misma y los Juzgados Centrales.
4. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales podrán ejercer por delegación
la inspección sobre los juzgados y tribunales en su respectivo ámbito y aquellas otras
funciones de carácter administrativo que se les encomienden.
**APDO. 4 añadido por art. único.27 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 173.
Se encomendará la inspección a Juez o Magistrado de igual o superior categoría
a la del titular del órgano inspeccionado.
Artículo 174.
1. Los Jueces y Presidentes de Secciones y Salas ejercerán su inspección en
los asuntos de que conozcan.
2. Cuando a su juicio conviniere, para evitar abusos, adoptar alguna medida
que no sea de su competencia o despachar visitas a algún Juzgado o Tribunal, lo manifestarán
al Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o al Tribunal Superior de
Justicia, para que éste decida lo que corresponda.
Artículo 175.
1. Los Jueces y Magistrados y el personal al servicio de la Administración
de Justicia deben prestar la colaboración necesaria para el buen fin de la inspección.
2. Las facultades inspectoras se ejercerán sin merma de la autoridad del Juez,
Magistrado o Presidente.
3. El expediente de inspección se completará con los informes sobre el órgano
inspeccionado, que podrán presentar los respectivos colegios de abogados, procuradores
o, en el caso de la jurisdicción social, graduados sociales en todo aquello que les afecte.
A tal fin, serán notificados, con la suficiente antelación, respecto a las circunstancias
en que se lleve a cabo la actividad inspectora.
**APDO. 3 modificado por disp. final 1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 176.
1. La inspección comprenderá el examen de cuanto resulte necesario para conocer
el funcionamiento del Juzgado o Tribunal y el cumplimiento de los deberes del personal
judicial, atendiendo especialmente a las exigencias de una pronta y eficaz tramitación
de todos los asuntos.
2. La interpretación y aplicación de las leyes hechas por los Jueces o Tribunales,
cuando administran justicia, no podrá ser objeto de aprobación, censura o corrección, con
ocasión o a consecuencia de actos de inspección.
Artículo 177.
1. El Juez o Magistrado que realice la inspección redactará un informe que
elevará a quien la hubiere decretado.
2. De las visitas de inspección se levantará acta, en que se detallará el resultado
de aquélla, y de la que se entregará copia al Juez o Presidente del órgano jurisdiccional
inspeccionado. Estos, con respecto a dicha acta, podrán formular las correspondientes observaciones
o precisiones y remitirlas a la Autoridad que hubiere ordenado la práctica de la inspección,
dentro de los diez días siguientes.
3. El Presidente de la Sala de Gobierno, a la que, en su caso, se dará cuenta,
adoptará, a la vista del informe, cuando proceda, las medidas que estime convenientes dentro
de sus atribuciones, y, cuando no tuviere competencia para resolver, propondrá al Consejo
General del Poder Judicial lo que considere procedente. La comunicación al Consejo General
se hará por conducto de su Presidente. El Consejo General adoptará por sí mismo las medidas
que procedan, cuando hubiere ordenado la inspección.
CAPÍTULO VI.
De las Secretarías de Gobierno
Artículo 178.
1. En el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia
existirá una Secretaría de Gobierno, dependiente del Secretario de Gobierno respectivo,
que estará auxiliado por el personal al servicio de la Administración de Justicia que determine
la correspondiente relación de puestos de trabajo.
2. En estos tribunales podrá existir, además, un Vicesecretario de Gobierno.
** Modificado por art. único.28 de Ley Orgánica núm. 19/2003
LIBRO III.
Del régimen de los Juzgados y Tribunales
TÍTULO I.
Del tiempo de las actuaciones judiciales
CAPÍTULO I.
Del período ordinario de actividad de los Tribunales
Artículo 179.
El año judicial, período ordinario de actividad de los Tribunales, se extenderá
desde el 1 de septiembre, o el siguiente día hábil, hasta el 31 de julio de cada año natural.
Artículo 180.
1. Durante el período en que los Tribunales interrumpan su actividad ordinaria,
se formará en los mismos una Sala compuesta por su Presidente y el número de Magistrados
que determine el Consejo General del Poder Judicial, la cual asumirá las atribuciones de
las Salas de Gobierno y de Justicia, procurando que haya Magistrados de las diversas Salas.
2. Los Magistrados que no formen parte de esta Sala podrán ausentarse, a partir
del fin del período ordinario de actividad, una vez ultimados los asuntos señalados.
Artículo 181.
1. Al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo.
2. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo
presentará en dicho acto la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades
de los Juzgados y Tribunales de Justicia.
3. El Fiscal General del Estado leerá también en este acto la Memoria anual
sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas
convenientes para una mayor eficacia de la justicia.
CAPÍTULO II.
Del tiempo hábil para las actuaciones judiciales
Artículo 182.
1. Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y
31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva
Comunidad Autónoma o localidad. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento,
podrá habilitar estos días a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos
expresamente por las Leyes.
2. Son horas hábiles desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo
que la Ley disponga lo contrario.
** Modificado por art. único.29 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 183.
Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales,
excepto las que se declaren urgentes por las Leyes procesales. No obstante, el Consejo General
del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones.
** Modificado por art. único.30 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 184.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, todos los días
del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin
necesidad de habilitación especial.
2. Los días y horas inhábiles podrán habilitarse con sujeción a lo dispuesto
en las leyes procesales.
**APDO. 2 modificado por art. 1.3 de Ley Orgánica núm. 1/2009
Artículo 185.
1. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código
Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles.
2. Si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.
TÍTULO II.
Del modo de constituirse los Juzgados y Tribunales
CAPÍTULO I.
De la audiencia pública
Artículo 186.
Los Juzgados y Tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para
la práctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas, la publicación de las sentencias
dictadas y demás actos que señale la ley.
Artículo 187.
1. En audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales,
los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarán toga y,
en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango.
2. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura.
Artículo 188.
1. Los Jueces y los Presidentes de las Audiencias y Tribunales, dentro de los
límites fijados por el Consejo General del Poder Judicial, señalarán las horas de audiencia
pública que sean necesarias para garantizar que la tramitación de los procesos se produzca
sin indebidas dilaciones. Se darán a conocer a través de un edicto fijado ostensiblemente
en la parte exterior de las salas de los Juzgados y Tribunales.
2. Los Jueces y Magistrados que formen Sala asistirán a la audiencia, de no
mediar causa justificada.
**APDO. 1 modificado por art. 24 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 189.
Los jueces y magistrados, presidentes, secretarios judiciales, y demás personal
al servicio de la Administración de Justicia deberán ejercer su actividad respectiva en los
términos que exijan las necesidades del servicio, sin perjuicio de respetar el horario establecido.
**Modificado por art. único.31 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 190.
1. Corresponde al Presidente del Tribunal o al juez mantener el orden en la
Sala, a cuyo efecto acordará lo que proceda.
2. Asimismo ampararán en sus derechos a los presentes.
3. Estas mismas obligaciones recaerán sobre el Secretario en todas aquellas
actuaciones que se celebren únicamente ante él en las dependencias de la Oficina judicial.
**Modificado por art. único.32 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 191.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los que perturbaren la vista
de algún proceso, causa u otro acto judicial, dando señales ostensibles de aprobación o desaprobación,
faltando al respeto y consideraciones debidas a los jueces, tribunales, Ministerio Fiscal,
abogados, procuradores, secretarios judiciales, médicos forenses o resto del personal al servicio
de la Administración de Justicia, serán amonestados en el acto por quien presida y expulsados
de la sala o de las dependencias de la Oficina judicial, si no obedecieren a la primera advertencia,
sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran.
**Modificado por art. único.33 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 192.
Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión serán, además, sancionados
con multa, cuyo máximo será la cuantía de la multa más elevada prevista en el Código Penal
como pena correspondiente a las faltas.
Artículo 193.
1. Con la misma multa serán sancionados los testigos, peritos o cualquiera
otro que, como parte o representándola, faltaran en las vistas y actos judiciales de palabra,
obra o por escrito a la consideración, respeto y obediencia debidos a jueces, fiscales,
secretarios judiciales y resto del personal al servicio de la Administración de Justicia,
cuando sus actos no constituyan delito.
2. No están comprendidos en esta disposición los abogados y procuradores de
las partes, respecto de los cuales se observará lo dispuesto en el título V del libro VII.
**Modificado por art. único.34 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 194.
1. Se hará constar en el acta el hecho que motiva la sanción, la explicación
que, en su caso, dé el sancionado y el acuerdo que se adopte por quien presida el acto.
2. Contra el acuerdo de imposición de sanción podrá interponerse en el plazo
de tres días recurso de audiencia en justicia ante el propio juez, Presidente o Secretario
Judicial, que lo resolverá en el siguiente día. Contra el acuerdo resolviendo la audiencia
en justicia o contra el de imposición de la sanción, si no se hubiese utilizado aquel recurso,
cabrá recurso de alzada, en el plazo de cinco días, ante la Sala de Gobierno, que lo resolverá,
previo informe del juez, Presidente o secretario judicial que impuso la sanción, en la
primera reunión que se celebre.
**Modificado por art. único.35 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 195.
Cuando los hechos de que tratan los artículos anteriores llegaren a constituir
delito, sus autores serán detenidos en el acto y puestos a disposición del Juez competente.
CAPÍTULO II.
De la formación de las Salas y de los Magistrados suplentes
Artículo 196.
En los casos en que la ley no disponga otra cosa bastarán tres Magistrados para
formar Sala.
Artículo 197.
Ello no obstante, podrán ser llamados, para formar Sala, todos los Magistrados
que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el Presidente, o la mayoría de aquéllos,
lo estime necesario para la administración de justicia.
Artículo 198.
1. La composición de las Secciones se determinará por el Presidente según los
criterios aprobados anualmente por la Sala de Gobierno, a propuesta de aquél.
2. Serán presididas por el Presidente de la Sala, por el Presidente de la Sección
o, en su defecto, por el Magistrado más antiguo de los que la integren.
Artículo 199.
1. Cuando no asistieren magistrados en número suficiente para constituir Sala
en las Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia, concurrirán para completarla
aquellos miembros de la carrera judicial que designe el Presidente del órgano colegiado
respectivo, por el orden y de conformidad con las reglas siguientes: En primer lugar, se
llamará a los magistrados del mismo órgano que obren en la relación de suplentes profesionales
a los que se refiere el artículo siguiente, comenzando por los de la misma Sección, si
los hubiere, llamando a continuación al resto siempre que se encuentren libres de señalamiento.
En segundo, a los jueces y magistrados ajenos al órgano que obren en la relación de miembros
de la carrera judicial a los que se refiere el artículo siguiente, por el orden que allí
se establezca. En tercero, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por iniciativa
propia, o a propuesta del Presidente de la Audiencia Provincial respectiva en la que no
pueda constituirse Sala, llamará a los jueces de adscripción territorial a que se refiere
el artículo 347 bis. En cuarto, el Presidente de Tribunal Superior o, en su caso, el Presidente
de la Audiencia Provincial respectiva, llamará a los miembros de la carrera judicial del
orden correspondiente que tengan menor carga de trabajo en el respectivo territorio, de
conformidad con los datos que obren en el Servicio de Inspección, siempre que no exista
incompatibilidad de señalamientos. En quinto lugar, los del mismo órgano en el turno que
se establezca, en el que serán preferidos los que se hallaren libres de señalamiento y,
entre estos, los más modernos. En último término y excepcionalmente, cuando no resulte
posible la formación de Sala con un miembro de la carrera judicial de conformidad con lo
anterior y exista disponibilidad presupuestaria, se llamará a un magistrado suplente no
profesional conforme a lo previsto en la presente Ley.
2. En la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, cuando no asistieren
magistrados en número suficiente para constituir Sala, concurrirán para completarla otros
magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal respectivo,
con arreglo a un turno en el que serán preferidos los que se hallaren libres de señalamiento
y, entre éstos, los más modernos. En su defecto, aquellos llamarán a un magistrado suplente
de conformidad con lo previsto en el número 2 del artículo siguiente.
3. Cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de las anteriores reglas se
resolverán dando preferencia en todo caso a la sustitución profesional entre miembros de
la carrera judicial y atendiendo al criterio de máximo aprovechamiento de los recursos
públicos.
4. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto
serán retribuidos en los casos y cuantía que se determinen reglamentariamente. En ningún
caso lo serán cuando la carga de trabajo asumida por el llamado, computada junto con la
de su órgano de procedencia, no alcance el mínimo fijado según los criterios técnicos establecidos
por el Consejo General del Poder Judicial.
5. El coste total de los llamamientos anuales no podrá sobrepasar el límite
fijado anualmente en los Presupuestos del Ministerio de Justicia. A tal efecto, dicho Ministerio,
tras la aprobación de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, comunicará
al Consejo General del Poder Judicial dicho límite, quien velará por su estricto cumplimiento.
6. El Consejo General del Poder Judicial antes del día uno de enero deberá
haber aprobado las relaciones a las que se refieren los apartados anteriores, que le fueran
remitidas por las Salas de Gobierno correspondientes con arreglo a lo dispuesto en el artículo
152 de la presente Ley.
7. Dentro de los límites del llamamiento o adscripción, los magistrados designados
actuarán, como miembros de la Sala que sean llamados a formar, con los mismos derechos
y deberes que los magistrados titulares.
**Modificado por art. único.6 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 200.
1. En los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales se elaborará
anualmente una relación de miembros de la carrera judicial que voluntariamente quieran
participar para ser llamados a completar Sala. La relación comprenderá, para cada orden
jurisdiccional, la prelación con la que deban hacerse los llamamientos. En todo caso, los
solicitantes de integrar dicha relación deberán justificar, en el momento de la solicitud,
el estado de la agenda de señalamientos y pendencia de asuntos del órgano de que son titulares,
así como el número y razón de las resoluciones pendientes de dictar que les corresponden.
2. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior podrá haber en el Tribunal
Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias
Provinciales una relación de magistrados suplentes no integrantes de la carrera judicial,
que serán llamados a formar Sala según la prelación que se establezca dentro cada orden
u órdenes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados. Para su llamamiento habrá
de respetarse la disponibilidad presupuestaria y la prioridad establecida en el artículo
anterior, sin que nunca pueda concurrir a formar Sala más de un magistrado suplente.
3. Corresponde a los Presidentes de las Audiencias Provinciales y Tribunales
Superiores de Justicia elaborar ambas relaciones, tanto de titulares como de suplentes
no profesionales, que contemplarán la prelación de llamamientos y las remitirá a la Sala
de Gobierno respectiva para su aprobación provisional. Verificada ésta se elevarán al Consejo
General del Poder Judicial para su aprobación definitiva en los términos que procedan.
4. Los miembros de la Carrera Judicial jubilados por edad que sean nombrados
para ejercer dicha función tendrán la consideración y tratamiento de magistrados eméritos.
En dicha situación podrán permanecer hasta los 75 años, teniendo el tratamiento retributivo
de magistrados suplentes.
5. Los magistrados del Tribunal Supremo, una vez jubilados, serán designados
magistrados eméritos en el Tribunal Supremo cuando así lo soliciten, siempre que reúnan
los requisitos legalmente establecidos y de acuerdo con las necesidades de refuerzo en
la Sala correspondiente.
**Modificado por art. único.7 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 201.
1. El cargo de Magistrado suplente será remunerado en la forma que reglamentariamente
se determine por el Gobierno, dentro de las previsiones presupuestarias.
2. Sólo podrá recaer en quienes reúnan las condiciones necesarias para el ingreso
en la Carrera Judicial, excepto las derivadas de la jubilación por edad. No podrá ser propuesto
ni actuar como suplente quien haya alcanzado la edad de 70 años y, para el Tribunal Supremo,
quien no tenga, como mínimo, 15 años de experiencia jurídica.
**APDO. 2 modificado por art. único.37 de Ley Orgánica núm. 19/2003
3. Tendrán preferencia los que hayan desempeñado funciones judiciales o de
Secretarios Judiciales o de sustitución en la Carrera Fiscal, con aptitud demostrada o
ejercido profesiones jurídicas o docentes, siempre que estas circunstancias no resulten
desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. En ningún caso recaerá el nombramiento
en quienes ejerzan las profesiones de abogado o procurador.
4. El cargo de Magistrado suplente será sujeto al régimen de incompatibilidades
y prohibiciones regulado en los artículos 389 a 397 de esta Ley. Se exceptúa:
a) Lo dispuesto en el artículo 394, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado 5, letra d), del presente artículo.
b) La causa de incompatibilidad relativa a la docencia o investigación
jurídica, que en ningún caso será aplicable, cualquiera que sea la situación administrativa
de quienes las ejerzan.
5. Los Magistrados suplentes estarán sujetos a las mismas causas de remoción
que los Jueces y Magistrados, en cuanto les fueren aplicables. Cesarán, además:
a) Por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados.
b) Por renuncia, aceptada por el Consejo General del Poder Judicial.
c) Por cumplir la edad de setenta y dos años.
d) Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, previa una sumaria
información con audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, cuando se advirtiere
en ellos falta de aptitud o idoneidad para el ejercicio de cargo, incurrieren en causa
de incapacidad o de incompatibilidad o en la infracción de una prohibición, o dejaren
de atender diligentemente los deberes del cargo.
**Modificado por art. 4.9 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 202. [
La designación de los Magistrados que no constituyan plantilla de la Sala se hará
saber inmediatamente a los mismos y a las partes, a efectos de su posible abstención o recusación.
CAPÍTULO III.
Del Magistrado ponente
Artículo 203.
1. En cada pleito o causa que se tramite ante un Tribunal o Audiencia habrá
un Magistrado ponente, designado según el turno establecido para la Sala o Sección al principio
del año judicial, exclusivamente sobre la base de criterios objetivos.
2. La designación se hará en la primera resolución que se dicte en el proceso
y se notificará a las partes el nombre del Magistrado ponente y, en su caso, del que con
arreglo al turno ya establecido le sustituya, con expresión de las causas que motiven la
sustitución.
Artículo 204.
En la designación de ponente turnarán todos los Magistrados de la Sala o Sección,
incluidos los Presidentes.
Artículo 205.
Corresponderá al ponente, en los pleitos o causas que le hayan sido turnadas:
1. El despacho ordinario y el cuidado de su tramitación.
2. Examinar los interrogatorios, pliegos de posiciones y proposición de pruebas
presentadas por las partes e informar sobre su pertinencia.
3. Presidir la práctica de las pruebas declaradas pertinentes, siempre que
no deban practicarse ante el Tribunal.
4. Informar los recursos interpuestos contra las decisiones de la Sala o Sección.
5. Proponer los autos decisorios de incidentes, las sentencias y las demás
resoluciones que hayan de someterse a discusión de la Sala o Sección, y redactarlos definitivamente,
si se conformase con lo acordado.
6. Pronunciar en Audiencia Pública las sentencias.
Artículo 206.
1. Cuando el ponente no se conforme con el voto de la mayoría declinará la
redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular.
2. En este caso, el Presidente encomendará la redacción a otro Magistrado y
dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad
en el mismo.
CAPÍTULO IV.
De las sustituciones
Artículo 207.
Procederá la sustitución de los Jueces y Magistrados en los casos de vacante, licencia,
servicios especiales u otras causas que lo justifiquen. Las sustituciones se harán en la forma
establecida en el presente Capítulo, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para la composición
de las Salas y Secciones de los Tribunales.
Artículo 208.
1. El Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional
y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia serán sustituidos por el Presidente
de la Sala de la misma sede más antiguo en el cargo. No obstante, la Sala de gobierno será
convocada y presidida por el Presidente de Sala más antiguo en el cargo, aunque sea de
distinta sede.
**APDO. 1 modificado por art. 4.10 de Ley Orgánica núm. 16/1994
2. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales, serán sustituidos por el
Presidente de Sección más antiguo o, si no las hubiere, por el Magistrado con mejor puesto
en el escalafón.
3. Cuando la plantilla de la Audiencia no comprenda otra plaza que la de su
Presidente, le sustituirá el Magistrado titular que se hallare en turno para acudir a completar
la Audiencia.
Artículo 209.
1. Los Presidentes de las Salas y de las Secciones serán sustituidos por el
Magistrado con mejor puesto en el escalafón de la Sala o Sección de que se trate.
2. En caso de vacante, asumirá la Presidencia de la Sala el Presidente de la
Audiencia o Tribunal, si lo estimare procedente.
Artículo 210.
1. Las sustituciones de jueces y magistrados en órganos judiciales unipersonales
se regirán por las siguientes reglas y orden de prelación:
a) Por su orden, quienes participen voluntariamente en los planes anuales
de sustitución. En todo caso, los solicitantes de integrar dicha relación deberán justificar,
en el momento de la solicitud, el estado de la agenda de señalamientos y pendencia
de asuntos del órgano de que son titulares, así como el número y razón de las resoluciones
pendientes de dictar que les corresponden.
b) De existir compatibilidad en los señalamientos, será llamado el correspondiente
sustituto ordinario o natural del sustituido, según lo propuesto por la Junta de Jueces
y aprobado por la Sala de Gobierno respectiva.
c) A continuación, serán llamados por el siguiente orden: los jueces de
adscripción territorial a los que se refiere el artículo 347 bis que se encontrasen
disponibles, comenzando por el más antiguo en el escalafón; los jueces en expectativa
de destino que regula el artículo 308.2 por idéntica prelación; y los jueces que estén
desarrollando prácticas conforme al artículo 307.2 de esta Ley por el orden que al
efecto haya establecido la Escuela Judicial.
d) En cuarto lugar, se estará al régimen de sustituciones previsto en el
artículo siguiente con respecto al resto de miembros de la carrera judicial del mismo
partido judicial.
e) En todo caso y sin sujeción al orden referido en los anteriores apartados
de este número, podrá prorrogarse la jurisdicción de otro Juzgado, conforme a lo previsto
en esta Ley.
f) En último término y agotadas las anteriores posibilidades, se procederá
al llamamiento de un sustituto no profesional de conformidad con lo previsto en el
artículo 213 de esta Ley.
2. Los planes anuales de sustitución a los que se refiere el número anterior
consistirán en la elaboración de calendarios en los que se fijarán turnos rotatorios de
sustitución y se coordinarán los señalamientos y las funciones de guardia, de forma que
quede asegurada la disponibilidad de aquellos jueces y magistrados titulares que voluntariamente
participen en los mismos para cubrir de forma inmediata las ausencias que puedan producirse.
La previsión de las sustituciones se hará, en todo caso, conforme a las preferencias que
establece el artículo siguiente.
3. Los planes anuales de sustitución se elaborarán a propuesta de las correspondientes
Juntas de Jueces y serán remitidos a la respectiva Sala de Gobierno para su aprobación
provisional, que se llevará a cabo, en su caso, previa audiencia de la Fiscalía correspondiente
a fin de coordinar en lo posible los señalamientos que afecten a procedimientos en los
que las Leyes prevean su intervención. Verificada tal aprobación provisional, se elevarán
al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación definitiva en los términos que
procedan.
4. Los Jueces Decanos, Presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores
de Justicia y Audiencia Nacional velarán, en el ámbito de sus respectivas competencias,
por la exacta ejecución del régimen de sustituciones previsto en este precepto y, especialmente,
de los planes anuales de sustitución.
5. El Consejo General del Poder Judicial, de oficio o a instancia de cualquiera
de los anteriores, procederá a adoptar las medidas correspondientes en caso de incumplimiento
del régimen de sustituciones previsto en este precepto. También adoptará las medidas que
sean precisas para corregir cualquier disfunción que pudiera acaecer en la ejecución de
los planes anuales de sustitución.
**Modificado por art. único.8 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 211.
A los efectos de lo previsto en los apartados 1.b) y 1.d) del artículo anterior,
se observarán las siguientes reglas:
1.ª Los Jueces de Primera Instancia y de Instrucción, de lo Mercantil, de lo
Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de lo
Social se sustituirán entre sí en las poblaciones donde existan varios del mismo orden
jurisdiccional en la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia,
a propuesta de la Junta de Jueces. Si fuere el Decano el que deba ser sustituido sus funciones
se ejercerán por el Juez que le sustituya en el Juzgado de que aquél sea titular, conforme
a lo dispuesto en el párrafo anterior, o, en su caso, por el más antiguo en el cargo.
2.ª Cuando en una población no hubiere otro Juez de la misma clase la sustitución
corresponderá a un Juez de clase distinta.
3.ª También sustituirán los de distinto orden jurisdiccional, aun existiendo
varios Jueces pertenecientes al mismo, cuando se agotaren las posibilidades de sustitución
entre ellos.
4.ª Corresponderá a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción la sustitución
de los Jueces de los demás órdenes jurisdiccionales y de los Jueces de Menores, cuando
no haya posibilidad de que la sustitución se efectúe entre los del mismo orden.
5.ª La sustitución de los Jueces de lo Penal corresponderá, en el caso del
artículo 89, a los de Primera Instancia. En los demás casos, los Jueces de lo Penal e,
igualmente, los de Primera Instancia e Instrucción serán sustituidos por los Jueces de
lo Mercantil, de Menores, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, según el orden
que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
6.ª Los Jueces de Violencia sobre la Mujer serán sustituidos por los Jueces
de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, según el orden que acuerde la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo.
**Modificado por art. único.9 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 212.
1. Cuando resultare aconsejable para un mejor despacho de los asuntos, atendida
la escasa carga de trabajo de un juzgado de otra localidad del mismo grado y orden del
que deba ser sustituido, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia prorrogará, previa
audiencia, la jurisdicción del titular de aquél, quien desempeñará ambos cargos con derecho
a la retribución correspondiente dentro de las previsiones presupuestarias en los términos
que se establezcan reglamentariamente. En todo caso, cualquier titular de un juzgado del
mismo grado y orden del que deba ser sustituido podrá interesar del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia que se le prorrogue su jurisdicción a fin de desempeñar ambos cargos,
con idéntico derecho a la retribución prevista en el párrafo anterior.
2. Las prórrogas de jurisdicción se comunicarán, por conducto de la Sala de
Gobierno respectiva, al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación, sin perjuicio
de empezar a desempeñarlas, si así lo acordase motivadamente el Presidente.
**Modificado por art. único.10 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 213.
1. Solo en casos excepcionales, cuando no resulte posible la sustitución por
un miembro de la carrera judicial o por un juez en prácticas conforme a lo previsto en
los artículos precedentes, ejercerá la jurisdicción con idéntica amplitud que si fuese
titular del órgano un juez sustituto.
2. Los jueces sustitutos serán nombrados en la misma forma que los magistrados
suplentes y sometidos a su mismo régimen jurídico.
3. En el caso de ser varios los sustitutos nombrados para la localidad y orden
jurisdiccional correspondiente, serán llamados por el orden de prelación establecido en
el nombramiento.
4. En ningún caso procederá efectuar llamamiento a jueces sustitutos sin constatar
previamente la existencia de disponibilidad presupuestaria.
5. Reglamentariamente se determinará por el Gobierno la remuneración de los
jueces sustitutos dentro de las previsiones presupuestarias.
**Modificado por art. único.11 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 214.
Los jueces desempeñarán las funciones inherentes a su juzgado, tanto en calidad
de titulares como en expectativa de destino o de apoyo, y al cargo que sustituyan.Las sustituciones
profesionales, cuando se produzcan, serán retribuidas en los casos y cuantía que se determinen
reglamentariamente.
**Modificado por art. único.12 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 215.
Los jueces de paz serán sustituidos por los respectivos jueces sustitutos.
**Modificado por art. único.13 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 216.
1. No podrán conferirse comisiones de servicios para Juzgados o Tribunales
si no es por tiempo determinado, concurriendo circunstancias de especial necesidad y previa
conformidad del interesado.
2. Las comisiones se otorgarán por el Consejo General del Poder Judicial, oídas
las Salas de Gobierno correspondientes.
3. No se conferirán comisiones para los cargos de Presidente y Presidentes
de Sala de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, ni para el de Presidente
de Audiencia Provincial.
CAPÍTULO IV bis.
De las medidas de refuerzo en la titularidad de los órganos judiciales
**Añadido por art. 8.1 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 216 bis.
1. Cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos en un determinado
juzgado o tribunal no puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla de
la Oficina judicial o la exención temporal de reparto prevista en el artículo 167.1, el
Consejo General del Poder Judicial podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial
consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales
mediante el otorgamiento de comisiones de servicio.
2. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia podrán proponer
como medida de apoyo la adscripción obligatoria, en régimen de comisión sin relevación
de funciones, de aquellos jueces y magistrados titulares de órganos que tuviesen escasa
carga de trabajo de conformidad con los criterios técnicos establecidos por el Consejo
General del Poder Judicial. Dicha comisión no será retribuida, aún siendo aprobada, si
la carga de trabajo asumida por el adscrito, computada junto con la de su órgano de procedencia,
no alcanza el mínimo establecido en los referidos criterios técnicos.
3. También se podrá acordar la adscripción en calidad de jueces de apoyo, por
este orden, a los jueces de adscripción territorial a que se refiere el artículo 347 bis,
a los jueces en expectativa de destino conforme al artículo 308.2, a los jueces que estén
desarrollando prácticas conforme al artículo 307.2 y excepcionalmente a jueces sustitutos
y magistrados suplentes.
4. Quien participase en una medida de apoyo en régimen de comisión de servicio
sin relevación de funciones quedarán exentos, salvo petición voluntaria, de realizar las
sustituciones que le pudiesen corresponder en el órgano del que sea titular, conforme al
plan anual de sustitución.
5. La aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier
medida de apoyo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia quien únicamente
podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria, todo ello dentro del marco
que establezca el Protocolo que anualmente suscribirán ambos a los efectos de planificar
las medidas de este tipo que sea posible adoptar.
6. Si la causa del retraso tuviera carácter estructural, el Consejo General
del Poder Judicial, junto con la adopción de las referidas medidas provisionales, formulará
las oportunas propuestas al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencias
en la materia, en orden a la adecuación de la plantilla del juzgado o tribunal afectado
o a la corrección de la demarcación o planta que proceda.
**Modificado por art. único.14 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 216 bis 2.
Las propuestas de medidas de apoyo judicial, que han de elevarse al Consejo General
del Poder Judicial a través de las correspondientes Salas de Gobierno, deberán contener:1º
Explicación sucinta de la situación por la que atraviesa el órgano jurisdiccional de que se
trate.2º Expresión razonada de las causas que hayan originado el retraso o la acumulación de
asuntos.3º Reseña del volumen de trabajo del órgano jurisdiccional y del número y clase de
asuntos pendientes.4º Plan de actualización del Juzgado o Tribunal con indicación de su extensión
temporal y del proyecto de ordenación de la concreta función del Juez o equipo de apoyo, cuyo
cometido, con plena jurisdicción, se proyectará en el trámite y resolución de los asuntos de
nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando reservados al titular o titulares del
órgano los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal.
**Añadido por art. 8.1 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 216 bis 3.
1. Las Salas de gobierno que proyecten el establecimiento de medidas de apoyo
mediante comisión de servicio habrán de dar adecuada publicidad a su propósito para que
los Jueces y Magistrados que pudieran estar interesados en el nombramiento tengan oportunidad
de deducir la correspondiente petición.
2. En el supuesto de que existan varios peticionarios para el otorgamiento
de la misma comisión de servicio, la Sala de gobierno correspondiente, al proponer con
preferencia a aquel que estime más idóneo, habrá de valorar las siguientes circunstancias:
a) Pertenencia del Juez o Magistrado solicitante al mismo orden jurisdiccional
en que esté integrado el Juzgado o Tribunal a reforzar.
b) El lugar y distancia del destino del peticionario.
c) La situación del órgano el que es titular.
d) El conocimiento del derecho o de la lengua y el derecho sustantivo propios
de la Comunidad Autónoma en que vaya a tener lugar la comisión. En todos los casos
en que la comisión vaya a proponerse con relevación de funciones, será requisito previo
para su otorgamiento que, a juicio del Consejo General del Poder Judicial, previo informe
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia bajo cuya jurisdicción se
encuentre el órgano de procedencia, la ausencia del Juez o Magistrado a quien afecte
vaya a cubrirse, al tiempo de producirse, de forma satisfactoria mediante sustitución
o cualquiera otra de las fórmulas previstas en esta Ley. De dichas apreciaciones se
hará la oportuna mención en la propuesta de la Sala de Gobierno que, además, habrá
de reflejar la aceptación del Juez o Magistrado cuya comisión se propone y expresar
si éste ha de quedar o no relevado de sus funciones, en su propio destino.
3. Toda propuesta de comisión de servicio habrá de expresar si su concesión
debe acordarse o no con derecho al percibo de dietas y gastos de desplazamiento, así como
el régimen retributivo correspondiente.
**Añadido por art. 8.1 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 216 bis 4.
Las comisiones de servicio y las adscripciones en régimen de apoyo de Jueces y
Magistrados suplentes se solicitarán y se otorgarán por un plazo máximo de seis meses, que
comenzará a correr desde el momento de la incorporación de los designados a los Juzgados o
Tribunales objeto de refuerzo.No obstante si durante dicho plazo no se hubiere logrado la actualización
pretendida, podrá proponerse la nueva aplicación de la medida por otro plazo igual o inferior
si ello bastase a los fines de la normalización perseguida.Las propuestas de renovación se
sujetarán a las mismas exigencias que las previstas para las medidas de apoyo judicial originarias.
**Añadido por art. 8.1 de Ley Orgánica núm. 16/1994
CAPÍTULO V.
De la abstención y recusación
Artículo 217.
El juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente
se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.
**Modificado por art. único.41 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 218.
Únicamente podrán recusar:1º En los asuntos civiles, sociales y contencioso-administrativos,
las partes; también podrá hacerlo el Ministerio Fiscal siempre que se trate de un proceso en
el que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, pueda o deba intervenir.2º En los asuntos
penales, el Ministerio Fiscal, el acusador popular, particular o privado, el actor civil, el
procesado o inculpado, el querellado o denunciado y el tercero responsable civil.
**Modificado por art. único.42 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 219.
Son causas de abstención y, en su caso, de recusación:1ª El vínculo matrimonial
o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto
grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal.2ª El vínculo matrimonial o situación
de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado
con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.3ª
Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de
las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas.4ª Estar o haber sido
denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre
que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste
no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.5ª Haber sido sancionado
disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de
las partes.6ª Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen
sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo.7ª
Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.8ª Tener pleito pendiente
con alguna de éstas.9ª Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.10ª
Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.11ª Haber participado en la instrucción
de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.12ª Ser o haber
sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa.13ª Haber
ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya
participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado
con el mismo.14ª En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el
juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto
del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las
circunstancias mencionadas en las causas 1ª a 9ª, 12ª, 13ª y 15ª de este artículo.15ª El vínculo
matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad
o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación
a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso.16ª Haber ocupado el
juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento
del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.
**Modificado por art. único.43 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 220.
Será también causa de abstención y, en su caso, de recusación en los procesos en
que sea parte la Administración Pública, encontrarse el Juez o Magistrado con la autoridad
o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho
por razón de los cuales se sigue el proceso, en alguna de las circunstancias mencionadas en
los números 1º al 8º, 11º y 12º del artículo anterior.
**Derogado por disp. derog. única.a) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 221.
1. El magistrado o juez comunicará la abstención, respectivamente, a la Sección
o Sala de la que forme parte o al órgano judicial al que corresponda la competencia funcional
para conocer de los recursos contra las sentencias que el juez dicte. La comunicación de
la abstención se hará por escrito razonado tan pronto como sea advertida la causa que la
motive. El órgano competente para resolver sobre la abstención resolverá en el plazo de
10 días.
2. La abstención suspenderá el curso del proceso hasta que se resuelva sobre
ella o transcurra el plazo previsto para su resolución.
3. Si la Sección o Sala o el órgano judicial a que se refiere el apartado 1
de este artículo no estimare justificada la abstención, ordenará al juez o magistrado que
continúe el conocimiento del asunto, sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer
la recusación. Recibida la orden, el juez o magistrado dictará la providencia poniendo
fin a la suspensión del proceso.
4. Si se estimare justificada la abstención por el órgano competente según
el apartado 1, el abstenido dictará auto apartándose definitivamente del asunto y ordenando
remitir las actuaciones al que deba sustituirle. Cuando el que se abstenga forme parte
de un órgano colegiado, el auto lo dictará la Sala o Sección a que aquél pertenezca. El
auto que se pronuncie sobre la abstención no será susceptible de recurso alguno.
5. En todo caso, la suspensión del proceso terminará cuando el sustituto reciba
las actuaciones o se integre en la Sala o Sección a que pertenecía el abstenido.
**Modificado por art. único.44 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 222.
La abstención y la sustitución del juez o magistrado que se ha abstenido serán
comunicadas a las partes, incluyendo el nombre del sustituto.
**Modificado por art. único.45 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 223.
1. La recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de
la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite. Concretamente,
se inadmitirán las recusaciones: 1º Cuando no se propongan en el plazo de 10 días desde
la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez o
magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese
anterior a aquél. 2º Cuando se propusieren, pendiente ya un proceso, si la causa de recusación
se conociese con anterioridad al momento procesal en que la recusación se proponga.
2. La recusación se propondrá por escrito que deberá expresar concreta y claramente
la causa legal y los motivos en que se funde, acompañando un principio de prueba sobre
los mismos. Este escrito estará firmado por el abogado y por procurador si intervinieran
en el pleito, y por el recusante, o por alguien a su ruego, si no supiera firmar. En todo
caso, el procurador deberá acompañar poder especial para la recusación de que se trate.
Si no intervinieren procurador y abogado, el recusante habrá de ratificar la recusación
ante el secretario del tribunal de que se trate.
3. Formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso
para que, en el plazo común de tres días, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa
de recusación propuesta o si, en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusación.
La parte que no proponga recusación en dicho plazo, no podrá hacerlo con posterioridad,
salvo que acredite cumplidamente que, en aquel momento, no conocía la nueva causa de recusación.
El día hábil siguiente a la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, el
recusado habrá de pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusación formuladas.
**Modificado por art. único.46 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 224.
1. Instruirán los incidentes de recusación: 1º Cuando el recusado sea el Presidente
o un Magistrado del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior
de Justicia, un magistrado de la Sala a la que pertenezca el recusado designado en virtud
de un turno establecido por orden de antigüedad. 2º Cuando el recusado sea un Presidente
de Audiencia Provincial, un Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia correspondiente designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad.
3º Cuando el recusado sea un Magistrado de una Audiencia, un Magistrado de esa misma Audiencia
designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad, siempre que no pertenezca
a la misma Sección que el recusado. 4º Cuando se recusare a todos los magistrados de una
Sala de Justicia, un magistrado de los que integren el tribunal correspondiente designado
en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad, siempre que no estuviere afectado
por la recusación. 5º Cuando el recusado sea un juez o magistrado titular de órgano unipersonal,
un magistrado del órgano colegiado que conozca de sus recursos, designado en virtud de
un turno establecido por orden de antigüedad. 6º Cuando el recusado fuere un Juez de Paz,
el Juez de Primera Instancia del partido correspondiente o, si hubiere varios Juzgados
de Primera Instancia, el designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad.
La antigüedad se regirá por el orden de escalafón en la carrera judicial.
2. En los casos en que no fuere posible cumplir lo prevenido en el apartado
anterior, la Sala de Gobierno del Tribunal correspondiente designará al instructor, procurando
que sea de mayor categoría o, al menos, de mayor antigüedad que el recusado o recusados.
**Modificado por art. único.47 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 225.
1. Dentro del mismo día en que finalice el plazo a que se refiere el apartado
3 del artículo 223 , o en el siguiente día hábil, pasará el pleito o causa al conocimiento
del sustituto, debiendo remitirse al tribunal al que corresponda instruir el incidente
el escrito y los documentos de la recusación. También deberá acompañarse un informe del
recusado relativo a si admite o no la causa de recusación.
2. No se admitirán a trámite las recusaciones en las que no se expresaren los
motivos en que se funden, o a las que no se acompañen los documentos a que se refiere el
apartado 2 del artículo 223 .
3. Si el recusado aceptare como cierta la causa de recusación, se resolverá
el incidente sin más trámites. En caso contrario, el instructor, si admitiere a trámite
la recusación propuesta, ordenará la práctica, en el plazo de 10 días, de la prueba solicitada
que sea pertinente y la que estime necesaria y, acto seguido, remitirá lo actuado al tribunal
competente para decidir el incidente. Recibidas las actuaciones por el tribunal competente
para decidir la recusación, se dará traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe
por plazo de tres días. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal,
se decidirá el incidente dentro de los cinco días siguientes. Contra dicha resolución no
cabrá recurso alguno.
4. La recusación suspenderá el curso del pleito hasta que se decida el incidente
de recusación salvo en el orden jurisdiccional penal, en el que el juez de instrucción
que legalmente sustituya al recusado continuará con la tramitación de la causa.
**Modificado por art. único.48 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 226.
1. En los procesos que se sustancien por los cauces del juicio verbal cualquiera
que sea el orden jurisdiccional, y en los de faltas, si el juez recusado no aceptare en
el acto como cierta la causa de recusación, pasarán las actuaciones al que corresponda
instruir el incidente, quedando entretanto en suspenso el asunto principal. El instructor
acordará que comparezcan las partes a su presencia el día y hora que fije, dentro de los
cinco siguientes, y, oídas las partes y practicada la prueba declarada pertinente, resolverá
mediante providencia en el mismo acto sobre si ha o no lugar a la recusación.
2. Para la recusación de jueces o magistrados posterior al señalamiento de
vistas, se estará a lo dispuesto en los artículos 190 a 192 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
**Modificado por art. único.49 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 227.
Decidirán los incidentes de recusación:1º La Sala prevista en el artículo 61 de
esta Ley cuando el recusado sea el Presidente del Tribunal Supremo, Presidente de la Sala o
dos o más magistrados de una misma Sala.2º La Sala del Tribunal Supremo de que se trate, cuando
se recuse a uno de los Magistrados que la integran. A estos efectos, el recusado no formará
parte de la Sala.3º La Sala prevista en el artículo 69 cuando el recusado sea el Presidente
de la Audiencia Nacional, Presidentes de Sala o más de dos magistrados de una Sala.4º La Sala
de la Audiencia Nacional de que se trate, cuando se recuse a los Magistrados que la integran,
de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de esta Ley.5º La Sala a que se refiere el
artículo 77 de esta Ley, cuando se hubiera recusado al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, al Presidente de cualquiera de sus Salas, al Presidente de la Audiencia Provincial
con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente o a dos o más magistrados de una misma Sala
de los Tribunales Superiores de Justicia o a dos o más magistrados de una misma Sección de
una Audiencia Provincial. El recusado no podrá formar parte de la Sala, produciéndose, en su
caso, su sustitución con arreglo a lo previsto en esta Ley.6º La Sala de los Tribunales Superiores
de Justicia de que se trate, cuando se recusara a uno de los magistrados que la integran. A
estos efectos, el recusado no formará parte de la Sala.7º Cuando el recusado sea magistrado
de una Audiencia Provincial, la Audiencia Provincial, sin que forme parte de ella el recusado;
si ésta se compusiere de dos o más Secciones, la Sección en la que no se encuentre integrado
el recusado o la Sección que siga en orden numérico a aquella de la que el recusado forme parte.8º
Cuando el recusado sea un Juez de Primera Instancia, de Primera Instancia e Instrucción, de
lo Mercantil, de Instrucción, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo
o de lo Social, la Sección de la Audiencia Provincial o Sala del Tribunal Superior de Justicia
o de la Audiencia Nacional respectiva que conozca de los recursos contra sus resoluciones,
y, si fueren varias, se establecerá un turno comenzando por la Sección o Sala de número más
bajo.9º Cuando el recusado sea un Juez de Paz, resolverá el mismo juez instructor del incidente
de recusación.
**Modificado por art. único.50 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 228.
1. El auto que desestime la recusación acordará devolver al recusado el conocimiento
del pleito o causa, en el estado en que se hallare y condenará en las costas al recusante,
salvo que concurrieren circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento.
Cuando la resolución que decida el incidente declare expresamente la existencia de mala
fe en el recusante, se podrá imponer a éste una multa de 180 a 6.000 euros.
2. El auto que estime la recusación apartará definitivamente al recusado del
conocimiento del pleito o causa. Continuará conociendo de él, hasta su terminación, aquel
a quien corresponda sustituirle.
3. Contra la decisión del incidente de recusación no se dará recurso alguno,
sin perjuicio de hacer valer, al recurrir contra la resolución que decida el pleito o causa,
la posible nulidad de ésta por concurrir en el juez o magistrado que dictó la resolución
recurrida, o que integró la Sala o Sección correspondiente, la causa de recusación alegada.
**Modificado por art. único.51 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO III.
De las actuaciones judiciales
CAPÍTULO I.
De la oralidad, publicidad y lengua oficial
Artículo 229.
** Ap. 2 modificado por art. único.52 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de
23 de diciembre.
** Ap. 3 añadido por disp. adic. única de Ley Orgánica núm. 13/2003, de
24 de octubre.
1. Las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en
materia criminal, sin perjuicio de su documentación.
2. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones,
informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal
con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo
dispuesto en la Ley.
**APDO. 2 modificado por art. único.52 de Ley Orgánica núm. 19/2003
3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro
sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el
sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas
geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las
partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal.
En estos casos, el secretario judicial del juzgado o tribunal que haya acordado la medida
acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a
través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación,
por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.
**APDO. 3 añadido por disp. adic. única de Ley Orgánica núm. 13/2003
Artículo 230.
1. Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos,
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio
de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación.
2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su
soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada
su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes
procesales.
3. Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación
y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad,
privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos
que establezca la ley.
4. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses
podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a
que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados
y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que
se trate.
5. Reglamentariamente se determinarán por el Consejo General del Poder Judicial
los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros
automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales de forma
que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre , de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal. Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración
de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial,
quien garantizará su compatibilidad. Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración
de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración,
en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial.
**Modificado por art. 8.2 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 231.
1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales,
Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua
oficial del Estado.
2. Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados
y Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si
ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir
indefensión.
3. Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos
y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales
como escritas.
4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el
idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano,
plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto
fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo
si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se
procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que
alegue indefensión.
**APDO. 4 modificado por art. 8.3 de Ley Orgánica núm. 16/1994
5. En las actuaciones orales se podrá habilitar como intérprete a cualquier
persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla.
**APDO. 5 modificado por art. 1.4 de Ley Orgánica núm. 1/2009
Artículo 232.
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean
las leyes de procedimiento.
2. Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos
y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el
ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones.
Artículo 233.
Las deliberaciones de los Tribunales son secretas. También lo será el resultado
de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley sobre la publicación de los votos
particulares.
Artículo 234.
1. Los secretarios y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán
a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales,
que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme
a la Ley. También expedirán los testimonios en los términos previstos en esta Ley.
2. Asimismo las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo
tendrán derecho a obtener copias simples de escritos y documentos que consten en los autos,
no declarados secretos ni reservados.
**Modificado por art. único.53 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 235.
Los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que
no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación
que establezca la ley.
Artículo 236.
1. La publicidad de los edictos se entenderá cumplida mediante la inserción,
según proceda, en los Boletines Oficiales que señalen las leyes procesales. Cuando expresamente
así se prevea, tal publicidad y comunicaciones podrán sustituirse, en los términos que
reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos
o electrónicos.
**APDO. 1 párr. 2º añadido por art. 2.10 de Ley Orgánica núm. 8/2003
2. La publicación en cualquier otro medio se podrá acordar a petición y a costa
de la parte que lo solicite. CAPITULO II. Del impulso procesal
Artículo 237.
Salvo que la Ley disponga otra cosa, se dará de oficio al proceso el curso que
corresponda, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.CAPITULO III.De la nulidad de
los actos judiciales
**Modificado por art. único.54 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 238.
Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:1º Cuando
se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.2º
Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.3º Cuando se prescinda de normas esenciales
del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.4º Cuando
se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la Ley la establezca como preceptiva.5º
Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial.6º En los
demás casos en los que las Leyes procesales así lo establezcan.
**Modificado por art. único.55 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 239.
1. Los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia,
tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán
la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio
Fiscal.
2. También se declararán nulos los actos de las partes o de personas que intervengan
en el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia. La nulidad
de estos actos entrañará la de todos los demás relacionados con él o que pudieren haberse
visto condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.
**Modificado por art. único.56 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 240.
1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los
actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar
su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente
establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan
las Leyes procesales.
2. Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia
de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que
no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas
las actuaciones o de alguna en particular. En ningún caso podrá el juzgado o tribunal,
con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya
sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia
objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese
tribunal.
**Modificado por art. único.57 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 241.
1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones.
Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán
pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración
de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre
que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre
que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. Será competente
para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que
hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación
de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de
indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones
después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución. El juzgado
o tribunal inadmitirá a trámite, mediante providencia sucintamente motivada, cualquier
incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolución por la
que se inadmita a trámite el incidente no cabrá recurso alguno.
**APDO. 1 párr. 1º modificado por disp. final 1 de Ley Orgánica núm.
6/2007
2. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios
a que se refiere el apartado anterior de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución
y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa
la suspensión para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, y se dará traslado
de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para
acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el
plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán
los documentos que se estimen pertinentes. Si se estimara la nulidad, se repondrán las
actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá
el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, se
condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso
de que el juzgado o tribunal entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además,
una multa de 90 a 600 euros. Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso
alguno.
**Modificado por art. único.58 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 242.
Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán
anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.
**Modificado por art. único.59 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 243.
1. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes
de aquel ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aun sin haberse
cometido la infracción que dio lugar a la nulidad.
2. La nulidad parcial de un acto no implicará la de las partes del mismo independientes
de la declarada nula.
3. El juzgado o tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos
en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese
manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley.
4. Los actos de las partes que carezcan de los requisitos exigidos por la Ley
serán subsanables en los casos, condiciones y plazos previstos en las Leyes procesales.
CAPITULO IV. De las resoluciones judiciales
**Modificado por art. único.60 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 244.
1. Las resoluciones de los Tribunales cuando no estén constituidos en Sala
de Justicia, las de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren
carácter gubernativo, se llamarán acuerdos.
2. La misma denominación se dará a las advertencias y correcciones que por
recaer en personas que estén sujetas a la jurisdicción disciplinaria se impongan en las
sentencias o en otros actos judiciales.
Artículo 245.
1. Las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional
se denominarán:
a) Providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso.
b) Autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales,
presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de
enjuiciamiento, deban revestir esta forma.
c) Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier
instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma.
2. Las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo autorice la ley.
3. Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo
el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley.
4. Llámase ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una
sentencia firme. Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.
Artículo 246.
En los casos en que la ley ordene al Secretario formular propuesta de resolución,
el Juez podrá adoptar la modalidad de "conforme" o dictar la resolución que proceda.
Artículo 247.
Las resoluciones judiciales que se dicten oralmente y deban ser documentadas en
acta en los juicios verbales, vistas de los pleitos o causas y demás actos solemnes incluirán
la fundamentación que proceda.
Artículo 248.
1. La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado
y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en
que se acuerden, la firma o rúbrica del Juez o Presidente y la firma del Secretario. No
obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime
conveniente.
2. Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados
los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados
por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten.
3. Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos
separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos
de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados
que las dicten.
4. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no
firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y
plazo para ello. CAPITULO V. De la vista, votación y fallo
Artículo 249.
Las vistas de los asuntos se señalarán por el orden de su conclusión, salvo que
en la ley se disponga otra cosa.
Artículo 250.
Corresponderá a los Presidentes de Sala y a los de Sección el señalamiento de las
vistas o trámite equivalente y el del comienzo de las sesiones del juicio oral.
Artículo 251.
1. El Juez o el Ponente tendrán a su disposición los autos para dictar sentencia
o resolución decisoria de incidentes o de recursos.
2. El Presidente y los Magistrados podrán examinar los autos en cualquier tiempo.
Artículo 252.
1. Concluida la vista de los autos, pleitos o causas o desde el día señalado
para la votación y fallo, podrá cualquiera de los Magistrados pedirlos para su estudio.
2. Cuando los pidieren varios, fijará el que presida el plazo que haya de tenerlos
cada uno, de modo que puedan dictarse las sentencias dentro del tiempo señalado para ello.
Artículo 253.
Los autos y sentencias se deliberarán y votarán inmediatamente después de las vistas
y, cuando así no pudiera hacerse, señalará el Presidente el día en que deban votarse, dentro
del plazo señalado para dictar la resolución.
Artículo 254.
1. La votación, a juicio del Presidente podrá tener lugar separadamente sobre
los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la
decisión que haya de dictarse.
2. Votará primero el Ponente y después los demás Magistrados por orden inverso
al de su antigüedad. El que presida votará el último.
3. Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor.
Artículo 255.
1. Los autos y sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo
que expresamente la ley señale una mayor proporción.
2. En ningún caso podrá exigirse un número determinado de votos conformes que
altere la regla de la mayoría.
Artículo 256.
Cuando fuere trasladado o jubilado algún Juez o Magistrado deliberará, votará,
redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido
y que aún no se hubieren fallado, salvo que concurriera causa de incompatibilidad o proceda
la anulación de aquélla por otro motivo.
**Modificado por art. 4.13 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 257.
1. Si después de la vista y antes de la votación algún Magistrado se imposibilitare
y no pudiere asistir al acto, dará un voto fundado y firmado y lo remitirá directamente
al Presidente.
2. Si no pudiere escribir ni firmar, lo extenderá ante un Secretario de la
Sala.
3. El voto así emitido se unirá a los demás y se conservará, rubricado por
el que presida, con el libro de sentencias.
4. Cuando el impedido no pudiere votar ni aun de este modo, se votará el pleito
o la causa por los no impedidos que hubieren asistido a la vista y, si hubiere los necesarios
para formar mayoría, éstos dictarán sentencia.
Artículo 258.
Cuando no hubiere votos bastantes para constituir la mayoría que exige el artículo
255, se verá de nuevo el asunto, sustituyéndose el impedido, separado o suspenso en la forma
establecida en esta Ley.
Artículo 259.
Las sentencias se firmarán por el Juez o por todos los Magistrados no impedidos
dentro del plazo establecido para dictarlas.
Artículo 260.
1. Todo el que tome parte en la votación de una sentencia o auto definitivo
firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría; pero podrá, en este caso,
anunciándolo en el momento de la votación o en el de la firma, formular voto particular,
en forma de sentencia, en la que podrán aceptarse, por remisión, los puntos de hecho y
fundamentos de derecho de la dictada por el Tribunal con los que estuviere conforme.
2. El voto particular, con la firma del autor, se incorporará al libro de sentencias
y se notificará a las partes junto con la sentencia aprobada por mayoría. Cuando, de acuerdo
con la ley, sea preceptiva la publicación de la sentencia, el voto particular, si lo hubiere,
habrá de publicarse junto a ella.
3. También podrá formularse voto particular, con sujeción a lo dispuesto en
el párrafo anterior, en lo que resulte aplicable, respecto de los autos decisorios de incidentes.
Artículo 261.
Cuando, después de fallado un pleito por un Tribunal, se imposibilite algún Magistrado
de los que votaron y no pudiere firmar, el que hubiere presidido el Tribunal lo hará por él,
expresando el nombre de aquél por quien firme y después las palabras "votó en Sala y no pudo
firmar".
Artículo 262.
1. Cuando en la votación de una sentencia o auto no resultare mayoría de votos
sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volverán
a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.
2. Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante celebración
de nueva vista, concurriendo los Magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose
dos más, si hubiese sido impar el número de los discordantes, y tres en el caso de haber
sido par. Concurrirá para ello, en primer lugar, el Presidente de la Sala, si no hubiere
ya asistido; en segundo lugar, los Magistrados de la misma Sala que no hayan visto el pleito;
en tercer lugar, el Presidente de la Audiencia, y, finalmente, los Magistrados de las demás
Salas, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional.
Artículo 263.
1. El que deba presidir la Sala de Discordia hará el señalamiento de las vistas
de discordia y designaciones oportunas.
2. Cuando en la votación de una sentencia o auto por la Sala de Discordia o,
en su caso, por el Pleno de la Sala no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos discordados,
se procederá a nueva votación, sometiendo sólo a ésta los dos pareceres que hayan obtenido
mayor número de votos en la precedente.
Artículo 264.
1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán
para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales. Las reuniones
se convocarán por el Presidente de la Sala, por sí, a petición mayoritaria de los Magistrados,
así como en los demás casos que establezca la ley. Serán presididos por el Presidente de
Sala.
2. En todo caso quedará a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento
y resolución de los distintos procesos de que conozcan.
Artículo 265.
En cada Juzgado o Tribunal se llevará, bajo la custodia del Secretario respectivo,
un libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las definitivas, autos de igual
carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado, que serán ordenados correlativamente
según su fecha.
Artículo 266.
1. Las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el juez o por todos los
Magistrados que las hubieren dictado, serán depositadas en la Oficina judicial y se permitirá
a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas. El acceso al texto de las sentencias,
o a determinados extremos de las mismas, podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera
afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda,
así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines
contrarios a las Leyes.
2. Los secretarios pondrán en los autos certificación literal de la sentencia.
**Modificado por art. único.61 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 267.
1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después
de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material
de que adolezcan.
2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de
oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución,
o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo
en este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres días siguientes al de la presentación
del escrito en que se solicite la aclaración.
3. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las
resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento.
4. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que
fuere necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto podrán ser subsanadas, mediante
auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecido en el apartado anterior.
5. Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente
pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el
proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde
la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes,
para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar
la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.
6. Si el tribunal advirtiese, en las sentencias o autos que dictara, las omisiones
a que se refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde
la fecha en que se dicten, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución,
pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.
7. Del mismo modo al establecido en los apartados anteriores se procederá por
el Secretario Judicial cuando se precise aclarar, rectificar, subsanar o completar los
decretos que hubiere dictado.
**APDO. 7 modificado por art. 1.5 de Ley Orgánica núm. 1/2009
8. No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se resuelva acerca
de la aclaración, rectificación, subsanación o complemento a que se refieren los anteriores
apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra
la sentencia, auto o decreto a que se refiera la solicitud o actuación de oficio del Tribunal
o del Secretario Judicial.
**APDO. 8 modificado por art. 1.5 de Ley Orgánica núm. 1/2009
9. Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se
trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación
o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación
del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o
denegara remediarla. CAPITULO VI. Del lugar en que deben practicarse las actuaciones
**Modificado por art. único.62 de Ley Orgánica núm. 19/2003
**APDO. 9 modificado por art. 1.5 de Ley Orgánica núm. 1/2009
Artículo 268.
1. Las actuaciones judiciales deberán practicarse en la sede del órgano jurisdiccional.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los Juzgados y Tribunales
podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción para la práctica
de aquéllas, cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia.
Artículo 269.
1. Los Juzgados y Tribunales sólo podrán celebrar juicios o vistas de asuntos
fuera de la población de su sede cuando así lo autorice la ley.
2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias
o el buen servicio de la Administración de Justicia lo aconsejen, y a petición del Tribunal
o Juzgado, podrá disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o
Audiencias se constituyan en población distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes
a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquéllos.
3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia
dispondrán que los Jueces de lo Penal, asistidos del Secretario, se constituyan para celebrar
juicios orales con la periodicidad que se señale en las ciudades donde tengan su sede los
Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer, siempre que
su desplazamiento venga justificado por el número de éstas o por una mejor administración
de justicia. Los Juzgados de Instrucción y los funcionarios que en ellos sirvieren prestarán
en estos casos cuanta colaboración sea precisa. CAPITULO VII. De las notificaciones
**APDO. 3 añadido por Ley Orgánica núm. 7/1988
Artículo 270.
Las resoluciones dictadas por jueces y tribunales, así como las que lo sean por
secretarios judiciales en el ejercicio de las funciones que le son propias, se notificarán
a todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente, y también a quienes se refieran
o puedan parar perjuicios, cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de
conformidad con la Ley.
**Modificado por art. único.63 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 271.
Las notificaciones podrán practicarse por medio del correo, del telégrafo o de
cualquier medio técnico que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales
de la misma según determinen las leyes procesales.
Artículo 272.
Podrá establecerse un local de notificaciones común a los varios juzgados y tribunales
de una misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional. En este supuesto, el
Colegio de Procuradores organizará un servicio para recibir las notificaciones que no hayan
podido hacerse en aquel local común por incomparecencia del procurador que deba ser notificado.
La recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos.CAPITULO VIII.De
la cooperación jurisdiccional
**Modificado por art. único.62 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 273.
Los Jueces y Tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de
la función jurisdiccional.
Artículo 274.
1. Se recabará la cooperación judicial cuando debiere practicarse una diligencia
fuera de la circunscripción del Juzgado o Tribunal que la hubiere ordenado o ésta fuere
de la específica competencia de otro Juzgado o Tribunal.
2. La petición de cooperación, cualquiera que sea el Juzgado o Tribunal a quien
se dirija, se efectuará siempre directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones
a través de órganos intermedios.
Artículo 275.
No obstante, podrán los Jueces realizar cualesquiera diligencias de instrucción
penal en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción, cuando el mismo se hallare
próximo y ello resultare conveniente, dando inmediata noticia al Juez competente. Los Jueces
y Tribunales de otros órdenes jurisdiccionales podrán también practicar diligencias de instrucción
o prueba fuera del territorio de su jurisdicción cuando no se perjudique la competencia del
Juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal.
Artículo 276.
Las peticiones de cooperación internacional serán elevadas por conducto del Presidente
del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia al Ministerio de
Justicia, el cual las hará llegar a las Autoridades competentes del Estado requerido, bien
por la vía consular o diplomática o bien directamente si así lo prevén los Tratados internacionales.
Artículo 277.
Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras
la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad
con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte
y, en su defecto, en razón de reciprocidad según lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 278.
1. Si se acredita la existencia de reciprocidad o se ofrece ésta por la autoridad
judicial extranjera requirente, la prestación de cooperación internacional sólo será denegada
por los Juzgados y Tribunales españoles: 1º Cuando el proceso de que dimane la solicitud
de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española. 2º Cuando el
contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad
judicial española requerida. En tal caso, ésta remitirá la solicitud a la autoridad judicial
competente, informando de ello a la autoridad requirente. 3º Cuando la comunicación que
contenga la solicitud de cooperación no reúna los requisitos de autenticidad suficiente
o se halle redactada en idioma que no sea el castellano. 4º Cuando el objeto de la cooperación
solicitada sea manifiestamente contrario al orden público español.
2. La determinación de la existencia de reciprocidad con el Estado requirente
corresponderá al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia.
TÍTULO IV.
De la fe pública judicial y de la documentación
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 279.
1. Las actuaciones de los Secretarios en el curso de los procedimientos judiciales
se denominarán actas, diligencias y notas.
2. También podrán expedir copias certificadas o testimonios de las actuaciones
judiciales no secretas ni reservadas a las partes interesadas y bajo su responsabilidad, con
sujeción a lo establecido en las leyes.
3. Asimismo corresponderá a los Secretarios la práctica de las notificaciones y
demás actos de comunicación y de cooperación judicial en la forma que determinen las leyes.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 280.
1. Las actas tienen por objeto dejar constancia de la realización de un acto procesal
o de un hecho con trascendencia procesal.
2. Las diligencias podrán ser de constancia, de ordenación, de comunicación o de
ejecución.
3. Las notas podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del
trámite a que se refieran.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 281.
1. El Secretario es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de
efectos de las actuaciones judiciales, correspondiéndole también la facultad de documentación
en el ejercicio de sus funciones, ostentando el carácter de autoridad.
2. La plenitud de la fe pública en los actos en que la ejerza el Secretario no
precisa la intervención adicional de testigos.
3. La representación en juicio podrá conferirse en todos los procedimientos mediante
comparecencia ante el Secretario del Juzgado o Tribunal que haya de conocer del asunto.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 282.
1. No obstante lo establecido en el artículo anterior, los Secretarios podrán habilitar
a uno o más Oficiales para que autoricen las actas que hayan de realizarse a presencia judicial,
así como las diligencias de constancia y de comunicación.
2. Estas habilitaciones subsistirán mientras no sean revocadas, la responsabilidad
de la autenticidad de los hechos o actos acreditados recaerá sobre el Oficial autorizante.
CAPITULO II. De la dación de cuenta y de la conservación y custodia de los autos
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 283.
1. Los Secretarios pondrán diligencias para hacer constar el día y hora de presentación
de las demandas, de los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya
presentación esté sujeta a un plazo perentorio.
2. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten
con expresión de la fecha y hora de presentación.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 284.
1. Los Secretarios darán cuenta a la Sala, al Ponente o al Juez, en cada caso,
de los escritos y documentos presentados en el mismo día de su presentación o al siguiente
día hábil.
2. Lo mismo harán respecto a las actas que se hubieren autorizado fuera de la presencia
judicial.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 285.
También darán cuenta, al siguiente día hábil, del transcurso de los plazos procesales
y de los autos que hubieren tomado estado para cualquier resolución, salvo cuando les correspondiere
la ordenación del trámite.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 286.
1. La dación de cuenta se hará oralmente por el orden de presentación de los escritos
o por el que tomaren estado los autos respectivos, sin otra anteposición que la de los que
sean urgentes o tengan reconocida preferencia por la Ley.
2. Cuando proceda, se documentará mediante diligencia y, en su caso, se acompañará
propuesta de resolución.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 287
Corresponderá a los Secretarios la llevanza de los libros y el archivo y conservación
de las actuaciones, salvo que en ésta u otra ley se encomienden a los Jueces o Presidentes.CAPITULO
III.De las diligencias de ordenación y de las propuestas de resolución
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 288.
En los Juzgados y Tribunales corresponderá a los Secretarios dictar las diligencias
de ordenación, que tendrán por objeto dar a los autos el curso ordenado por la ley e impulsar formalmente
el procedimiento en sus distintos trámites de conformidad con las leyes procesales, y se limitarán
a la expresión de lo que se disponga con el nombre del Secretario que las dicte, la fecha y la
firma de aquél.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 289.
Las diligencias de ordenación serán revisables por el Juez o el ponente, de oficio
o a instancia de parte, en los casos y forma previstos en las leyes procesales.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 290.
Corresponderá al Secretario proponer al Juez o Tribunal las resoluciones que, con arreglo
a la ley, deban revestir la forma de providencia o auto, incluidos los autos definitivos en los
asuntos de jurisdicción voluntaria, mientras no se suscite contienda. Se exceptúan las providencias
en que se revisen las diligencias de ordenación y los autos decisorios de cuestiones incidentales
o resolutorios de recursos, de procesamiento o los limitativos de derechos.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 291.
Las propuestas a que se refiere el artículo anterior se sujetarán a los requisitos
de forma prescritos en esta Ley para la resolución judicial que deba dictarse, suscribiéndose por
el Secretario proponente.
**Queda sin contenido por disp. derog. única.b) de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO V.
De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración
de Justicia
Artículo 292. [
1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así
como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia,
darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los
casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente
e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por
sí sola derecho a indemnización.
Artículo 293.
1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una
decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente
de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto
de éste se aplicarán las reglas siguientes:
a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente
en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse.
b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal
Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el
error y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia
corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos
de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar
del Tribunal Supremo.
**APDO. 1 b) modificado por disp. adic. 7 de Ley Orgánica núm. 4/1987
c) El procedimiento para substanciar la pretensión será el propio del recurso
de revisión en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración
del Estado.
d) El Tribunal, dictará sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo
de quince días con informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.
e) Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.
f) No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la
que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el
ordenamiento.
g) La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la
resolución judicial a la que aquél se impute.
2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado
por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición
indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a
las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la resolución cabrá
recuso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año,
a partir del día en que pudo ejercitarse.
Artículo 294.
1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva,
sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado
auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.
2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación
de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.
3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el
apartado 2 del artículo anterior.
Artículo 295.
En ningún caso habrá lugar a la indemnización cuando el error judicial o el anormal
funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado.
Artículo 296.
El Estado responderá también de los daños que se produzcan por dolo o culpa grave de
los Jueces y Magistrados, sin perjuicio del derecho que le asiste de repetir contra los mismos
por los cauces del proceso declarativo que corresponda ante el Tribunal competente. En estos procesos
será siempre parte el Ministerio Fiscal.
Artículo 297.
Lo dispuesto en los artículos anteriores no obstará a la exigencia de responsabilidad
civil a los Jueces y Magistrados, por los particulares, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
LIBRO IV.
De los Jueces y Magistrados
TÍTULO I.
De la Carrera Judicial y de la provisión de destinos
Artículo 298.
1. Las funciones jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de todo orden regulados
en esta Ley se ejercerán únicamente por jueces y magistrados profesionales, que forman la Carrera
Judicial.
2. También ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial,
con sujeción al régimen establecido en esta Ley, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad
temporal, los magistrados suplentes, los que sirven plazas de jueces como sustitutos, los jueces
de paz y sus sustitutos.
**Modificado por art. único.65 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 299.
1. La Carrera Judicial consta de tres categorías: -Magistrado del Tribunal Supremo.
-Magistrado. -Juez.
**APDO. 1 renumerado por art. 5.2 de Ley Orgánica núm. 5/1997
2. Los Magistrados del Tribunal Supremo, sin perjuicio de su pertenencia a la Carrera
Judicial, tendrán el estatuto especial regulado en la presente Ley Orgánica.
**APDO. 2 añadido por art. 5.2 de Ley Orgánica núm. 5/1997
3. Sólo adquirirán la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo quienes efectivamente
pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de este Tribunal.
**APDO. 3 añadido por art. 5.2 de Ley Orgánica núm. 5/1997
Artículo 300.
El Consejo General del Poder Judicial aprobará cada tres años, como máximo, y por períodos
menores cuando fuere necesario, el escalafón de la Carrera Judicial, que será publicado en el "Boletín
Oficial del Estado", y comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.CAPITULO
II.Del ingreso y ascenso en la Carrera Judicial
Artículo 301.
1. El ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito
y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional.
2. El proceso de selección para el ingreso en la carrera judicial garantizará,
con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos
que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional
de las personas seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional.
3. El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez se producirá mediante
la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en
la Escuela Judicial.
4. La convocatoria para el ingreso en la Carrera Judicial, que se realizará conjuntamente
con la de ingreso en la Carrera Fiscal, comprenderá todas las plazas vacantes existentes en
el momento de la misma y un número adicional que permita cubrir las que previsiblemente puedan
producirse hasta la siguiente convocatoria. Los candidatos aprobados, de acuerdo con las plazas
convocadas, optarán, según el orden de la puntuación obtenida, por una u otra Carrera en el
plazo que se fije por la Comisión de Selección.
5. También ingresarán en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado del
Tribunal Supremo, o de magistrado, juristas de reconocida competencia en los casos, forma y
proporción respectivamente establecidos en la Ley. Quienes pretendan el ingreso en la carrera
judicial en la categoría de magistrado precisarán también superar un curso de formación en
la Escuela Judicial.
6. En todos los casos se exigirá no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad
e incompatibilidad que establece esta Ley y no tener la edad de jubilación en la Carrera Judicial
ni alcanzarla durante el tiempo máximo previsto legal y reglamentariamente para la duración
del proceso selectivo, hasta la toma de posesión incluido, si es el caso, el curso de selección
en la Escuela Judicial.
7. El Ministerio de Justicia, en colaboración, en su caso, con las Comunidades
Autónomas competentes, podrá instar del Consejo General del Poder Judicial la convocatoria
de las oposiciones, concursos y pruebas selectivas de promoción y de especialización necesarios
para la cobertura de las vacantes existentes en la plantilla de la Carrera Judicial. Iguales
facultades que el Ministerio de Justicia, ostentarán las Comunidades Autónomas con competencias
en la materia.
8. También se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento
de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior
al 33 por 100, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad
y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma
que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras
Judicial y Fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación
y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos
a las necesidades especiales y singularidades de estas personas.
**Modificado por art. único.66 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 302.
Para concurrir a la oposición libre de acceso a la Escuela Judicial se requiere ser
español, mayor de edad y licenciado en Derecho, así como no estar incurso en alguna de las causas
de incapacidad que establece la Ley.
**Modificado por art. único.67 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 303.
Están incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial los impedidos física o psíquicamente
para la función judicial, los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación;
los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento,
y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Artículo 304.
1. El tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal,
por las categorías de juez y de abogado fiscal respectivamente, estará presidido por un magistrado
del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia o un fiscal de Sala o fiscal del
Tribunal Supremo o de una Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia, y serán vocales dos magistrados,
dos fiscales, un catedrático de universidad de disciplina jurídica en que consistan las pruebas
de acceso, un abogado del Estado, un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional y
un secretario judicial de la categoría primera, que actuará como secretario.
2. El nombramiento de los miembros del tribunal, a que se refiere el apartado anterior,
será realizado por la Comisión de Selección de la siguiente manera: el Presidente, a propuesta
conjunta del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado;
los dos magistrados, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial; los dos fiscales,
a propuesta del Fiscal General del Estado; el catedrático, a propuesta del Consejo de Coordinación
Universitaria; el abogado del Estado y el secretario judicial, a propuesta del Ministerio de
Justicia; y el abogado, a propuesta del Consejo General de la Abogacía. El Consejo de Coordinación
Universitaria y el Consejo General de la Abogacía elaborarán ternas, que remitirán a la Comisión
de Selección para la designación, salvo que existan causas que justifiquen proponer sólo a
una o dos personas.
**Modificado por art. único.68 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 305.
1. La Comisión de Selección, a la que se refiere el artículo anterior, estará compuesta
por un vocal del Consejo General del Poder Judicial y un Fiscal de Sala, que la presidirán
anualmente con carácter alternativo, por un Magistrado, un Fiscal, el Director de la Escuela
Judicial, el Director del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y un
miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, así como un funcionario
del Ministerio de Justicia con nivel mínimo de Subdirector general, ambos licenciados en Derecho,
que actuarán alternativamente como secretarios de la Comisión.
2. La composición de la Comisión de Selección se publicará en el "Boletín Oficial
del Estado", mediante Orden del Ministro de Justicia. Los miembros de la misma serán designados
por un período de cuatro años, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El vocal del Consejo General del Poder Judicial, el Magistrado y el miembro
de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial.
b) Los Fiscales, por el Fiscal General del Estado.
c) El funcionario del Ministerio de Justicia, por el Ministro de Justicia.
3. Los acuerdos de la Comisión de Selección serán adoptados por mayoría de sus
miembros. En caso de empate, decidirá el voto de su Presidente.
**Modificado por art. 1.3 de Ley Orgánica núm. 9/2000
4. La Comisión de Selección, además de lo dispuesto en el artículo anterior, será
competente para:
a) Proponer el temario, el contenido de los ejercicios y las normas complementarias
que han de regir la oposición para el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, sometiéndolos
a la aprobación del Ministerio de Justicia y del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
b) Realizar los trámites administrativos precisos para la distribución de los
aprobados a las respectivas Escuelas según la opción que hayan realizado, conforme se dispone
en el artículo 301.2 .
5. Las resoluciones previstas en el presente artículo y en el apartado 2 del artículo
anterior agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Artículo 306.
1. La oposición para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal por la categoría
de juez y de abogado fiscal se convocará al menos cada dos años, realizándose la convocatoria
por la Comisión de Selección prevista en el apartado 1 del artículo 305 , previa propuesta
del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, atendiendo al número máximo
de plazas que corresponda ofrecer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
301 y en atención a las disponibilidades presupuestarias.
2. En ningún caso podrá el tribunal seleccionar en las pruebas previstas en el
artículo 301 a un número de candidatos superior al de las plazas que hubieran sido convocadas
según lo dispuesto en dicho artículo.
3. Los que hubiesen superado la oposición como aspirantes al ingreso en la Carrera
Judicial, tendrán la consideración de funcionarios en prácticas.
**Modificado por art. único.69 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 307.
1. La Escuela Judicial, configurada como centro de selección y formación de jueces
y magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial, tendrá como objeto proporcionar
una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial,
así como a los aspirantes a ingresar en ella. La Escuela Judicial llevará a cabo la coordinación
e impartición de la enseñanza inicial, así como de la formación continua, en los términos establecidos
en el artículo 433 bis.
2. El curso de selección incluirá necesariamente: un programa teórico de formación
multidisciplinar, un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes
jurisdiccionales y un período en el que los jueces en prácticas desempeñarán funciones de sustitución
y refuerzo. Solamente la superación de cada uno de ellos posibilitará el acceso al siguiente.
3. Superada la fase teórica de formación multidisciplinar, se iniciará el período
de prácticas. En su primera fase, los jueces en prácticas tuteladas, que se denominarán jueces
adjuntos, ejercerán funciones de auxilio y colaboración con sus titulares. En este período
sus funciones no podrán exceder de la redacción de borradores o proyectos de resolución que
el juez o ponente podrá, en su caso, asumir con las modificaciones que estime pertinentes.
También podrán dirigir vistas o actuaciones bajo la supervisión y dirección del juez titular.
4. Superada asimismo esta fase de prácticas tuteladas, existirá un período obligatorio
en el que los jueces en prácticas desempeñarán labores de sustitución y refuerzo conforme a
lo previsto en los artículos 210 y 216 bis, teniendo preferencia sobre los jueces sustitutos
en cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones. En esta última fase ejercerán
la jurisdicción con idéntica amplitud a la de los titulares del órgano judicial y quedarán
a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, quien deberá
elaborar un informe sobre la dedicación y rendimiento en el desempeño de sus funciones, para
su valoración por la Escuela Judicial. El Consejo General del Poder Judicial y los Presidentes
de los Tribunales Superiores de Justicia velarán porque el desempeño de tales labores tenga
lugar, preferentemente, en órganos judiciales de similares características a los que los jueces
en prácticas puedan luego ser destinados.
5. La duración del período de prácticas, sus circunstancias, el destino y las funciones
de los jueces en prácticas serán regulados por el Consejo General del Poder Judicial a la vista
del programa elaborado por la Escuela Judicial. En ningún caso la duración del curso teórico
de formación será inferior a nueve meses. Las prácticas tuteladas tendrán una duración mínima
de cuatro meses; idéntica duración mínima tendrá la destinada a realizar funciones de sustitución
o apoyo.
6. Los que superen el curso teórico y práctico serán nombrados jueces por el orden
de la propuesta hecha por la Escuela Judicial.
7. El nombramiento se extenderá por el Consejo General del Poder Judicial, mediante
orden, y con la toma de posesión quedarán investidos de la condición de juez.
**Modificado por art. único.70 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 308.
1. La Escuela Judicial elaborará una relación con los aspirantes que aprueben el
curso teórico y práctico, según su orden de calificación, que se elevará al Consejo General
del Poder Judicial.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 301.4, aquellos aspirantes aprobados
que no pudieran ser nombrados jueces titulares de órganos judiciales ingresarán en la Carrera
Judicial en calidad de jueces en expectativa de destino, tomando posesión ante el Presidente
del Consejo General del Poder Judicial, al que quedarán adscritos a los efectos previstos en
los artículos 210.1, 216, 216 bis, 216 bis 2, 216 bis 3 y 216 bis 4. Los jueces en expectativa
de destino tendrán preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el
ejercicio de las funciones a las que se refieren los artículos indicados en el párrafo anterior
y cesarán en su cometido en el momento en el que sean nombrados jueces titulares y destinados
a las vacantes que se vayan produciendo, según el orden numérico que ocupen en la lista de
aspirantes aprobados.
**APDO. 2 modificado por art. único.16 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
**Modificado por art. único.15 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 309.
1. Los que no superen el curso podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán
con la nueva promoción.
2. Si tampoco superaren este curso, quedarán definitivamente excluidos y decaídos
en la expectativa de ingreso en la Carrera Judicial derivada de las pruebas de acceso que hubiesen
aprobado.
Artículo 310.
Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras Judicial
y Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo
las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito
de la función jurisdiccional.
**Añadido por disp. adic. 3.5 de Ley Orgánica núm. 3/2007
Artículo 311.
1. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado, dos
darán lugar al ascenso de los Jueces que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de esta
categoría. El Magistrado así ascendido podrá optar por continuar en la plaza que venía ocupando
o por ocupar la vacante que en el momento del ascenso le sea ofertada, comunicándolo al Consejo
General del Poder Judicial en la forma y plazo que éste determine. En el primer supuesto no
podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años si la plaza que
venía ocupando es de categoría de Juez y un año si es de categoría de Magistrado. La tercera
vacante se proveerá, entre Jueces, por medio de pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales
civil y penal, y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social y mercantil.
La cuarta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más
de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de formación al que se refiere el
apartado 5 del artículo 301. A su vez, una tercera parte de estas vacantes se reservará a miembros
del Cuerpo de Secretarios Judiciales de primera o segunda categoría. Por este procedimiento
sólo podrá convocarse un número de plazas que no supere el total de las efectivamente vacantes
más las previsibles que vayan a producirse durante el tiempo en que se prolongue la resolución
del concurso. En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan
Derecho Civil propio se aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones establecidas
a tal efecto en la presente Ley.
**APDO. 1 modificado por art. 1.6 de Ley Orgánica núm. 1/2009
2. Para el ascenso por escalafón será necesario que hayan prestado tres años de
servicios efectivos como jueces. Para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización
bastará, sin embargo, con dos años de servicios efectivos, cualquiera que fuere la situación
administrativa del candidato. Podrán presentarse también a las pruebas de especialización en
los órdenes contencioso-administrativo y social, los miembros de la Carrera Judicial con categoría
de magistrado y, como forma de acceso a la Carrera Judicial, los de la Carrera Fiscal; en ambos
casos, será necesario haber prestado al menos dos años de servicios efectivos en sus respectivas
carreras. Igual exigencia se requerirá a quienes se presenten a las pruebas selectivas a las
que se refiere el apartado 4 del artículo 329 .
3. El Consejo General del Poder Judicial podrá realizar por especialidades todas
o algunas de las convocatorias de concurso para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría
de magistrado de juristas de reconocida competencia, limitando aquéllas a la valoración de
méritos relativos a la materia correspondiente y reservando al efecto plazas de características
adecuadas dentro de la proporción general establecida en el apartado 1.
4. Quienes accedieran a la categoría de magistrado sin pertenecer con anterioridad
a la Carrera Judicial se incorporarán al escalafón inmediatamente a continuación del último
magistrado que hubiese accedido a la categoría. No podrán obtener la situación de excedencia
voluntaria, salvo en los casos previstos en el artículo 356 d) y e) , hasta haber completado
el tiempo de servicios efectivos en la Carrera Judicial que establece el párrafo c) del citado
artículo.
5. A quienes superen las pruebas de especialización en los órdenes contencioso-administrativo
y social perteneciendo con anterioridad a la carrera fiscal, se les computará en la carrera
judicial el tiempo de servicios prestados en aquélla cuando participen en concursos que tengan
por objeto la provisión de plazas y cargos de nombramiento discrecional.
6. Quienes, de acuerdo con las previsiones del apartado 4 de este artículo, en
lo sucesivo ingresen en la carrera judicial en concurso limitado conforme al apartado 3, no
podrán ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional o una especialidad distinta,
salvo que superen las pruebas de especialización previstas en esta Ley en materia contencioso-administrativa,
social o mercantil.
7. Las vacantes que no resultaren cubiertas por este procedimiento acrecerán al
turno de pruebas selectivas y de especialización, si estuvieren convocadas, o, en otro caso,
al de antigüedad.
8. En los órdenes contencioso-administrativo y social, el número de plazas de magistrado
especialista que se convoquen no podrá ser superior al del número de vacantes a la fecha de
la convocatoria.
**Modificado por art. único.72 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 312.
1. Las pruebas selectivas para la promoción de la categoría de juez a la de magistrado
en los órdenes jurisdiccionales civil y penal se celebrarán en la Escuela Judicial, y tenderán
a apreciar el grado de capacidad y la formación jurídica de los candidatos, así como sus conocimientos
en las distintas ramas del derecho. Podrán consistir en la realización de estudios, superación
de cursos, elaboración de dictámenes o resoluciones y su defensa ante el Tribunal, exposición
de temas y contestación a las observaciones que el Tribunal formule o en otros ejercicios similares.
**APDO. 1 modificado por art. único.73 de Ley Orgánica núm. 19/2003
2. Las pruebas para la promoción de la categoría de Juez a la de Magistrado especialista
de lo contencioso-administrativo y de lo social tenderán además a apreciar, en particular,
aquellos conocimientos que sean propios de cada orden jurisdiccional.
3. Las normas por las que han de regirse estas pruebas, los ejercicios y, en su
caso, los programas se aprobarán por el Consejo General del Poder Judicial.
**APDO. 3 modificado por art. 1.12 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 313.
1. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocar los concursos de
méritos a que se refiere el artículo 311, aprobará las bases a que deba sujetarse la celebración
de los mismos, en las que graduará la puntuación máxima con arreglo al baremo que se establece
en el siguiente apartado.
2. El baremo establecerá la valoración de los siguientes méritos:
a) Título de Licenciado en Derecho con calificación superior a aprobado, incluido
el expediente académico.
b) Título de Doctor en Derecho y calificación alcanzada en su obtención, incluido
el expediente académico.
c) Años de ejercicio efectivo de la abogacía ante los juzgados y tribunales,
dictámenes emitidos y asesoramientos prestados.
d) Años de servicio efectivo como catedráticos o como profesores titulares
de disciplinas jurídicas en universidades públicas o en categorías similares en universidades
privadas, con dedicación a tiempo completo.
e) Años de servicio como funcionario de carrera en cualesquiera otros cuerpos
de las Administraciones públicas para cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesión
del título de Doctor o Licenciado en Derecho e impliquen intervención ante los Tribunales
de Justicia, en la Carrera Fiscal o en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, destinos servidos
y funciones desempeñadas en los mismos.
f) Años de ejercicio efectivo de funciones judiciales sin pertenecer a la Carrera
Judicial y número de resoluciones dictadas, valorándose además la calidad de las mismas.
g) Publicaciones científico-jurídicas.
h) Ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de relevante interés jurídico.
i) Realización de cursos de especialización jurídica de duración no inferior
a trescientas horas, así como la obtención de la suficiencia investigadora acreditada por
la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación.
j) Haber aprobado alguno de los ejercicios que integren las pruebas de acceso
por el turno libre a la Carrera Judicial.
3. También se incluirán en las bases la realización de pruebas prácticas relativas
a la elaboración de un dictamen que permita al tribunal valorar la aptitud del candidato.
4. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocarse el concurso,
determinará la puntuación máxima de los méritos comprendidos en cada una de las letras del
apartado 2 anterior, de modo que no supere la máxima que se atribuya a la suma de otros dos.
La puntuación de los méritos comprendidos en los párrafos c), d), e) y f) de dicho apartado,
no podrá ser inferior a la máxima que se atribuya a cualesquiera otros méritos de las restantes
letras del mismo.
5. Sólo podrán apreciarse por el tribunal calificador los méritos que, estando
comprendidos en el baremo, guarden relación con las materias propias del orden jurisdiccional
a que se refiere la convocatoria del concurso, siempre que hubieran sido debidamente acreditados
por el interesado.
6. En las bases se establecerán las previsiones necesarias para que el tribunal
calificador pueda tener conocimiento de cuantas incidencias hayan podido afectar a los concursantes
durante su vida profesional y que pudieran tener importancia para valorar su aptitud en el
desempeño de la función judicial.
7. Para valorar los méritos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, que
hubiesen sido aducidos por los solicitantes, las bases de las convocatorias establecerán la
facultad del tribunal de convocar a los candidatos o a aquellos que alcancen inicialmente una
determinada puntuación a una entrevista, de una duración máxima de una hora, en la que se debatirán
los méritos aducidos por el candidato y su "curriculum" profesional. La entrevista tendrá como
exclusivo objeto el acreditar la realidad de la formación jurídica y capacidad para ingresar
en la Carrera Judicial, aducida a través de los méritos alegados, y no podrá convertirse en
un examen general de conocimientos jurídicos.
8. En las bases se fijará la forma de valoración de los méritos profesionales que
se pongan de manifiesto con ocasión de la entrevista. Dicha valoración tendrá como límite el
aumento o disminución de la puntuación inicial de aquéllos en la proporción máxima que se fije,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de este artículo.
9. El tribunal levantará acta suficientemente expresiva del contenido y del resultado
de la entrevista, en la que se expresarán los criterios aplicados para la calificación definitiva
del candidato.
10. En las bases se establecerá el procedimiento a que se ajustará el tribunal
para excluir a un candidato por no concurrir en él la cualidad de jurista de reconocida competencia,
ya por insuficiencia o falta de aptitud deducible de los datos objetivos del expediente, ya
por existir circunstancias que supongan un demérito incompatible con aquella condición, aun
cuando hubiese superado, a tenor del baremo fijado, la puntuación mínima exigida. En este caso,
el acuerdo del tribunal se motivará por separado de la propuesta, a la que se acompañará, y
se notificará al interesado por el Consejo General del Poder Judicial.
11. El Consejo podrá de forma motivada rechazar a un candidato, previa audiencia,
pese a la propuesta favorable del tribunal calificador, siempre que, con posterioridad a la
misma, se haya tenido conocimiento de alguna circunstancia que suponga un demérito insuperable.
**Modificado por art. único.74 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 314.
El Tribunal de las pruebas selectivas previstas en el artículo 312 de esta Ley será
nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, estará presidido por el Presidente del Tribunal
Supremo o Magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue,
y serán vocales: dos Magistrados, un Fiscal, dos catedráticos de universidad designados por razón
de la materia, un abogado con más de diez años de ejercicio profesional, un Abogado del Estado,
un Secretario Judicial de primera categoría y un miembro de los órganos técnicos del Consejo General
del Poder Judicial, licenciado en Derecho, que actuará como Secretario. Cuando no sea posible designar
los catedráticos de universidad, podrán nombrarse, excepcionalmente, profesores titulares.
**Modificado por art. 1.5 de Ley Orgánica núm. 9/2000
Artículo 315.
Las oposiciones y concursos para cubrir las vacantes de la Carrera Judicial del Secretariado
y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia serán convocadas, a instancia
de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial se produzcan las vacantes, por el órgano competente
y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.CAPITULO III.Del nombramiento y posesión de los Jueces
y Magistrados
Artículo 316.
1. Los Jueces serán nombrados, mediante Orden, por el Consejo General del Poder
Judicial.
2. Los Magistrados y los Presidentes serán nombrados por Real Decreto, a propuesta
de dicho Consejo.
3. La presentación a Real Decreto se hará por el Ministro de Justicia, que refrendará
el nombramiento.
Artículo 317.
1. Los nombramientos se remitirán al Presidente del Tribunal o Audiencia a quien
corresponda dar o mandar dar posesión a los nombrados.
2. También se comunicará a éstos y a los Presidentes del Tribunal o Audiencia de
su destino anterior.
3. Cuando los Presidentes de la Sala y Sección o Jueces cesen en su destino, por
ser nombrados para otro cargo, elaborarán un alarde o relación de los asuntos que queden pendientes
en el respectivo órgano, consignando la fecha de su iniciación y el estado en que se hallen,
remitiendo copia al Presidente del Tribunal o de la Audiencia.
4. Al tomar posesión, el nuevo titular del órgano, examinará el alarde elaborado
por el anterior, suscribiéndolo en caso de conformidad.
Artículo 318.
1. Los miembros de la Carrera Judicial prestarán, antes de posesionarse del primer
destino, el siguiente juramento o promesa: "Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente
y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona,
administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos".
2. El mismo juramento o promesa se prestará cuando se ascienda de categoría en
la carrera.
**APDO. 2 modificado por art. 1.7 de Ley Orgánica núm. 1/2009
Artículo 319.
1. Los Presidentes, Magistrados y Jueces se presentarán a tomar posesión de sus
respectivos cargos dentro de los veinte días naturales siguientes al de la fecha de la publicación
de su nombramiento en el "Boletín Oficial del Estado". Para los destinados a la misma población
en que hubieran servido el cargo, el plazo será de ocho días. Los que hayan de jurar o prometer
el cargo tomarán posesión dentro de los tres días siguientes al del juramento o promesa.
2. El Consejo General del Poder Judicial podrá prorrogar tales plazos, mediando
justa causa.
Artículo 320.
1. La toma de posesión del Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados de Tribunales
y Audiencias se hará en audiencia pública ante la Sala de Gobierno del Tribunal al que fueren
destinados o ante la del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma correspondiente.
2. Los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia
que fuesen nombrados sin haber pertenecido con anterioridad a la Carrera Judicial, en el mismo
acto de su toma de posesión ante las Salas de Gobierno respectivas, prestarán el juramento
o promesa en los términos previstos en el artículo 318.
Artículo 321.
1. Los Jueces prestarán el juramento o promesa, cuando proceda, ante la Sala de
Gobierno del Tribunal o Audiencia a que pertenezca el Juzgado para el que hayan sido nombrados
y, asimismo, en audiencia pública.
2. La posesión será en el Juzgado al que fueren destinados, en audiencia pública
y con asistencia del personal del Juzgado. Dará la posesión el Juez que estuviere ejerciendo
la jurisdicción.
Artículo 322.
1. El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa dejare de tomar
posesión se entenderá que renuncia al cargo y a la Carrera Judicial.
2. El Presidente del Tribunal o Audiencia dará cuenta al Consejo General del juramento
o promesa y posesión o, en su caso, del transcurso del tiempo sin hacerlo.
Artículo 323.
1. Si concurriere justo impedimento en la falta de presentación, podrá ser rehabilitado
el renunciante. La rehabilitación se acordará por el Consejo General, a solicitud del interesado.
2. En tal caso, el rehabilitado deberá presentarse a prestar juramento o promesa
y posesionarse de su cargo en el plazo que se le señale, que no podrá ser superior a la mitad
del plazo normal.
3. Si la plaza a la que fuere destinado hubiere sido cubierta, será destinado a
la que elija, de las correspondientes a su categoría y para la que reúna las condiciones legales
que hubiere quedado desierta en concurso. En otro caso, será destinado forzoso. CAPITULO IV.
De los honores y tratamientos de los Jueces y Magistrados
Artículo 324.
El Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia
Nacional y los de los Tribunales Superiores de Justicia tienen el tratamiento de excelencia. Los
Presidentes de las Audiencias Provinciales y demás Magistrados, de señoría ilustrísima. Los Jueces,
el de señoría.
Artículo 325.
En los actos de oficio, los Jueces y Magistrados no podrán recibir mayor tratamiento
que el que corresponda a su empleo efectivo en la Carrera Judicial, aunque lo tuvieren superior
en diferente carrera o por otros títulos.CAPITULO V.De la provisión de plazas en los Juzgados,
en las Audiencias y en los Tribunales Superiores de Justicia
Artículo 326.
1. El ascenso y promoción profesional de los jueces y magistrados dentro de la
Carrera Judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad
y especialización para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales correspondientes a los
diferentes destinos.
2. La provisión de destinos de la Carrera Judicial se hará por concurso, en la
forma que determina esta Ley, salvo los de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores
de Justicia y Audiencia Nacional y Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo.
3. El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar
temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas
mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración
de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo.
**Modificado por art. único.75 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 327.
** Modificado por art. único.76 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
1. No podrán concursar los electos, ni los que se encontraren en una situación
de las previstas en esta Ley que se lo impida.
2. Tampoco podrán concursar los jueces y magistrados que no lleven en el destino
ocupado el tiempo que reglamentariamente se determine por el Consejo General del Poder Judicial,
teniendo en cuenta su naturaleza y las necesidades de la Administración de Justicia, sin que
en ningún caso aquel plazo pueda ser inferior a un año en destino forzoso y dos en voluntario.
3. No obstante, en los demás casos, el Consejo General del Poder Judicial, por
resolución motivada, podrá aplazar la efectividad de la provisión de una plaza de juez o magistrado
cuando el que hubiere ganado el concurso a dicha plaza debiera dedicar atención preferente
al órgano de procedencia atendidos los retrasos producidos por causa imputable al mismo. Dicho
aplazamiento tendrá una duración máxima de tres meses, transcurridos los cuales si la situación
de pendencia no hubiere sido resuelta en los términos fijados por la resolución motivada de
aplazamiento, el juez o magistrado perderá su derecho al nuevo destino.
**Modificado por art. único.76 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 328.
La ley que fije la planta determinará los criterios para clasificar los Juzgados y
establecer la categoría de quienes deban servirlos.
Artículo 329.
1. Los concursos para la provisión de los juzgados se resolverán en favor de quienes,
ostentando la categoría necesaria, tengan mejor puesto en el escalafón.
2. Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
o de lo Social, se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría de magistrado especialista
en los respectivos órdenes jurisdiccionales o habiendo pertenecido al extinguido Cuerpo de
Magistrados de Trabajo, para los de lo Social, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto,
se cubrirán con magistrados que hayan prestado al menos tres años de servicio, dentro de los
cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en los órdenes contencioso-administrativo o
social, respectivamente. A falta de éstos se cubrirán por el orden de antigüedad establecido
en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza deberán participar antes de tomar posesión en su
nuevo destino en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder
Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional.
En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder
Judicial establecerá igualmente actividades específicas y obligatorias de formación que deberán
realizarse antes de la toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda
ascender.
3. Los concursos para la provisión de los Juzgados de Menores se resolverán en
favor de quienes, ostentando la categoría de magistrado y acreditando la correspondiente especialización
en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto,
se cubrirán por magistrados que hayan prestado al menos tres años de servicio, dentro de los
cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdicción de menores. A falta de éstos
se cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza,
así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deberán
participar antes de tomar posesión de su nuevo destino en las actividades de especialización
en materia de menores que establezca el Consejo General del Poder Judicial.
3 bis. Los que obtuvieran plaza por concurso o ascenso en Juzgados de Violencia
sobre la Mujer, en Juzgados de lo Penal especializados en violencia de género o en Secciones
penales y civiles especializadas en violencia de género deberán participar, antes de tomar
posesión de su nuevo destino, en las actividades de especialización en materia de violencia
de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial.
**APDO. 3 bis añadido por art. 1.8 de Ley Orgánica núm. 1/2009
4. Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Mercantil se resolverán
en favor de quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos Juzgados
obtenida mediante la superación de las pruebas de especialización que reglamentariamente determine
el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto,
se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden jurisdiccional
civil. A falta de éstos, por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran
plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas
de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente. En el
caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial
establecerá igualmente actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse
antes de la toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender.
5. Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados Centrales de Instrucción,
Centrales de lo Penal, Centrales de Menores y de Vigilancia Penitenciaria se resolverán a favor
de quienes vengan prestando servicios en el orden jurisdiccional penal durante los ocho años
inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; en defecto de este criterio, en favor
de quien ostente mejor puesto en el escalafón. Los concursos para la provisión de plazas de
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo se resolverán en favor de quienes ostenten
la especialidad en dicho orden jurisdiccional; en su defecto, por quienes vengan prestando
servicios en dicho orden durante los ocho años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria;
y en defecto de estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafón. En ese último
caso los que obtuvieren plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino
en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca
reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional.
**APDO. 5 modificado por art. 1.8 de Ley Orgánica núm. 1/2009
6. Los miembros de la carrera judicial que, destinados en Juzgados de lo Contencioso-Administrativo,
Juzgados de lo Social, Juzgados de lo Mercantil o Juzgados de Primera Instancia con competencias
en materias mercantiles, adquieran condición de especialista en sus respectivos órdenes, podrán
continuar en su destino.
**Modificado por art. único.77 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 330.
1. Los concursos para la provisión de las plazas de magistrados de las Salas o
Secciones de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias
se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría necesaria, tengan mejor puesto en
el escalafón, sin perjuicio de las excepciones que establecen los apartados siguientes.
2. En cada Sala o Sección de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia, una de las plazas se reservará a magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional,
con preferencia del que ocupe mejor puesto en su escalafón. Si la Sala o Sección se compusiera
de cinco o más magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de dos, manteniéndose
idéntica proporción en los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la Sala o Sección
adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá continuar en su destino hasta
que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para
la provisión del resto de plazas tendrán preferencia aquellos magistrados que hayan prestado
sus servicios en dicho orden jurisdiccional durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente
anteriores a la fecha de la convocatoria.
**APDO. 2 modificado por art. 1.9 de Ley Orgánica núm. 1/2009
3. En cada Sala o Sección de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia,
una de las plazas se reservará a magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional o que
haya pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, con preferencia del que ocupe
el mejor puesto en su escalafón. Si la Sala o Sección se compusiera de cinco o más magistrados,
el número de plazas cubiertas por este sistema será de dos, manteniéndose idéntica proporción
en los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la Sala o Sección adquiriese la
condición de especialista en este orden, podrá continuar en su destino hasta que se le adjudique
la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la provisión del
resto de plazas tendrán preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en
dicho orden jurisdiccional durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores
a la fecha de la convocatoria.
**APDO. 3 modificado por art. 1.9 de Ley Orgánica núm. 1/2009
4. En las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, una
de cada tres plazas se cubrirá por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de
ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma, nombrado a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa; las restantes plazas
serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
entre los que lleven 10 años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan
especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma.
En el caso de existir las secciones de apelación a las que se refiere el artículo 73.6, las
plazas de dichas secciones se cubrirán con arreglo a lo establecido en dicho artículo. Cuando
la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo de las distintas Salas de los
Tribunales Superiores de Justicia lo aconseje, los magistrados de cualquiera de ellas, con
el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrán
ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello
signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala del mismo Tribunal Superior de Justicia.
Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia
de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias.
5. Los concursos para la provisión de plazas de Audiencias Provinciales se ajustarán
a las siguientes reglas:
a) Si hubiera varias secciones y éstas estuvieren divididas por órdenes jurisdiccionales,
tendrán preferencia en el concurso aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios
en el orden jurisdiccional correspondiente durante seis años dentro de los diez años inmediatamente
anteriores a fecha de la convocatoria. La antigüedad en órganos mixtos se computará por
igual para ambos órdenes jurisdiccionales.
b) Si hubiera varias secciones y éstas no estuvieren divididas por órdenes
jurisdiccionales, tendrán preferencia en el concurso aquellos magistrados que hayan prestado
sus servicios en el orden jurisdiccional correspondiente durante seis años dentro de los
diez años inmediatamente anteriores a fecha de la convocatoria. La antigüedad en órganos
mixtos se computará por igual para ambos órdenes jurisdiccionales.
c) Si hubiere una o varias secciones de las Audiencias Provinciales que conozcan
en segunda instancia de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas
por los Juzgados de lo Mercantil, una de las plazas se reservará a magistrado que, acreditando
la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados, obtenida mediante la superación
de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder
Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. Si la Sección se compusiera de cinco o más
magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de dos, manteniéndose
idéntica proporción en los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la Sala
o Sección adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá continuar en su
destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En
los concursos para la provisión del resto de plazas tendrán preferencia aquellos magistrados
que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de
éstos, por los magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en órganos jurisdiccionales
mixtos.
d) En la Sección o Secciones a las que en virtud del artículo 80.3 de esta
Ley se les atribuya única y exclusivamente el conocimiento en segunda instancia de los
recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los Juzgados de lo
Mercantil, tendrán preferencia en el concurso para la provisión de sus plazas aquellos
Magistrados que, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos juzgados,
obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine
el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto,
se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden
jurisdiccional civil. A falta de éstos, por los magistrados que acrediten haber permanecido
más tiempo en órganos jurisdiccionales mixtos.
**APDO. 5 modificado por art. 1.9 de Ley Orgánica núm. 1/2009
6. En defecto de los criterios previstos en los apartados 2 a 5, la provisión de
plazas se resolverá de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.
7. Los concursos para la provisión de plazas de las salas de la Audiencia Nacional
se resolverán a favor de quienes ostenten la correspondiente especialización en el orden respectivo;
en su defecto por quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional correspondiente
durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria;
y en defecto de todos estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafón. La provisión
de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes,
con más de quince años de antigüedad en la carrera, hayan prestado servicios al menos durante
diez años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la
condición de especialista.
**APDO. 7 modificado por art. 1.9 de Ley Orgánica núm. 1/2009
8. En los órdenes contencioso-administrativo y social, el número de plazas de magistrado
especialista que se convoquen no podrá ser superior al del número de vacantes a la fecha de
la convocatoria.
**Modificado por art. único.78 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 331.
1. Quienes accedieren a un Tribunal Superior de Justicia sin pertenecer con anterioridad
a la Carrera Judicial, lo harán a los solos efectos de prestar servicios en el mismo, sin que
puedan optar ni ser nombrados para destino distinto, salvo su posible promoción al Tribunal
Supremo, por el turno de Abogados y otros juristas de reconocida competencia a que se refiere
el artículo 343.
2. A todos los demás efectos serán considerados miembros de la Carrera Judicial.
Artículo 332.
Los que asciendan a la categoría de Magistrado mediante prueba selectiva con especialización
en el orden contencioso-administrativo o social, conservarán los derechos a concursar a plazas
de otros órdenes jurisdiccionales, de acuerdo con su antigüedad en el escalafón común. Para ocupar
plaza de su especialidad sólo se les computará el tiempo desempeñado en ésta.
Artículo 333.
1. Las plazas de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional, así como las de Presidente
de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, se proveerán, por un período de cinco años,
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados que hubieren prestado
10 años de servicios en esta categoría y ocho en el orden jurisdiccional de que se trate. No
obstante, la Presidencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se proveerá entre
magistrados con más de 15 años de antigüedad en la carrera que hayan prestado servicios al
menos durante 10 años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quien ostente
la condición de especialista. Las de Presidente de Sección de la Audiencia Nacional, Tribunales
Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales se cubrirán por concurso, que se resolverá
de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 330 .
2. No podrán acceder a tales Presidencias quienes se encuentren sancionados disciplinariamente
por comisión de falta grave o muy grave, cuya anotación en el expediente no hubiere sido cancelada.
**Modificado por art. único.79 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 334.
Las plazas que quedaren vacantes por falta de solicitantes se proveerán por los que
sean promovidos o asciendan a la categoría necesaria, con arreglo al turno que corresponda.Aquellas
vacantes que con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo del apartado primero del artículo
311 no fueran cubiertas por los jueces ascendidos a la categoría de Magistrado serán ofrecidas
mediante concurso ordinario de traslado a los miembros de la carrera con categoría de Juez; de
no ser cubiertas, se ofertarán a los Jueces egresados de la Escuela Judicial, sin que en ningún
caso las vacantes en órganos judiciales colegiados puedan ser solicitadas como primer destino.
**Modificado por art. 1.10 de Ley Orgánica núm. 1/2009
Artículo 335.
1. Las plazas de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional se proveerán en la
forma prevista en el artículo 333 .
**APDO. 1 modificado por art. único.80 de Ley Orgánica núm. 19/2003
2. La Presidencia de la Audiencia Nacional se proveerá por el Consejo General del
Poder Judicial, por un período de cinco años, entre Magistrados con quince años de servicios
prestados en la categoría, que reúnan las condiciones idóneas para el cargo, en los términos
previstos en esta Ley para los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
3. La plaza de Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial
se proveerá por un Magistrado del Tribunal Supremo con una antigüedad en la categoría de dos
años o por un Magistrado con diez años de servicios en la categoría. En este último caso, mientras
desempeñe el cargo, tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
**Modificado por art. 5.3 de Ley Orgánica núm. 5/1997
**APDO. 3 modificado por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 2/2004
Artículo 336.
1. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se nombrarán por un
período de cinco años a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre Magistrados
que hubieren prestado diez años de servicios en la categoría, lo hubieren solicitado y lleven,
al menos, quince años perteneciendo a la Carrera Judicial.
**APDO. 1 modificado por art. 2.1 de Ley Orgánica núm. 7/1992
2. El nombramiento de Presidente de un Tribunal Superior de Justicia tendrá efectos
desde su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", sin perjuicio de la preceptiva publicación
en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma".
Artículo 337.
Los Presidentes de las Audiencias Provinciales serán nombrados por un período de cinco
años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre los Magistrados que lo soliciten,
de entre los que lleven diez años de servicios en la Carrera.
Artículo 338.
Los Presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia,
de las Audiencias, de Sala de la Audiencia Nacional y de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia,
cesarán por alguna de las causas siguientes:1º Por expiración de su mandato, salvo que sean confirmados
en el cargo por sucesivos períodos de cinco años.2º Por dimisión, aceptada por el Consejo General.3º
Por resolución acordada en expediente disciplinario.
**Párr. 1º modificado por art. único.81 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 339
El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores
de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o Audiencia
en que cesen o a aquel del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza
correspondiente del que hubieren elegido, teniendo preferencia, además, durante los tres años siguientes
al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario no
reservada a especialista.
**Modificado por art. único.82 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 340.
Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales
Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo
quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aquel del que provinieran
en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido,
teniendo preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su
categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario no reservada a especialista.
**Modificado por art. único.83 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 341.
1. Para la provisión de las plazas de Presidente de los Tribunales Superiores de
Justicia y de las Audiencias, en aquellas Comunidades Autónomas que gocen de Derecho Civil
Especial o Foral, así como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial
valorará como mérito la especialización de estos Derechos Civil Especial o Foral y el conocimiento
del idioma propio de la Comunidad.
2. Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración sobre el conocimiento
del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral de las referidas Comunidades Autónomas, como
mérito preferente en los concursos para Órganos jurisdiccionales de su territorio. CAPITULO
VI. De la provisión de plazas en el Tribunal Supremo
Artículo 342.
Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarán, por un período de cinco
años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que
cuenten con tres años de servicios en la categoría.
**Modificado por art. 5.4 de Ley Orgánica núm. 5/1997
Artículo 342 bis.
El Magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de la autorización de las
actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos
en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución se nombrará por un período de cinco años, a propuesta
del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres
años de servicios en la categoría.
**Añadido por disp. adic. única.4 de Ley Orgánica núm. 2/2002
Artículo 343.
En las distintas Salas del Tribunal, de cada cinco plazas de sus Magistrados, cuatro
se proveerán entre miembros de la Carrera Judicial con diez años, al menos, de servicios en la
categoría de Magistrado y no menos de quince en la Carrera, y la quinta entre Abogados y otros
juristas, todos ellos de reconocida competencia.
**Modificado por art. 3.7 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 344.
De cada cuatro plazas reservadas a la Carrera Judicial, corresponderán:
a) Dos a magistrados que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes
pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando
esa categoría, o, en función del orden jurisdiccional, dos a magistrados especialistas en el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo y social o que pertenezca en este último caso
al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo. En este turno se exigirán 15 años en la Carrera
y sólo cinco en la categoría. A los efectos de la reserva de plazas en el orden jurisdiccional
civil, los magistrados que hubiesen superado las pruebas de especialización en materia mercantil
se equipararán a los que hubiesen superado las pruebas de selección en el orden jurisdiccional
civil.
b) Dos a magistrados que reunieren las condiciones generales para el acceso al
Tribunal Supremo señaladas en el artículo anterior.
**Modificado por art. único.84 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 345.
Podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo los Abogados y juristas de prestigio
que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, reúnan méritos suficientes a juicio del
Consejo General del Poder Judicial y hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior
a quince años preferentemente en la rama del Derecho correspondiente al orden jurisdiccional de
la Sala para la que hubieran de ser designados.
**Modificado por art. 3.9 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 346.
Cuando el número de Magistrados de una Sala no sea múltiplo de cinco, se adjudicará
una plaza más al grupo b) del artículo 344; al grupo a) del mismo artículo; o al grupo de juristas
de prestigio, sucesivamente y por este orden.
Artículo 347.
Quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con anterioridad a la Carrera
Judicial, se incorporarán al escalafón de la misma ocupando el último puesto en la categoría de
Magistrados del Tribunal Supremo. Se les reconocerá a todos los efectos quince años de servicios.
**Modificado por art. 3.10 de Ley Orgánica núm. 16/1994.
CAPÍTULO VI BIS.
De los Jueces de adscripción territorial
**Añadido por art. 1.11 de Ley Orgánica núm. 1/2009.
Artículo 347 bis.
1. En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el ámbito territorial de la
provincia, se crearán las plazas de Jueces de adscripción territorial que determine la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
2. Por designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces
de adscripción territorial ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se
encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular
esté ausente por cualquier circunstancia, conforme a las previsiones establecidas en esta
Ley.
3. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales y cuando las razones del
servicio lo requieran, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá realizar llamamientos
para órganos judiciales de otra provincia perteneciente al ámbito territorial de dicho
Tribunal. En tales casos, los desplazamientos del Juez de adscripción territorial darán
lugar a las indemnizaciones que por razón del servicio se determinen reglamentariamente.
4. En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial
o tengan Derecho Civil propio se aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones
establecidas a tal efecto en la presente Ley. CAPITULO VII. De la situación de los Jueces
y Magistrados
**Modificado por art. único.17 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 348.
Los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria.
d) Suspensión de funciones.
e) Excedencia por razón de violencia sobre la mujer.
**Modificado por art. único.85 de Ley Orgánica núm. 19/2003
**Letra e) añadido por disp. adic. 3.7 de Ley Orgánica núm. 3/2007
Artículo 348 bis.
Se pasará de la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo a la de Magistrado
al desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas con las únicas excepciones
que a continuación se señalan:
1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
2. Magistrado del Tribunal Constitucional.
3. Miembro de Altos Tribunales de Justicia internacionales.
4. Fiscal General del Estado.
**APDO. 4 añadido por art. único.4 de Ley Orgánica núm. 2/2004
5. Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
**APDO. 5 añadido por art. único.4 de Ley Orgánica núm. 2/2004
**Añadido por art. 5.6 de Ley Orgánica núm. 5/1997
Artículo 349.
1. Los jueces y magistrados estarán en situación de servicio activo cuando
ocupen plaza correspondiente a la Carrera Judicial, cuando se encuentren adscritos provisionalmente,
cuando hayan sido nombrados jueces adjuntos, o cuando les haya sido conferida comisión
de servicio con carácter temporal.
2. Cuando se produzca la supresión o reconversión con cambio de orden jurisdiccional
de una plaza de la que sea titular un juez o magistrado, éste quedará adscrito a disposición
del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en los términos establecidos en el artículo
118.2 y 3 .
**Modificado por art. único.86 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 350.
1. El Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio
a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro:
a) para prestar servicios en otro juzgado o tribunal, con o sin relevación
de funciones;
b) para prestar servicios en el Ministerio de Justicia, con o sin relevación
de funciones;
c) para participar en misiones de cooperación jurídica internacional, cuando
no proceda la declaración de servicios especiales.
2. Las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado, así
como el informe de su superior jerárquico y el del Servicio de Inspección del Consejo General
del Poder Judicial. Sólo podrán conferirse, en resolución motivada, si el prevalente interés
del servicio y las necesidades de la Administración de Justicia lo permiten.
**Modificado por art. único.87 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 351.
Los jueces y magistrados serán declarados en la situación de servicios especiales:
a) Cuando sean nombrados Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal General del
Estado, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional,
Defensor del Pueblo o sus Adjuntos, Consejero del Tribunal de Cuentas, Consejero de Estado,
Presidente o Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, Director de la Agencia de
Protección de Datos o miembro de Altos Tribunales Internacionales de Justicia, o titulares
o miembros de los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas.
b) Cuando sean autorizados por el Consejo General del Poder Judicial para realizar
una misión internacional por período determinado, superior a seis meses, en organismos
internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación
internacional, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
c) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones
Internacionales o de carácter supranacional.
d) Cuando sean nombrados o adscritos como Letrados al servicio del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, del Tribunal Constitucional, del Consejo General
del Poder Judicial o del Tribunal Supremo, o Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal
Supremo, o al servicio del Defensor del Pueblo u órgano equivalente de las Comunidades
Autónomas.
** Letra d) modificado por art. 1.12 de Ley Orgánica núm. 1/2009
e) Cuando presten servicio, en virtud de nombramiento por Real Decreto, o por
Decreto en las Comunidades Autónomas, en cargos que no tengan rango superior a director
general.
f) Cuando sean nombrados para cargo político o de confianza en virtud de Real
Decreto o Decreto autonómico, o elegidos para cargos públicos representativos en el Parlamento
Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas
o Corporaciones locales. En este caso, así como en el supuesto previsto en la letra f)
del artículo 356, los Jueces y Magistrados, y los funcionarios de otros Cuerpos, que reingresen
en la Carrera correspondiente, deberán de abstenerse de conocer de los asuntos concretos
vinculados con su actividad política.
** Letra f) modificado por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 12/2011
**Modificado por art. único.88 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 352.
Modificado por art. único.89 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.Los
Magistrados del Tribunal Supremo serán declarados en la situación de servicios especiales si
fueran designados para desempeñar alguno de los cargos siguientes:
** Letra e) añadido por art. único.5 de Ley Orgánica núm. 2/2004, de 28
de diciembre.
a) Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
b) Magistrado del Tribunal Constitucional.
c) Miembro de Altos Tribunales Internacionales de Justicia.
d) Fiscal General del Estado.
e) Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
**Modificado por art. único.89 de Ley Orgánica núm. 19/2003
**Letra e) añadido por art. único.5 de Ley Orgánica núm. 2/2004
Artículo 353.
La situación de servicios especiales se declarará de oficio por el Consejo General
del Poder Judicial, o a instancia del interesado, una vez se verifique el supuesto que la determina,
y con efectos desde el momento en que se produjo el nombramiento correspondiente.
**Modificado por art. único.90 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 354
1. Los jueces y magistrados en situación de servicios especiales percibirán
la retribución del puesto o cargo que desempeñen, sin perjuicio del derecho a la remuneración
por su antigüedad en la carrera judicial.
2. A los jueces y magistrados en situación de servicios especiales se les computará
el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, antigüedad y derechos
pasivos. Tendrán derecho a la reserva de la plaza que ocupasen al pasar a esa situación
o la que pudieren obtener durante su permanencia en la misma.
**Modificado por art. único.91 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 355.
Al cesar en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales
deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de 10 días a contar desde
el siguiente al cese e incorporarse a su destino dentro de los 20 días inmediatamente siguientes;
de no hacerlo, serán declarados en situación de excedencia voluntaria con efectos desde el
día en que cesaron en el puesto o cargo desempeñados. El reingreso tendrá efectos económicos
y administrativos desde la fecha de la solicitud.
** Modificado por art. único.92 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 355 bis
<p class="parrafo">1. Los destinos cuyos titulares se encuentren en situación
de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución,
mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través
de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes,
para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación. <p class="parrafo">2.
Si la vacante se cubre mediante los mecanismos ordinarios de provisión, quienes
ocupen los referidos destinos quedarán, cuando se reintegre a la plaza su titular,
adscritos al Tribunal colegiado en que se hubiera producido la reserva o, si se tratase de
un Juzgado, a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente
y sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situación
prestarán sus servicios en los puestos que determinen las respectivas Salas de Gobierno,
devengando las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio cuando éstos
se prestaren en lugar distinto del de su residencia, que permanecerá en el de la
plaza reservada que hubiere ocupado. <p class="parrafo">Mientras desempeñan
la plaza reservada, una vez transcurrido un año desde que accedieran a la misma,
o en cualquier momento cuando se encuentren en situación de adscripción,
podrán acceder en propiedad a cualesquiera destinos por los mecanismos ordinarios
de provisión y promoción. Ocuparán definitivamente la plaza
reservada que sirvieren cuando vaque por cualquier causa. Cuando queden en situación
de adscritos, serán destinados a la primera vacante que se produzca en el Tribunal
colegiado de que se trate o en los Juzgados del mismo orden jurisdiccional del lugar de la
plaza reservada, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente reservadas
a Magistrados procedentes de pruebas selectivas, si no reunieren esta condición.
<p class="parrafo">3. Quienes hallándose en una situación administrativa
distinta del servicio activo obtuvieran mediante concurso una plaza ofertada al amparo de lo
dispuesto en este artículo, necesariamente deberán reincorporarse al
servicio activo para proceder al desempeño efectivo de funciones judiciales en dicha
plaza.
** Art. 355 bis añadido por el art. único.2 de la Ley Orgánica 4/2014
Artículo 356.
Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria, a petición del juez
o magistrado, en los siguientes casos:
a) Cuando se encuentre en situación de servicio activo en un cuerpo o escala
de las Administraciones públicas o en la carrera fiscal.
b) Cuando pase a desempeñar cargos o prestar servicios en organismos o entidades
del sector público, y no le corresponda quedar en otra situación. En este supuesto, producido
el cese en el cargo o servicio, deberá solicitar el reingreso en el servicio activo en
el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente al cese. De no hacerlo así se le
declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
c) Por interés particular, siempre que haya prestado servicios en la carrera
judicial durante los cinco años inmediatamente anteriores, sin que en esta situación se
pueda permanecer menos de dos años. La declaración de esta situación quedará subordinada
a las necesidades de la Administración de Justicia. No podrá declararse cuando al juez
o magistrado se le instruya expediente disciplinario.
d) Para el cuidado de los hijos, por un período no superior a tres años para
atender a cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, por adopción, por acogimiento
permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o desde la fecha de la
resolución judicial o administrativa que lo acuerde, respectivamente. Los sucesivos hijos
darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno podrá ejercer este derecho.
e) También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior
a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta
el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente
o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El período
de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera
origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera
disfrutando. Esta excedencia y la regulada en el apartado anterior constituyen un derecho
individual de los miembros de la carrera judicial. En caso de que dos de sus miembros generasen
el derecho a disfrutarlas por el mismo sujeto causante, el Consejo General del Poder Judicial
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con las necesidades
y el funcionamiento de los servicios.
f) Cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos
representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales. De no resultar elegido,
deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta
días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio
activo.
** Letra f) modificado por art. único.2 de Ley Orgánica núm. 12/2011
** Modificado por art. único.93 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 357.
Cuando un magistrado del Tribunal Supremo solicitara la excedencia voluntaria y
le fuere concedida, perderá su condición de tal, salvo en el supuesto previsto en las letras
d) y e) del artículo anterior y en el artículo 360 bis. En los demás casos quedará integrado
en situación de excedencia voluntaria, dentro de la categoría de Magistrado.
** Modificado por disp. adic. 3.8 de Ley Orgánica núm. 3/2007
Artículo 358.
1. La excedencia voluntaria, en sus distintas modalidades, no produce reserva
de plaza. El juez o magistrado, mientras se encuentre en ella, no devengará retribuciones
ni le será computado el tiempo que haya permanecido en tal situación a efectos de ascensos,
antigüedad y derechos pasivos, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo y lo
que establece la normativa de clases pasivas.
2. Se exceptúan de lo previsto en el apartado anterior las excedencias voluntarias
para el cuidado de hijos y para atender al cuidado de un familiar a que se refieren los
apartados d) y e) del artículo 356 , en las que el período de permanencia en dichas situaciones
será computable a efectos de trienios y derechos pasivos. En este mismo período se permitirá
participar en cursos de formación. Durante los dos primeros años se tendrá derecho a la
reserva de la plaza en la que se ejerciesen sus funciones y al cómputo de la antigüedad,
así como a participar en los concursos de traslado. Transcurrido este período, dicha reserva
lo será a un puesto en la misma provincia y de igual categoría, debiendo solicitar, en
el mes anterior a la finalización del período máximo de permanencia en la misma, el reingreso
al servicio activo; de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación de excedencia
voluntaria por interés particular.
** APDO. 2 modificado por art. 1.13 de Ley Orgánica núm. 1/2009
3. Los que se encuentren en la situación de excedencia a la que se refiere
el párrafo f) del artículo 356, en caso de que soliciten el reingreso al servicio activo,
quedarán adscritos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
de su último destino, teniendo preferencia para obtener puesto de su categoría en la provincia
o, en su defecto, Comunidad Autónoma de dicho último destino.
**Modificado por art. único.95 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 359.
1. El reingreso en el servicio activo del juez o magistrado en situación de
excedencia voluntaria por interés particular de duración superior a 10 años exigirá la
previa declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabará
los informes y practicará las actuaciones necesarias para su comprobación.
2. Los jueces y magistrados en situación administrativa de excedencia voluntaria
que soliciten el reingreso al servicio activo y, en su caso, obtengan la correspondiente
declaración de aptitud, vendrán obligados a participar en todos los concursos que se anuncien
para cubrir plazas de su categoría hasta obtener destino. De no hacerlo así, se les declarará
en situación de excedencia voluntaria por interés particular, quedando sin efecto la declaración
de aptitud de haberse producido.
**Modificado por art. único.96 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 360.
Una vez reincorporado al servicio activo el juez o magistrado en situación de excedencia
voluntaria por la causa prevista en el párrafo f) del artículo 356 , no podrá acceder, durante
los cinco años siguientes, a puesto de la carrera judicial que no sea de los que se proveen
por estricta antigüedad.
** Modificado por art. único.97 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 360 bis.
1. Las juezas y magistradas víctimas de violencia de género tendrán derecho
a solicitar la situación de excedencia por razón de violencia sobre la mujer sin necesidad
de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. En esta situación administrativa
se podrá permanecer un plazo máximo de tres años.
2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto
de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios
y derechos pasivos. Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase
que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar
por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de acuerdo
con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos
efectos a los señalados en dicho párrafo.
3. Las juezas y magistradas en situación de excedencia por razón de violencia
sobre la mujer percibirán, durante los dos primeros meses de esta excedencia, las retribuciones
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
4. El reingreso en el servicio activo de las juezas y magistradas en situación
administrativa de excedencia por razón de violencia sobre la mujer de duración no superior
a seis meses se producirá en el mismo órgano jurisdiccional respecto del que tenga reserva
del puesto de trabajo que desempeñaran con anterioridad; si el período de duración de la
excedencia es superior a 6 meses el reingreso exigirá que las juezas y magistradas participen
en todos los concursos que se anuncien para cubrir plazas de su categoría hasta obtener
destino. De no hacerlo así, se les declarará en situación de excedencia voluntaria por
interés particular.
** Añadido por disp. adic. 3.10 de Ley Orgánica núm. 3/2007
Artículo 361.
1. El juez o magistrado será declarado en situación de suspensión de funciones,
provisional o definitiva, en los casos y en la forma establecidos en esta Ley.
2. El juez o magistrado declarado suspenso quedará privado del ejercicio de
sus funciones durante el tiempo que dure la suspensión.
** Modificado por art. único.98 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 362.
1. La suspensión provisional podrá acordarse durante la tramitación de un procedimiento
judicial o disciplinario.
2. La suspensión provisional durante la tramitación de un procedimiento disciplinario
no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento por causa
imputable al interesado..
** Modificado por art. único.99 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 363.
El suspenso provisional tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas, excepto
en el caso de paralización del procedimiento disciplinario por causa imputable al mismo, que
comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización. Asimismo,
no se acreditará haber alguno en caso de incomparecencia o de rebeldía.
** Modificado por art. único.100 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 364.
Cuando la suspensión no sea declarada definitiva ni se acuerde la separación, el
tiempo de duración de aquélla se computará como de servicio activo y se acordará la inmediata
incorporación del suspenso a su plaza, con reconocimiento de todos los derechos económicos
y demás que procedan desde la fecha en que la suspensión produjo efectos.
** Modificado por art. único.101 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 365.
1. La suspensión tendrá carácter definitivo cuando se imponga en virtud de
condena o como sanción disciplinaria, computándose el tiempo de suspensión provisional.
2. La suspensión definitiva superior a seis meses implicará la pérdida del
destino. La vacante producida se cubrirá en forma ordinaria.
3. La suspensión definitiva supondrá la privación de todos los derechos inherentes
a la condición de juez o magistrado hasta, en su caso, su reingreso al servicio activo.
4. En tanto no transcurra el plazo de suspensión no procederá cambio alguno
de situación administrativa.
** Modificado por art. único.102 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 366.
1. El juez o magistrado suspenso definitivamente deberá solicitar el reingreso
al servicio activo con un mes de antelación a la finalización del período de suspensión.
El reingreso producirá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción
de la responsabilidad penal o disciplinaria.
2. Si no fuera solicitado el reingreso en el tiempo señalado en el apartado
anterior, se le declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular,
con efectos desde la fecha en que finalizare el período de suspensión.
** Modificado por art. único.103 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 367.
1. El reingreso en el servicio activo de los suspensos exigirá la previa declaración
de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabará los informes y practicará
las actuaciones necesarias para su comprobación.
2. Tras la declaración de aptitud, el juez o magistrado vendrá obligado a participar
en todos los concursos que se anuncien para cubrir plazas de su categoría hasta obtener
destino. De no hacerlo así, se le declarará en situación de excedencia voluntaria por interés
particular, quedando sin efecto la declaración de aptitud.
** Modificado por art. único.104 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 368.
La concurrencia de peticiones para la adjudicación de vacantes entre quienes deban
reingresar al servicio activo, se regirá por el siguiente orden:
a) Suspensos.
b) Rehabilitados.
c) Excedentes voluntarios.
** Modificado por art. único.105 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 369.
El cambio de la situación administrativa en que se hallen los jueces o magistrados
podrá tener lugar siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada caso sin necesidad
de reingreso al servicio activo.CAPITULO VIII.De las licencias y permisos
** Modificado por art. único.106 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 370.
1. Los jueces y magistrados residirán en la población donde tenga su sede el
juzgado o tribunal que sirvan y no podrán ausentarse de la circunscripción en que ejerzan
sus funciones, excepto cuando lo exija el cumplimiento de sus deberes judiciales o usen
de licencia o permiso.
2. La Sala de Gobierno del Tribunal del que dependan podrá autorizar por causas
justificadas la residencia en lugar distinto, siempre que sea compatible con el exacto
cumplimiento de las tareas propias del cargo.
3. No se considerarán ausencias a los efectos de este artículo los desplazamientos
fuera de su sede que efectúen los magistrados o jueces que no sean únicos o no se encuentren
de guardia, desde el final de las horas de audiencia de la víspera de día inhábil hasta
el comienzo de la audiencia del primer día hábil siguiente.
** Suprimido por disp. adic. 3.11 de Ley Orgánica núm. 3/2007.
Artículo 371.
1. Los jueces y magistrados tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural,
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A los efectos de lo
previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados.
**APDO. 1 modificado por art. único.18 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
2. Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y del resto de
los Tribunales disfrutarán del permiso de vacaciones durante el mes de agosto; se exceptúan
aquellos a quienes corresponda formar la Sala prevista en los artículos 61 y 180 de esta
Ley.
** Modificado por art. 1.14 de Ley Orgánica núm. 1/2009.
Artículo 372.
El permiso anual de vacaciones podrá denegarse para el tiempo en que se solicite
cuando por los asuntos pendientes en el Juzgado o Tribunal, por la acumulación de peticiones
de licencias en el territorio o por otras circunstancias excepcionales, pudiera perjudicarse
el regular funcionamiento de la Administración de Justicia.
Artículo 373.
1. Los jueces y magistrados tendrán derecho a licencias por razón de matrimonio
de 15 días de duración.
2. También tendrán derecho a una licencia en caso de parto, adopción y acogimiento
tanto preadoptivo como permanente, cuya duración y condiciones se regularán por la legislación
general en esta materia. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará
dicha normativa a las particularidades de la carrera judicial. En los supuestos de adopción
internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen
del adoptado, el permiso previsto en este artículo podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución por la que se constituya la adopción.
3. Tendrán también derecho a licencia para realizar estudios relacionados con
la función judicial, previo informe favorable del Presidente del Tribunal correspondiente,
que tendrá en cuenta las necesidades del servicio. Finalizada la licencia, se elevará al
Consejo General del Poder Judicial memoria de los trabajos realizados, y si su contenido
no fuera bastante para justificarla, se compensará la licencia con el tiempo que se determine
de las vacaciones del interesado.
** APDO. 3 modificado por art. único.19 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
4. También podrán disfrutar de hasta cinco días
de permiso en el año natural, separada o acumuladamente. Los superiores respectivos
solo podrán denegarlos por necesidad del servicio.
** APDO. 4 modificado por el art. único.3 de la Ley Orgánica 4/2014
** APDO. 4 modificado por art. único.20 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
5. Por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves del cónyuge, de persona
a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, los jueces o magistrados podrán disponer de
un permiso de tres días hábiles, que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando a tal
efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad, en cuyo caso será de cinco días
hábiles. Estos permisos quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente,
cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en segundo
grado de afinidad o consanguinidad.
** APDO. 5 modificado por disp. adic. 3.12 de Ley Orgánica núm. 3/2007.
6. Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, el juez o magistrado
tendrá derecho a disfrutar de un permiso de paternidad de quince días, a partir de la fecha
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción.
** APDO. 6 añadido por disp. adic. 3.13 de Ley Orgánica núm. 3/2007.
7. Los jueces y magistrados tendrán derecho a permisos y licencias para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género.
El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará a las particularidades
de la carrera judicial la normativa de la Administración General del Estado vigente en
la materia.
** APDO. 7 añadido por disp. adic. 3.14 de Ley Orgánica núm. 3/2007.
8. Los jueces y magistrados podrán interesar del Presidente del que dependan,
ausentarse de la sede del órgano judicial en el que estuviesen destinados hasta un máximo
de tres días al mes y no más de nueve al año, para el estudio o resolución de causas de
especial complejidad, hacer frente a situaciones de acumulación de asuntos cuando ello
no fuere atribuible al rendimiento del solicitante, o cuando otras circunstancias así lo
aconsejaren, debiendo comunicarlo con, al menos, tres días de antelación. Dicha autorización
solo se denegará, motivadamente, cuando coincida con señalamientos, vistas o deliberaciones
o no queden cubiertas las necesidades del servicio. Para la concesión de estas autorizaciones
no será obstáculo el disfrute en el mismo mes de los permisos a los que se refiere el número
4 de este precepto.
** APDO. 8 añadido por art. único.21 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 374.
El que por hallarse enfermo no pudiera asistir al despacho, lo comunicará al Presidente
del que inmediatamente dependa y solicitará la licencia acreditando la enfermedad y la previsión
médica sobre el tiempo preciso para su restablecimiento.
** Modificado por art. único.22 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 375.
1. Las licencias por enfermedad, transcurrido el sexto mes, sólo darán derecho
al percibo de las retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio de su complemento,
en lo que corresponda, con arreglo al Régimen de Seguridad Social aplicable.
2. Las licencias para realizar estudios en general darán derecho a percibir
las retribuciones básicas y por razón de familia. Las licencias para realizar estudios
relacionados con la función jurisdiccional lo serán sin limitación de haberes. No obstante
lo anterior, los días de licencia para realizar estudios, relacionados o no con la función
jurisdiccional, por tiempo superior a 20 días anuales no darán derecho a retribución alguna,
salvo aquellas que tengan por objeto actividades formativas obligatorias por cambio de
orden o especialidad, que lo serán sin limitación de haberes en todo caso.
**APDO. 2 modificado por art. único.23 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
3. Las demás licencias y permisos no afectarán al régimen retributivo de quien
los disfrute, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley. En el caso de las licencias por
enfermedad, los integrantes de la Carrera Judicial, en situación de incapacidad temporal
por contingencias comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto
básicas como complementarias, como, en su caso, la prestación por hijo a cargo, desde el
primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquéllas
que percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad temporal.
Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por
ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación por
hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el día ciento ochenta,
ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación
por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. Cuando la situación
de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución a percibir
podrá ser complementada desde el primer día, hasta alcanzar como máximo las retribuciones
que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
A partir del día ciento ochenta y uno será de aplicación el subsidio establecido en el
apartado 1.B) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen
especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Por el órgano competente se determinarán los supuestos en los que con carácter excepcional
y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo,
el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos
efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización
e intervención quirúrgica. En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales
de seguridad social gestionados por el mutualismo administrativo podrán percibir una cantidad
inferior en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que corresponda
a los funcionarios adscritos al régimen general de la seguridad social, incluidos, en su
caso, los complementos que les resulten de aplicación a estos últimos. Las referencias
a días incluidas en el presente número se entenderán realizadas a días naturales.
**APDO. 3 modificado por art. único.23 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 376.
Cuando circunstancias excepcionales lo impongan, podrá suspenderse o revocarse
el disfrute de las licencias o de los permisos, ordenándose a los Jueces y Magistrados la incorporación
al Juzgado o Tribunal.
Artículo 377.
Reglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos,
determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración, y cuando no se halle
establecido en la presente Ley.
TÍTULO II.
De la independencia judicial
Artículo 378.
1. Gozarán de inamovilidad los Jueces y Magistrados que desempeñen cargos judiciales.
2. Los que hayan sido nombrados por plazo determinado gozarán de inamovilidad sólo
por ese tiempo.
3. Los casos de renuncia, excedencia, traslado y promoción se regirán por sus normas
específicas establecidas en esta Ley.
Artículo 379.
1. La condición de Jueces o Magistrados se perderá por las siguientes causas:
a) Por renuncia a la Carrera Judicial. Se entenderán incursos en este supuesto
los previstos en los artículos 322 y 357.3.
b) Por pérdida de la nacionalidad española.
c) En virtud de sanción disciplinaria de separación de la Carrera Judicial.
d) Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso.
En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Consejo General del Poder
Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir
la pérdida de la condición de Magistrado o Juez por la sanción prevista en el artículo
420.1 d).
**APDO. 1 d) modificado por art. 6.1 de Ley Orgánica núm. 16/1994
e) Por haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad, salvo que proceda
su jubilación.
f) Por jubilación.
2. La separación en los casos previstos en las letras b), c), d) y e) del apartado
anterior se acordará previo expediente, con intervención del Ministerio Fiscal.
Artículo 380.
Quienes hubieren perdido la condición de Juez o Magistrado por cualquiera de las causas
previstas en los apartados a), b), c) y d) del artículo anterior, podrán solicitar del Consejo
General del Poder Judicial su rehabilitación, una vez obtenida la establecida en el Código Penal
, si procediere.
** Modificado por art. 6.2 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 381.
1. La rehabilitación se concederá por el Consejo General del Poder Judicial cuando
se acredite el cese definitivo o la inexistencia, en su caso, de la causa que dio lugar a la
separación, valorando las circunstancias de todo orden.
2. Si la rehabilitación se denegare, no podrá iniciarse nuevo procedimiento para
obtenerla en los tres años siguientes, plazo que se computará a partir de la resolución denegatoria
inicial del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 382.
El Juez o Magistrado que hubiere sido rehabilitado será destinado con arreglo a lo
dispuesto en esta Ley.
Artículo 383.
La suspensión de los Jueces y Magistrados sólo tendrá lugar en los casos siguientes:1º
Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio
de sus funciones.2º Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto
de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento.3º Cuando se decretare en expediente disciplinario
o de incapacidad, ya con carácter provisional, ya definitivo.4º Por sentencia firme condenatoria
en que se imponga como pena principal o accesoria la de suspensión, cuando no procediere la separación.
Artículo 384.
1. En los supuestos de los dos primeros apartados del artículo anterior, el Juez
o Tribunal que conociera de la causa lo comunicará al Consejo General del Poder Judicial, quien
hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
2. En el caso del apartado 4, el Tribunal remitirá testimonio de la sentencia al
Consejo General del Poder Judicial.
3. La suspensión durará, en los casos de los apartados 1 y 2 del artículo anterior,
hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. En los demás
casos, por todo el tiempo a que se extienda la pena, sanción o medida cautelar.
Artículo 385.
Los Jueces y Magistrados sólo podrán ser jubilados:1º Por edad.2º Por incapacidad permanente
para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 386.
1. La jubilación por edad de los Jueces y Magistrados es forzosa y se decretará
con la antelación suficiente para que el cese en la función se produzca efectivamente al cumplir
la edad de setenta años.
2. También podrán jubilarse a partir de los sesenta y cinco años siempre que así
lo hubiesen manifestado al Consejo General del Poder Judicial con seis meses de antelación,
todo ello sin perjuicio de los demás supuestos de jubilación voluntaria legalmente previstos.
** Modificado por art. 2.2 de Ley Orgánica núm. 7/1992
Artículo 387.
1. Cuando en un Juez o Magistrado se apreciare incapacidad permanente, la Sala
de Gobierno respectiva, por sí, a instancia del Ministerio Fiscal o del interesado, formulará
propuesta de jubilación al Consejo General del Poder Judicial.
2. El expediente de jubilación por incapacidad permanente podrá ser iniciado, asimismo,
por el Consejo General de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.
3. Los jubilados por incapacidad permanente podrán ser rehabilitados y volver al
servicio activo si acreditaren haber desaparecido la causa que hubiere motivado la jubilación.
Artículo 388.
Los procedimientos de separación, traslado, jubilación por incapacidad permanente y
rehabilitación se formarán con audiencia del interesado e informe del Ministerio Fiscal y de la
Sala de Gobierno respectiva, sin perjuicio de las demás justificaciones que procedan, y se resolverán
por el Consejo General del Poder Judicial.CAPITULO II.De las incompatibilidades y prohibiciones
Artículo 389.
El cargo de Juez o Magistrado es incompatible:1º Con el ejercicio de cualquier otra
jurisdicción ajena a la del Poder Judicial.2º Con cualquier cargo de elección popular o designación
política del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y demás entidades locales y organismos dependientes
de cualquiera de ellos.3º Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración
del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y
cualesquiera entidades, organismos o empresas dependientes de unos u otras.4º Con los empleos de
todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.5º Con todo empleo,
cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción
y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquélla,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.6º Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría.7º Con
todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.8º Con el ejercicio de toda actividad
mercantil, por sí o por otro.9º Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero,
socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica
en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.
Artículo 390.
1. Los que ejerciendo cualquier empleo, cargo o profesión de los expresados en
el artículo anterior fueren nombrados Jueces o Magistrados, deberán optar, en el plazo de ocho
días, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la actividad incompatible.
2. Quienes no hicieren uso de dicha opción en el indicado plazo se entenderá que
renuncian al nombramiento judicial.
Artículo 391.
No podrán pertenecer a una misma Sala de Justicia o Audiencia Provincial, Magistrados
que estuvieren unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, o tuvieren parentesco
entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo que, por previsión legal
o por aplicación de lo dispuesto en los artículos 155 y 198.1 de esta Ley existieren varias secciones,
en cuyo caso podrán integrarse en secciones diversas, pero no formar Sala juntos.Tampoco podrán
pertenecer a una misma Sala de Gobierno Jueces o Magistrados unidos entre sí por cualquiera de
los vínculos a que se refiere el párrafo anterior. Esta disposición es aplicable a los Presidentes.
** Modificado por art. 12 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 392.
1. Los Jueces o Magistrados no podrán intervenir en la resolución de recursos relativos
a resoluciones dictadas por quienes tengan con ellos alguna de las relaciones a que hace referencia
el artículo anterior, ni en fases ulteriores del procedimiento que, por su propia naturaleza,
impliquen una valoración de lo actuado anteriormente por ellas. En virtud de este principio,
además de la obligación de abstención, siempre que concurra cualquiera de los vínculos a que
se refiere el artículo anterior, son incompatibles:
a) Los Jueces de Instrucción con los Jueces unipersonales de lo Penal que hubieran
de conocer en juicio oral de lo instruido por ellos y con los Magistrados de la Sección
que se hallen en el mismo caso.
b) Los Magistrados de cualquier Sala de Justicia, constituya o no sección orgánica,
a la que se halle atribuido el conocimiento de los recursos respecto de las resoluciones
de un órgano jurisdiccional, cualquiera que sea el orden a que pertenezca, con los Jueces
o Magistrados de dicho órgano. Se exceptúan de esta incompatibilidad las Salas y Secciones
del Tribunal Supremo.
2. Serán incompatibles cuando concurra entre ellas cualquiera de las relaciones
a que se refiere el artículo anterior:
a) Los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
y los de las Audiencias Provinciales, respecto de los miembros del Ministerio Fiscal de
la correspondiente Fiscalía, salvo cuando en la Audiencia Provincial hubiere más de tres
secciones.
b) Los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal respecto del
Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de dicho órgano.
c) Los Jueces de Instrucción y los Jueces unipersonales de lo Penal, respecto
de los Fiscales destinados en Fiscalías en cuyo ámbito territorial ejerzan su jurisdicción,
con excepción de los Partidos donde existan más de cinco órganos de la clase que se trate.
d) Los Presidentes, Magistrados y Jueces respecto de los Secretarios y demás
personal al servicio de la Administración de Justicia que dependan de ellos directamente.
** Modificado por art. 12 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 393.
No podrán los Jueces y Magistrados desempeñar su cargo:
1. En las Salas de Tribunales y Juzgados donde ejerzan habitualmente, como Abogado
o Procurador, su cónyuge o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Esta incompatibilidad no será aplicable en las poblaciones donde existan diez o más Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción o Salas con tres o más Secciones.
2. En una Audiencia Provincial o Juzgado que comprenda dentro de su circunscripción
territorial una población en la que, por poseer él mismo, su cónyuge o parientes de segundo
grado de consanguinidad intereses económicos, tengan arraigo que pueda obstaculizarles el imparcial
ejercicio de la función jurisdiccional. Se exceptúan las poblaciones superiores a cien mil
habitantes en los que radique la sede del órgano jurisdiccional.
3. En una Audiencia o Juzgado en que hayan ejercido la Abogacía o el cargo de Procurador
en los dos años anteriores a su nombramiento.
Artículo 394.
1. Cuando un nombramiento dé lugar a una situación de incompatibilidad de las previstas
en los artículos anteriores quedará el mismo sin efecto y se destinará con carácter forzoso
al Juez o Magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que hubiera podido
incurrirse.
2. Cuando la situación de incompatibilidad apareciere en virtud de circunstancias
sobrevenidas, el Consejo General del Poder Judicial procederá al traslado forzoso del Juez
o Magistrado, en el caso del número 1 del artículo anterior, o del último nombrado en los restantes.
En su caso podrá proponer al Gobierno el traslado del miembro del Ministerio Fiscal incompatible,
si fuera de menor antigüedad en el cargo. El destino forzoso será a cargo que no implique cambio
de residencia si existiera vacante, y en tal caso ésta no será anunciada a concurso de provisión.
Artículo 395.
No podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener
empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido:1º Dirigir a los poderes, autoridades
y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir,
en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no
tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las
que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial.2º
Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto
no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos.
Artículo 396.
Los Jueces y Magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas
físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 397.
La competencia para la autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidades,
con arreglo a lo dispuesto en este capítulo, corresponde al Consejo General del Poder Judicial,
previo informe del Presidente del Tribunal o Audiencia respectiva.CAPITULO III.De la inmunidad
judicial
Artículo 398.
1. Los Jueces y Magistrados en servicio activo sólo podrán ser detenidos por orden
de Juez competente o en caso de flagrante delito. En este último caso se tomarán las medidas
de aseguramiento indispensables y se entregará inmediatamente el detenido al Juez de Instrucción
más próximo.
2. De toda detención se dará cuenta, por el medio más rápido, al Presidente del
Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el Juez o Magistrado. Se tomarán por la Autoridad
Judicial que corresponda las prevenciones que procedan para atender a la sustitución del detenido.
Artículo 399.
1. Las Autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los Jueces y
Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia. Cuando una Autoridad civil o
militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no
se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho
oficial de aquél, previo aviso.
2. Cuando se trate de auxilio o cooperación por razón del cargo o de la función
jurisdiccional, se prestará sin tardanza, salvo que el acto a ejecutar no esté legalmente permitido
o se perjudique la competencia propia del Juez o Tribunal. La denegación se comunicará a la
Autoridad peticionaria con expresión suficiente de la razón que la justifique.
Artículo 400.
Cuando en la instrucción de una causa penal fuere necesaria la declaración de un Juez
o Magistrado, y ésta pudiera prestarse legalmente, no podrá excusarse aquél de hacerlo. Si la Autoridad
Judicial que hubiere de recibir la declaración fuere de categoría inferior, acudirá al despacho
oficial del Juez o Magistrado, previo aviso, señalándose día y hora.CAPITULO IV.Del régimen de
asociación profesional de los Jueces y Magistrados
Artículo 401.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución, se reconoce el
derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial,
que se ejercerá de acuerdo con las reglas siguientes:1ª Las asociaciones de jueces y magistrados
tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.2ª Podrán tener
como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos
y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general. No podrán llevar
a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos.3ª Las
asociaciones de jueces y magistrados deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia
de secciones cuyo ámbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia.4ª Los jueces y magistrados
podrán libremente asociarse o no a asociaciones profesionales.5ª Sólo podrán formar parte de las
mismas quienes ostenten la condición de jueces y magistrados en servicio activo. Ningún juez o
magistrado podrá estar afiliado a más de una asociación profesional.6ª Las asociaciones profesionales
de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial quedarán válidamente constituidas desde
que se inscriban en el registro que será llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial.
La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se acompañará
el texto de los estatutos y una relación de afiliados.Sólo podrá denegarse la inscripción cuando
la asociación o sus estatutos no se ajustaren a los requisitos legalmente exigidos.7ª Los estatutos
deberán expresar, como mínimo, las siguientes menciones:
a) Nombre de la asociación.
b) Fines específicos.
c) Organización y representación de la asociación. Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.
d) Régimen de afiliación.
e) Medios económicos y régimen de cuotas.
f) Formas de elegirse los cargos directivos de la asociación. 8ª La suspensión
o disolución de las asociaciones profesionales quedará sometida al régimen establecido para
el derecho de asociación en general. 9ª Serán de aplicación supletoria las normas reguladoras
del derecho de asociación en general. CAPITULO V. De la independencia económica
** Modificado por art. único.109 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 402.
1. El Estado garantiza la independencia económica de los Jueces y Magistrados mediante
una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional.
2. También garantizará un régimen de Seguridad Social que proteja a los Jueces
y Magistrados y a sus familiares durante el servicio activo y la jubilación.
Artículo 403.
1. El régimen de retribuciones de los jueces y magistrados se inspirará en los
principios de objetividad, equidad, transparencia y estabilidad, atendiendo para su fijación
a la dedicación a la función jurisdiccional, a la categoría y al tiempo de prestación de servicios.
Se retribuirá, además, la responsabilidad del cargo y el puesto de trabajo.
2. En todo caso, las retribuciones de los jueces y magistrados estarán integradas,
con carácter general, por un componente fijo y otro variable por objetivos, que valore específicamente
su rendimiento individual.
3. Las retribuciones fijas, que se descompondrán en básicas y complementarias,
remunerarán la categoría y antigüedad en la carrera judicial de cada uno de sus miembros, así
como las características objetivas de las plazas que ocupen. Son retribuciones básicas el sueldo
y la antigüedad. Son retribuciones complementarias el complemento de destino y el complemento
específico.
4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento
individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales
y profesionales.
5. Asimismo, los jueces y magistrados podrán percibir retribuciones especiales
por servicios de guardia, servicios extraordinarios sin relevación de funciones y sustituciones.
6. Una Ley desarrollará, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, las
retribuciones de los miembros de la carrera judicial.
** Modificado por art. único.110 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 404.
Junto a las demás partidas correspondientes a retribuciones de jueces y magistrados,
los Presupuestos Generales del Estado contendrán una consignación anual para la dotación de los
jueces de paz, otras atenciones de personal judicial a que den lugar los preceptos de esta Ley
y demás exigencias de la Administración de Justicia.
** Modificado por art. único.111 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 404 bis.
De conformidad con el principio de supremacía jurisdiccional que se recoge en el artículo
123 de la Constitución y de acuerdo con el carácter de magistratura de ejercicio contemplado en
la presente Ley, las remuneraciones de los Magistrados del Tribunal Supremo se establecerán en
cuantía similar a las de los titulares de otros altos órganos constitucionales, atendiendo a la
naturaleza de sus funciones.
** Añadido por art. 5.8 de Ley Orgánica núm. 5/1997
TÍTULO III.
De la responsabilidad de los Jueces y Magistrados
Artículo 405.
La responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos o faltas cometidos
en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigirá conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 406.
El juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podrá incoarse por providencia
del Tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del perjudicado u ofendido,
o mediante el ejercicio de la acción popular.
Artículo 407.
Cuando el Tribunal Supremo, por razón de los pleitos o causas de que conozca o por
cualquier otro medio, tuviere noticia de algún acto de Jueces o Magistrados realizado en el ejercicio
de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicará, oyendo previamente al Ministerio
Fiscal, al Tribunal competente, a los efectos de incoación de la causa. Lo mismo harán, en su caso,
los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias.
Artículo 408.
Cuando otras Autoridades Judiciales tuvieren conocimiento, a través de las actuaciones
en que intervinieren, de la posible comisión de un delito o falta por un Juez o Magistrado en el
ejercicio de su cargo, lo comunicarán al Juez o Tribunal competente, oído el Ministerio Fiscal,
con remisión de los antecedentes necesarios.
Artículo 409.
Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro órgano o autoridad
del Estado o de una Comunidad Autónoma considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio
de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 406.
Artículo 410.
En el caso de que alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese interés
en él, formulasen querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, con
carácter previo a la admisión de ésta el órgano competente para su instrucción podrá recabar los
antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia competencia así como la relevancia
penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación.CAPITULO II.De la responsabilidad
civil
** Añadido por art. único.112 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
** Añadido por art. único.112 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 411.
Los Jueces y Magistrados responderán civilmente por los daños y perjuicios que causaren
cuando, en el desempeño de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa.
Artículo 412.
La responsabilidad civil podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus
causahabientes, en el juicio que corresponda.
Artículo 413.
1. La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse hasta que sea firme
la resolución que ponga fin al proceso en que se suponga producido el agravio, ni por quien
no haya reclamado oportunamente en el mismo, pudiendo hacerlo.
2. En ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil
alterará la resolución firme recaída en el proceso. CAPITULO III. De la responsabilidad disciplinaria
Artículo 414.
Los Jueces y Magistrados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos
y con las garantías establecidas en esta Ley.
Artículo 415.
1. La responsabilidad disciplinaria sólo podrá exigirse por la autoridad competente,
mediante el procedimiento establecido en este capítulo.
2. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación
de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste
hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal. En
todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al
procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario,
sin perjuicio de distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y otra vía.
3. Sólo podrán recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando
no hubiere identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico protegido.
** Modificado por art. 7.1 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 416.
1. Las faltas cometidas por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus cargos
podrán ser muy graves, graves y leves.
2. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves
en el plazo previsto en el Código Penal para la prescripción de las faltas. El plazo de prescripción
comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto
en el artículo 417.5, el plazo de prescripción se iniciará a partir de la firmeza de la sentencia
que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.
3. La prescripción se interrumpirá desde la fecha de notificación del acuerdo de
iniciación del procedimiento disciplinario o, en su caso, de las diligencias informativas relacionadas
con la conducta investigada del Juez o Magistrado. El plazo de prescripción vuelve a correr
si las diligencias o el procedimiento permanecen paralizados durante seis meses por causa no
imputable al Juez o Magistrado sujeto al expediente disciplinario.
** Modificado por art. 7.2 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 417.
Son faltas muy graves:
1. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido
en el artículo 5.1 de esta Ley, cuando así se apreciare en sentencia firme.
2. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o
cargos a su servicio.
3. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la
circunscripción en que el juez o magistrado desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio
de la función jurisdiccional.
4. La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio
de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado.
5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración
de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme
al artículo 411 de esta Ley.
6. El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de
juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de esta Ley, salvo las que puedan constituir
falta grave con arreglo a lo dispuesto en el artículo 418.14 de la misma.
7. Provocar el propio nombramiento para juzgados y tribunales cuando concurra en
el nombrado alguna de las situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos
391 a 393 de esta Ley, o mantenerse en el desempeño del cargo en dichos órganos sin poner en
conocimiento del Consejo General del Poder Judicial las circunstancias necesarias para proceder
al traslado forzoso previsto en el artículo 394 .
8. La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna
de las causas legalmente previstas.
9. La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación
o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales.
10. El abandono de servicio o la ausencia injustificada y continuada, por siete
días naturales o más, de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.
11. Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones,
declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas.
12. La revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio
de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un
proceso o a cualquier persona.
13. El abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado
de autoridades, funcionarios o profesionales.
14. La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.
15. La absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales
que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme.
Si la resolución inmotivada no fuese recurrible, será requisito para proceder la denuncia de
quien fue parte en el procedimiento.
16. La comisión de una falta grave cuando el juez o magistrado hubiere sido anteriormente
sancionado por otras dos graves, que hayan adquirido firmeza, sin que hubieran sido canceladas
o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en
el artículo 427 de esta Ley.
** Modificado por art. único.113 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 418.
Son faltas graves:
1. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia,
en escrito que se les dirija o con publicidad.
2. Interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la
actividad jurisdiccional de otro juez o magistrado.
3. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales
felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta
condición.
4. Corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por
los inferiores en el orden jurisdiccional, salvo cuando actúen en el ejercicio de la jurisdicción.
5. El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los
ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio
de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores,
graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial.
6. La utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o
improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de
vista del razonamiento jurídico. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá
previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien
dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso.
7. Dejar de promover la exigencia de responsabilidad disciplinaria que proceda
a los secretarios y personal auxiliar subordinado, cuando conocieren o debieren conocer el
incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les corresponden.
8. Revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial establecidos,
hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta cuando
no constituya la falta muy grave del apartado 12 del artículo 417 de esta Ley.
9. El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por más de
tres días naturales y menos de siete de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado
se halle destinado.
10. El incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública
y la inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública que estuvieren
señalados, cuando no constituya falta muy grave.
11. El retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos
o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye
falta muy grave.
12. El incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que en el ejercicio
de sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente
del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o
Salas de Gobierno, o la obstaculización de sus funciones inspectoras.
13. El incumplimiento de la obligación de elaborar alarde o relación de asuntos
pendientes en el supuesto establecido en el apartado 3 artículo 317 de esta Ley.
14. El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a
que se refiere el artículo 389.5º de esta Ley, sin obtener cuando esté prevista la pertinente
autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
15. La abstención injustificada, cuando así sea declarada por la Sala de Gobierno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.3 de esta Ley.
16. Adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos
del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el Consejo General
del Poder Judicial.
17. Obstaculizar las labores de inspección.
18. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente
por resolución firme por otras dos leves sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación
de las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 427 .
** Modificado por art. único.114 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 419.
Son faltas leves:
1. La falta de respeto a los superiores jerárquicos cuando no concurran las circunstancias
que calificarían la conducta de falta grave.
2. La desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico,
con los ciudadanos, los miembros del Ministerio Fiscal, médicos forenses, abogados y procuradores,
graduados sociales, con los secretarios o demás personal que preste servicios en la Oficina
judicial, o con los funcionarios de la Policía Judicial.
3. El incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos
para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado.
4. La ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de
cuatro de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.
5. La desatención a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias
realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno.
** Modificado por art. único.115 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 420.
1. Las sanciones que se pueden imponer a Jueces y Magistrados por faltas cometidas
en el ejercicio de sus cargos son:
a) Advertencia.
b) Multa de hasta 6.000 euros.
** APDO. 1 b) modificado por art. único.116 de Ley Orgánica núm. 19/2003
c) Traslado forzoso a Juzgado o Tribunal con sede separada al menos, en cien
kilómetros de aquella en que estuviera destinado.
d) Suspensión de hasta tres años.
e) Separación. El Juez o Magistrado sancionado con traslado forzoso no podrá
concursar en el plazo de uno a tres años. La duración de la prohibición de concursar habrá
de determinarse necesariamente en la resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta cincuenta
mil pesetas o con ambas; las graves con multa de cincuenta mil una a quinientas mil pesetas,
y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación.
3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las
impuestas por faltas graves al año, y por faltas leves en el plazo previsto en el Código Penal
para la prescripción de las faltas. Dichos plazos de prescripción comenzarán a computarse desde
el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impusieron las
sanciones.
** Modificado por art. 7.6 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 421.
1. Serán competentes para la imposición de sanciones:
a) Para la sanción de advertencia, el Presidente del Tribunal Supremo, de la
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, a los jueces y magistrados
dependientes de los mismos.
b) Para la sanción de multa o de advertencia y multa correspondiente a faltas
leves, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales
Superiores de Justicia respecto a los jueces y magistrados dependientes de cada una de
ellas.
c) Para las sanciones correspondientes a faltas graves, la Comisión Disciplinaria
del Consejo General del Poder Judicial.
d) Para las muy graves, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a
propuesta de la Comisión Disciplinaria.
2. No obstante, los órganos a que hacen referencia las anteriores reglas pueden
imponer sanciones de menor gravedad que las que tienen ordinariamente atribuidas si, al examinar
un expediente que inicialmente está atribuido a su competencia, resulta que los hechos objeto
del mismo merecen un inferior reproche disciplinario.
3. En la imposición de sanciones por las autoridades y órganos competentes deberá
observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicada.
** Modificado por art. único.117 de Ley Orgánica núm. 19/2003,
Artículo 422.
1. La sanción de advertencia se impondrá sin más trámite que la audiencia del interesado,
previa una información sumaria. Contra la resolución que recaiga sobre dicha clase de sanción
podrá interponer el sancionado con carácter potestativo, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa,
recurso administrativo y el denunciante, en su caso, acudir a la vía contencioso-administrativa
de acuerdo con las normas de legitimación establecidas en la ley reguladora de la expresada
jurisdicción .
2. Las restantes sanciones deberán ser impuestas por el procedimiento establecido
en los artículos siguientes.
3. Las sanciones a que alude el artículo 421.1, d) de esta Ley se impondrán por
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión Disciplinaria y
previa audiencia del juez o magistrado contra el que se dirija el expediente, que podrá alegar
y presentar los documentos que estime pertinentes en un plazo no inferior a 10 días ni superior
a quince si la propuesta se separase de la formulada por el instructor.
** Modificado por art. único.118 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 423.
1. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites,
y se iniciará, por acuerdo de la Sala de Gobierno o Presidente que corresponda o, en su caso,
de la Comisión Disciplinaria o del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, bien por propia
iniciativa, como consecuencia de orden o petición razonada de distinto órgano, o de denuncia.
También se iniciará a instancia del Ministerio Fiscal.
2. Toda denuncia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en general
y de la actuación de los jueces y magistrados en particular será objeto, en el plazo de un
mes, de informe del Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial,
en el que se podrá proponer el archivo de plano, la apertura de diligencias informativas o
la incoación directa de expediente disciplinario.
3. La resolución motivada que dicte la Sala de Gobierno o la Comisión Disciplinaria
sobre la iniciación del expediente se notificará al denunciante, que no podrá impugnarla en
vía administrativa, sin perjuicio de la legitimación que ostente como interesado en la vía
jurisdiccional. Si se incoare expediente disciplinario se notificarán al denunciante las resoluciones
que recaigan y podrá formular alegaciones, pero no recurrir la decisión del expediente en vía
administrativa, sin perjuicio de la legitimación que ostente como interesado en la vía jurisdiccional.
4. En el acuerdo que mande iniciar el procedimiento se designará un instructor
delegado de igual categoría, al menos, a la de aquel contra el que se dirija el procedimiento.
A propuesta del instructor delegado se designará un secretario.
** Modificado por art. único.119 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 424.
1. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por propia
iniciativa, oído el instructor delegado o a propuesta de éste, previa audiencia del juez o
magistrado contra el que se dirija el expediente y del Ministerio Fiscal, en un plazo común
no superior a cinco días, podrá acordar cautelarmente la suspensión provisional del expedientado
por un período máximo de seis meses, cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de
una falta muy grave.
2. Contra el acuerdo a que se refiere el número anterior, el interesado podrá interponer
recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en los términos establecidos
en los artículos 142 y 143 de esta Ley.
** Modificado por art. único.120 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 425.
1. El instructor delegado practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias
para la determinación y comprobación de los hechos y responsabilidades susceptibles de sanción,
con intervención del Ministerio Fiscal y del interesado, que podrá valerse de abogado desde
el inicio del expediente.
2. A la vista de las pruebas y actuaciones practicadas, el instructor delegado
formulará, si procediere, pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos impugnados con
expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser
de aplicación. El pliego de cargos se notificará al interesado para que, en el plazo de ocho
días, pueda contestarlo y proponer la prueba que precise, cuya pertinencia será calificada
por el instructor delegado.
3. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, y practicadas, en
su caso, las pruebas propuestas por el interesado, el instructor delegado, previa audiencia
del Ministerio Fiscal, formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los
hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la sanción que estime procedente.
Dicha propuesta de resolución se notificará al interesado para que, en el plazo de ocho días,
alegue lo que a su derecho convenga.
4. Evacuado el referido trámite, o transcurrido el plazo para ello, se remitirá
lo actuado a la autoridad que hubiere ordenado la iniciación del procedimiento para la decisión
que proceda. Cuando esta autoridad entienda procedente una sanción de mayor gravedad que las
que están dentro de su competencia, elevará el procedimiento, con su propuesta, a la que sea
competente.
5. Podrán las autoridades competentes devolver el expediente al instructor delegado
para que comprenda otros hechos en el pliego de cargos, complete la instrucción o someta al
interesado una propuesta de resolución que incluya una calificación jurídica de mayor gravedad.
6. La duración del procedimiento sancionador no excederá de seis meses. Cuando,
por razones excepcionales, se prolongase por mayor plazo, el instructor delegado deberá dar
cuenta cada diez días del estado de su tramitación y de las circunstancias que impiden su conclusión
a la autoridad que hubiere mandado proceder.
7. La resolución que ponga término al procedimiento disciplinario será motivada
y en ella no se podrán contemplar hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta
de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica siempre que no sea de mayor
gravedad.
8. La resolución que recaiga deberá ser notificada al interesado y al Ministerio
Fiscal, quienes si el acuerdo procede de la Sala de Gobierno o de la Comisión Disciplinaria
podrán interponer contra él recurso potestativo en vía administrativa, sin perjuicio de los
que legalmente procedan en vía jurisdiccional. Asimismo se notificará al denunciante, si lo
hubiere, quien únicamente podrá recurrir, en su caso, en vía contencioso-administrativa. Las
asociaciones de Jueces y Magistrados estarán también legitimadas para interponer, en nombre
de sus asociados, recurso contencioso-administrativo, siempre que se acredite la expresa autorización
de éstos.
9. La resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa,
aun cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el Tribunal
acuerde su suspensión.
** Modificado por art. 7.11 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Artículo 425 bis.
1. Las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artículos
28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común serán de aplicación al instructor delegado y al secretario del expediente
disciplinario.
2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado
tenga conocimiento formal de la identidad del instructor delegado y del secretario.
3. La abstención y recusación se plantearán ante el órgano que acordó el nombramiento,
el cual, tras oír al instructor delegado o al secretario, resolverá en el término de tres días.
4. Contra los acuerdos adoptados en materia de abstención y recusación no procederá
recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado pueda alegar la recusación en el escrito
de interposición del correspondiente recurso que se interponga contra el acuerdo que ponga
fin al procedimiento disciplinario.
** Añadido por art. único.121 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 426.
1. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el expediente personal del interesado,
con expresión de los hechos imputados.
2. La Autoridad que las impusiere cuidará de que se cumpla lo anterior.
Artículo 427.
1. La anotación de la sanción de advertencia quedará cancelada por el transcurso
del plazo de seis meses desde que adquirió firmeza, si durante ese tiempo no hubiere dado lugar
el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.
2. La anotación de las restantes sanciones, con excepción de la de separación,
podrá cancelarse, a instancia del interesado y oído el Ministerio Fiscal, cuando hayan transcurrido
al menos uno, dos o cuatro años desde la imposición firme de la sanción, según que se trate
de falta leve, grave o muy grave, y durante este tiempo no hubiere dado lugar el sancionado
a nuevo procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.
3. La cancelación borrará el antecedente a todos los efectos.
TÍTULO IV.
De los jueces en régimen de provisión temporal
Artículo 428.
1. Podrán cubrirse en régimen de provisión temporal las vacantes de Jueces que
resulten desiertas en los concursos, y hasta tanto se cubran por los procedimientos ordinarios.
2. En las convocatorias de oposiciones habrán de incluirse todas las plazas vacantes,
incluidas las servidas por Jueces de provisión temporal. Estas últimas deberán anunciarse en
los concursos de traslado al menos una vez al año.
Artículo 429.
Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ponderarán si los órganos
jurisdiccionales vacantes pueden ser servidos adecuadamente mediante sustitución, prórrogas de
jurisdicción o comisiones de servicio, o si éstos son insuficientes para asegurar su regular funcionamiento.
En este supuesto, elevarán al Consejo General del Poder Judicial una relación de los Juzgados que
exijan su provisión temporal inmediata, en unión de un informe razonado que lo justifique.
Artículo 430.
El Consejo General, valorando dicho informe y todos los antecedentes de que disponga
o estime necesario recabar, decidirá si procede o no utilizar la aplicación del régimen extraordinario
de provisión regulado en este Título, comunicando su decisión a la Sala de Gobierno correspondiente.
Artículo 431.
1. Cuando se autorizare este régimen de provisión, la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia anunciará concurso de todas las vacantes a cubrir por este medio dentro
de la Comunidad Autónoma, en el que sólo podrán tomar parte aquellos licenciados en Derecho
que soliciten una, varias o todas las plazas convocadas y que reúnan los demás requisitos exigidos
para el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad. No
podrá ser propuesto ni actuar como Juez en régimen de provisión temporal quien haya alcanzado
la edad de setenta y dos años.
** APDO. 1 modificado por art. 4.14 de Ley Orgánica núm. 16/1994
2. Tendrán preferencia aquellos en quienes concurran más méritos de acuerdo al
baremo siguiente, siempre que no concurran otras circunstancias que comporten su falta de idoneidad:
a) Los que ostenten el título de Doctor en Derecho.
b) Los que hayan ejercido funciones judiciales, de Secretarios Judiciales o
de sustitución en la Carrera Fiscal con aptitud demostrada o ejercido otras profesiones
jurídicas.
c) Los que hubieran aprobado oposiciones para el desempeño de puestos de trabajo
en cualquier Administración Pública en las que se exija el título de licenciado en Derecho.
d) Los que acrediten docencia universitaria de disciplina jurídica.
e) Los que tengan mejor expediente académico.
f) En las Comunidades Autónomas con derecho o con lengua y derecho propios
su conocimiento se considerará como mérito. Los anteriores méritos serán valorados de forma
que ninguno de ellos, por sí solo, pueda superar la valoración conjunta de otros dos.
** APDO. 2 modificado por art. 4.14 de Ley Orgánica núm. 16/1994
3. De los nombramientos efectuados se dará cuenta al Consejo General, que los dejará
sin efecto si no se ajustaren a la ley.
Artículo 432
1. Los nombrados Jueces con carácter temporal quedarán sujetos, durante el tiempo
en que desempeñaren dichos cargos, al estatuto jurídico de los miembros de la Carrera Judicial
y tendrán derecho a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se señalen por el Gobierno
dentro de las previsiones presupuestarias.
** APDO. 1 modificado por art. 4.15 de Ley Orgánica núm. 16/1994
2. Los nombramientos se harán por un año, que podrá prorrogarse por otro más, con
arreglo al mismo procedimiento, salvo lo previsto en la letra e) del apartado 1 del artículo
siguiente.
Artículo 433.
1. Quienes ocuparen plazas judiciales en régimen de provisión temporal cesarán:
a) Por transcurso de plazo para el que fueron nombrados.
b) Por dimisión, aceptada por la Sala de Gobierno que los nombró.
c) Por cumplir la edad de setenta y dos años.
d) Por decisión de dicha Sala, cuando incurrieren en alguna de las causas de
incapacidad, incompatibilidad o prohibición establecida en esta Ley, previa una sumaria
información con audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal.
e) Por acuerdo de aquélla, cuando se advirtiere en ellos falta de aptitud o
idoneidad para el ejercicio de cargo y cuando dejaren de atender diligentemente los deberes
de éste con las mismas garantías en cuanto a procedimiento establecidas en la letra anterior.
f) Cuando fuere nombrado un Juez titular para la plaza servida en régimen de
provisión temporal.
** APDO. 1 modificado por art. 4.16 de Ley Orgánica núm. 16/1994
2. Los ceses, cualquiera que fuere la causa que los determine, se comunicarán al
Consejo General del Poder Judicial.
TÍTULO V.
De la formación continua de los jueces y magistrados
** Añadido en cuanto que el anterior Título V ha pasado a ser el nuevo Título
VI, por art. único.122 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 433 bis.
1. El Consejo General del Poder Judicial garantizará que todos los Jueces y Magistrados
reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de alta calidad durante
toda su carrera profesional.
2. El Consejo General del Poder Judicial establecerá reglamentariamente un Plan
de Formación Continuada de la Carrera Judicial en el que se detallarán los objetivos, contenidos,
prioridades formativas y la programación plurianual de estas actuaciones.
3. Cada miembro de la Carrera Judicial contará con un Plan Especializado en Formación
Continuada mediante el cual se programarán de forma individualizada, en períodos de cinco años,
los objetivos formativos, garantizándose la plena adaptación a las innovaciones jurídicas con
incidencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El cumplimiento de los objetivos
del Plan Especializado de Formación de cada uno de los jueces y magistrados será evaluado por
el Consejo General del Poder Judicial en la forma reglamentariamente establecida, a efectos
de ascensos y promoción profesional.
4. La Escuela Judicial desarrollará los programas e impartirá los cursos de formación
que integren el Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial, pudiendo, por ello, celebrar
actividades formativas de manera descentralizada, en el ámbito autonómico o provincial, y mediante
colaboración, en su caso, con entidades y organismos expertos en la impartición de la formación
de que se trate.
5. El Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial contemplará la formación
de los Jueces y Magistrados en el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva
de género. La Escuela Judicial impartirá anualmente cursos de formación sobre la tutela jurisdiccional
del principio de igualdad entre mujeres y hombres y la violencia de género.
**APDO. 5 añadido por disp. adic. 3.15 de Ley Orgánica núm. 3/2007
**Añadido por art. único.122 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO VI.
Del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia
** Renumerado por art. único.122 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 434.
1. El Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia es una entidad
de Derecho público con personalidad jurídica propia dependiente del Ministerio de Justicia.
2. Tendrá como función la colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección,
formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, del Secretariado y demás
personal al servicio de la Administración de Justicia. El Centro de Estudios Jurídicos impartirá
anualmente cursos de formación sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su
aplicación con carácter transversal por los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Secretarios
y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección
y el tratamiento de situaciones de violencia de género. Ap. 2 párr. 2º añadido por disp. adic.
3.16 de Ley Orgánica núm. 3/2007
3. Reglamentariamente se establecerá la organización del Centro y designación del
personal directivo. Asimismo, se establecerán las relaciones permanentes del Centro con los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
** Modificado por art. 1.15 de Ley Orgánica núm. 16/1994
LIBRO V.
De los secretarios judiciales y de la oficina judicial
** Sustituido por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO I.
Régimen de organización y funcionamiento de la administración al servicio de jueces y tribunales
** Sustituido por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Añadido por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 435.
1. La Oficina judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de
soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.
2. La estructura básica de la Oficina judicial, que será homogénea en todo el territorio
nacional como consecuencia del carácter único del Poder al que sirve, estará basada en los
principios de jerarquía, división de funciones y coordinación.
3. La Oficina judicial funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia,
racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre
Administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad, con
respeto a los principios recogidos en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia.
4. Los puestos de trabajo de la Oficina judicial sólo podrán ser cubiertos por
personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y se
ordenarán de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 436.
1. El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será
la unidad, que comprenderá los puestos de trabajo de la misma, vinculados funcionalmente por
razón de sus cometidos.
2. En atención a sus funciones se distinguirán dos tipos de unidades: unidades
procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. La actividad principal de estas
unidades viene determinada por la aplicación de normas procesales.
3. El diseño de la Oficina judicial será flexible. Su dimensión y organización
se determinarán, por la Administración pública competente, en función de la actividad que en
la misma se desarrolle.
4. La Oficina judicial podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito nacional, de
Comunidad Autónoma, provincial, de partido judicial o de municipio, extendiéndose su ámbito
competencial al de los órganos a los que presta su apoyo. Su ámbito competencial también podrá
ser comarcal.
5. Las unidades que componen la Oficina judicial podrán desempeñar sus funciones
al servicio de órganos de una misma jurisdicción, de varias jurisdicciones o a órganos especializados,
sin que, en ningún caso, el ámbito de la Oficina judicial, pueda modificar el número y composición
de los órganos judiciales que constituyen la planta judicial ni la circunscripción territorial
de los mismos establecida por la Ley.
6. Los jueces y magistrados, en las causas cuyo conocimiento tengan atribuido,
podrán requerir en todo momento al funcionario responsable cuanta información consideren necesaria.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 437.
1. A los efectos de esta Ley orgánica se entiende por unidad procesal de apoyo
directo aquella unidad de la Oficina judicial que directamente asiste a jueces y magistrados
en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias
para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten.
2. Existirán tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados, o en su
caso, salas o secciones de tribunales estén creados y en funcionamiento, integrando junto a
sus titulares el respectivo órgano judicial.
3. Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un secretario judicial
que ejercerá las competencias y funciones que le son propias. Por motivos de racionalización
del servicio, un mismo secretario judicial podrá actuar en más de una de estas unidades.
4. Cada unidad contará, además, con los puestos de trabajo necesarios para la atención
del órgano de que se trate, de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezca, que se
determinarán en las respectivas relaciones de puestos de trabajo.
5. El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial
y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, determinará las dotaciones básicas
de estas unidades procesales de apoyo directo, que garantizarán, en todo caso, el correcto
funcionamiento del órgano jurisdiccional.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 438.
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por servicio común procesal, toda aquella
unidad de la Oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume
labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las Leyes
procesales.
2. Prestarán su apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito
territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de
su jurisdicción.
3. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios
serán competentes para el diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales,
con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de
resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria. Las Salas de gobierno y las Juntas de jueces
podrán solicitar al Ministerio y a las Comunidades Autónomas la creación de servicios comunes,
conforme a las específicas necesidades. Asimismo, podrán crear servicios comunes procesales
que asuman la ordenación del procedimiento u otras funciones distintas a las relacionadas en
este número, en cuyo caso, será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder
Judicial.
4. En razón de la actividad concreta que realicen, los servicios comunes procesales,
podrán estructurarse en secciones, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo
y éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, en equipos.
5. Al frente de cada servicio común procesal constituido en el seno de la Oficina
judicial habrá un secretario judicial, de quien dependerán funcionalmente el resto de los secretarios
judiciales y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio de
que se trate y que, en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a las funciones que tiene
asignado el mismo. En aquellos partidos judiciales en que el escaso número de órganos judiciales
lo aconseje, el mismo Secretario Judicial de la unidad procesal de apoyo directo podrá estar
al frente de los servicios comunes procesales que se constituyan con las funciones relacionadas
en el apartado 3 de este artículo.
** APDO. 5 párr. 2º añadido por art. 1.15 de Ley Orgánica núm. 1/2009
6. El secretario judicial que dirija un servicio común procesal deberá hacer cumplir,
en el ámbito organizativo y funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciba
de sus superiores jerárquicos. En el ámbito jurisdiccional, responderán del estricto cumplimiento
de cuantas actuaciones o decisiones adopten jueces o tribunales en el ejercicio de sus competencias.
7. El Consejo General del Poder Judicial podrá establecer criterios generales que
permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma
clase en todo el territorio nacional que, en ningún caso, podrán incidir en el ejercicio de
la función jurisdiccional o en las competencias de las Administraciones públicas en el ámbito
de la Administración de Justicia. CAPITULO II. De las unidades administrativas
** Añadido por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 439.
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por unidad administrativa aquella que,
sin estar integrada en la Oficina judicial, se constituye en el ámbito de la organización de
la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos
de la Oficina judicial sobre los que se tienen competencias, así como sobre los medios informáticos,
nuevas tecnologías y demás medios materiales. Asimismo, dentro de dichas unidades, el Ministerio
de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos, podrán establecer oficinas
comunes de apoyo a una o varias oficinas judiciales, para la prestación de servicios, cuya
naturaleza no exija la realización de funciones encomendadas como propias por esta Ley orgánica
a los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia y que se consideren necesarios
o convenientes para el buen funcionamiento de las mismas.
2. Corresponde a cada Administración en su propio ámbito territorial, el diseño,
la creación y organización de las unidades administrativas necesarias y de las oficinas comunes
de apoyo, la determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se
trate, su ámbito de actuación, dependencia jerárquica, establecimiento de los puestos de trabajo,
así como la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
3. Los puestos de trabajo de estas unidades Administrativas, cuya determinación
corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas,
en sus respectivos ámbitos, podrán ser cubiertos con personal de los Cuerpos de funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia, de la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la respectiva relación de
puestos de trabajo.
4. Los funcionarios que prestan sus servicios en las oficinas judiciales, a excepción
de los Secretarios Judiciales, sin perjuicio de su dependencia funcional, dependen orgánicamente
del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en sus
respectivos ámbitos.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO II.
Del cuerpo de los secretarios judiciales
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Añadido por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 440.
Los secretarios judiciales son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior
Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente
del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 441.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
1. En el Cuerpo de Secretarios Judiciales existirán tres categorías, teniendo lugar
el ingreso en el mismo por la tercera categoría.
2. Todo secretario judicial poseerá una categoría personal. En ningún caso un secretario
judicial de la tercera categoría podrá optar a una plaza de la primera.
3. La consolidación de una categoría personal exige el desempeño de puestos de
trabajo correspondiente a dicha categoría al menos durante cinco años continuados o siete con
interrupción.
4. No se podrá comenzar a consolidar una categoría superior sin previamente haber
consolidado la inferior.
5. La categoría consolidada determina la percepción del sueldo correspondiente
a la misma, con independencia del puesto de trabajo que se desempeñe.
6. A estos efectos, el Ministerio de Justicia establecerá los tres grupos en los
que se clasificarán los puestos de trabajo a desempeñar por los secretarios judiciales.
Artículo 442.
1. Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales serán seleccionados mediante
convocatoria del Ministerio de Justicia, a través de los sistemas de oposición, que será el
sistema ordinario de ingreso, o de concurso-oposición libre, que tendrá carácter excepcional
y en el que las pruebas de conocimiento tendrán un contenido análogo a las de la oposición
libre. Ambos procedimientos deberán garantizar, en todo caso, los principios de igualdad, mérito,
capacidad y también de publicidad, en la forma en que dispone esta Ley orgánica y las disposiciones
reglamentarias que la desarrollen.
2. Se reservará el cincuenta por ciento de las plazas vacantes del Cuerpo de Secretarios
Judiciales para su provisión por promoción interna mediante el sistema de concurso-oposición
por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión procesal y administrativa que lleven,
al menos, dos años de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos se computarán los servicios
prestados en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia del que, en su caso, procedan.
Las restantes vacantes, a las que acrecerán las vacantes que no se cubran por promoción interna,
si las hubiere, se cubrirán en turno libre mediante oposición o, en su caso, concurso-oposición.
3. Para el ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, cualquiera que sea su
forma de acceso, se requiere ser español, licenciado en Derecho, no estar incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad, así como superar las pruebas selectivas que se establezcan
y el correspondiente curso teórico-práctico que podrá tener carácter selectivo.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 443.
1. La condición de secretario judicial se adquiere por el cumplimiento sucesivo
de los siguientes requisitos:
a) Reunir los requisitos y cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria.
b) Superación de los procesos selectivos.
c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el "Boletín
Oficial del Estado".
d) Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental.
e) Tomar posesión dentro del plazo establecido.
2. La condición de secretario judicial se pierde en los siguientes supuestos:
a) Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente
por el Ministerio de Justicia.
b) Por pérdida de la nacionalidad española.
c) Por sanción disciplinaria de separación del servicio.
d) Por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria
por los tribunales cuando la misma sea firme.
e) Por jubilación, sea voluntaria o forzosa, o por incapacidad permanente para
el servicio.
f) Por condena a pena de privativa de libertad superior a tres años por razón
de delito doloso.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 444.
1. Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales tendrán iguales derechos
individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el libro VI de esta Ley orgánica.
2. El régimen establecido en el apartado anterior será aplicable a los secretarios
judiciales sustitutos, en la medida que la naturaleza del derecho lo permita, quedando integrados,
a efectos de Seguridad Social, en el Régimen General de la Seguridad Social.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 445.
1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los secretarios judiciales,
así como su jubilación serán iguales y procederá su declaración en los supuestos y con los
efectos establecidos en esta Ley orgánica para jueces y magistrados.
2. Estarán sujetos a las mismas incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones
con excepción de las previstas en el artículo 395.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 446.
1. Los secretarios judiciales deberán abstenerse en los casos establecidos para
los jueces y magistrados y, si no lo hicieran, podrán ser recusados.
2. La abstención se formulará por escrito motivado dirigido al Juez o Magistrado
si se tratare de una unidad de apoyo directo a un órgano judicial unipersonal, al Presidente
si se tratare de una unidad de apoyo directo a un órgano judicial colegiado o al Juez o Magistrado
que corresponda por turno de reparto si desempeñase sus funciones en un servicio común, quienes
decidirán, respectivamente, la cuestión. En caso de confirmarse la abstención, el Secretario
Judicial que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse,
deberá aquél continuar actuando en el asunto.
** APDO. 2 modificado por art. 1.16 de Ley Orgánica núm. 1/2009
3. Serán aplicables a la recusación de los secretarios las prescripciones que establece
esta Ley para jueces y magistrados con las siguientes excepciones:
a) Los secretarios judiciales no podrán ser recusados durante la práctica de
cualquier diligencia o actuación de que estuvieren encargados.
b) La pieza de recusación se instruirá y resolverá por los mismos jueces o
magistrados competentes para conocer de la abstención.
c) Presentado el escrito de recusación, el secretario judicial recusado informará
detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada.
d) Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusación, el tribunal
dictará auto, sin más trámites y sin ulterior recurso, teniéndolo por recusado, si estima
que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la Ley, declarará
no haber lugar a la recusación. Contra este auto no se dará recurso alguno. Cuando el recusado
niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, se procederá conforme
a lo previsto en el apartado 3 del artículo 225 de esta Ley.
e) El secretario judicial recusado, desde el momento en que sea presentado
el escrito de recusación, será reemplazado por su sustituto legal.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 447.
1. Las retribuciones serán básicas y complementarias.
2. Los conceptos retributivos básicos serán iguales a los establecidos en la Ley
para la Carrera Judicial.
3. Los conceptos retributivos complementarios serán los siguientes:
a) El complemento general de puesto, que retribuye las características generales
de los mismos;
b) El complemento específico, único para cada puesto de trabajo y destinado
a retribuir las condiciones particulares de los mismos;
c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento,
la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe
su trabajo, así como su participación en los programas concretos de actuación y en la consecución
de los objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia, oído el Consejo General
del Poder Judicial, y negociados con las organizaciones sindicales más representativas.
También se podrá retribuir mediante este complemento la participación de los secretarios
judiciales en los programas o en la consecución de los objetivos que se hayan determinado
por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas para
las oficinas judiciales de su territorio, siempre que exista autorización previa del Ministerio
de Justicia. A tal efecto, se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios entre
las Administraciones competentes.
d) Las gratificaciones, destinadas a retribuir los servicios de carácter extraordinario
prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
4. Además de las retribuciones señaladas anteriormente, los secretarios judiciales
podrán percibir las siguientes retribuciones, que tienen la condición de especiales:
a) Las correspondientes a desempeño de servicios de guardia.
b) Las correspondientes a sustituciones que impliquen el desempeño conjunto
de otra función, además de aquellas de las que sea titular. Estas retribuciones serán compatibles
con todos los conceptos retributivos previstos anteriormente.
5. Los secretarios sustitutos no profesionales percibirán las retribuciones correspondientes
al puesto de trabajo desempeñado. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios
prestados que tendrán efectos retributivos conforme a lo establecido en la normativa vigente
para los funcionarios de la Administración General del Estado. Este reconocimiento se efectuará
previa solicitud del interesado.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** APDO. 5 modificado por disp. final 1.3 de Ley Orgánica núm. 13/2007
Artículo 448.
1. La cuantía del sueldo se establecerá para cada una de las categorías en que
se estructura el Cuerpo de Secretarios Judiciales y la antigüedad se remunerará mediante un
incremento sucesivo del cinco por ciento del sueldo inicial correspondiente a la categoría
de ingreso por cada tres años de servicio. En todo caso se respetará la cuantía de los trienios
reconocida a los secretarios judiciales pertenecientes al extinguido Cuerpo de los Secretarios
de Magistratura de Trabajo. Los secretarios judiciales tendrán derecho a percibir dos pagas
extraordinarias al año por importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y antigüedad
y, en su caso, una cantidad proporcional del complemento general de puesto, en los términos
que se fijen por Ley para la Administración de Justicia, que se harán efectivas en los meses
de junio y diciembre, siempre que los perceptores estuvieran en servicio activo o con derecho
a devengo del sueldo el día primero de los meses indicados.
2. La cuantía de las retribuciones básicas y de los complementos generales de puesto
vendrá determinada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.
3. Por el Gobierno, mediante real decreto, a propuesta conjunta de los Ministros
de Justicia y Hacienda, se determinarán los diferentes tipos de puestos adscritos a los secretarios
judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial de los complementos
específicos que correspondan y las retribuciones que procedan por sustituciones que impliquen
el desempeño conjunto de otra función.
4. La concreción de la cuantía individual del complemento de productividad y la
determinación del número de funcionarios con derecho a su percepción, se llevarán a cabo mediante
resolución del Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales
más representativas.
5. Mediante orden ministerial, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia
y de Hacienda, previa negociación con las organizaciones sindicales, se procederá a la determinación
de la remuneración por servicio de guardia.
6. La asignación individual de la cuantía de las gratificaciones y la fijación
de los criterios para su percepción se determinarán por resolución del Ministerio de Justicia.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 449.
1. Los funcionarios que se encuentren en período de prácticas o desarrollando cursos
selectivos a los que se refiere el artículo 485 serán nombrados funcionarios en prácticas y
percibirán una retribución equivalente al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes
al Cuerpo de Secretarios Judiciales de la tercera categoría.
2. Los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados
en la Administración de Justicia, durante el período de prácticas no podrán percibir remuneración
alguna por el puesto de trabajo de origen y podrán optar por una remuneración de igual importe
a la que les correspondía en el puesto de trabajo de origen o por la que les corresponda como
funcionario en prácticas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Si las prácticas se realizasen desempeñando un puesto de trabajo, el importe
señalado en el apartado primero se incrementará en las retribuciones complementarias de dicho
puesto.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 450.
1. La provisión de puestos de trabajo se llevará a cabo por el procedimiento de
concurso, que será el sistema ordinario de provisión. Cuando se trate de puestos de carácter
directivo o de especial responsabilidad, podrán cubrirse por el procedimiento de libre designación.
El nombramiento de secretarios judiciales para puestos de trabajo radicados en el ámbito territorial
de una Comunidad Autónoma con competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento,
requerirá el informe previo del órgano competente de dicha comunidad. En todo caso, el sistema
de provisión deberá estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
2. Excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran, los puestos
de trabajo también podrán cubrirse de forma temporal mediante adscripción provisional o en
comisión de servicios.
3. Reglamentariamente se establecerán las normas y requisitos a los que habrán
de ajustarse los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. En todo caso, para poder
concursar deberá haber transcurrido un período mínimo de dos años, a contar desde la fecha
de la resolución por la que se convocó el concurso de traslados en el que el funcionario obtuvo
su último destino definitivo, desde el que participa, o desde la fecha de la resolución en
la que se le adjudicó destino definitivo, si se trata de funcionarios de nuevo ingreso. Los
secretarios judiciales que no tengan destino definitivo, obligados a participar en los concursos
de acuerdo con la normativa vigente, están excluidos de esta limitación temporal.
4. En aquellas Comunidades Autónomas que gocen de derecho civil, foral o especial,
y de idioma oficial propios, el conocimiento de los mismos se valorará como mérito.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 451.
1. Las sustituciones por ausencia, enfermedad, suspensión o vacante de secretarios
judiciales serán cubiertas por quien designe su inmediato superior jerárquico.
2. Esta designación únicamente podrá recaer en otro secretario judicial o en un
secretario judicial sustituto, quien ejercerá las funciones previstas en esta Ley orgánica
para los secretarios judiciales aun sin pertenecer a dicho cuerpo, sin carácter de profesionalidad
y con inamovilidad temporal, ostentando los mismos derechos y deberes que su titular y con
idéntica amplitud que éste. En este segundo caso, el Ministerio de Justicia determinará los
requisitos y procedimiento para su nombramiento y cese.
3. Excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente número de secretarios judiciales,
en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un único órgano
judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simultánea, podrán los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en sustitución del secretario
judicial, intervenir en calidad de fedatarios y levantar la correspondiente acta. CAPITULO
II. De las funciones de los secretarios judiciales
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Añadido por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 452.
1. Los secretarios judiciales desempeñarán sus funciones con sujeción al principio
de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio
de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas
las demás que les encomienden esta Ley y las normas de procedimiento respectivo, así como su
reglamento orgánico. Las funciones de los secretarios judiciales no serán objeto de delegación
ni de habilitación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 451.3 .
2. En el ejercicio de sus funciones, los secretarios judiciales cumplirán y velarán
por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los jueces o tribunales en el ámbito
de sus competencias.
3. Los secretarios judiciales colaborarán con las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas para la efectividad de las funciones que éstas ostentan en materia de medios personales
y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores
jerárquicos. Para una mejor coordinación podrán constituirse Comisiones Mixtas de Secretarios
Judiciales y representantes de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus
respectivos ámbitos territoriales.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 453.
1. Corresponde a los Secretarios Judiciales, con exclusividad y plenitud, el ejercicio
de la fe pública judicial. En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de
la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos
con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias. Cuando se utilicen medios
técnicos de grabación o reproducción, las vistas se podrán desarrollar sin la intervención
del Secretario Judicial, en los términos previstos en la Ley. En todo caso, el Secretario Judicial
garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido.
**APDO. 1 modificado por art. 1.17 de Ley Orgánica núm. 1/2009,
2. Los secretarios judiciales expedirán certificaciones o testimonios de las actuaciones
judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario
y el fin para el cual se solicitan.
3. Autorizarán y documentarán el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos
establecidos en las Leyes procesales.
4. En el ejercicio de esta función no precisarán de la intervención adicional de
testigos.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 454.
1. Los secretarios judiciales son responsables de la función de documentación que
les es propia, así como de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las
resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando así lo autorice la
Ley.
2. Los secretarios judiciales ejercerán competencias de organización, gestión,
inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, asegurando en todo caso
la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial y con las Comunidades Autónomas
con competencias transferidas.
3. Garantizarán que el reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas
que a tal efecto aprueben las Salas de Gobierno de los Tribunales de Justicia y serán responsables
del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos, expidiendo en su caso las
certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes.
4. Facilitarán a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un
interés legítimo y directo, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones
judiciales no declaradas secretas ni reservadas.
5. Promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de
documentación con que cuente la unidad donde prestan sus servicios.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 455.
Será responsabilidad del secretario judicial la dación de cuenta, que se realizará
en los términos establecidos en las Leyes procesales.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 456.
1. El secretario judicial impulsará el proceso en los términos que establecen las
Leyes procesales.
2. A tal efecto, dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso,
salvo aquellas que las Leyes procesales reserven a jueces o tribunales. Estas resoluciones
se denominarán diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o
de ejecución. Las diligencias de ordenación serán recurribles ante el juez o el ponente, en
los casos y formas previstos en las Leyes procesales.
3. Los secretarios judiciales cuando así lo prevean las Leyes procesales tendrán
competencias en las siguientes materias:
a) La ejecución salvo aquellas competencias que exceptúen las Leyes procesales
por estar reservadas a jueces y magistrados.
b) Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio
de los recursos que quepa interponer.
c) Conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.
d) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.
4. Se llamará decreto a la resolución que dicte el secretario judicial con el fin
de poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea
preciso o conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados
y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 457.
Los secretarios judiciales dirigirán en el aspecto técnico-procesal al personal integrante
de la Oficina judicial, ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones que estime
pertinentes en el ejercicio de esta función.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 458.
1. Los secretarios judiciales serán responsables del Archivo Judicial de Gestión,
en el que, de conformidad con la normativa establecida al efecto, se conservarán y custodiarán
aquellos autos y expedientes cuya tramitación no esté finalizada, salvo el tiempo en que estuvieren
en poder del juez o del magistrado ponente u otros magistrados integrantes del tribunal.
2. Por real decreto se establecerán las normas reguladoras de la ordenación y archivo
de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuación alguna, así como del expurgo
de los archivos judiciales.
3. Corresponde al Ministerio de Justicia la determinación de los libros de registro
que han de existir en los juzgados y tribunales y establecer las normas reguladoras de la llevanza
de los mismos mediante los reglamentos oportunos.
4. El secretario judicial será responsable de la llevanza de los libros de registro
a través de las aplicaciones informáticas correspondientes y, en su defecto, manualmente, impartiendo
las oportunas instrucciones al personal de él dependiente.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 459.
1. Los secretarios judiciales responderán del depósito de los bienes y objetos
afectos a los expedientes judiciales, así como del de las piezas de convicción en las causas
penales, en los locales dispuestos a tal fin. Todo ello, sin perjuicio de las excepciones que
puedan establecerse reglamentariamente en cuanto al destino que deba darse a éstos en supuestos
especiales.
2. Los secretarios judiciales responderán del debido depósito en las instituciones
que se determinen de cuantas cantidades y valores, consignaciones y fianzas se produzcan, siguiendo
las instrucciones que al efecto se dicten.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 460.
Los secretarios judiciales colaborarán con la Administración tributaria en la gestión
de los tributos que les sea encomendada en la normativa específica.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 461.
1. La estadística judicial, que se elaborará conforme a los criterios que se establezcan,
será responsabilidad de los secretarios judiciales. Los Secretarios de Gobierno respectivos
velarán por su cumplimiento contrastando la veracidad de los datos.
2. La Estadística Judicial constituye un instrumento básico al servicio de las
Administraciones públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo
y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular,
para las siguientes finalidades:
a) El ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia.
b) La modernización de la organización judicial.
c) La planificación y gestión de los recursos humanos y medios materiales al
servicio de la Administración de Justicia.
d) El ejercicio de la función de inspección sobre los juzgados y tribunales.
La Estadística Judicial asegurará, en el marco de un plan de transparencia, la disponibilidad
permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades
Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de información
actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de
todos los órganos, servicios y oficinas judiciales de España, así como sobre las características
estadísticas de los asuntos sometidos a su conocimiento. Los ciudadanos tendrán pleno acceso
a la estadística judicial.
3. La Comisión Nacional de Estadística Judicial, integrada por el Ministerio de
Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, aprobará los planes estadísticos,
generales y especiales, de la Administración de Justicia y establecerá criterios uniformes
y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión
y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español. La estructura, composición
y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial será establecida reglamentariamente
por el Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial,
del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas
con competencias en la materia.
4. No obstante, las Administraciones públicas con competencias en materias de Administración
de Justicia podrán llevar a cabo las explotaciones de otros datos estadísticos que puedan ser
recabados a través de los sistemas informáticos, siempre que se consideren necesarias o útiles
para su gestión.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 462.
Los secretarios judiciales asumirán todas aquellas otras funciones que legal y reglamentariamente
se establezcan.CAPITULO III.De la ordenación del Cuerpo de Secretarios
** Añadido por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 463.
1. Bajo la superior dependencia del Ministerio de Justicia el Cuerpo de Secretarios
Judiciales se ordena jerárquicamente en la forma que se determine en las relaciones de puestos
de trabajo. En este sentido, realizarán todas aquellas funciones de naturaleza análoga a las
que les son propias, inherentes al puesto de trabajo que ocupen y que les sean encomendadas
por sus superiores.
2. Los órganos superiores son:
a) El Secretario de Gobierno.
b) El Secretario Coordinador Provincial.
3. Cuando en un servicio común procesal prestaren servicios varios secretarios
judiciales, la relación de puestos de trabajo determinará su dependencia jerárquica y funcional.
4. Como instrumento de participación democrática del colectivo del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, se constituirá un Consejo del Secretariado en el seno del Ministerio de Justicia,
con funciones consultivas en las materias que afecten al mencionado cuerpo. Su organización,
funcionamiento y competencias se desarrollarán reglamentariamente.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 464.
1. Habrá un Secretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional,
y en cada Tribunal Superior de Justicia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla, elegido
entre miembros integrantes del Cuerpo de Secretarios Judiciales que tengan consolidada, al
menos, la categoría segunda con un mínimo de 10 años de antigüedad, que ejercerá además las
funciones de Secretario de la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal.
2. El Secretario de Gobierno ostentará, como superior jerárquico, la dirección
de los secretarios judiciales que prestan sus servicios en las oficinas judiciales dependientes
de dichos Tribunales y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Para ello ejercerá las competencias
que esta Ley orgánica les reconoce, así como todas aquellas que reglamentariamente se establezcan.
3. Será nombrado y removido libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento
se realizará a propuesta del órgano competente de las Comunidades Autónomas cuando éstas tuvieren
competencias asumidas en materia de Administración de Justicia, que también podrán proponer
su cese. En todo caso para su nombramiento se recabará informe de la Sala de Gobierno del Tribunal
respectivo así como del Consejo del Secretariado. Para el de las Ciudades de Ceuta y Melilla
el informe será emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Para el nombramiento del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo y el de la Audiencia Nacional
se requerirá informe favorable de sus respectivas Salas de Gobierno.
4. En caso de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante del Secretario de Gobierno
del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional así como de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
asumirá sus funciones el Secretario de mayor antigüedad escalafonal. En estos mismos supuestos
y respecto al Secretario de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, asumirá sus
funciones el Secretario Coordinador de la provincia en donde tenga su sede el respectivo tribunal
o, en su defecto, el Secretario de mayor antigüedad escalafonal.
5. Los Secretarios de Gobierno que cesaren en su cargo quedarán adscritos al tribunal
en que cesen hasta la consolidación de la plaza correspondiente, o a órgano de su categoría
de la ciudad de procedencia, pudiendo optar con carácter preferente, durante los dos años siguientes,
a cualquier plaza de su categoría de las que deban proveerse por concurso voluntario.
6. Las Administraciones públicas competentes, en sus respectivos territorios, dotarán
a los Secretarios de Gobierno, de los medios materiales y recursos humanos necesarios para
el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 465.
Serán competencias de los Secretarios de Gobierno:
1. La inspección de los servicios que sean responsabilidad de los secretarios judiciales
de su respectivo ámbito competencial, sin perjuicio de la que corresponda al Consejo General
del Poder Judicial, a las Salas de Gobierno o, en su caso, al Presidente del Tribunal o de
la Sala respectivos.
2. La incoación de expedientes disciplinarios por las posibles infracciones que
los secretarios judiciales puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, así como la imposición
de la sanción de apercibimiento.
3. Proponer al Ministerio de Justicia el nombramiento de los secretarios judiciales
de libre designación en su ámbito territorial, que hubiesen participado en la correspondiente
convocatoria, así como su cese cuando éste proceda.
4. Control y seguimiento estadístico.
5. Dirección y organización de los secretarios judiciales que de él dependan, respetando
y tutelando su independencia en el ejercicio de la fe pública.
6. Impartir instrucciones a los secretarios judiciales de su respectivo ámbito
territorial, a solicitud de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, cuando sea
precisa la colaboración de aquéllos para garantizar la efectividad de las funciones que tienen
éstas en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia.
7. Proponer al Ministerio de Justicia, o en su caso a la Comunidad Autónoma con
competencias transferidas, las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para el mejor funcionamiento
de la Administración de Justicia que fueren de su respectiva competencia, comunicando al Ministerio
de Justicia cuantas incidencias afecten a los secretarios judiciales que de él dependan.
8. Cursar circulares e instrucciones de servicio a los secretarios judiciales de
su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el
Ministerio de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo
de la actividad procesal de jueces o magistrados, ni contradecir las decisiones adoptadas por
la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones
particulares relativas a asuntos concretos en los que un secretario judicial intervenga en
calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso.
9. Concesión de permisos y licencias a los secretarios judiciales de su territorio.
10. Las demás previstas en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 466.
1. En cada provincia existirá un Secretario Coordinador, nombrado por el Ministerio
de Justicia por el procedimiento de libre designación, a propuesta del Secretario de Gobierno,
de acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, de entre todos aquellos
que se presenten a la convocatoria pública. Además, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears
habrá un Secretario Coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la Comunidad Autónoma
de Canarias, otro en las islas de Lanzarote y de La Palma. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales,
las funciones del Secretario Coordinador serán asumidas por el Secretario de Gobierno, salvo
en aquellas que, por razón del servicio, sea aconsejable su existencia.
2. Los requisitos y procedimiento para su nombramiento se determinarán en el reglamento
orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, si bien en todo caso deberá contar con al menos
cinco años de antigüedad en la segunda categoría.
3. En casos de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante, será sustituido por
el secretario judicial que designe el Secretario de Gobierno de entre los destinados en su
provincia respectiva, que reúna los requisitos exigidos para su nombramiento.
4. Los secretarios coordinadores que cesaren en su cargo quedarán adscritos a la
Oficina judicial en que cesen hasta la consolidación de la plaza correspondiente, o a órgano
de su categoría de la ciudad de procedencia, pudiendo optar con carácter preferente, durante
los dos años siguientes, a cualquier plaza de su categoría de las que deban proveerse por concurso
voluntario.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 467.
Bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador ejercerá
las siguientes competencias:
1. Dictar instrucciones de servicio a los secretarios judiciales de su ámbito territorial
para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados.
2. Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio
que dicte el Secretario de Gobierno del que dependa.
3. Dar cuenta de forma inmediata al Secretario de Gobierno de cuantos hechos sean
relevantes al buen funcionamiento de la Administración de Justicia, así como de las necesidades
de medios personales y materiales de las secretarías ubicadas en su territorio.
4. Colaborar con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, para la efectividad
de las funciones que éstas ostenten en materia de medios personales y materiales.
5. Coordinar el funcionamiento de cuantos servicios comunes procesales se encuentren
ubicados en su territorio, o en su caso, asumir directamente su dirección cuando exista un
único servicio común procesal provincial.
6. Proponer al Ministerio de Justicia las comisiones de servicio de secretarios
judiciales que, dentro de su territorio, sean precisas para el correcto funcionamiento de las
oficinas judiciales.
7. Resolver las sustituciones de los secretarios judiciales de su ámbito valorando,
en su caso, los requisitos a satisfacer por el sustituto en relación con el puesto que deba
sustituir.
8. Las demás que establezcan las Leyes y su propio reglamento orgánico. CAPITULO
IV. De la responsabilidad disciplinaria
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Añadido por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 468.
1. Los secretarios judiciales estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria,
en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en el libro VI de esta Ley
orgánica para los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
y serán objeto de iguales sanciones.
2. No podrá imponerse sanción por la comisión de una falta grave o muy grave, sino
en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se
establezca en el Reglamento General de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia. Para la imposición de sanciones por faltas leves, no será
preceptiva la previa instrucción del expediente, salvo el trámite de audiencia al interesado.
Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que teniendo conocimiento
de los hechos, los consintieren, así como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves
y graves cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.
3. Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas podrán promover la responsabilidad
disciplinaria de los secretarios judiciales con destino en órganos judiciales radicados en
su territorio ante las autoridades competentes para la incoación y tramitación de los expedientes
disciplinarios, quienes darán cuenta a aquéllas de las decisiones que se adopten.
4. El procedimiento disciplinario que se establezca en desarrollo de esta Ley orgánica
deberá garantizar al secretario judicial expedientado, además de los reconocidos por el artículo
35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes derechos:
a) A la presunción de inocencia.
b) A ser notificado del nombramiento de instructor y secretario, así como a
recusar a los mismos.
c) A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan
y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora.
d) A formular alegaciones.
e) A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos.
f) A poder actuar en el procedimiento asistido de letrado o de los representantes
sindicales que determine.
5. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia
de indicios fundados de la comisión de una infracción penal, se suspenderá su tramitación,
poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
6. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación
de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste
hasta tanto no haya recaído sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal. En
todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al
procedimiento penal, vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario,
sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que pueda merecer una y otra vía. Sólo podrá
recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de
fundamento jurídico y bien jurídico protegido.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 469.
1. Son competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios
del Cuerpo de Secretarios Judiciales, el Ministerio de Justicia, el Secretario de Gobierno
y los Secretarios Coordinadores Provinciales. La tramitación de los mismos corresponde al Ministerio
de Justicia.
2. Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves, de acuerdo con el catalogo
previsto en el artículo 536 de esta Ley.
3. Para la imposición de las sanciones serán competentes:
a) el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la
sanción de apercibimiento.
b) el Ministro de Justicia, para la de suspensión, traslado forzoso y separación
del servicio.
** Modificado por art. único.123 de Ley Orgánica núm. 19/2003
LIBRO VI.
De los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia y de otro personal
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO I.
Disposiciones comunes
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 470.
1. Este libro, tiene por objeto la determinación del Estatuto Jurídico, de conformidad
con lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Española, de los funcionarios que integran
los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial
y de Auxiliares de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
2. Los citados Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia,
tendrán el carácter de Cuerpos Nacionales.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 471.
1. Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la Administración
de Justicia al que se refiere el artículo anterior, corresponden en los términos establecidos
en esta Ley, al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas, en todas las materias relativas a su estatuto y régimen jurídico, comprendidas la
selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas,
jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario.
2. En los mismos términos, el Gobierno o, en su caso, las Comunidades Autónomas
con competencias en la materia, aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo de este libro.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 472.
1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos mencionados, están vinculados a la
Administración de Justicia en virtud de nombramiento legal, por una relación estatutaria de
carácter permanente, para el desempeño de servicios retribuidos.
2. Por razones de urgencia o necesidad, podrán nombrarse funcionarios interinos,
que desarrollarán las funciones propias de dichos cuerpos, en tanto no sea posible su desempeño
por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su nombramiento.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 473.
1. Podrán prestar servicios en la Administración de Justicia funcionarios de otras
Administraciones que, con carácter ocasional o permanente, sean necesarios para auxiliarla
en el desarrollo de actividades concretas que no sean las propias de los cuerpos de funcionarios
a que se refiere este libro y que requieran conocimientos técnicos o especializados.
2. Asimismo, cuando no existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos miembros
tengan la preparación técnica necesaria para el desempeño de determinadas actividades específicas
o para la realización de actividades propias de oficios, así como de carácter instrumental,
correspondientes a áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos o instalaciones
u otras análogas, podrá prestar servicios retribuidos en la Administración de Justicia personal
contratado en régimen laboral.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 474.
1. El personal funcionario de carrera de los Cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia se regirá por las normas contenidas en esta Ley Orgánica, en las disposiciones
que se dicten en su desarrollo y, con carácter supletorio, en lo no regulado expresamente en
las mismas, por la normativa del Estado sobre Función Pública.
2. A los funcionarios interinos les será aplicable el régimen de los funcionarios
de carrera en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición y no les será de aplicación
el régimen de clases pasivas.
3. Al personal funcionario de otras Administraciones que preste servicios en la
Administración de Justicia, para la realización de funciones concretas y especializadas, les
será de aplicación lo dispuesto para estas situaciones en la normativa de la Administración
pública de la que procedan.
4. El personal laboral se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias,
por el convenio colectivo que les sea de aplicación y por las estipulaciones de su contrato
de trabajo.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 475.
Los cuerpos de funcionarios a que se refiere el artículo anterior se clasificarán en:
a) Cuerpos Generales, cuando su cometido consista esencialmente en tareas de contenido
procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a las anteriores.
Son Cuerpos Generales: El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. La titulación exigida
para el acceso a este Cuerpo es la de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalente. El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Para el acceso a
este Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. El Cuerpo de
Auxilio Judicial. Para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del título de graduado en
ESO o equivalente.
b) Cuerpos Especiales, cuando su cometido suponga esencialmente el desempeño de
funciones objeto de una profesión o titulación específica. Son Cuerpos Especiales: El Cuerpo
de Médicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se exige estar en posesión
de la Licenciatura en Medicina. El Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses. Para el ingreso en este cuerpo se deberá ser licenciado en una carrera
universitaria en Ciencias Experimentales y de la Salud, que se determinará en las correspondientes
convocatorias, según la especialidad por la que se acceda al cuerpo. El Cuerpo de Técnicos
Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Para el acceso a este
Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior en Formación Profesional
o equivalente de las familias profesionales que se determinen en las bases de las convocatorias
de los procesos selectivos, de conformidad con el contenido de los puestos de trabajo que se
oferten. El Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses. Para el acceso a este cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Técnico en
Formación Profesional o equivalente de las familias profesionales que se determinen en las
bases de las convocatorias de los procesos selectivos, de conformidad con el contenido de los
puestos de trabajo que se oferten.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 476.
Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, colaborar en la actividad
procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias.Con carácter general
y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo
que desempeñen, le corresponde:
a) Gestionar la tramitación de los procedimientos, de la que se dará cuenta al
Secretario Judicial, en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretación de
Ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando
fuera requerido para ello.
b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con
los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad
de certificación.
c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera,
con el carácter y representación que le atribuyan las leyes, salvo que el secretario judicial
considere necesaria su intervención.
d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos
que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior
tramitación, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar
notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que
se refieran.
e) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos,
relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
f) Expedir, con conocimiento del secretario judicial, y a costa del interesado,
copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.
g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo,
las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales,
en las que, sin perjuicio de las funciones asignadas al puesto concreto, se gestionarán la
distribución de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.
h) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa,
desempeñando funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales de la unidad
de la Oficina judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén
contempladas expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del
puesto de trabajo.
i) Desempeñar la Secretaría de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretarías
de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos
de 7.000 habitantes en los que la carga de trabajo justifique su establecimiento, así como
los restantes puestos de trabajo de los citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo, así como desempeñar puestos de las unidades administrativas,
cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades así lo establezcan, siempre
que se reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su desempeño.
j) Su posibilidad de nombramiento como secretarios sustitutos, siempre que se reúnan
los requisitos de titulación y demás exigidos, y conforme al procedimiento que reglamentariamente
se establezca, percibiendo sus retribuciones conforme a lo dispuesto en el artículo 447.5 para
secretarios sustitutos no profesionales.
k) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se
establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes
al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos
o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 477.
Corresponde con carácter general al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
la realización de cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el
nivel de especialización del puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía y de conformidad
con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.Sin perjuicio de las funciones concretas
del puesto de trabajo que desempeñen, le corresponde:
a) La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios
mecánicos u ofimáticos que corresponda, para lo cual confeccionará cuantos documentos, actas,
diligencias, notificaciones y otros le sean encomendados, así como copias de documentos y unión
de los mismos a los expedientes.
b) El registro y la clasificación de la correspondencia.
c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico.
d) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación
que hubieran de realizarse.
e) El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo
de la Oficina judicial estén asignadas a este Cuerpo, en la forma y condiciones que en las
mismas se establezcan.
f) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que
se reúnan los requisitos y conocimientos necesarios exigidos para su desempeño en las relaciones
de puestos de trabajo de las mismas.
g) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se
establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes
al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos
o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 478.
Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial con carácter general, bajo el principio de
jerarquía y de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, la realización
de cuantas tareas tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos judiciales. Asimismo,
y entre otras funciones, le corresponderá:
a) La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales, a cuyo efecto
ostentará capacidad de certificación y dispondrá de las credenciales necesarias.
b) Como agente de la autoridad, proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos
y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan
las leyes.
c) Actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la autoridad, sin
perjuicio de las funciones que, en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y
aseguramiento de los delincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión
del secretario judicial.
e) Velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el
orden en las mismas.
f) Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren
en condiciones de utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios técnicos
que correspondan, para permitir el adecuado funcionamiento de dichos dispositivos, poniendo
en conocimiento del secretario judicial las anomalías detectadas que pudieran impedir la celebración
de actos procesales.
g) El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo
de la Oficina judicial estén asignadas a este cuerpo, en la forma y condiciones que en las
mismas se establezcan.
h) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que
se reúnan los requisitos y conocimientos exigidos para su desempeño en las relaciones de puestos
de trabajo en las mismas.
i) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se
establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a todas las anteriores
que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores
jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 479.
1. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional
de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia.
2. Son funciones de los médicos forenses la asistencia técnica a juzgados, tribunales,
fiscalías y oficinas del Registro Civil en las materias de su disciplina profesional, tanto
en el campo de la patología forense y prácticas tanatológicas como en la asistencia o vigilancia
facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de
aquéllos, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes. A estos efectos, emitirán
informes y dictámenes médicos legales en el marco del proceso judicial, realizarán el control
periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones
procesales. Igualmente realizarán funciones de investigación y colaboración que deriven de
su propia función. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier
naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, estarán a las órdenes de los jueces, magistrados,
fiscales y encargados del Registro Civil, ejerciendo sus funciones con plena independencia
y bajo criterios estrictamente científicos.
3. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal o
en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Excepcionalmente, y cuando las
necesidades del servicio lo requieran, podrán ser adscritos a órganos jurisdiccionales, fiscalías
u oficinas del Registro Civil.
4. Existirá un Instituto de Medicina Legal en las capitales de provincia en las
que tenga su sede un Tribunal Superior de Justicia, así como en aquellas en las que tengan
su sede Salas de los Tribunales Superiores de Justicia con jurisdicción en una o más provincias.
No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición, en su caso,
de una Comunidad Autónoma con competencia en la materia, podrá autorizar que dicha sede sea
la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Autónoma de que se trate, cuando sea distinta
de la del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, el Gobierno podrá autorizar el establecimiento
de Institutos de Medicina Legal en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal
Superior de Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine. Mediante
Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del Consejo General del
Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas que han recibido los traspasos de medios para
el funcionamiento de la Administración de Justicia, se determinarán las normas generales de
organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y de actuación de los médicos
forenses, pudiendo el Ministerio de Justicia o el órgano competente de la Comunidad Autónoma
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones pertinentes para su
desarrollo y aplicación.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 480.
1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico
adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión es auxiliar a la Administración de Justicia
y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica, así
como al desarrollo de las ciencias forenses. Su organización y supervisión corresponde al Ministerio
de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio
nacional. Su estructura orgánica se determinará mediante Real Decreto. En el mismo prestarán
servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se refieren los apartados siguientes
de este artículo. Además, podrán prestar servicios funcionarios de los restantes Cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia, así como de otras Administraciones, en las condiciones
y con los requisitos que se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo,
así como, en su caso, profesionales o expertos que sean necesarios para el desempeño de sus
funciones u otro personal para la realización de actividades propias de oficios o de carácter
instrumental, contratados en régimen laboral.
2. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son
funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio
de la Administración de Justicia. Atendiendo a la actividad técnica y científica del Instituto,
dentro del citado cuerpo podrán establecerse especialidades. Son funciones del Cuerpo de Facultativos
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias
de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal
y a los médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas
de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que les sean solicitados,
emitirán los dictámenes e informes pertinentes y evacuarán las consultas que les sean planteadas
por las autoridades citadas, así como por los particulares en el curso de procesos judiciales
y por organismos o empresas públicas que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención
de intoxicaciones. Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal, en los supuestos y condiciones que
se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
3. Los Técnicos Especialistas de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio
especializado al servicio de la Administración de Justicia. Son funciones del Cuerpo de Técnicos
Especialistas de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses aquellas
de auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Prestarán sus servicios en el Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal,
en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos
de trabajo.
4. Los ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la Administración
de Justicia, para la realización de funciones de apoyo propias de su formación, en las actividades
científicas y de investigación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así
como de los Institutos de Medicina Legal, en la forma y con los requisitos y condiciones que
se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.
5. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses dependerán jerárquicamente del Director del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal en que presten
servicios. CAPITULO II. Registro de personal
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 481.
1. En el Ministerio de Justicia existirá un Registro Central de personal funcionario
al servicio de la Administración de Justicia, en el que se inscribirá a todo el personal funcionario
de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y en el que se anotarán preceptivamente,
todos los actos que afecten a la vida administrativa de los mismos.
2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer en sus ámbitos territoriales, registros
respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia que preste servicios en
los mismos.
3. El Ministerio de Justicia, aprobará las normas que determinarán la información
que habrá de figurar en el Registro Central de Personal y las cautelas que hayan de establecerse
para garantizar la confidencialidad de los datos en los términos que establezca la legislación
vigente. Para la actualización de datos en los registros, el Ministerio de Justicia con la
colaboración de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas establecerá los procedimientos
e instrumentos de cooperación necesarios que garanticen la inmediata anotación de los datos
de todo el personal, con independencia del lugar de prestación de servicios.
4. Todo el personal tendrá libre acceso a su expediente individual, en el que,
en ningún caso, figurará dato alguno relativo a su raza, religión u opinión ni cualquier otra
circunstancia personal o social que no sea relevante para su trabajo.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO II.
De la oferta de empleo público, ingreso y promoción profesional
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 482.
1. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria serán objeto
de una única oferta de empleo público anual, que se elaborará de conformidad con los criterios
para el sector público estatal establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Las Comunidades Autónomas determinarán en sus respectivos ámbitos territoriales
las necesidades de recursos humanos respecto de los Cuerpos de funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia sobre los que han asumido competencias y lo pondrán en conocimiento
del Ministerio de Justicia.
3. El Ministerio de Justicia elaborará la oferta de empleo público integrando de
forma diferenciada las necesidades de recursos determinadas por las Comunidades Autónomas con
las existentes en el resto del territorio del Estado que no haya sido objeto de traspaso y
la presentará al Ministerio para las Administraciones Públicas quien la elevará al Gobierno
para su aprobación.
4. Aprobada la oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia procederá a
la convocatoria de los procesos selectivos.
5. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o
superior al 33 por 100, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado
de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes
en la forma que se determine reglamentariamente. CAPITULO II. Selección del personal funcionario
al servicio de la Administración de Justicia
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 483.
1. De acuerdo con los principios contenidos en el artículo 103.1 de la Constitución
Española, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad
y con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de publicidad.
2. El contenido del temario, así como de las pruebas a realizar serán únicos para
cada cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo las pruebas que puedan establecerse para
la acreditación del conocimiento de la lengua y del derecho civil, foral o especial, propios
de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, que tendrán carácter optativo y, en
ningún caso, serán eliminatorias, teniéndose en cuenta la puntuación obtenida conforme al baremo
que se establezca, a los solos efectos de adjudicación de destino dentro de la Comunidad Autónoma
correspondiente.
3. Las pruebas selectivas, se convocarán y resolverán por el Ministerio de Justicia
y se realizarán, de forma territorializada en los distintos ámbitos en los que se hayan agrupado
las vacantes. Las convocatorias y sus bases, que serán únicas para cada cuerpo, se ajustarán,
en todo caso, a lo dispuesto en esta Ley y en el Real Decreto por el que se apruebe el "Reglamento
General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia" y se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado"
y en los "Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas", de forma simultánea. Si dicha
simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria, se contarán,
en todo caso, a partir de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
4. Las bases de la convocatoria serán elaboradas por la Comisión de Selección de
Personal y aprobadas por el Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones
sindicales más representativas. Las citadas bases, que vincularán a la Administración y a los
tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas, sólo podrán ser modificadas con estricta
sujeción a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
5. En las convocatorias se determinará el número de vacantes y el ámbito territorial
por el que se ofertan. Las vacantes ubicadas en el territorio de una Comunidad Autónoma con
competencias asumidas, se ofertarán por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de que
se trate, salvo renuncia expresa de las mismas, en cuyo caso serán objeto de agrupación. Asimismo,
cuando el número de plazas o el mejor desarrollo de los procesos selectivos lo aconseje se
podrán agrupar las vacantes correspondientes a uno o varios territorios. Los aspirantes podrán
solicitar exclusivamente su participación por uno de los ámbitos territoriales que se expresen
en la convocatoria y de resultar aprobados, serán destinados obligatoriamente, a alguna de
las vacantes radicadas en el mismo. En ningún caso podrá declararse superado el proceso selectivo
en cada ámbito a un número mayor de aspirantes que el de plazas objeto de la convocatoria,
siendo nulas de pleno derecho las propuestas de aprobados que contravengan esta limitación.
6. En los procesos selectivos serán admitidas las personas con minusvalías en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes. Las convocatorias no establecerán exclusiones por
limitaciones psíquicas o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes. Para la realización de las pruebas se establecerán
para las personas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles en cuanto a tiempo
y medios.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 484.
El acceso a los cuerpos será libre y público y se efectuará a través de los sistemas
de oposición, o concurso-oposición.
1. La selección por oposición es el sistema ordinario de ingreso y consiste en
la realización de las pruebas que se establezcan en la convocatoria para determinar la capacidad
y aptitud del aspirante.
2. La selección por concurso-oposición consiste en la realización de las pruebas
correspondientes y en la valoración de determinadas condiciones de formación, méritos o niveles
de experiencia, en la forma que se establezca en la convocatoria. La utilización del sistema
de concurso-oposición tendrá carácter excepcional.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 485.
1. Los procesos de selección incluirán la realización de un curso teórico-práctico
o de un período de prácticas, que podrán tener carácter selectivo. La calificación obtenida
servirá para fijar el orden de prelación, no obstante si tuviesen carácter selectivo, los aspirantes
que no superen el mismo perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.
2. Durante su realización, los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios
en prácticas, con los derechos y obligaciones que se establezcan reglamentariamente.
3. El curso selectivo o en su caso el período de prácticas, podrán desarrollarse
en los centros, institutos o servicios de formación dependientes de las Comunidades Autónomas,
o en las Oficinas judiciales ubicadas en el ámbito territorial de las mismas.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 486.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
1. La elaboración de los temarios y de las bases de convocatoria por las que han
de regirse los procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de funcionarios a que se refiere
este libro, se encomendará a una Comisión de Selección de Personal, que estará formada por:
Cuatro vocales representantes del Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá la Presidencia
de la Comisión y tendrá voto dirimente en caso de empate en la adopción de acuerdos. Cuatro
representantes de las Comunidades Autónomas con competencias en materias de Administración
de Justicia, uno de los cuales asumirá la Vicepresidencia de la Comisión.
2. Esta Comisión determinará asimismo el programa formativo correspondiente al
período de prácticas o curso selectivo en su caso.
3. Las normas de funcionamiento de la Comisión de Selección y la forma de designación
de sus miembros, se establecerán en el Real Decreto por el que se apruebe el Reglamento de
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia. La composición de dicha Comisión, cuando se trate de la selección
de Cuerpos cuya gestión no hayan sido objeto de traspaso, se fijará asimismo en el citado reglamento.
4. Los temarios serán aprobados por la Comisión de Selección y serán únicos para
todo el territorio del Estado.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 487.
1. El desarrollo y calificación de las pruebas selectivas, corresponde a los tribunales
calificadores que, a tal efecto, se constituirán en cada uno de los ámbitos territoriales por
los que se hayan ofertado las vacantes. Estos tribunales gozarán de autonomía funcional y responderán
de la objetividad del procedimiento y del cumplimiento de las normas contenidas en la convocatoria.
2. En el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional se establecerá, la composición de los tribunales que, en todo caso estarán formados
por un número impar de miembros, así como sus normas de funcionamiento, garantizándose la especialización
de los integrantes del mismo y la agilidad del proceso selectivo, sin perjuicio de su objetividad,
así como el régimen de incompatibilidades, los derechos y deberes de sus miembros. Los miembros
de los tribunales serán nombrados por el Ministerio de Justicia. En los tribunales que se constituyan
en los territorios de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, dos de cada cinco
vocales serán propuestos por el órgano competente de dicha comunidad.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 488.
1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubiesen superado, cuyo
número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas en cada ámbito, y que dentro
del plazo que se establezca acrediten reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, serán
nombrados funcionarios de carrera por el órgano competente del Ministerio de Justicia.
2. Los nombramientos serán objeto de publicación, simultáneamente, en el "Boletín
Oficial del Estado" y en los Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas con
competencias asumidas.
3. La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso, se
efectuarán de acuerdo con sus peticiones entre los puestos ofertados a los mismos, según el
orden obtenido en el proceso selectivo. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso. Los puestos de trabajo que se
oferten a los funcionarios de nuevo ingreso deberán haber sido objeto de concurso de traslado
previo entre quienes ya tuvieran la condición de funcionario. No obstante, si las Administraciones
competentes en materia de gestión de recursos humanos no dispusiesen, en sus respectivos ámbitos
territoriales, de plazas suficientes para ofertar a los funcionarios de nuevo ingreso, con
carácter excepcional y previa negociación sindical, podrán incorporar puestos de trabajo no
incluidos previamente en concurso de traslados. En este supuesto, el destino adjudicado al
funcionario de nuevo ingreso tendrá carácter provisional. Dicho funcionario deberá tomar parte
en el primer concurso de traslados que se convoque en el que se oferten plazas del ámbito territorial
en el que se encuentre destinado provisionalmente, garantizándosele el destino definitivo en
el ámbito por el que participó en el proceso selectivo. De incumplir esta obligación, se le
adjudicará con carácter definitivo cualquiera de las plazas no adjudicadas en todo el territorio
nacional.
4. Para adquirir la condición de funcionario de carrera se deberá tomar posesión
del destino adjudicado en el plazo que reglamentariamente se establezca.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 489.
1. El Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, podrán nombrar funcionarios interinos, por necesidades del servicio,
cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación por funcionario
de carrera, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la Orden Ministerial o,
en su caso, la disposición de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
2. Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el
ingreso en el Cuerpo; tomarán posesión en el plazo que reglamentariamente se establezca y tendrán
los mismos derechos y deberes que los funcionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo
y las mismas retribuciones básicas y complementarias. Se reconocerán los trienios correspondientes
a los servicios prestados que tendrán efectos retributivos conforme a lo establecido en la
normativa vigente para los funcionarios de la Administración General del Estado. Este reconocimiento
se efectuará previa solicitud del interesado.
** APDO. 2 modificado por disp. final 1.4 de Ley Orgánica núm. 13/2007
3. Serán cesados según los términos que establezca la Orden Ministerial o, en su
caso, la disposición de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, cuando se provea la vacante,
se incorpore su titular o desaparezcan las razones de urgencia. CAPITULO III. De la promoción
interna
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 490.
1. Se garantiza la promoción interna, mediante el ascenso desde un cuerpo para
cuyo ingreso se ha exigido determinada titulación a otro cuerpo para cuyo acceso se exige la
titulación inmediata superior o, en el caso de los Cuerpos Especiales, mediante la posibilidad
de acceder a las diferentes especialidades de un mismo cuerpo.
2. Se reservarán, para su provisión por promoción interna, un cincuenta por ciento
de las plazas vacantes incluidas, para cada cuerpo, en la oferta de empleo público. Las plazas
que no se cubran por el proceso de promoción interna acrecerán al turno libre.
3. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición
en los términos que se establezcan en el Real Decreto por el que se apruebe el reglamento de
ingreso, provisión de puestos y promoción profesional. En todo caso, se respetarán los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
4. La promoción interna para el acceso a diferente especialidad del mismo cuerpo
tendrá lugar entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogas
en su contenido profesional y en su nivel técnico.
5. En todo caso, los funcionarios deberán poseer la titulación académica requerida
para el acceso a los cuerpos o especialidades de que se trate, tener una antigüedad de al menos
dos años en el cuerpo al que pertenezcan y reunir los requisitos y superar las pruebas que
se establezcan. Dichas pruebas podrán llevarse a cabo en convocatoria independiente de las
de ingreso general. A efectos del cómputo de la antigüedad, se tendrá en cuenta la que tengan
acreditada en el Cuerpo de Auxiliares o Agentes de la Administración de Justicia del que, en
su caso, procedan, en función del cuerpo al que se pretenda promocionar. Los funcionarios que
accedan por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para los puestos de trabajo
vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan de este turno. Las convocatorias podrán
establecer la exención de las pruebas encaminadas a acreditar los conocimientos ya exigidos
para el acceso al cuerpo de origen, pudiendo valorarse los cursos y programas de formación
superados.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO III.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
Artículo 491.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo
de los requisitos establecidos en el libro V de esta Ley Orgánica para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.
2. La condición de funcionario de carrera se pierde en los mismos supuestos que
los contemplados en el libro V para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 492.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud del funcionario
b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida
c) Por incapacidad permanente para el servicio.
2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que
el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de seguridad social
que le sea de aplicación.
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65
años de edad. No obstante, los funcionarios podrán prolongar voluntariamente su permanencia
en el servicio activo, como máximo hasta que cumplan 70 años de edad, siguiendo el procedimiento
legal o reglamentariamente establecido.
4. Procederá asimismo la jubilación del funcionario cuando éste padezca incapacidad
permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo. Será preceptiva la instrucción
del oportuno expediente de incapacidad, que podrá ser iniciado de oficio o a solicitud del
interesado.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 493.
Podrán ser rehabilitados mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca:Los
funcionarios que hubiesen perdido la condición de tales, como consecuencia de la pérdida de la
nacionalidad española o por incapacidad permanente para el servicio, una vez desaparecida la causa
objetiva que la motivó.Quienes hubiesen perdido la condición de funcionario por inhabilitación
absoluta o especial como pena principal o accesoria o por condena a pena privativa de libertad
por razón de delito doloso, una vez extinguidas sus responsabilidades civiles y penales y, en su
caso, cancelados los antecedentes penales.Asimismo podrán ser rehabilitados, los funcionarios que
hayan sido separados del servicio como consecuencia de sanción disciplinaria.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 494.
1.El Ministro de Justicia, será competente para el nombramiento de los funcionarios
de carrera. Asimismo, será competente para acordar la pérdida de la condición
de funcionario, y en su caso la rehabilitación, en los supuestos contemplados en esta
Ley Orgánica en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine,
atendiendo a las circunstancias y entidad del delito o falta cometida. 2. La jubilación
voluntaria, forzosa, o por incapacidad permanente, así como la posible prórroga
de permanencia en el servicio activo será acordada por el órgano competente
del Ministerio de Justicia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma con competencias
asumidas. Ello sin perjuicio de que la rehabilitación procedente de jubilación
por incapacidad permanente para el personal al servicio de la Administración de Justicia
será acordada, en todo caso, por el Ministerio de Justicia, en la forma y de acuerdo
con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por el art. único.5 de la Ley Orgánica 4/2014
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
TÍTULO IV.
Derechos, deberes e incompatibilidades
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
Artículo 495.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales:
a) Al mantenimiento de su condición funcionarial, al desempeño efectivo de
tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que
desempeñen sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente.
b) A percibir la retribución y las indemnizaciones por razón del servicio establecidas
en la normativa vigente.
c) A la carrera profesional, a través de los mecanismos de promoción profesional
que se establezcan de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
d) A recibir por parte de la Administración la formación necesaria, inicial
y continuada, con el fin de mejorar sus capacidades profesionales de forma que les permita
una mejor y más pronta adaptación a sus puestos de trabajo y les posibilite su promoción
profesional. Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se
establezcan por las distintas Administraciones públicas competentes en materia de gestión
de personal no representen obstáculos en la promoción y en la movilidad del personal al
servicio de la Administración de Justicia en el territorio del Estado, se adoptarán medidas
de coordinación y homologación en materia de formación continua.
e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a
desempeñar y a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde
presten sus servicios.
f) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida
la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
g) A vacaciones, permisos y licencias.
h) A recibir protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, para
lo cual las Administraciones competentes adoptarán aquellas medidas que sean necesarias
para la aplicación efectiva de la normativa vigente sobre prevención de riesgos y salud
laboral, procediendo a la evaluación de los riesgos iniciales y al establecimiento de planes
de emergencia, así como a la creación de servicios de prevención y de un Comité Central
de Seguridad y Salud.
i) A la jubilación.
j) A un régimen de seguridad social, que para los funcionarios de carrera y
funcionarios en prácticas, estará integrado por los siguientes mecanismos de cobertura:
1º El Régimen de Clases Pasivas del Estado, que se regirá por sus normas específicas. 2º
El Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio ,
y disposiciones de desarrollo.
2. El régimen de derechos contenido en el apartado anterior será aplicable a los
funcionarios interinos en la medida que la naturaleza del derecho lo permita, quedando integrados,
a efectos de seguridad social, en el Régimen General de la Seguridad Social.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 496.
Los funcionarios tienen los siguientes derechos colectivos, en los términos establecidos
por la Constitución y las leyes:
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
a) A la libre asociación profesional.
b) A la libre sindicación.
c) A la actividad sindical.
d) De huelga, en los términos contenidos en la legislación general del Estado para
funcionarios públicos, garantizándose el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración
de Justicia.
e) A la negociación colectiva, a la participación en la determinación de las condiciones
de trabajo, para lo cual se establecerán los marcos adecuados que permitan una mayor y más
intensa participación de los representantes de los funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia, a través de grupos de trabajo, mesas o cualquier otro foro de diálogo y negociación.
f) De reunión.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 497.
Los funcionarios de la Administración de Justicia están obligados a:
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
a) Respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
b) Ejercer sus tareas, funciones o cargo con lealtad e imparcialidad y servir con
objetividad los intereses generales.
c) Cumplir con diligencia las instrucciones profesionales recibidas de su superior
jerárquico en el ámbito de sus competencias.
d) Realizar con la debida aplicación las funciones o tareas propias de su puesto
de trabajo y aquellas otras que, relacionadas con las anteriores, les encomienden sus jefes
o superiores para el cumplimiento de los objetivos de la unidad.
e) Cumplir el régimen de jornada y horario que se establezca.
f) Mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o funciones
y no hacer uso indebido de la información obtenida así como guardar secreto de las materias
clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente.
g) Dar cuenta a las autoridades competentes de aquellas órdenes que, a su juicio,
fuesen contrarias a la legalidad o constitutivas de delito.
h) Cumplir el régimen de incompatibilidades y prohibiciones.
i) Tratar con atención y respeto a los ciudadanos.
j) Dar a conocer su identidad y categoría a los interesados que lo requieran, salvo
cuando ello no fuera posible por razones de seguridad.
k) Velar por la conservación y uso correcto de los locales, material, documentos
e información a su cargo, no utilizando los medios propiedad de la Administración en provecho
propio ni ejercer sus cometidos de forma que puedan beneficiar ilegítimamente a sí mismos o
a otras personas.
l) Tratar con corrección y consideración a los superiores jerárquicos, compañeros
y subordinados.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 498.
1. Los funcionarios estarán sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en
la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las Administraciones públicas.
2. El ejercicio de cualquier actividad que requiera declaración de compatibilidad,
exigirá la previa autorización del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma con competencias
asumidas. No se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada
cuando se desempeñen puestos con dedicación especial. Tampoco procederá esta autorización,
para los médicos forenses y técnicos facultativos que desempeñen puestos de Director o Subdirector
en los Institutos de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
y sus departamentos.
3. En todo caso, su función será incompatible con:
a) Por lo que se refiere a Cuerpos Especiales: 1º La intervención como particulares
en los casos que pudieran tener relación con sus funciones. 2º La función de médico de
empresa, de entidades aseguradoras o el desempeño de empleos en dichas entidades. 3º Cualquier
actividad pericial privada. 4º Emisión de certificados médicos de defunción, salvo que
presten servicios en el Registro Civil y únicamente en el ejercicio de sus funciones.
b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales: 1º El ejercicio de la Abogacía,
Procuraduría y empleos al servicio de abogados y procuradores o cualquier otra profesión
que habilite para actuar ante juzgados y tribunales. 2º La condición de agentes de seguros
y la de empleado de los mismos o de una compañía de seguros. 3º El desempeño de los cargos
de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos. 4º El desempeño
de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas.
5º El ejercicio de funciones periciales privadas ante los tribunales y juzgados.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 499.
1. La abstención del funcionario se comunicará por escrito motivado a quien sea
competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia.
En caso de ser estimada la abstención, será reemplazado en el proceso por quien legalmente
deba sustituirle. De ser desestimada, habrá de continuar actuando en el asunto.
2. Su recusación sólo será posible por las causas legalmente previstas y por los
trámites previstos para la recusación de los secretarios judiciales con las siguientes excepciones:
a) El incidente gubernativo se instruirá por el secretario del juzgado del
que jerárquicamente dependa, y lo decidirá quien sea competente para dictar la resolución
que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia.
b) Si, a la vista del escrito de recusación, el secretario judicial estimare
que la causa no es de las tipificadas en la Ley, inadmitirá en el acto la petición expresando
las razones en que se funde tal inadmisión. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.
c) Admitido a trámite el escrito de recusación, y en el día siguiente a su
recepción, el recusado manifestará al secretario judicial si se da o no la causa alegada.
Cuando reconozca como cierta la causa de recusación, el secretario judicial acordará reemplazar
al recusado por quien legalmente le deba sustituir. Contra esta resolución no cabrá recurso
alguno.
d) Si el recusado niega la certeza de la causa alegada como fundamento de la
recusación, el secretario judicial, oído lo que el recusado alegue, dentro del quinto día
y practicadas las comprobaciones que el recusado proponga y sean pertinentes o las que
él mismo considere necesarias, remitirá lo actuado a quien haya de resolver para que decida
el incidente.
3. A los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, les serán de aplicación las
prescripciones que establezcan las normas procesales respecto a la recusación de peritos. CAPITULO
II. Jornada y horarios
**Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 500.
1. La duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo anual y de
aquellas jornadas que hayan de ser realizadas en régimen de dedicación especial, así como sus
especificidades, será fijada por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia,
previo informe de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas y negociación con las
organizaciones sindicales más representativas. Los funcionarios deberán ejercer su actividad
en los términos que exijan las necesidades del servicio. A tal efecto, por el Ministerio de
Justicia, previo informe de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas y negociación
con las organizaciones sindicales, se determinarán las compensaciones horarias y cómputos especiales
cuando la atención de actuaciones procesales urgentes e inaplazables suponga un exceso de horas
sobre la jornada a realizar.
2. La duración de la jornada general semanal será igual a la establecida para la
Administración General del Estado. Los funcionarios podrán realizar jornadas reducidas, en
los supuestos y con las condiciones establecidas legal y reglamentariamente.
3. Se podrán establecer jornadas sólo de mañana o jornadas de mañana y tarde para
determinados servicios u órganos jurisdiccionales, cuando las necesidades del servicio así
lo aconsejen, y en especial en las unidades de atención al público, en las que se tenderá a
aumentar el tiempo de atención a los ciudadanos. La incorporación de los funcionarios a la
jornada de mañana y tarde será voluntaria y deberá ir acompañada de medidas incentivadoras.
4. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determinará a
través del calendario laboral que, con carácter anual, se aprobará por el órgano competente
del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus
respectivos ámbitos, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y negociación
con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinará en función del número
de horas anuales de trabajo efectivo. Podrán establecerse flexibilidades horarias a la entrada
y salida del trabajo, garantizándose en todo caso un número de horas de obligada concurrencia
continuada. Los horarios que se establezcan deberán respetar en todo caso el horario de audiencia
pública.
5. Cuando las peculiaridades de algunos servicios u órganos jurisdiccionales así
lo aconsejen, podrán establecerse horarios especiales, que figurarán en las relaciones de puestos
de trabajo y serán objeto del complemento retributivo que se determine.
6. El incumplimiento de la jornada dará lugar al descuento automático de las retribuciones
correspondientes al tiempo no trabajado, calculado en la forma establecida por la normativa
de aplicación. A estos efectos, se considera trabajo efectivo el prestado dentro del horario
establecido en la forma que se determine, teniendo en cuenta las compensaciones horarias que
procedan y el que corresponda a permisos retribuidos, así como los créditos de horas retribuidas
por funciones sindicales.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 501
1. El Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las
Comunidades Autónomas con competencias asumidas, así como los Colegios de Abogados y Procuradores
de cada demarcación, determinará los órganos jurisdiccionales y otros servicios de la Administración
de Justicia que han de permanecer en servicio de guardia, así como los horarios y las condiciones
en que se realizará el mismo.
2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios
garantizarán la asistencia necesaria a los órganos o servicios judiciales en funciones de guardia.
A tal efecto previa negociación con las organizaciones sindicales determinarán el número de
funcionarios que han de prestar dicho servicio, la permanencia en el órgano judicial o servicio
o la situación de disponibilidad de los mismos y organizarán y distribuirán el horario a realizar.
CAPITULO III. Vacaciones, permisos y licencias
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 502.
1. Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de de los días que correspondan proporcionalmente
si el tiempo de servicio durante el año fuera menor. A estos efectos, no se considerarán como
días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios
especiales.
2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos
territoriales, serán competentes para dictar las normas respecto a la forma de disfrute de
las vacaciones, así como sobre los procedimientos para su concesión.
** Modificado por art. único.25 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 503.
1. Por causas justificadas, los funcionarios tendrán derecho a iguales permisos
y con la misma extensión que los establecidos en la normativa vigente aplicable a los funcionarios
de la Administración General del Estado.
2. El disfrute de estos permisos tendrá los mismos derechos económicos que los
funcionarios de la Administración General del Estado.
** Modificado por art. único.25 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Artículo 504.
Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
** Apdo. 5 modificado en cuanto que modifica párrs. 2º, 7º y añade párrs.
8º a 11º por art. único.27 28 de Ley Orgánica núm. 8/2012, de 27 de diciembre.
1. Por razón de matrimonio, los funcionarios tendrán derecho a una licencia de
quince días de duración y se concederá con plenitud de derechos económicos.
2. Podrán concederse licencias para formación y perfeccionamiento en los siguientes
casos:
a) Para la asistencia a cursos de formación incluidos en los planes de formación
que se celebren anualmente, organizados por el Ministerio de Justicia, las Comunidades
Autónomas, las organizaciones sindicales u otras entidades públicas o privadas. La duración
y forma de disfrute estarán determinadas por la duración y programación de los cursos a
realizar y no supondrán limitación alguna de haberes.
b) Para la asistencia a cursos, congresos o jornadas, siempre que estén relacionadas
con las funciones propias del cuerpo al que pertenece el funcionario y supongan completar
su formación para el ejercicio de las mismas. Su concesión estará subordinada a las necesidades
del servicio y a las disponibilidades presupuestarias y su duración vendrá determinada
por la de los cursos, congresos o jornadas. Estas licencias darán derecho a percibir las
retribuciones básicas y las prestaciones por hijo a cargo.
3. Los funcionarios podrán disfrutar de licencias por asuntos propios sin derecho
a retribución alguna, cuya duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses
cada dos años de servicios efectivos y su concesión estará subordinada a las necesidades del
servicio.
4. Quienes, tras la superación de las correspondientes pruebas selectivas hubiesen
sido nombrados funcionarios en prácticas y ya estuviesen prestando servicios remunerados en
la Administración de Justicia como funcionarios, tendrán derecho a una licencia extraordinaria
durante el tiempo que se prolongue dicha situación y percibirán las retribuciones que para
los funcionarios en prácticas establezca la normativa vigente.
5. La enfermedad o accidente que impida el normal desempeño de las funciones, darán
lugar a licencias por enfermedad. Sin perjuicio de la obligación de comunicar, en la forma
que reglamentariamente se determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por razón de
enfermedad durante la jornada laboral del día en que ésta se produzca, los funcionarios deberán
solicitar de la autoridad competente la licencia por enfermedad. La licencia inicial se concederá
por el tiempo que el facultativo haya considerado como previsible para la curación y, en ningún
caso, por período superior a 15 días. Si el estado de enfermedad persistiera, la licencia inicial
se prorrogará automáticamente en la forma que se determine por la autoridad competente para
su concesión, quedando sin efecto si con anterioridad se produce la curación. Tanto la licencia
inicial como las prórrogas, se concederán previa presentación del parte de baja o certificación
médica que acredite la certeza de la enfermedad y la imposibilidad de asistir al trabajo. Se
concederán licencias por enfermedad derivadas de un mismo proceso patológico, hasta un máximo
de 12 meses prorrogables por otros seis, cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador
ser dado de alta médica por curación. Transcurridos dichos plazos, se prorrogarán las licencias
hasta el momento de la declaración de la jubilación por incapacidad permanente o del alta médica
sin que, en ningún caso, puedan exceder de 30 meses desde la fecha de la solicitud de la licencia
inicial. A estos efectos, se entenderá que existe nueva licencia por enfermedad cuando el proceso
patológico sea diferente y, en todo caso, cuando las licencias se hayan interrumpido durante
un mínimo de un año. Los funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia
en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, percibirán el cincuenta por
ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su caso, la prestación
por hijo a cargo, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando
como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación
de incapacidad temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el
setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de
la prestación por hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el día
ciento ochenta, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la
prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. Cuando la
situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución a percibir
podrá ser complementada desde el primer día, hasta alcanzar como máximo las retribuciones que
vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
A partir del día ciento ochenta y uno será de aplicación el subsidio establecido en el apartado
1.B) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad
Social del personal al servicio de la Administración de Justicia. Por el órgano competente
se determinarán los supuestos en los que con carácter excepcional y debidamente justificados
se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones
que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente
justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica. En ningún caso los
funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridad social gestionados por el mutualismo
administrativo podrán percibir una cantidad inferior en situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes a la que corresponda a los funcionarios adscritos al régimen general
de la seguridad social, incluidos, en su caso, los complementos que les resulten de aplicación
a estos últimos. Las referencias a días incluidas en el presente número se entenderán realizadas
a días naturales. En cualquier caso, el responsable de personal podrá solicitar únicamente
de la correspondiente inspección médica, la revisión de un proceso para determinar que las
causas que originaron la concesión de la licencia continúan subsistiendo.
** APDO. 5 modificado en cuanto que modifica párrs. 2º, 7º y añade párrs.
8º a 11º por art. único.27 28 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 505.
1. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas,
serán competentes para la concesión de los permisos y licencias establecidos en esta Ley Orgánica,
respecto de los funcionarios que presten servicios en sus respectivos ámbitos territoriales,
en la forma y mediante el procedimiento que se establezca en las disposiciones que se dicten
al efecto por las mismas.
2. Así mismo les corresponde el control de la incapacidad temporal del personal
funcionario al servicio de la Administración de Justicia, pudiendo solicitar el asesoramiento
facultativo que en su caso estime necesario, a cuyo fin podrán establecer sistemas de colaboración
con aquellos organismos públicos o entidades que en sus respectivos ámbitos asumen la inspección,
evaluación y seguimiento del control de la incapacidad temporal del régimen general de la seguridad
social y de los regímenes especiales.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO V.
Situaciones administrativas
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 506.
Los funcionarios de carrera de los cuerpos a los que se refiere este libro, pueden
hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
e) Excedencia voluntaria por interés particular.
f) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
g) Suspensión de funciones.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 507.
1. Los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro se hallarán en situación
de servicio activo cuando desempeñen un puesto de trabajo en alguno de los centros de destino
que se determinan en el artículo 521 de esta Ley.
2. Además, también se considerarán en servicio activo, los citados funcionarios:
a) Cuando presten servicios en el Tribunal Constitucional, Consejo General
del Poder Judicial y en el Tribunal de Cuentas, salvo que, de conformidad con lo previsto
en las legislaciones específicas de los citados órganos constitucionales les corresponda
quedar en otra situación.
b) Cuando presten sus servicios en las Cortes Generales, de conformidad con
lo dispuesto en el Estatuto General de las mismas y no les corresponda quedar en otra situación.
c) Cuando accedan a la condición de miembros de las asambleas legislativas
de las Comunidades Autónomas y no perciban retribuciones periódicas por el desempeño de
las funciones.
d) Cuando accedan a la condición de miembros de las corporaciones locales,
salvo que desempeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva en las mismas.
e) Cuando presten servicios en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno,
de los Ministros y de los Secretarios de Estado y opten por permanecer en dicha situación.
f) Cuando accedan a puestos de trabajo de otras Administraciones públicas en
tanto las relaciones de puestos de trabajo, contengan expresa previsión al efecto.
g) Cuando ocupen un puesto de trabajo en la Mutualidad General Judicial, adscrito
a funcionarios de la Administración de Justicia.
h) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos
de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio.
i) Cuando por razón de su condición de funcionarios presten servicios en organismos
o entes públicos.
j) Cuando así se determine en una norma con rango de Ley.
3. El disfrute de licencias o permisos reglamentarios, no alterará la situación
de servicio activo.
4. Los funcionarios en situación de servicio activo tienen todos los derechos,
prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 508.
1. Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
serán declarados en la situación de servicios especiales, en iguales supuestos a los establecidos
en la legislación aplicable para los funcionarios de la Administración General del Estado,
salvo que de conformidad con lo establecido en esta Ley les corresponda quedar en otra situación.
2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el
tiempo que permanezcan en tal situación, a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos,
excepto para los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de instituciones
comunitarias europeas o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencias
establecido en el artículo 11.2 del anexo 8 , del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades
Europeas , sin perjuicio de los efectos económicos que puedan derivar de los ascensos y trienios
consolidados hasta el momento del ejercicio de este derecho.
3. Los funcionarios declarados en esta situación tendrán derecho a reserva de un
puesto de trabajo en la misma localidad, en condiciones y con retribuciones similares a las
que disfrutaban al pasar a ella, siempre que hubieran pasado a dicha situación, desde la de
servicio activo u otra que tuviera reconocido este mismo derecho. Si durante el tiempo de permanencia
en la situación de servicios especiales participasen en concursos, la reincorporación se efectuará,
con referencia a la localidad y condiciones del destino obtenidas en ellos.
4. Los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la retribución
del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la que les corresponda como funcionarios, sin
perjuicio del derecho a percibir los trienios que tuviesen reconocidos.
5. En ningún caso podrán asesorar pericialmente a órganos jurisdiccionales mientras
permanezcan en esta situación.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 509.
1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción
o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa. La concesión de la excedencia estará condicionada
a la previa declaración de no desempeñar otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del
hijo.
2. También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior
a tres años, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su
cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad,
accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
** APDO. 2 modificado por disp. final 1.5 de Ley Orgánica núm. 13/2007
3. En ambos casos, el período de excedencia será único por cada sujeto causante.
Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período
de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. Esta excedencia constituye un derecho
individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo
por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El período de permanencia
en esta situación será computable a efectos de trienios, y derechos pasivos. Durante el primer
año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban y
podrán reincorporarse a su puesto de trabajo sin necesidad de solicitar el reingreso, así como
participar en los concursos que se convoquen. Transcurrido este período, dicha reserva lo será
para un puesto en la misma localidad y de igual retribución, debiendo solicitar en el mes anterior
a la finalización del período máximo de permanencia en la misma, el reingreso al servicio activo
y, de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular.
** Modificado por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 510.
1. Los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro serán declarados
en situación de excedencia voluntaria, de oficio o a petición del interesado, cuando lo soliciten
por interés particular, cuando se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de
cualquiera de las Administraciones públicas o pasen a prestar servicios en organismos o entidades
del sector público y no les corresponda quedar en otra situación y por agrupación familiar,
con iguales requisitos y efectos a los establecidos en la legislación aplicable a los funcionarios
de la Administración General del Estado.
2. Asimismo, se declarará de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés
particular de los funcionarios públicos, cuando finalizada la causa que determinó el pase a
una situación distinta de la del servicio activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso
en el mismo, en los plazos que reglamentariamente se determinen.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 511.
1. El funcionario declarado en situación de suspensión, quedará privado, durante
el tiempo de permanencia en la misma, del ejercicio de sus funciones y no podrá prestar servicios
en ninguna Administración pública ni en organismos públicos o entidades de derecho público
vinculadas a ellas.
2. La situación de suspensión de funciones podrá ser provisional o definitiva.
3. La suspensión provisional, podrá acordarse preventivamente, durante la tramitación
de un procedimiento judicial o disciplinario y tendrá lugar en los casos siguientes:
a) Cuando por cualquier delito doloso el instructor del proceso penal la adopte
como medida cautelar. En todo caso se acordará cuando se hubiere dictado auto de prisión,
de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento
abreviado.
b) Durante la tramitación de un expediente disciplinario, por la autoridad
que ordenó la incoación del expediente, no pudiendo exceder esta suspensión de seis meses,
salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
c) Cuando el funcionario no pudiese acudir a su puesto de trabajo como consecuencia
de haber sido privado por un juez o tribunal, con ocasión de un proceso penal, del derecho
a residir en determinados lugares o de acercarse a determinadas personas.
4. La suspensión tendrá carácter definitivo cuando se imponga en virtud de condena
criminal firme o sanción disciplinaria firme.
5. Los efectos derivados de la situación de suspensión, ya sea provisional o definitiva,
serán los establecidos para los funcionarios de la Administración General del Estado declarados
en esta situación.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 512.
Corresponderá al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas acordar la concesión o declaración en estas situaciones administrativas a los funcionarios
que prestan servicios en sus respectivos ámbitos territoriales, dictando a tal efecto, las disposiciones
necesarias referentes a la forma y el procedimiento aplicable.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 513.
1. Los cambios de situaciones administrativas deberán ser comunicados, en todo
caso, al Registro Central de Personal a que se refiere el artículo 481 , para su anotación
y podrán tener lugar, siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad
del reingreso previo al servicio activo.
2. En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de
un puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar en convocatorias de concurso para
la provisión de puestos de trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda y reservándoseles
un puesto de igual nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido y en el mismo
municipio.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 514.
1. Los funcionarios procedentes de situaciones administrativas con derecho a reserva
de puesto de trabajo se reincorporarán al servicio activo en la forma y condiciones que se
determinen por la autoridad competente para su concesión.
2. El reingreso al servicio activo desde situaciones que no comporten reserva,
se producirá mediante la participación en los procedimientos de concurso general o específico
o por la adjudicación de un puesto por el sistema de libre designación.
3. Procederá asimismo el reingreso al servicio activo, con carácter provisional,
mediante la adscripción a una plaza vacante, para cuya ocupación reúna el funcionario los requisitos
exigidos en las relaciones de puestos de trabajo. El reingreso por adscripción provisional
estará, en todo caso, condicionado a las necesidades del servicio y el funcionario adscrito
quedará obligado, para obtener destino definitivo, a participar en los concursos que se convoquen
para la provisión de puestos de trabajo y a solicitar, entre otros, el puesto que ocupa provisionalmente.
Si no obtuviera destino definitivo se le adscribirá, de nuevo de forma provisional, a un puesto
de trabajo vacante de cualquier Oficina judicial ubicada en la provincia o en el área territorial
en la que se hubiesen agrupado las vacantes a efecto de concurso. De no participar en el primer
concurso convocado con posterioridad a la adscripción provisional, pasará a la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO VI.
Régimen retributivo
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 515.
Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia a que
se refiere este libro, sólo podrán ser remunerados por los conceptos retributivos que se establecen
en esta Ley Orgánica.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 516.
Las retribuciones serán básicas y complementarias.
A) Los conceptos retributivos básicos, serán iguales a los establecidos por Ley
para las Carreras Judicial y Fiscal.
B) Las retribuciones complementarias podrán ser: fijas en su cuantía y de carácter
periódico en su devengo y variables. 1º Son retribuciones complementarias fijas en su cuantía
y de carácter periódico:
a) El complemento general de puesto, que retribuirá los distintos tipos de puestos
que se establezcan para cada cuerpo.
b) El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares
de los mismos, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad,
penosidad o peligrosidad. 2º Son retribuciones complementarias variables:
a) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento,
la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo,
así como su participación en los programas concretos de actuación y en la consecución de los
objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas, en sus respectivos ámbitos, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa negociación
con las organizaciones sindicales más representativas. El devengo de este complemento en un
período, no originará derecho alguno a su mantenimiento para períodos sucesivos.
b) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, destinadas a retribuir los
servicios de carácter extraordinario prestados fuera de la jornada normal de trabajo, no podrán,
en ningún caso, ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originarán derecho
alguno a su mantenimiento para períodos sucesivos.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 517.
1. Además de las retribuciones señaladas en el artículo anterior, los funcionarios
que presten sus servicios en aquellos órganos judiciales o servicios en los que el Consejo
General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con
competencias asumidas, haya considerado necesaria la atención permanente y continuada, tendrán
derecho a percibir, en concepto de guardia, una remuneración cuya cuantía se fijará por Orden
Ministerial a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y Hacienda, previa negociación
con las organizaciones sindicales, en función del tipo de guardia de que se trate. Este complemento
será igual en todo el territorio y su percepción dependerá de la prestación del servicio de
guardia, procediendo su abono una vez se haya acreditado su realización. Su devengo no originará
derechos individuales para sucesivos períodos.
2. El personal a que se refiere este libro percibirá, en su caso, las indemnizaciones
correspondientes por razón del servicio.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 518.
1. Los funcionarios que se encuentren en período de prácticas o desarrollando cursos
selectivos de los previstos en el artículo 485, serán nombrados funcionarios en prácticas y
su régimen retributivo será el establecido en esta Ley para los funcionarios que estén realizando
el período de prácticas para acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales.
2. Si las prácticas se realizasen desempeñando un puesto de trabajo, la cuantía
correspondiente a la retribución complementaria del mismo será abonada por el Ministerio de
Justicia o las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en cuyo ámbito territorial
esté el puesto que se desempeña.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 519.
1. La cuantía de las retribuciones básicas será igual para cada uno de los cuerpos,
con independencia del lugar de prestación de los servicios o del puesto que se desempeñe, y
vendrán determinadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año, en función
de la especialidad de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. La cuantía
por antigüedad consistirá en un cinco por ciento del sueldo por cada tres años de servicio.
Cuando un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes cuerpos, percibirá los
trienios devengados en los mismos, con el valor correspondiente al cuerpo en el que se perfeccionaron.
Cuando un funcionario cambie de cuerpo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo
transcurrida se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo. Los funcionarios
tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias al año por importe, cada una de ellas,
de una mensualidad de sueldo y antigüedad y, en su caso, una cantidad proporcional del complemento
general del puesto en los términos que se fijen por Ley para la Administración de Justicia,
que se harán efectivas en los meses de junio y diciembre, siempre que los perceptores estuvieran
en servicio activo o con derecho a devengo del sueldo el día primero de los meses indicados.
2. A efectos de complemento general de puesto, mediante Real Decreto se determinarán
los puestos tipo de las distintas unidades que integran las Oficinas judiciales, así como otros
servicios no jurisdiccionales, estableciéndose las valoraciones de cada uno de ellos. La cuantía
se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. La cuantía individualizada del complemento específico se fijará por el Ministerio
de Justicia o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previa negociación con las organizaciones
sindicales en sus respectivos ámbitos, al elaborar las relaciones de puestos de trabajo en
función de la valoración de las condiciones particulares de los mismos. Todos los puestos de
trabajo tendrán asignado un complemento específico. En ningún caso podrá asignarse más de un
complemento específico a un puesto de trabajo.
4. Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la Comunidad
Autónoma, en sus respectivos ámbitos, la concreción individual de las cuantías del complemento
de productividad y la determinación de los funcionarios con derecho a su percepción, de acuerdo
con los criterios de distribución que se establezcan para los diferentes programas y objetivos.
Por las citadas autoridades se establecerán fórmulas de participación de los representantes
sindicales en su determinación concreta y el control formal de la asignación.
5. El Ministerio de Justicia y el órgano competente de las Comunidades Autónomas,
en sus respectivos ámbitos, procederán a la asignación individual de las cuantías de las gratificaciones
y a la determinación de los criterios para su percepción.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO VII.
Ordenación de la actividad profesional
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 520.
1. Los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere este libro desempeñarán los
puestos de trabajo de las unidades en que se estructuren las Oficinas judiciales y, en su caso,
en los correspondientes a las unidades administrativas y oficinas comunes a que se refiere
el artículo 439; los de los Institutos de Medicina Legal, los del Instituto de Toxicología
y sus departamentos.
2. Además podrán prestar servicios en el Consejo General del Poder Judicial, en
el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas en los términos y con las condiciones
previstas en la normativa reguladora del personal al servicio de los citados órganos constitucionales,
y en la Mutualidad General Judicial en los puestos que se determinen en la relación de puestos
de trabajo del citado organismo público.
3. También podrán acceder a puestos de trabajo de otras Administraciones públicas
en tanto las relaciones de puestos de trabajo contengan expresa previsión al efecto. Les será
de aplicación, mientras se mantengan en dichos puestos, la legislación en materia de Función
Pública de la Administración en que se encuentren destinados y permanecerán en servicio activo
en su Administración de origen.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 521.
1. La ordenación del personal y su integración en las distintas unidades que conforman
la estructura de las Oficinas judiciales se realizará a través de las relaciones de puestos
de trabajo que se aprueben y que, en todo caso, serán públicas.
2. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos
de trabajo de las distintas unidades que componen la Oficina judicial, incluidos aquellos que
hayan de ser desempeñados por Secretarios Judiciales, e indicarán su denominación, ubicación,
los requisitos exigidos para su desempeño, el complemento general de puesto y el complemento
específico.
** APDO. 2 modificado por art. 1.18 de Ley Orgánica núm. 1/2009
3. Las relaciones de puestos de trabajo deberán contener necesariamente las siguientes
especificaciones:
** APDO. 3 A) modificado por por el art. único.5 de la Ley Orgánica 8/2011
A) Centro Gestor. Centro de destino.<br /><br />A efectos de la
ordenación de los puestos de trabajo y de su ocupación por el personal
funcionario, tendrán la consideración de centros gestores los órganos
competentes del Ministerio de Justicia o el órgano competente de las Comunidades
Autónomas para la gestión del personal, a quienes corresponderá
la formulación de la relación de puestos de trabajo en sus respectivos
ámbitos territoriales.<br /><br />Se entenderá por centro
de destino:<br /><br />Cada uno de los servicios comunes procesales.<br
/><br />El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos
judiciales que radiquen en el mismo municipio.<br /><br />Cada una de las Fiscalías
o Adscripciones de Fiscalías.<br /><br />En los Institutos de Medicina
Legal, aquellos que su norma de creación establezca como tales.<br /><br
/>En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquellos que
su norma de creación establezca como tales.<br /><br />La Mutualidad
General Judicial.<br /><br />Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados
de Paz de más de 7.000 habitantes o de menos de 7.000 habitantes, dotados de
plantilla funcionarial en razón de su carga de trabajo.<br /><br />El
Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal
Supremo.<br /><br />Las Secretarías de Gobierno.
** APDO. 3 A) modificado por art. 1.18 de Ley Orgánica núm. 1/2009
B) Tipo de puesto. A estos efectos los puestos se clasifican en genéricos y
singularizados. Son puestos genéricos los que no se diferencian dentro de la estructura
orgánica y que implican la ejecución de tareas o funciones propias de un cuerpo, y por
tanto no tienen un contenido funcional individualizado. Los puestos correspondientes a
las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales como norma general serán
genéricos. Son puestos singularizados los diferenciados dentro de la estructura orgánica
y que implican la ejecución de tareas o funciones asignadas de forma individualizada. A
estos efectos, en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua propia, el conocimiento
de la misma sólo constituirá elemento determinante de la naturaleza singularizada del puesto,
cuando su exigencia se derive de las funciones concretas asignadas al mismo en las relaciones
de puestos de trabajo.
C) Sistema de provisión. A efectos de las relaciones de puestos de trabajo,
se concretará su forma de provisión definitiva por el procedimiento de concurso o de libre
designación.
D) Cuerpo o cuerpos a los que se adscriben los puestos. Los puestos de trabajo
se adscribirán como norma general a un solo cuerpo. No obstante, pudiendo existir puestos
de trabajo en los que la titulación no se considere requisito esencial y la cualificación
requerida se pueda determinar por factores ajenos a la pertenencia a un cuerpo determinado,
es posible la adscripción de un puesto de trabajo a dos cuerpos. Los puestos de trabajo
de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales se adscribirán con carácter
exclusivo a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en razón de sus conocimientos
especializados.
4. Además de los requisitos anteriormente señalados, las relaciones de puestos
de trabajo podrán contener: 1º Titulación académica específica, además de la genérica correspondiente
al Grupo al que se haya adscrito el puesto, cuando su necesidad se deduzca objetivamente de
la índole de las funciones a desempeñar. 2º Formación específica, cuando de la naturaleza de
las funciones del puesto se deduzca su exigencia y pueda ser acreditada documentalmente. 3º
Conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia en aquellas Comunidades Autónomas que
la tengan reconocida como tal. 4º Conocimientos informáticos cuando sean necesarios para el
desempeño del puesto. 5º Aquellas otras condiciones que se consideren relevantes en el contenido
del puesto o su desempeño.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 522.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
1. El Ministerio de Justicia elaborará y aprobará, previo informe del Consejo General
del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales más representativas, las
relaciones de puestos de trabajo en que se ordenen los puestos de las Oficinas judiciales correspondientes
a su ámbito de actuación. Asimismo, será competente para la ordenación de los puestos de trabajo
de las Oficinas judiciales asignados al Cuerpo de Secretarios Judiciales en todo el territorio
del Estado, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones
sindicales más representativas.
2. Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, previo informe del Consejo
General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales, procederán a la
aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales de sus
respectivos ámbitos territoriales. La aprobación definitiva corresponderá al Ministerio de
Justicia que sólo podrá denegarla por razones de legalidad.
3. El Ministerio de Justicia, con anterioridad a la aprobación definitiva de cada
relación de puestos de trabajo determinará aquellos que deban ser asignados al Cuerpo de Secretarios
Judiciales.
4. Para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes
a las unidades administrativas a que se refiere el artículo 439, serán competentes el Ministerio
de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos
territoriales.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 523.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003, de 23 de diciembre.
1. Aprobadas las relaciones de puestos de trabajo iniciales las Comunidades Autónomas
y el Ministerio de Justicia podrán, en sus respectivos ámbitos: 1º Redistribuir los puestos
de trabajo no singularizados dentro de cada Oficina judicial. 2º Redistribuir los puestos de
trabajo de unidades suprimidas de la Oficina judicial, como consecuencia de la modificación
de las estructuras orgánicas. 3º Reordenar los puestos de trabajo entre diferentes oficinas
judiciales. 4º Amortizar puestos de trabajo.
2. En todo caso, las modificaciones de las relaciones iniciales de puestos de trabajo
que se produzcan deberán tener en cuenta los principios contenidos en esta Ley para la redistribución
y reordenación de efectivos, y en concreto las siguientes reglas: 1º Por las Administraciones
competentes se elaborará un proyecto motivado, que será negociado con las organizaciones sindicales
más representativas. 2º Se deberá respetar la denominación, retribuciones y demás características
de los puestos afectados y, en ningún caso, supondrán cambio de municipio para el personal.
3º En todo caso, respetarán las dotaciones mínimas que para las unidades procesales de apoyo
directo se hayan establecido. 4º Se requerirá informe previo del Consejo General del Poder
Judicial y para su efectividad será preceptiva la comunicación previa al Ministerio de Justicia.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO VIII.
Provisión de puestos de trabajo y movilidad
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 524.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
1. La provisión de los puestos de trabajo se llevará a cabo por los procedimientos
de concurso, que será el sistema ordinario, o de libre designación, de conformidad con lo que
determinen las relaciones de puestos de trabajo y en atención a la naturaleza de las funciones
a desempeñar.
2. Los puestos de trabajo podrán cubrirse temporalmente mediante adscripción provisional
o en comisión de servicios.
3. Asimismo y por razones organizativas, los puestos de trabajo podrán ser provistos
mediante redistribución o reordenación de efectivos.
Artículo 525.
Serán competentes para la provisión de los puestos de trabajo ubicados en sus respectivos
ámbitos territoriales, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas,
en los supuestos, condiciones y conforme a los procedimientos que se establezcan en esta Ley Orgánica
y en el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 526.
1. El concurso consiste en la comprobación y valoración de los méritos que puedan
alegarse, de acuerdo con las bases de la convocatoria y conforme al baremo que se establezca
en la misma. Atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos cuya cobertura se pretende,
el concurso podrá ser:
a) Concurso de traslado: por este procedimiento se cubrirán los puestos de
trabajo genéricos. La valoración de los méritos se realizará, en la forma y conforme al
baremo que determine el Real Decreto por el que se apruebe el Reglamento General de Ingreso,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional.
b) Concurso específico: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo
singularizados. Constará de dos fases: 1º En la primera se procederá a la comprobación
y valoración de los méritos generales, conforme a lo establecido en el párrafo a) de este
artículo. 2º En la segunda fase, se procederá a la valoración de aptitudes concretas, a
través de conocimientos, experiencia, titulaciones académicas y aquellos otros elementos
que garanticen la adecuación del aspirante para el desempeño del puesto. Estas aptitudes
se valorarán en la forma que se determine en la convocatoria sin que, en ningún caso, esta
segunda fase pueda suponer más del 40 por 100 de la puntuación máxima total de ambas fases.
2. En el procedimiento de libre designación, el órgano competente apreciará la
idoneidad de los candidatos, en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto. Podrán proveerse por este sistema, los puestos directivos y aquellos para los que,
por su especial responsabilidad y dedicación, así se establezca en las relaciones de puestos
de trabajo.
3. Será preceptiva, en todo caso, la convocatoria pública en el "Boletín Oficial
del Estado" y "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma", con indicación de la denominación
del puesto, localización, y retribución, así como, en su caso, de los requisitos mínimos exigibles.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 527.
Sin perjuicio de la posibilidad de nombramiento de funcionarios interinos por razones
de urgencia o necesidad a que refiere el artículo 472.2, los puestos de trabajo vacantes o en caso
de ausencia de su titular podrán ser provistos temporalmente de la siguiente manera:
1. Los puestos de trabajo vacantes, hasta tanto se resuelvan los sistemas de provisión
en curso o cuando resueltos no se hayan cubierto por no existir candidato idóneo, podrán ser
provistos por funcionarios que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño, mediante el
otorgamiento de una comisión de servicio, que podrá tener carácter voluntario o forzoso. Los
funcionarios que se encuentren en comisión de servicio, conservarán su puesto de origen y tendrán
derecho a las retribuciones complementarias del puesto que desempeñen. Si la comisión tiene
carácter forzoso y las retribuciones del puesto que se desempeña fuesen inferiores al de origen,
se garantizarán, en todo caso, las retribuciones complementarias que resulten superiores.
2. Con carácter excepcional podrán ser cubiertos temporalmente mediante sustitución
los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular esté ausente por el disfrute
de licencias o permisos de larga duración. Para ser nombrado sustituto se deberán reunir los
requisitos establecidos para el desempeño del puesto de trabajo de que se trate en la relación
de puestos de trabajo. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y el procedimiento
aplicable a las sustituciones. Cuando se trate de un puesto de trabajo adscrito al Cuerpo de
Secretarios Judiciales el procedimiento y requisitos aplicables a la sustitución será el establecido
expresamente para el nombramiento de secretarios sustitutos. Asimismo, los puestos de trabajo
se podrán desempeñar temporalmente mediante adscripción provisional, en los supuestos de cese
y renuncia. Los funcionarios nombrados para puestos de libre designación, podrán ser cesados
con carácter discrecional, mediante resolución en la que la motivación se referirá exclusivamente
a la competencia para adoptarla. Los titulares de un puesto de trabajo obtenido por concurso
específico o por libre designación, podrán renunciar a los mismos, mediante solicitud razonada
en la que harán constar, los motivos profesionales o personales y siempre que hayan desempeñado
el citado puesto, al menos un año. En los anteriores supuestos, los funcionarios serán adscritos
provisionalmente, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, a un puesto de trabajo
correspondiente a su cuerpo, dentro del mismo municipio y con efectos del día siguiente al
de la resolución del cese o aceptación de la renuncia. También podrán ser adscritos provisionalmente
a un puesto de trabajo correspondiente a su cuerpo, los funcionarios de carrera que reingresen
al servicio activo desde situaciones que no comportaran reserva de puesto de trabajo. En este
supuesto, la adscripción estará condicionada a las necesidades del servicio.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003.
Artículo 528.
1. Redistribución de efectivos. Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo
puestos genéricos podrán ser adscritos por necesidades del servicio a otros de iguales naturaleza,
complemento general de puesto y complemento específico del mismo centro de destino. El puesto
de trabajo al que se accede a través de redistribución tendrá carácter definitivo, iniciándose
el cómputo del tiempo mínimo de permanencia en un puesto para poder concursar desde la fecha
en que se accedió con carácter definitivo, computándose el tiempo mínimo de permanencia, conforme
a lo dispuesto en el artículo 529.3, con referencia al puesto que se desempeñaba en el momento
de producirse la redistribución.
2. Reordenación de efectivos. Por razones organizativas y a través de las correspondientes
modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, los puestos de trabajo genéricos y
los titulares de los mismos podrán ser adscritos a otros centros de destino. Este proceso de
movilidad se realizará en base a un proyecto presentado por las Administraciones competentes
y negociado con las organizaciones sindicales más representativas mediante procedimientos de
movilidad voluntaria. Los puestos o plazas que no sean cubiertos serán posteriormente asignados
mediante un proceso de reasignación forzosa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Los funcionarios afectados por una reordenación forzosa estarán exentos de la obligación de
permanencia mínima en el puesto de trabajo señalada en el artículo 529, gozando de preferencia
para obtener un puesto de trabajo en su centro de destino de origen en el primer concurso en
que se oferten plazas de dicho centro. A efectos de determinación del puesto afectado por la
reordenación, cuando exista más de uno de la misma naturaleza, se aplicará el criterio de voluntariedad
por parte de los funcionarios que los desempeñen y, en su defecto, de antigüedad en la ocupación.
3. Por motivos excepcionales, el Ministerio de Justicia, o en su caso las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de justicia, podrán acordar planes de ordenación de recursos
humanos en los términos y conforme a lo previsto en la normativa vigente para los funcionarios
de la Administración General del Estado.
** APDO. 3 añadido por art. único.29 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 529.
1. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas convocarán concursos de
ámbito nacional para la provisión de puestos de trabajo vacantes en sus ámbitos territoriales.
El Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los funcionarios de la Administración de Justicia establecerá las normas a que han de ajustarse
las convocatorias, así como los méritos generales a valorar.
2. Podrán participar en estos concursos los funcionarios, cualquiera que sea su
situación administrativa, excepto los declarados suspensos en firme que no podrán participar
mientras dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos
determinados en la convocatoria, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias
y sin ninguna limitación por razón de la localidad de destino.
3. No se podrá tomar parte en un concurso de traslado para la provisión de puestos
de trabajo genéricos hasta tanto no hayan transcurrido dos años desde que se dictó la resolución
por la que se convocó el concurso de traslado en el que el funcionario obtuvo su último destino
definitivo, desde el que participa, o la resolución en la que se le adjudicó destino definitivo,
si se trata de funcionarios de nuevo ingreso. Para el cómputo de los años se considerará como
primer año el año natural en que se dictaron las resoluciones de que se trate, con independencia
de su fecha, y como segundo año, el año natural siguiente.
4. Los funcionarios que no tengan destino definitivo, obligados a participar en
los concursos de acuerdo con la normativa vigente, estarán excluidos de la limitación temporal
prevista en el apartado anterior.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 530.
En las convocatorias para puestos de trabajo de las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas cuya lengua propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito el conocimiento oral
y escrito de la misma. En determinados puestos, podrá considerarse requisito exigible para el acceso
a los mismos, cuando de la naturaleza de las funciones a desempeñar se derive dicha exigencia y
así se establezca en las relaciones de puestos de trabajo.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 531.
1. La provisión de puestos genéricos vacantes se efectuará mediante concursos de
traslados, que serán convocados y resueltos en sus ámbitos respectivos por el Ministerio de
Justicia y por las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales
y en los que podrán participar todos los funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, cualquiera
que sea el territorio en que se encuentren destinados.
2. Estos concursos se convocarán al menos una vez al año, en la misma fecha en
todo el territorio del Estado, y se resolverán por cada Administración convocante de modo que
los interesados no puedan tomar posesión más que en un único destino y en un mismo cuerpo.
A tal efecto, el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia contendrá las normas aplicables
a los concursos de traslados, que asegurarán la efectiva participación en condiciones de igualdad
de todos los funcionarios, estableciendo un sistema que garantice de manera permanente la inmediatez
y agilidad en la provisión de las vacantes, así como un calendario para la convocatoria y resolución
de los concursos de traslados que permita determinar los puestos de trabajo a ofertar a los
funcionarios de nuevo ingreso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 488.3.
3. Las convocatorias se harán públicas a través del "Boletín Oficial del Estado"
y de los Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas.
4. En los concursos se ofertarán las plazas vacantes que determinen las Administraciones
competentes y las que resulten del propio concurso, siempre que no esté prevista su amortización.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 532
1. Los concursos específicos serán convocados y resueltos por cada Administración
competente en su ámbito territorial, procurando que las convocatorias y su resolución no interfieran
en los resultados de los concursos convocados por las respectivas Administraciones, y podrán
participar en ellos los funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera que sea el
ámbito territorial en que estén destinados.
2. Se valorarán aquellos méritos generales que se determinen en el Reglamento General
de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de
la Administración de Justicia, conforme a los criterios que en el mismo se establezcan.
3. Los méritos específicos serán adecuados a las características de cada puesto
y se determinarán en la convocatoria, sin que en ningún caso puedan sobrepasar el porcentaje
máximo de la puntuación total establecido en el artículo 526.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 533.
1. Los citados méritos serán comprobados y valorados por una comisión, que estará
constituida por cuatro miembros en representación de la Administración convocante designados
por la misma, de los que al menos uno será funcionario al servicio de la Administración de
Justicia. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito correspondiente participarán
como miembros de la Comisión de valoración, en número inferior al de los miembros designados
a propuesta de la Administración.
2. Todos los miembros deberán pertenecer a cuerpos de igual o superior titulación
al que esté adscrito el puesto convocado y desempeñarán puestos de igual o superior categoría
al convocado. El Presidente y Secretario serán nombrados por la autoridad convocante entre
los miembros designados por la Administración.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO IX.
Responsabilidad disciplinaria
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 534.
1. Los secretarios judiciales y los funcionarios de los cuerpos a que se refiere
este libro estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria y serán sancionados en los supuestos
y de acuerdo con los principios que se establecen en esta Ley Orgánica.
2. Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores
que consintieren, así como quienes indujeran o encubrieran, las faltas muy graves y graves
cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.
3. No podrá imponerse sanción por la comisión de falta muy grave o grave, sino
en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto mediante el procedimiento que se
establezca en el Reglamento General de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley. Para la imposición
de sanciones por faltas leves, no será preceptiva la previa instrucción del expediente, salvo
el trámite de audiencia al interesado.
4. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia
de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación, poniéndolo en conocimiento
del Ministerio Fiscal.
5. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación
de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste
hasta tanto no haya recaído sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal. En
todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al
procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario,
sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y otra vía. Sólo
podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos, cuando no hubiere identidad
de fundamento jurídico y bien jurídico protegido.
6. Durante la tramitación del procedimiento se podrá acordar la suspensión provisional
como medida cautelar, que requerirá resolución motivada.
7. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el registro de personal, con
expresión de los hechos imputados. Dichas anotaciones serán canceladas por el transcurso de
los plazos que se determinen reglamentariamente.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 535.
El procedimiento disciplinario que se establezca en desarrollo de esta Ley Orgánica
deberá garantizar al funcionario expedientado, además de los reconocidos por el artículo 35 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los siguientes derechos:1º A la presunción de inocencia.2º
A ser notificado del nombramiento de instructor y secretario, así como a recusar a los mismos.3º
A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las sanciones que,
en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora.4º A formular alegaciones.5º
A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos.6º A poder actuar
en el procedimiento asistido de letrado o de los representantes sindicales que determine.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 536.
Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves.
A) Se consideran faltas muy graves:
1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de
la función pública.
2. Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión,
lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
3. El abandono del servicio.
4. La emisión de informes o adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente
ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interés público o lesionen derechos fundamentales
de los ciudadanos.
5. La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan
tenido acceso por razón de su cargo o función.
6. La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento
indebidos.
7. El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo
o funciones encomendadas.
8. La utilización de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos
electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
9. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas.
10. La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o
escritas de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a
funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente
ilegales.
11. La utilización de la condición de funcionario para la obtención de un beneficio
indebido para sí o para un tercero.
12. La realización de actividades declaradas incompatibles por Ley.
13. La inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna
de las causas legalmente previstas.
14. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades
públicas y de los derechos sindicales.
15. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de
huelga.
16. El acoso sexual.
17. La agresión grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio
de sus funciones.
18. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados
o al servicio.
19. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración
de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave.
20. La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado
por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido
la cancelación de las anotaciones correspondientes.
B) Se consideran faltas graves:
1. La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas
por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto
de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
2. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido encomendada,
cuando no constituya falta muy grave.
3. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya
falta muy grave.
4. La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida
de los mismos o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas
no constituyan falta muy grave.
5. La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses.
6. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes
al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento
de las mismas.
7. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme
a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , sobre Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola
obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
8. La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados,
así como con los profesionales o ciudadanos.
9. Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales
destinados a la prestación del servicio.
10. La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados
en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para
su utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos.
11. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios
o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
12. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda
al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento
grave por los mismos de los deberes que les correspondan.
13. Obstaculizar las labores de inspección.
14. Promover su abstención de forma claramente injustificada.
15. El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
16. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente
por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación
de las correspondientes anotaciones.
C) Se consideran faltas leves:
1. La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como
con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave.
2. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la
negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave.
3. El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya
falta más grave.
4. La ausencia injustificada por un día.
5. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya
falta grave.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 537.
En el Reglamento General de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia se fijarán los criterios para la determinación de la graduación de
las sanciones que, en todo caso, se basarán en los siguientes principios:1º Intencionalidad.2º
Perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos.3º Grado de participación en la comisión
de la falta.4º Reiteración o reincidencia.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 538.
Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en
el ejercicio de su cargo son:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión de empleo y sueldo.
c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
d) Separación del servicio. Las sanciones de los párrafos b) y c) podrán imponerse
por la comisión de faltas graves y muy graves, graduándose su duración en función de las circunstancias
que concurran en el hecho objeto de sanción. La sanción de separación de servicio sólo podrá
imponerse por faltas muy graves. La suspensión de funciones impuesta por la comisión de una
falta muy grave no podrá ser superior a seis años ni inferior a tres años. Si se impone por
falta grave, no excederá de tres años. Los funcionarios a los que se sancione con traslado
forzoso no podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres años, cuando
hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la
comisión de una falta grave. Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con apercibimiento.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 539.
Serán competentes para la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios así
como para la imposición de sanciones de los funcionarios de los cuerpos incluidos en el ámbito
de aplicación de este libro, el Ministerio de Justicia y los órganos que se determinen por las
Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos territoriales y respecto
de los funcionarios destinados en los mismos.La separación del servicio, será acordada por el Ministro
de Justicia en todo caso.Cuando la sanción de traslado forzoso suponga la movilidad del territorio
de una Comunidad Autónoma al de otra con competencias asumidas, será competente para acordarla
el Ministro de Justicia, previo informe favorable de la Comunidad Autónoma a cuyo territorio se
traslada al funcionario sancionado.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 540.
1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, a los seis meses,
y las muy graves, al año. El plazo se computará desde la fecha de su comisión.
2. En los casos en los que un hecho dé lugar a la apertura de causa penal, los
plazos de prescripción no comenzarán a computarse sino desde la conclusión de la misma.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se inicie el procedimiento
disciplinario volviendo a computarse el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante
más de seis meses por causas no imputables al funcionario sujeto a procedimiento.
4. Las sanciones impuestas prescribirán a los cuatro meses en el caso de las faltas
leves; al año, en los casos de faltas graves y a los dos años, en los casos de faltas muy graves.
El plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza
la resolución en que se imponga.
** Añadido por art. único.124 de Ley Orgánica núm. 19/2003
LIBRO VII.
Del Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de
Justicia
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO I.
Del Ministerio Fiscal
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 541.
1. Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, el Ministerio Fiscal
tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos
de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los
interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la
satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal se regirá por lo que disponga su Estatuto Orgánico.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO II.
De los Abogados y Procuradores
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 542.
1. Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado
en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de
procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico.
2. En su actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados son libres e independientes,
se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de
su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa.
3. Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan
por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados
a declarar sobre los mismos.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 543.
1. Corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes
en todo tipo de procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa.
2. Podrán realizar los actos de comunicación a las partes del proceso que la Ley
les autorice.
3. Será aplicable a los procuradores lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
anterior.
4. En el ejercicio de su profesión los procuradores podrán ser sustituidos por
otro procurador. También para los actos y en la forma que se determine reglamentariamente podrán
ser sustituidos por oficial habilitado.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 544.
1. Los abogados y procuradores, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. La colegiación de los abogados y procuradores será obligatoria para actuar ante
los juzgados y tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general
sobre Colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas
o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 545.
1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, las partes podrán designar libremente a
sus representantes y defensores entre los procuradores y abogados que reúnan los requisitos
exigidos por las leyes.
2. Se designarán de oficio, con arreglo a lo que en aquéllas se establezca, a quien
lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La defensa de oficio
tendrá carácter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los
términos que establezca la Ley.
3. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación técnica
podrá ser ostentada por un graduado social colegiado, al que serán de aplicación las obligaciones
inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional,
en este título y especialmente en los artículos 187, 542.3 y 546 de esta Ley.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 546.
1. Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia
de abogado, en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.
2. Los abogados y procuradores están sujetos en el ejercicio de su profesión a
responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.
3. Las correcciones disciplinarias por su actuación ante los juzgados y tribunales
se regirán por lo establecido en esta Ley y en las leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria
por su conducta profesional compete declararla a los correspondientes Colegios y Consejos conforme
a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo el procedimiento
sancionador.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO III.
De la Policía Judicial
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 547.
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales
y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento
de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de
las Comunidades Autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 548.
1. Se establecerán unidades de Policía Judicial que dependerán funcionalmente de
las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de todas las actuaciones
que aquéllas les encomienden.
2. Por Ley se fijará la organización de estas unidades y los medios de selección
y régimen jurídico de sus miembros.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 549.
1. Corresponden específicamente a las unidades de Policía Judicial las siguientes
funciones:
a) La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos
delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial
y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes.
b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba
realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial.
c) La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la
coerción y ordenare la autoridad judicial o fiscal.
d) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad
judicial o fiscal.
e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación
o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.
2. En ningún caso podrán encomendarse a los miembros de dichas unidades la práctica
de actuaciones que no sean las propias de la Policía Judicial o las derivadas de las mismas.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 550.
1. En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la
dirección de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal.
2. Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación
o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547 de esta
Ley, no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase
del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del
juez o fiscal competente.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO IV.
De la representación y defensa del Estado y demás entes públicos
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 551.
1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como
la representación y defensa de los órganos constitucionales, cuyas normas internas no establezcan
un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el servicio
jurídico del Estado. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes
organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación
estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre , de Asistencia Jurídica
al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo. La representación y defensa
de las entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social corresponderá a
los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, en ambos casos,
y de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, puedan ser encomendadas a abogado
colegiado especialmente designado al efecto.
2. La representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados,
del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes
de aquéllas corresponderá a los Letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías
generales respectivas.
3. La representación y defensa de las Comunidades Autónomas y las de los entes
locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones
públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los Abogados
del Estado podrán representar y defender a las Comunidades Autónomas y a los entes locales
en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al
Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
TÍTULO V.
De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 552.
Los abogados y procuradores que intervengan en los pleitos y causas, cuando incumplan
las obligaciones que les impone esta Ley o las leyes procesales, podrán ser corregidos a tenor
de lo dispuesto en este título, siempre que el hecho no constituya delito.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 553.
Los abogados y procuradores serán también corregidos disciplinariamente por su actuación
ante los juzgados y tribunales:1º) Cuando en su actuación forense faltaren oralmente, por escrito
o por obra, al respeto debido a los jueces y tribunales, fiscales, abogados, secretarios judiciales
o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso.2º) Cuando llamados al orden en
las alegaciones orales no obedecieren reiteradamente al que presida el acto.3º) Cuando no comparecieren
ante el tribunal sin causa justificada una vez citados en forma.4º) Cuando renuncien injustificadamente
a la defensa o representación que ejerzan en un proceso, dentro de los siete días anteriores a
la celebración del juicio o vistas señaladas.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 554.
1. Las correcciones que pueden imponerse a las personas a que se refieren los dos
artículos anteriores son:
a) Apercibimiento.
b) Multa cuya máxima cuantía será la prevista en el Código Penal como pena
correspondiente a las faltas.
2. La imposición de la corrección de multa se hará atendiendo a la gravedad, antecedentes
y circunstancias de los hechos cometidos, y en todo caso se impondrá siempre con audiencia
del interesado.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 555.
1. La corrección se impondrá por la autoridad ante la que se sigan las actuaciones.
2. Podrá imponerse en los propios autos o en procedimiento aparte. En todo caso,
por el secretario se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones
del implicado y el acuerdo que se adopte por el juez o por la sala.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 556.
Contra el acuerdo de imposición de la corrección podrá interponerse, en el plazo de
cinco días, recurso de audiencia en justicia ante el secretario judicial, el juez o la sala, que
lo resolverán en el siguiente día. Contra este Acuerdo o contra el de imposición de la sanción,
en el caso de que no se hubiese utilizado el recurso de audiencia en justicia, cabrá recurso de
alzada, en el plazo de cinco días, ante la Sala de Gobierno, que lo resolverá previo informe del
secretario judicial, del juez o de la sala que impuso la corrección, en la primera reunión que
celebre.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Artículo 557.
Cuando fuere procedente alguna de las correcciones especiales previstas en las leyes
procesales para casos determinados, se aplicará, en cuanto al modo de imponerla y recursos utilizables,
lo que establecen los dos artículos anteriores.
** Añadido por art. único.125 de Ley Orgánica núm. 19/2003
LIBRO VIII.
Del Consejo General del Poder Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
TÍTULO I.
De las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 558.
1. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial,
que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y
la presente Ley Orgánica.
2. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la villa de Madrid.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 559.
Los Presidentes y demás órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, en el ejercicio
de sus funciones gubernativas, están subordinados al Consejo General del Poder Judicial.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 560.
1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones:
1.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica,
del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
2.ª Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal
Supremo.
3.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica,
de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.
4.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.
5.ª Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del
Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
6.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces
y Magistrados.
7.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión
de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.
8.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación
de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.
9.ª Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en
materias de la competencia de éstos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan
contra cualesquiera acuerdos de los mismos.
10.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que
se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. A tal efecto el Consejo
General del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones competentes, establecerá
reglamentariamente el modo en que habrán de elaborarse los libros electrónicos de sentencias,
la recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su
integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación
en materia de protección de datos personales.
11.ª Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar
a su Director y a sus profesores.
12.ª Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial,
así como nombrar a su Director y al resto de su personal.
13.ª Nombrar al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción Disciplinaria
y al Jefe de la Inspección de Tribunales.
14.ª Nombrar al Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial.
15.ª Regular y convocar el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Letrados
del Consejo General del Poder Judicial.
16.ª Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las
previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias:
a) Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.
b) Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación
sobre la función pública.
c) Órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.
d) Publicidad de las actuaciones judiciales.
e) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.
f) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.
g) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
h) Especialización de órganos judiciales.
i) Reparto de asuntos y ponencias.
j) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.
k) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles
en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.
l) Establecimiento de las bases y estándares de compatibilidad de los sistemas
informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia.
m) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman
el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales,
sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la
regulación legal. En ningún caso, las disposiciones reglamentarias del Consejo General
del Poder Judicial podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes
de personas ajenas al mismo.
17.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la
presente Ley Orgánica.
18.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.
19ª Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de
la Administración de Justicia. Asimismo, asumirá las competencias propias de aquélla, únicamente
respecto a la actuación de Jueces y Magistrados con ocasión del uso de ficheros judiciales.
20.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración
de Justicia.
21.ª Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso,
oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas
de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar
la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional. La determinación de la carga
de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al Juez o Magistrado corresponderá en
exclusiva al Consejo General del Poder Judicial.
22.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que
sean precisas en concretos órganos judiciales.
23.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia.
24.ª Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. Los proyectos de reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones
profesionales de Jueces y Magistrados y de las corporaciones profesionales o asociaciones de
otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan
afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia,
y a las de las Comunidades Autónomas siempre que una y otras tengan competencias relacionadas
con el contenido del reglamento o sea necesario coordinar éstas con las del Consejo General.
Se recabarán las consultas y los estudios previos que se consideren pertinentes y un dictamen
de legalidad sobre el proyecto. En todo caso, se elaborará un informe previo de impacto de
género. El Ministerio Fiscal será oído cuando le afecte la materia sobre la que verse el proyecto
y especialmente en los supuestos contemplados en las letras d) y f) a j) del apartado 1.16.ª
de este artículo.
3. A los efectos de lo previsto en la letra l) del apartado 1.16.ª de este artículo,
el Consejo General del Poder Judicial someterá a la aprobación del Comité Técnico Estatal de
la Administración judicial electrónica la definición y validación funcional de los programas
y aplicaciones informáticos estableciendo a nivel estatal los modelos de resoluciones, procedimientos
e hitos clave de la gestión procesal. En todo caso, la implementación técnica de todas estas
medidas en los programas y aplicaciones informáticas corresponderá al Ministerio de Justicia
y demás administraciones con competencias sobre los medios materiales al servicio de la Administración
de Justicia.
4. Cuando en el ejercicio de las atribuciones legalmente previstas en este artículo
el Consejo General del Poder Judicial adopte medidas que comporten un incremento de gasto,
será preciso informe favorable de la Administración competente que deba soportar dicho gasto.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 561.
1. Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos
de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias:
1.ª Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2.ª Determinación y modificación de las demarcaciones judiciales, así como de su
capitalidad.
3.ª Fijación y modificación de la plantilla orgánica de Jueces y Magistrados, Secretarios
Judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia.
4.ª Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados.
5.ª Estatuto orgánico de los Secretarios Judiciales y del resto del personal al
servicio de la Administración de Justicia.
6.ª Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la
tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales. 7ª Normas que
afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Tribunales.
8.ª Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario.
9.ª Cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso,
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna.
2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe en el plazo improrrogable
de treinta días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el
plazo será de quince días. Excepcionalmente el órgano remitente podrá conceder una prórroga
del plazo atendiendo a las circunstancias del caso.
3. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse
de anteproyectos de ley.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 562.
Todas las actividades internacionales del Consejo General del Poder Judicial se llevarán
a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con las directrices
en materia de política exterior que, en el ejercicio de sus competencias, sean fijadas por éste,
sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación jurisdiccional internacional ostenta
el Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 563.
1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá a las Cortes Generales anualmente
una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo General del Poder
Judicial y de los Juzgados y Tribunales, donde se incluirán las necesidades que, a su juicio,
existan en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las
funciones que la Constitución y las leyes asignan al poder judicial.
2. En dicha Memoria se incluirá también un capítulo sobre el impacto de género
en el ámbito judicial.
3. Las Cortes Generales, de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras, podrán
debatir el contenido de la Memoria y solicitar la comparecencia del Presidente del Tribunal
Supremo, a fin de responder a las preguntas que se le formulen acerca de la referida Memoria.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 564.
Fuera del supuesto previsto en el artículo anterior, sobre el Presidente del Tribunal
Supremo y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no recaerá deber alguno de comparecer
ante las Cámaras por razón de sus funciones.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 565.
1. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, el Consejo General
del Poder Judicial, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elaborará su presupuesto.
2. La elaboración y ejecución del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial
se sujetará, en todo caso, a la legislación presupuestaria general.
3. El control interno del gasto del Consejo General del Poder Judicial se llevará
a cabo por un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado, que dependerá funcionalmente del Consejo General del Poder Judicial, y el control externo
por el Tribunal de Cuentas.
4. El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial,
está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
TÍTULO II.
De los Vocales del Consejo General del Poder Judicial
CAPÍTULO I.
Designación y sustitución de los Vocales
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 566.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados
en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 567.
1. Los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados
por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica.
2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros,
a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años
de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto
en el Capítulo II del presente Título.
3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos Jueces o Magistrados
que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de
quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad
en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. Quien,
deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible
con aquél según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado
cargo si resultare elegido.
4. Las Cámaras designarán, asimismo, tres suplentes para cada uno de los turnos
por los que se puede acceder a la designación como Vocal, fijándose el orden por el que
deba procederse en caso de sustitución.
5. En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del Consejo General
del Poder Judicial en Vocales del Consejo saliente.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 568.
1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco
años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados
y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo
se produzca en plazo.
2. A tal efecto, y a fin de que las Cámaras puedan dar comienzo al proceso
de renovación del Consejo, cuatro meses antes de la expiración del mencionado plazo, el
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá:
a) la remisión a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado
de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha
fecha en el Consejo.
b) la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación
de los Vocales correspondientes al turno judicial. El Presidente del Tribunal Supremo
dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos
en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 569.
1. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por el
Rey mediante Real Decreto, tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante
el Rey y celebrarán a continuación su sesión constitutiva.
2. La toma de posesión y la sesión constitutiva tendrán lugar dentro de los
cinco días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo en el supuesto previsto
en el artículo 570.2 de esta Ley Orgánica.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 570.
1. Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder
Judicial no hubiere alguna de las Cámaras procedido aún a la elección de los Vocales cuya
designación le corresponda, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con los
diez Vocales designados por la otra Cámara y con los Vocales del Consejo saliente que hubieren
sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación,
pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones.
2. Si ninguna de las dos Cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente
previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará
en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces,
a la elección de nuevo Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
3. El nombramiento de Vocales con posterioridad a la expiración del plazo concedido
legalmente para su designación no supondrá, en ningún caso, la ampliación de la duración
de su cargo más allá de los cinco años de mandato del Consejo General del Poder Judicial
para el que hubieren sido designados, salvo lo previsto en el apartado anterior.
4. Una vez que se produzca la designación de los Vocales por la Cámara que
haya incumplido el plazo de designación, deberá procederse a la sustitución de los Vocales
salientes que formasen parte de alguna de las Comisiones legalmente previstas. Los nuevos
Vocales deberán ser elegidos por el Pleno teniendo en cuenta el turno por el que hayan
sido designados los Vocales salientes, y formarán parte de la Comisión respectiva por el
tiempo que resta hasta la renovación de la misma.
5. La mera circunstancia de que la designación de Vocales se produzca una vez
constituido el nuevo Consejo no servirá de justificación para revisar los acuerdos que
se hubieren adoptado hasta ese momento.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 571.
1. El cese anticipado de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial
dará lugar a su sustitución, procediendo el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente para que proceda
a la propuesta de nombramiento de un nuevo Vocal conforme al orden establecido en el artículo
567.4 de la presente Ley Orgánica.
2. El nuevo Vocal ejercerá su cargo por el tiempo que reste hasta la finalización
del mandato del Consejo General del Poder Judicial.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO II.
Procedimiento de designación de Vocales de origen judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 572.
La designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes
al turno judicial se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 573.
1. Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá
presentar su candidatura para ser elegido Vocal por el turno judicial, salvo que se halle
en alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en esta Ley, se lo impidan.
2. El Juez o Magistrado que, deseando presentar su candidatura para ser designado
Vocal, ocupare cargo incompatible se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado
cargo si resultare elegido.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 574.
1. El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre
aportar el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el
aval de una Asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete
la apertura del plazo de presentación de candidaturas.
2. Cada uno de los Jueces o Magistrados o Asociaciones judiciales a los que
se refiere el apartado anterior podrá avalar hasta un máximo de doce candidatos.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 575.
1. El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a contar desde el
día siguiente a la fecha en que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial ordene la apertura de dicho plazo.
2. El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura para ser designado
Vocal por el turno de origen judicial, dirigirá escrito al Presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial en el que ponga de manifiesto su intención de
ser designado Vocal. El mencionado escrito deberá ir acompañado de una memoria justificativa
de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo General del
Poder Judicial, así como de los veinticinco avales o el aval de la Asociación judicial
exigidos legalmente para su presentación como candidato.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 576.
1. Corresponde a la Junta Electoral resolver cuantas cuestiones se planteen
en el proceso de presentación de candidaturas a Vocales del Consejo General del Poder Judicial
por el turno judicial y proceder a la proclamación de candidaturas.
2. La Junta Electoral estará integrada por el Presidente de Sala más antiguo
del Tribunal Supremo, quien la presidirá, y por dos Vocales: el Magistrado más antiguo
y el más moderno del Tribunal Supremo, actuando como Secretario, con voz pero sin voto,
el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
3. La Junta Electoral se constituirá dentro de los tres días siguientes al
inicio del procedimiento de designación de candidatos a Vocales del Consejo General del
Poder Judicial por el turno judicial y se disolverá una vez concluido definitivamente el
procedimiento de presentación de candidaturas, incluida la resolución de los recursos contencioso-administrativos
si los hubiere.
4. La Junta Electoral será convocada por su Presidente cuando lo considere
necesario. Para que la reunión se pueda celebrar, será precisa la asistencia de todos sus
miembros o de sus sustitutos.
5. En caso de ausencia del Presidente, asumirá sus funciones el siguiente Presidente
de Sala del Tribunal Supremo en orden de antigüedad. Asimismo, el Magistrado más antiguo
y el más moderno serán, en su caso, sustituidos por los siguientes Magistrados del Tribunal
Supremo más antiguo y moderno del escalafón, respectivamente. En caso de ausencia del Secretario,
será sustituido por el secretario del Tribunal Supremo de mayor antigüedad.
6. Los acuerdos de la Junta Electoral se tomarán por mayoría simple.
7. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral
procederá a publicar, dentro de los dos días siguientes, la lista de candidatos que reúnan
los requisitos legalmente exigidos.
8. La lista será expuesta públicamente en la intranet del Consejo General del
Poder Judicial, pudiendo ser impugnadas las candidaturas presentadas dentro de los tres
días siguientes a su publicación.
9. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral resolverá dentro de los tres
días siguientes las impugnaciones que se hubieren formulado, procediendo de inmediato a
la publicación del acuerdo de proclamación de candidaturas.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 577.
1. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos días desde la publicación del acuerdo.
2. El conocimiento del recurso contencioso-administrativo corresponderá a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que deberá resolver en el plazo
de tres días desde su interposición.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 578.
1. Transcurridos, en su caso, los plazos señalados en el artículo anterior,
el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial remitirá las
candidaturas definitivamente admitidas a los Presidentes del Congreso y del Senado, a fin
de que ambas Cámaras procedan a la designación de los Vocales del turno judicial conforme
a lo previsto en el artículo 567 de la presente Ley Orgánica.
2. En la designación de los Vocales del turno judicial, las Cámaras tomarán
en consideración el número existente en la carrera judicial, en el momento de proceder
a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de Jueces y Magistrados no afiliados
y de afiliados a cada una de las distintas Asociaciones judiciales.
3. La designación de los doce Vocales del Consejo General del Poder Judicial
del turno judicial deberá respetar, como mínimo, la siguiente proporción: tres Magistrados
del Tribunal Supremo; tres Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la
carrera judicial y seis Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad. Si no existieren
candidatos a Vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá
el cupo de la siguiente por el orden establecido en este precepto.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO III.
Estatuto de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 579.
1. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, salvo los que integren
la Comisión Permanente, permanecerán en servicio activo si pertenecen a la carrera judicial
o a algún cuerpo de funcionarios, y seguirán desempeñando su actividad profesional si son
abogados, procuradores de los Tribunales o ejercen cualquier otra profesión liberal.
2. Los Vocales que integren la Comisión Permanente, durante el tiempo que formen
parte de la misma, desempeñarán su cargo con carácter exclusivo y pasarán, en su caso,
a la situación administrativa de servicios especiales en su cuerpo de origen.
3. No podrá compatibilizarse el cargo de Vocal con dedicación exclusiva con
el desempeño simultáneo de otras responsabilidades gubernativas en el ámbito judicial.
En caso de concurrencia y mientras se ostente el cargo de Vocal con dedicación exclusiva,
estas responsabilidades serán asumidas por quien deba sustituir al interesado según la
legislación vigente.
4. Los Vocales tendrán la obligación de asistir, salvo causa justificada, a
todas las sesiones del Pleno y de la Comisión de la que formen parte.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 580.
1. El ejercicio de la función de Vocal del Consejo General del Poder Judicial
será incompatible con cualquier otro cargo público, electivo o no electivo, con la sola
excepción en su caso del servicio en el cuerpo a que pertenezcan.
2. Regirán para los Vocales del Consejo General del Poder Judicial las causas
de abstención y recusación legalmente establecidas para las autoridades y personal al servicio
de la Administración General del Estado. En todo caso, deberán abstenerse de conocer aquellos
asuntos en los que pueda existir un interés directo o indirecto, o cuando su intervención
en los mismos pudiera afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como Vocal.
3. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no podrán invocar o hacer
uso de su condición de tales en el ejercicio de su profesión.
4. Se considerará un incumplimiento muy grave de los deberes inherentes al
cargo de Vocal el quebrantamiento de la prohibición impuesta en el apartado anterior, así
como la utilización de su condición de tal para cualesquiera fines, públicos o privados,
ajenos al adecuado ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial.
Si una situación de este tipo se produjere, el Pleno por mayoría de tres quintos podrá
destituir al Vocal infractor.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 581.
Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por mandato
imperativo.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 582.
1. Los Vocales sólo cesarán en sus cargos por el transcurso de los cinco años
para los que fueron nombrados, así como por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, o por incapacidad, incompatibilidad o
incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciadas por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial mediante mayoría de tres quintos.
2. Los Vocales de origen judicial también cesarán cuando dejen de estar en
servicio activo en la carrera judicial, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2
de esta Ley Orgánica, así como cuando por jubilación u otra causa prevista en esta Ley
Orgánica dejen de pertenecer a la carrera judicial.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 583.
La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial se exigirá por los trámites establecidos para los Magistrados del Tribunal Supremo.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 584.
Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no podrán ser promovidos mientras
dure su mandato a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo o a Magistrado del Tribunal
Constitucional, ni nombrados para cualquier cargo de la carrera judicial de libre designación
o en cuya provisión concurra apreciación de méritos.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
TÍTULO III.
Del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del Vicepresidente
del Tribunal Supremo y del Gabinete de Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial
CAPÍTULO I.
Del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del
Vicepresidente del Tribunal Supremo
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 585.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es
la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y
del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes
a tal condición.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 586.
1. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado
del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del
mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad
en el ejercicio de su profesión.
2. En la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, que será
presidida por el Vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes
candidaturas, sin que cada Vocal pueda proponer más de un nombre.
3. La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre tres y siete días
más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres
quintos de los miembros del Pleno; y, si en una primera votación ninguno de los candidatos
resultare elegido, se procederá inmediatamente a una segunda votación exclusivamente entre
los dos candidatos más votados en aquélla, resultando elegido quien obtenga mayor número
de votos.
4. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante Real
Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
5. El Presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el
Rey y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho Alto Tribunal.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 587.
1. La duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido.
2. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 588.
1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
cesará por las siguientes causas:
1.ª Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado,
en todo caso, en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido
elegido.
2.ª Por renuncia.
3.ª Por decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a causa
de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por
tres quintos de sus miembros.
2. Las causas segunda y tercera de este artículo se comunicarán al Gobierno
por mediación del Ministro de Justicia. En tales casos se procederá a nuevo nombramiento
de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 589.
1. En el primer Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial posterior
a la elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
se deberá elegir al Vicepresidente del Tribunal Supremo.
2. El Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría absoluta,
por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente. Para figurar
en la propuesta será preciso tener la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, estar
en servicio activo y reunir los requisitos para ser Presidente de Sala del mismo.
3. La propuesta realizada por el Presidente del Tribunal Supremo deberá comunicarse
a los Vocales al menos con siete días de antelación, y se hará pública.
4. De no alcanzarse mayoría absoluta en la votación, el Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial deberá efectuar una nueva propuesta de
Vicepresidente.
5. El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial por causa justificada, con el voto favorable de tres
quintos de los miembros del Pleno.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 590.
El Vicepresidente ejercerá, en funciones, el cargo de Presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado
del Presidente y hasta el nombramiento de un nuevo Presidente.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 591.
1. El Vicepresidente prestará al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus
funciones. A estos efectos, le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad
u otro motivo legítimo.
2. El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ejercer, por delegación del
Presidente, la superior dirección del Gabinete Técnico de este Alto Tribunal, así como
todas aquellas funciones que el Presidente le delegue expresamente mediando causa justificada.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 592.
El Vicepresidente del Tribunal Supremo será miembro nato de la Sala de Gobierno
de dicho Tribunal y le corresponderá proponer a ésta y al Presidente la adopción de aquellas
decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como
velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 593.
** Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013, de 28 de junio.
1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
si procediere de la carrera judicial, quedará en la situación administrativa de servicios
especiales. De no pertenecer a la carrera judicial, su situación administrativa será, en
su caso, la que corresponda a su cuerpo de procedencia.
2. El Vicepresidente del Tribunal Supremo, que permanecerá en la situación
administrativa de servicio activo, ocupará el cargo durante cinco años, salvo en el supuesto
previsto en el artículo 589.5 de esta Ley Orgánica.
3. La responsabilidad civil y penal del Presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial y del Vicepresidente se exigirá por los trámites establecidos
para los Magistrados de dicho Alto Tribunal.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO II.
Del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 594.
1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
estará asistido por un Director de Gabinete de la Presidencia, nombrado y cesado libremente
por él.
2. Sólo podrán desempeñar el cargo de Director de Gabinete de la Presidencia
un Magistrado del Tribunal Supremo o aquellos miembros de la carrera judicial o juristas
de reconocida competencia que reúnan los requisitos legalmente exigidos para poder acceder
a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo.
3. El Director del Gabinete de la Presidencia auxiliará al Presidente en sus
funciones, ejercerá aquellas otras que le encomiende el Presidente y dirigirá los Servicios
de Secretaría de Presidencia, tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder
Judicial.
4. Mientras desempeñe el cargo, el Director del Gabinete de la Presidencia
tendrá, a efectos representativos, la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
5. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder
Judicial determinará la estructura y funcionamiento del Gabinete de la Presidencia.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
TÍTULO IV.
De los órganos del Consejo General del Poder Judicial
Artículo 595.
1. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del
Poder Judicial ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones previstas en esta
Ley Orgánica.
2. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes Comisiones:
Permanente, Disciplinaria, De Asuntos Económicos y De Igualdad.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 596.
El Vicepresidente del Tribunal Supremo no ejercerá en el Consejo General del Poder
Judicial otras funciones que las previstas expresamente en esta Ley.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO I.
La Presidencia
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 597.
La Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es
una función inherente al cargo de Presidente del Tribunal Supremo.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 598.
Corresponde a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial:
1.ª Ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial.
2.ª Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente,
decidiendo los empates con voto de calidad.
3.ª Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
4.ª Proponer al Pleno y a la Comisión Permanente las cuestiones que estime
oportunas en materia de la competencia de éstos.
5.ª Proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho
de un asunto.
6.ª Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente.
7.ª Ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos
del Consejo General del Poder Judicial.
8.ª Dirigir la comunicación institucional.
9.ª Realizar la propuesta del Magistrado, de las Salas Segunda o Tercera del
Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro
Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo
18.2 y 3 de la Constitución, así como del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo
que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.
10.ª Nombrar y cesar al Director del Gabinete de la Presidencia y al Director
de la Oficina de Comunicación, así como al personal eventual al servicio del Presidente.
11.ª Proponer al Pleno el nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo,
del Secretario General y del Vicesecretario General, así como, en los dos últimos casos,
acordar su cese.
12.ª Podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre
que este encargo no tenga carácter permanente ni indefinido.
13.ª Las demás previstas en la presente Ley Orgánica.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO II.
El Pleno
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 599.
1. El Pleno conocerá exclusivamente de las siguientes materias:
1.ª La propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados
del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial.
2.ª La propuesta de nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica,
del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como
la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado.
3.ª El nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, del Vicepresidente
del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario General del Consejo General
del Poder Judicial.
4.ª Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que
impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos.
5.ª La interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales
del Estado.
6.ª La designación de los Vocales componentes de las diferentes Comisiones.
7.ª El ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en
esta Ley.
8.ª La aprobación del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y
la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución.
9.ª La aprobación de la Memoria anual.
10.ª La resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta
de sanción consista en la separación de la carrera judicial.
11.ª La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos
sancionadores de la Comisión Disciplinaria.
12.ª La aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones
generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las Cámaras legislativas.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 600.
1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, a convocatoria del Presidente,
una vez al mes.
2. Deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el Presidente
o si lo solicitaren cinco Vocales, para el ejercicio de alguna de las competencias referidas
en el artículo anterior. De igual forma, deberá celebrarse sesión extraordinaria si así
fuese necesario para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias atribuidas
al Pleno.
3. En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del Presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesaria, para la válida
constitución del Pleno, al menos la presencia de doce de sus miembros.
4. En los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria,
como mínimo, la presencia de diez Vocales y el Presidente.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO III.
La Comisión Permanente
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 601.
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los
Vocales integrantes de la Comisión Permanente.
2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros cinco Vocales: tres
de los nombrados por el turno judicial y dos de los designados por el turno de juristas
de reconocida competencia. Con excepción de los miembros de la Comisión Disciplinaria,
se procurará la rotación anual del resto de los Vocales en la composición anual de la Comisión
Permanente.
3. El Consejo General del Poder Judicial determinará, en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento, los casos y la forma en que, por razones de transitoria imposibilidad
o ausencia justificada a las sesiones de la Comisión Permanente, deba procederse a la sustitución
de los Vocales titulares por otros Vocales, a fin de garantizar la correcta composición
y el adecuado funcionamiento de dicha Comisión.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 602.
1. A la Comisión Permanente compete el ejercicio de todas las atribuciones
del Consejo General del Poder Judicial que no estén expresamente reservadas a la Presidencia,
al Pleno, a la Comisión Disciplinaria, a la Comisión de Igualdad o a la Comisión de Asuntos
Económicos por la presente Ley Orgánica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial podrá atribuir competencias
a los Jefes de los Servicios para supuestos que, sin estar reservados al Pleno, no supongan
ejercicio de potestades discrecionales. En este caso, cabrá recurso de alzada ante la Comisión
Permanente contra las resoluciones de los Jefes de los Servicios.
3. En todo caso, la Comisión Permanente preparará las sesiones del Pleno y
velará por la exacta ejecución de sus acuerdos.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO IV.
La Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 603.
1. El Pleno elegirá a los Vocales integrantes de la Comisión Disciplinaria,
cuyo mandato, salvo las sustituciones que procedan, será de cinco años.
2. La Comisión Disciplinaria estará compuesta por siete Vocales: cuatro del
turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia.
3. La Comisión Disciplinaria deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes
y bajo la presidencia del Vocal de origen judicial con mayor categoría y antigüedad.
4. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de
sus componentes, la Comisión Permanente procederá a su sustitución por otro Vocal de idéntica
procedencia.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 604.
1. A la Comisión Disciplinaria compete resolver los expedientes disciplinarios
incoados por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, las sanciones que
correspondan a Jueces y Magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que
la sanción propuesta fuere de separación del servicio.
2. Los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria a los que se refiere
el número anterior serán recurribles, en el plazo de un mes, en alzada ante el Pleno.
3. La Comisión Disciplinaria conocerá igualmente de los recursos de alzada
interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de
los Tribunales.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 605.
La recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción
de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación
de los cargos ante la Comisión Disciplinaria corresponden al Promotor de la Acción Disciplinaria.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 606.
1. El Promotor de la Acción Disciplinaria será nombrado por el Pleno y su mandato
coincidirá con el del Consejo que lo nombró.
2. Vacante la plaza, el Consejo General del Poder Judicial hará una convocatoria
para su provisión entre Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados con más de veinticinco
años de antigüedad en la carrera judicial.
3. En primera votación será elegido quien obtenga la mayoría absoluta; y, si
nadie la obtuviere, se procederá a una segunda votación resultando elegido aquel que lograre
mayor número de votos.
4. El Promotor de la Acción Disciplinaria permanecerá en servicios especiales
en la carrera judicial y ejercerá exclusivamente las funciones inherentes a su cargo.
5. El Promotor de la Acción Disciplinaria sólo podrá ser cesado por incapacidad
o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta.
6. Cuando por circunstancias excepcionales, físicas o legales, el Promotor
de la Acción Disciplinaria se viese imposibilitado transitoriamente para ejercer sus funciones,
la Comisión Permanente proveerá, únicamente por el tiempo que dure dicha imposibilidad,
a su sustitución nombrando a un Magistrado que reúna los mismos requisitos exigidos al
Promotor para su designación.
7. Mientras desempeñe el cargo, el Promotor de la Acción Disciplinaria tendrá,
en todo caso, la consideración honorífica de Magistrado del Tribunal Supremo.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 607.
1. El Promotor de la Acción Disciplinaria estará asistido por el número de
Letrados del Consejo General del Poder Judicial que establezca el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del mismo.
2. Los Letrados del Consejo General del Poder Judicial bajo las órdenes del
Promotor de la Acción Disciplinaria no podrán ejercer ninguna otra función y sólo estarán
sometidos a la Secretaría General en cuestiones estrictamente atinentes a su relación de
servicio.
3. Corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la instrucción de los
expedientes disciplinarios. Excepcionalmente, el Promotor podrá delegar de forma expresa
y motivada la realización de determinados actos de instrucción de un expediente disciplinario
en alguno de los Letrados del Consejo que le asisten y que pertenezcan a la carrera judicial.
4. Los Jueces y Magistrados están obligados a colaborar con el Promotor de
la Acción Disciplinaria. El Promotor podrá requerir la presencia del Juez o Magistrado
expedientado, por conducto del Presidente del correspondiente Tribunal, quien deberá emitir
informe en el que se acredite la cobertura del servicio, a fin de que el Consejo General
del Poder Judicial pueda otorgar al Juez o Magistrado comisión de servicios para realizar
el desplazamiento requerido.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 608.
1. Frente a la decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria de no iniciar
expediente disciplinario o de archivar uno ya iniciado se podrá interponer recurso ante
la Comisión Permanente.
2. Si la Comisión Permanente estimare el recurso, se iniciará o continuará
el expediente disciplinario de que se trate.
3. La Comisión Permanente también podrá, de oficio, ordenar al Promotor de
la Acción Disciplinaria la iniciación o continuación de un expediente disciplinario.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO V.
La Comisión de Asuntos Económicos
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 609.
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los
Vocales integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y, de entre ellos, designará a
su Presidente.
2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por cinco Vocales.
3. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia, al menos,
de tres de sus componentes.
4. Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos la realización de estudios
y proyectos de carácter económico y financiero que le sean encomendados por el Pleno del
Consejo, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia y aquellas otras
que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones del Consejo General
del Poder Judicial en materia económica.
5. Asimismo, la Comisión Permanente podrá delegar en la Comisión de Asuntos
Económicos la elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya
aprobación corresponderá, en todo caso, a la Comisión Permanente antes de su elevación
al Pleno.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO VI.
La Comisión de Igualdad
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 610.
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre
sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres,
a los componentes de la Comisión de Igualdad.
2. La Comisión de Igualdad estará integrada por tres Vocales, y será presidida
por la Vocal con mayor antigüedad en el ejercicio de su profesión jurídica.
3. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes.
En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros,
se procederá a su sustitución por otro Vocal del Consejo General del Poder Judicial, preferentemente
del mismo sexo, que será designado por la Comisión Permanente.
4. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas
necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres
y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y,
en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de
los Reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera
judicial.
5. Asimismo corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento
de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para
ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento
que se pueda establecer a estos efectos.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
TÍTULO V.
De los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO I.
Disposiciones generales
Artículo 611.
1. El Consejo General del Poder Judicial dispondrá de los órganos técnicos
que sean necesarios para el correcto ejercicio de sus atribuciones, con el cometido de
tramitar y preparar los asuntos de que hayan de conocer el Pleno y las Comisiones.
2. En lo no previsto en la presente Ley Orgánica, el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará el número de órganos
técnicos, así como la estructura, funciones y forma de nombramiento de sus integrantes.
3. La composición y, en su caso, el número de integrantes de los distintos
órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial se determinará en el Reglamento
de Personal del Consejo General del Poder Judicial.
4. En particular, serán órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial
la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial,
el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación.
5. El Interventor al servicio del Consejo General del Poder Judicial quedará
adscrito a la Comisión Permanente.
6. En ningún caso se podrán crear órganos técnicos con funciones ajenas a las
atribuciones del Consejo General del Poder Judicial.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO II.
Los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial en particular
Artículo 612.
1. En el Consejo General del Poder Judicial habrá una Secretaría General dirigida
por el Secretario General, nombrado entre Magistrados con al menos quince años de antigüedad
en la carrera judicial u otros juristas de reconocida competencia también con no menos
de quince años de ejercicio de su profesión.
2. El Secretario General será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente,
y cesado libremente por el Presidente.
3. Corresponden al Secretario General las siguientes funciones:
1.ª La dirección y coordinación de todos los órganos técnicos y del personal
al servicio del Consejo General del Poder Judicial, salvo en relación con el Gabinete de
la Presidencia.
2.ª Velar por la correcta preparación, ejecución y liquidación del presupuesto,
dando cuenta de todo ello al Presidente y al Pleno para su aprobación por éste último.
3.ª La gestión, tramitación y documentación de los actos del Consejo General
del Poder Judicial.
4.ª Las demás funciones que le atribuya el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo General del Poder Judicial.
4. El Secretario General asistirá a las sesiones del Pleno y de la Comisión
Permanente con voz y sin voto. Asimismo, podrá asistir, con voz y sin voto, a las demás
Comisiones previstas legalmente.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 613.
1. El Secretario General será auxiliado y, en su caso, sustituido por el Vicesecretario
General.
2. El Vicesecretario General será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente,
entre miembros del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial que tuvieren
un mínimo de cinco años de servicios efectivos en el Consejo, y cesado libremente por el
Presidente.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 614.
En la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial existirá un Servicio
Central en el que se integrará la Gerencia, así como los distintos departamentos que presten
servicios comunes a los órganos del Consejo General del Poder Judicial.Sección 2ª.El Servicio
de Inspección del Consejo General del Poder Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 615.
1. El Servicio de Inspección llevará a cabo, bajo la dependencia de la Comisión
Permanente, las funciones de comprobación y control del funcionamiento de los servicios
de la Administración de Justicia a las que se refiere el apartado 1.8ª del artículo 560,
de la presente Ley Orgánica, mediante la realización de las actuaciones y visitas que sean
acordadas por el Consejo, todo ello sin perjuicio de la competencia de los órganos de gobierno
de los Tribunales y en coordinación con éstos.
2. No obstante, la inspección del Tribunal Supremo será efectuada por el Presidente
de dicho Tribunal o, en caso de delegación de éste, por el Vicepresidente del mismo.
3. El Jefe del Servicio de Inspección será nombrado y separado en la misma
forma que el Promotor de la Acción Disciplinaria. El elegido permanecerá en situación de
servicios especiales y tendrá la consideración, durante el tiempo que permanezca en el
cargo, de Magistrado de Sala del Tribunal Supremo.
4. Integrarán, además, el Servicio de Inspección el número de Magistrados y
Secretarios Judiciales que determine el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial.
5. Los Magistrados o Secretarios Judiciales que presten sus servicios en el
Servicio de Inspección quedarán en situación de servicios especiales. Sección 3ª. El Gabinete
Técnico
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 616.
1. El Gabinete Técnico es el órgano encargado del asesoramiento y asistencia
técnico-jurídica a los órganos del Consejo General del Poder Judicial, así como del desarrollo
de la actividad administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
2. Integrarán el Gabinete Técnico un Director de Gabinete y el número de Letrados
que determine el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder
Judicial, así como el personal que resulte necesario para el correcto desarrollo de sus
funciones.
3. Para poder ser nombrado Director del Gabinete Técnico deberá acreditarse
el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos quince años. Sección 4ª.
La Escuela Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 617.
1. Corresponde a la Escuela Judicial desarrollar y ejecutar las competencias
en materia de selección y formación de los Jueces y Magistrados, de acuerdo con lo establecido
en la presente Ley Orgánica y en el Reglamento de la Escuela Judicial.
2. El nombramiento del Director de la Escuela Judicial recaerá en un Magistrado
con al menos quince años de antigüedad en la carrera judicial.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 618.
1. Los profesores de la Escuela Judicial serán seleccionados por la Comisión
Permanente mediante concurso de méritos.
2. Su nombramiento se hará por un período inicial de dos años, pudiendo luego
ser renovado anualmente, sin que en ningún caso pueda extenderse más allá de un total de
diez años.
3. Quedarán en situación de servicios especiales en la carrera judicial o,
en su caso, en el cuerpo de funcionarios de procedencia.
4. También podrán prestarse servicios en la Escuela Judicial en régimen de
contratación laboral de duración determinada. Sección 5ª. El Centro de Documentación Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 619.
1. El Centro de Documentación Judicial es un órgano técnico del Consejo General
del Poder Judicial, cuyas funciones son la selección, la ordenación, el tratamiento, la
difusión y la publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal.
2. Corresponde al Centro de Documentación Judicial colaborar en la implantación
de las decisiones adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial en materia de armonización
de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los
Juzgados y Tribunales.
3. Solo podrá ser nombrado Director del Centro de Documentación Judicial quien
acredite el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos quince años.
Sección 6ª. La Oficina de Comunicación
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 620.
1. Corresponden a la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder
Judicial las funciones de comunicación institucional.
2. La Oficina de Comunicación depende directamente del Presidente, que nombrará
y cesará libremente a su Director.
3. El cargo de Director de la Oficina de Comunicación deberá recaer en un profesional
con experiencia acreditada en comunicación pública.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO III.
El personal del Consejo General del Poder Judicial
Artículo 621.
1. En el Consejo General del Poder Judicial existirá un Cuerpo de Letrados.
El ingreso en el mismo se realizará mediante un proceso selectivo en el que se garanticen
los principios de mérito y capacidad.
2. La plantilla del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial
estará integrada por Letrados de carácter permanente y Letrados de carácter temporal. El
número de plazas de la plantilla de Letrados, tanto las de carácter permanente como las
de carácter temporal, se determinará reglamentariamente por el Pleno del Consejo.
3. Los Letrados de carácter permanente, que deberán estar en posesión del título
de Licenciado en Derecho o del Título de Grado en Derecho equivalente, ingresarán mediante
concurso-oposición que se adecuará a los criterios que sean aprobados por el Pleno y publicados
en el "Boletín Oficial del Estado".
4. Los Letrados de carácter temporal, que deberán ser miembros de la carrera
judicial o fiscal, pertenecer al Cuerpo de Secretarios Judiciales o ser funcionarios de
carrera de un cuerpo incluido en el Subgrupo A1 de las distintas Administraciones Públicas,
ingresarán mediante concurso de méritos y serán nombrados por un período inicial de dos
años, pudiendo luego ser renovados anualmente, sin que en ningún caso pueda extenderse
más allá de un total de diez años de prestación de servicios.
5. Quienes se hallen en servicio activo en el Cuerpo de Letrados del Consejo
General del Poder Judicial por ocupar una de las plazas del Cuerpo de Letrado que tenga
carácter permanente, quedarán en situación de excedencia voluntaria en cualquier otro cuerpo
o carrera a que pertenezcan. Los demás Letrados al servicio del Consejo General del Poder
Judicial serán declarados en servicios especiales en su Administración de origen.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 622.
1. Las personas que desempeñen el cargo de Vicesecretario General, Jefe del
Servicio de Inspección, Director del Gabinete Técnico, Director de la Escuela Judicial,
Director del Centro de Documentación Judicial y Director de la Oficina de Comunicación
ostentarán la denominación de Letrados Mayores.
2. El acceso a estos puestos, en cuanto Jefaturas de Servicio, se producirá
con ocasión de vacante en aquéllos.
3. Estas Jefaturas de Servicio deberán ser objeto de renovación cada cinco
años, correspondiendo al Pleno la designación de quienes vayan a ocupar dichos puestos,
salvo en el caso del Director de la Oficina de Comunicación cuya designación corresponde
al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 623.
Los Letrados del Consejo General del Poder Judicial podrán desempeñar sus funciones
en los distintos órganos del Consejo de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica
y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 624.
En los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial también podrán prestar
servicios miembros de las carreras judicial y fiscal, del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
y del Cuerpo de Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia, así como funcionarios
de las Administraciones Públicas, en el número que fijen las correspondientes relaciones de
puestos de trabajo.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 625.
1. La provisión de los puestos de los órganos técnicos del Consejo General
del Poder Judicial, salvo las excepciones previstas en esta Ley Orgánica o, en su caso,
en los Reglamentos de desarrollo de la misma, se realizará mediante concurso de méritos.
2. Aquellos que hayan obtenido puestos de nivel superior previo concurso de
méritos, serán nombrados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por un período
de dos años, prorrogable por períodos anuales con un máximo de prestación de servicios
de diez años y serán declarados, en su caso, en situación de servicios especiales en su
Administración de origen.
3. Cuando se trate de la prestación de servicios en los restantes puestos de
los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, los funcionarios que los desempeñen
se considerarán en servicio activo en sus cuerpos de origen.
4. Durante el tiempo que permanezcan ocupando un puesto de trabajo en el Consejo
General del Poder Judicial, estarán sometidos al Reglamento de Personal del Consejo.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 626.
1. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder
Judicial podrá prever que determinados puestos de trabajo de carácter técnico, por requerir
una preparación específica y distinta de la jurídica, sean provistos mediante concurso
de méritos entre funcionarios de aquellos cuerpos que en cada caso establezca el citado
Reglamento.
2. En cualquier caso, los puestos de nivel superior en los órganos técnicos
del Consejo General del Poder Judicial sólo podrán ser ocupados por quienes ostenten la
titulación requerida para pertenecer a un Cuerpo incluido en el Subgrupo A1 de las distintas
Administraciones Públicas.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 627.
1. Todos los funcionarios que presten servicio en el Consejo General del Poder
Judicial se regirán por el Reglamento de Personal del mismo y, en lo no previsto en él,
por la legislación general de la función pública estatal.
2. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobará la relación de
puestos de trabajo por la que se ordena dicho personal.
3. El resto del personal no funcionario que preste servicio en el Consejo General
del Poder Judicial se regirá por su respectivo Reglamento de Personal y, en lo no previsto
en él, por la regulación de ámbito estatal que le resulte aplicable.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
CAPÍTULO IV.
De las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial
Artículo 628.
1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial que desempeñen su cargo
con carácter exclusivo percibirán la retribución que se fije como única y exclusiva en
atención a la importancia de su función en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial que no desempeñen su
cargo con carácter exclusivo percibirán las dietas por asistencia al Pleno o a las Comisiones
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin tener derecho a ninguna
otra clase de remuneración por el cargo de Vocal, salvo las indemnizaciones que por razones
de servicio les puedan corresponder.
3. La retribución máxima que podrán percibir los Vocales del Consejo que compatibilicen
dicho cargo con la prestación de servicios en la Administración del Estado o de cualquier
otra Administración o Institución públicas por razón de su asistencia a las Comisiones
y al Pleno, no podrá exceder, sumada a la que perciban por su puesto de trabajo, de la
que corresponda a un Vocal que desempeñe su cargo con dedicación exclusiva.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
TÍTULO VI.
Del régimen de los actos del Consejo General del Poder Judicial
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 629.
Las deliberaciones de los órganos del Consejo General del Poder Judicial tendrán carácter
reservado, debiendo sus componentes guardar secreto de las mismas.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 630.
1. Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial
serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes, salvo cuando esta Ley Orgánica
disponga otra cosa. Quien presida tendrá voto de calidad en caso de empate.
2. Los Vocales tienen el deber inexcusable de asistir, participar y emitir voto
válido sobre todas las cuestiones a decidir por el Pleno y las Comisiones. Solo podrán abstenerse
en los supuestos en que concurra causa legal para ello. Asimismo, únicamente podrán emitir
voto en blanco cuando la naturaleza del acuerdo lo permita y en ningún caso podrán hacerlo
en materia disciplinaria y en las decisiones sobre recursos.
3. La votación será siempre nominal y no tendrá carácter secreto, recogiéndose
su resultado en el acta. Los Vocales tienen derecho a conocer las actas.
4. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones podrán los Vocales solicitar
a la Comisión Permanente la entrega de documentación sobre actividades específicas del Consejo.
Dicha Comisión acordará la extensión y límites de la documentación que deba entregarse en atención
a la naturaleza de la petición.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 631.
1. El Vocal que disintiere de la mayoría, si lo desea, podrá formular voto particular,
escrito y fundado, que se insertará en el acta, siempre que lo anuncie una vez finalizada la
votación y lo presente dentro de los dos días siguientes a aquél en que se tomó el acuerdo.
2. Cuando el Pleno haga uso de sus facultades de informe, se incorporarán al texto
del acuerdo adoptado los votos particulares razonados, que se unirán a la documentación que
se remita al órgano destinatario.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 632.
1. Los acuerdos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial siempre serán
motivados.
2. En los Plenos que decidan las propuestas de nombramiento se dejará constancia
de la motivación del acuerdo, con expresión de las circunstancias de mérito y capacidad que
justifican la elección de uno de los aspirantes con preferencia sobre los demás.
3. La motivación podrá hacerse por remisión, en lo coincidente, a la motivación
de la propuesta de la Comisión Permanente.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 633.
Los acuerdos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial serán documentados
por el Secretario General y suscritos por quien los haya presidido.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 634.
1. Adoptarán la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Ministro
de Justicia, los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial sobre el nombramiento de Presidentes
y Magistrados.
2. Los nombramientos de Jueces se efectuarán por el Consejo General del Poder Judicial
mediante Orden.
3. Todos ellos se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado".
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 635.
1. Los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial se publicarán
en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Los restantes acuerdos, debidamente documentados e incorporados los votos particulares,
si los hubiere, serán comunicados a las personas y órganos que deban cumplirlos o conocerlos.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 636.
1. Los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial serán inmediatamente ejecutivos,
sin perjuicio del régimen de impugnación previsto en esta Ley Orgánica.
2. No obstante, cuando se interponga recurso contra los mismos, la autoridad competente
para resolverlo podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensión de la ejecución,
cuando la misma pudiere causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando esté
así establecido por la ley.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 637.
Corresponderá al Consejo General del Poder Judicial la ejecución de sus propios actos,
que llevarán a cabo los órganos técnicos a su servicio con la colaboración, si fuere necesaria,
de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 638.
1. Los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento
o produzcan indefensión serán impugnables en alzada ante la Comisión Permanente.
2. Los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente pondrán fin a la vía administrativa
y serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El
conocimiento de estos asuntos corresponderá a una sección integrada por el Presidente de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y por los demás
Presidentes de sección de dicha Sala.
3. La legitimación para impugnar los acuerdos de la Comisión Disciplinaria corresponderá
al Juez o Magistrado expedientado.
4. Estará también legitimado para impugnar los acuerdos de la Comisión Disciplinaria
el Ministerio Fiscal.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 639.
1. El Consejo General del Poder Judicial podrá celebrar los contratos que sean
precisos para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con sujeción a la legislación de contratos
del sector público.
2. El órgano de contratación será la Comisión Permanente, que deberá mantener informado
al Pleno sobre los contratos que se celebren.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 640.
1. La indemnización de los daños y perjuicios causados por el Consejo General del
Poder Judicial queda sometida al régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas.
2. La reclamación de responsabilidad patrimonial se presentará ante el Consejo
de Ministros, que resolverá.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 641.
La defensa en juicio de los actos del Consejo General del Poder Judicial corresponde
a la Abogacía del Estado.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Artículo 642.
1. En todo cuanto no se hallare previsto en esta Ley Orgánica y en los Reglamentos
del Consejo General del Poder Judicial, se observarán, en materia de procedimiento, recursos
y forma de los actos del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto sean aplicables, las
disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que, en ningún caso, sea necesaria la intervención del Consejo de
Estado.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a la materia disciplinaria.
3. Tratándose de actos declarativos de derechos, la revisión de oficio y, en su
caso, la previa declaración de lesividad, se adoptarán por el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial por mayoría absoluta de sus miembros.
**Añadido por art. único.1 de Ley Orgánica núm. 4/2013
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
1. En el plazo de un año, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos
de Ley de planta, de demarcación judicial, de reforma de la legislación tutelar de menores, del
proceso contencioso-administrativo, de conflictos jurisdiccionales y del jurado.
2. El Gobierno, o en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en la materia,
aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo de la presente Ley Orgánica, salvo cuando la
competencia para ello corresponda al Consejo General del Poder Judicial a tenor de lo que dispone
el artículo 110. Cuando afecten a condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes
de los Jueces y Magistrados estarán sujetos a los mismos límites y condiciones establecidos para
el Consejo General del Poder Judicial.
**APDO. 2 modificada por art. 10.4 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Segunda.
1. Los Tribunales Superiores de Justicia tendrán su sede en la ciudad que indiquen
los respectivos Estatutos de Autonomía.
2. Si no la indicaren, tendrán su sede en la misma ciudad en que la tenga la Audiencia
Territorial existente en la Comunidad Autónoma a la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
3. En aquellas Comunidades Autónomas donde exista más de una Audiencia Territorial
en el momento de entrar en vigor esta Ley, una ley de la propia Comunidad Autónoma establecerá
la sede del Tribunal Superior de Justicia en alguna de las sedes de dichas Audiencias Territoriales,
salvo que las instituciones de autogobierno de la respectiva Comunidad Autónoma hubieran ya fijado
dicha sede de acuerdo con lo previsto en su Estatuto.
4. En los restantes casos, el Tribunal Superior de Justicia tendrá su sede en la capital
de la Comunidad Autónoma.
Tercera.
1. En aquellas Comunidades Autónomas en las que, a la entrada en vigor de esta Ley,
exista más de una Audiencia Territorial, se crean, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
78, una Sala de lo Contencioso-Administrativo y otra de lo Social, integradas en el correspondiente
Tribunal Superior de Justicia. Tendrán la composición y extenderán su jurisdicción a las provincias
que señale la legislación de planta y demarcación, y su sede en la ciudad en que la tenga, a la
entrada en vigor de esta Ley, una de las Audiencias Territoriales, siempre que en ella no haya
de radicarse el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
2. En Santa Cruz de Tenerife se crean una Sala de lo Social y otra de lo Contencioso-Administrativo,
integradas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Extenderán su jurisdicción a la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, y su composición vendrá determinada en la Ley de Planta.
Cuarta.
Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se procederá a la
constitución del órgano colegiado al que corresponde resolver los conflictos de jurisdicción que se
planteen entre los Tribunales y la Administración. Los Plenos del Consejo General del Poder Judicial
y del Consejo de Estado designarán a los miembros respectivos con antelación suficiente. Una vez constituido
dicho órgano colegiado en la propia sede del Tribunal Supremo, se anunciará ello en el "Boletín Oficial
del Estado", a fin de que asuma, desde el día siguiente, las competencias que la Ley de Conflictos
Jurisdiccionales, de 17 de julio de 1948 , atribuye al Jefe del Estado y al Consejo de Ministros, incluso
respecto de los conflictos que se hallaren en tramitación.
Quinta.
1. El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
2. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de
penas serán recurribles en apelación y queja ante el tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan
dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera
a la clasificación del penado. En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la
competencia para resolver el recurso corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena
privativa de libertad más grave, y en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribunales
hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al que de ellos la hubiera
impuesto en último lugar.
3. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en lo referente al régimen
penitenciario y demás materias no comprendidas en el apartado anterior serán recurribles en apelación
o queja siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa.
Conocerá de la apelación o de la queja la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado
dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario.
4. El recurso de queja a que se refieren los apartados anteriores sólo podrá interponerse
contra las resoluciones en que se deniegue la admisión de un recurso de apelación.
5. Cuando la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de clasificación
de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno,
siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo
que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso o, en su caso,
hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión.
Los recursos de apelación a que se refiere el párrafo anterior se tramitarán con carácter preferente
y urgente.
** APDO. 5 añadida por art. 2.1 de Ley Orgánica núm. 7/2003
6. Cuando quien haya dictado la resolución recurrida sea un Juzgado Central de Vigilancia
Penitenciaria, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias,
la competencia para conocer del recurso de apelación y queja, siempre que no se haya dictado resolviendo
un recurso de apelación contra resolución administrativa, corresponderá a la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional.
** APDO. 6 renumerada por art. 2.2 de Ley Orgánica núm. 7/2003
7. Contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento o se deniegue su
fijación, cabrá recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, que se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
**APDO. 7 renumerada por art. 2.2 de Ley Orgánica núm. 7/2003
8. Contra los autos de las Audiencias Provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional,
resolviendo recursos de apelación, que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponer,
el Ministerio Fiscal y el letrado del penado, recurso de casación para la unificación de doctrina
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el recurso de casación ordinario, con las particularidades
que de su finalidad se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos
de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas
creadas por las sentencias precedentes a la impugnada.
** APDO. 8 renumerada por art. 2.2 de Ley Orgánica núm. 7/2003
9. El recurso de apelación a que se refiere esta disposición se tramitará conforme
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado. Estarán legitimados
para interponerlo el Ministerio Fiscal y el interno o liberado condicional. En el recurso de apelación
será necesaria la defensa de letrado y, si no se designa procurador, el abogado tendrá también
habilitación legal para la representación de su defendido. En todo caso, debe quedar garantizado
siempre el derecho a la defensa de los internos en sus reclamaciones judiciales.
** APDO. 9 renumerada por art. 2.2 de Ley Orgánica núm. 7/2003
10. En aquellas Audiencias donde haya más de una sección, mediante las normas de reparto,
se atribuirá el conocimiento de los recursos que les correspondan según esta disposición, con carácter
exclusivo, a una o dos secciones.
** APDO. 10 renumerada por art. 2.2 de Ley Orgánica núm. 7/2003
** Modificada por art. 1.4 de Ley Orgánica núm. 5/2003
Sexta.
1. Quedan suprimidos los Tribunales Arbitrales de Censos de las provincias de Barcelona,
Tarragona, Lérida y Gerona.
2. La competencia para tramitar y decidir en primera instancia los procesos civiles
en materia de censos en Cataluña, regulados por la Ley de 31 de diciembre de 1945 , queda atribuida
a los Jueces de Primera Instancia competentes en razón del lugar en que esté situada la finca,
que conocerán de esta materia por los trámites del juicio declarativo que corresponda por la cuantía.
3. Los Tribunales Arbitrales de Censos de Cataluña, sin perjuicio de lo dispuesto en
párrafos anteriores, continuarán la tramitación de los procedimientos en curso, incoados con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley, hasta su terminación, incluida la ejecución de sentencias.
4. La respectiva Audiencia Provincial se hará cargo de los archivos de los Tribunales
suprimidos.
Séptima.
Cuando el conocimiento del recurso gubernativo contra la calificación negativa de un Registrador
de la Propiedad basada en normas de derecho foral esté atribuido por los Estatutos de Autonomía a los
órganos jurisdiccionales radicados en la Comunidad Autónoma en que esté demarcado el Registro de la
Propiedad, se interpondrá ante el órgano jurisdiccional competente. Si se hubiera interpuesto ante
la Dirección General de los Registros y Notariado, ésta lo remitirá a dicho órgano.
** Modificada por art. único.126 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Octava.
1. La competencia para tramitar y decidir en primera instancia los procesos civiles
sobre impugnación de acuerdos sociales establecidos en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en
la Ley 2/1995, de 23 de marzo , de Sociedades de Responsabilidad Limitada; en la Ley 27/1999, de
16 de julio , de Cooperativas, así como los que versen sobre la nulidad de registro de cualquiera
de las modalidades de la Propiedad Industrial a las que se refiere la Ley 11/1986, de 20 de marzo
, de Patentes, quedará en todo caso atribuida a los jueces de lo mercantil que resulten competentes.
** APDO. 1 modificada por art. 2.13 de Ley Orgánica núm. 8/2003
2. Sus resoluciones serán apelables para ante la Sala competente, cuyas sentencias
serán, a su vez, susceptibles de recurso de casación cuando ello proceda conforme a la Ley de Enjuiciamiento
Civil .
Novena.
El artículo 34 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre , por la que se regula el Estatuto
del Ministerio Fiscal, quedará redactado como sigue: "Las categorías de la Carrera Fiscal serán las
siguientes: 1ª Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados del Alto Tribunal.
El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tendrá la consideración de Presidente de Sala. 2ª Fiscales
equiparados a Magistrados. 3ª Abogados fiscales equiparados a Jueces".
Décima.
1. La Ley de planta determinará las plazas que, en el Ministerio de Justicia, serán
servidas por miembros de la Carrera Judicial.
2. Las referidas plazas se cubrirán por concurso de méritos, que convocará y resolverá
el Ministro de Justicia en la forma que se determine reglamentariamente.
Undécima.
Queda autorizado el Gobierno para actualizar cada cinco años las cuantías de las multas
mencionadas en el texto.
Duodécima.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia y previo dictamen del Consejo de Estado,
aprobará en el plazo de un año un nuevo texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , en el
que se contengan las modificaciones derivadas de la legislación posterior a la misma y se regularicen,
aclaren y armonicen los textos legales refundidos.
Decimotercera.
1. Queda suprimido el Tribunal Arbitral de Seguros. Se atribuye a los órganos del orden
jurisdiccional civil el conocimiento de todos los asuntos litigiosos anteriormente asignados a
la competencia de aquél.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Arbitral de Seguros resolverá expresamente,
en el plazo máximo de un año, todos los asuntos litigiosos que se hallasen pendientes ante él con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica. Dictada resolución expresa o, en
cualquier caso, transcurrido el citado plazo de un año, que se contará a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley Orgánica, los interesados podrán deducir sus pretensiones directamente
ante los correspondientes órganos de la jurisdicción civil.
Decimocuarta.
La accesibilidad para personas con discapacidad y mayores de dependencias y servicios de
carácter jurisdiccional constituye un criterio de calidad, que ha de ser garantizado por las autoridades
competentes. Las dependencias y servicios judiciales de nueva creación deberán cumplir con las disposiciones
normativas vigentes en materia de promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras de todo tipo
que les sean de aplicación. Las Administraciones y autoridades competentes, en la esfera de sus respectivas
atribuciones, promoverán programas para eliminar las barreras de las dependencias y servicios que por
razón de su antigüedad u otros motivos presenten obstáculos para los usuarios con problemas de movilidad
o comunicación.
** Añadida por art. único.127 de Ley Orgánica núm. 19/2003
Decimoquinta.
Depósito para recurrir
1. La interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión
de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo,
precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto. En el orden penal este depósito será
exigible únicamente a la acusación popular. En el orden social y para el ejercicio de acciones
para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, el depósito será
exigible únicamente a quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social.
2. El depósito únicamente deberá consignarse para la interposición de recursos que
deban tramitarse por escrito.
3. Todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin
al proceso o impidan su continuación, consignará como depósito:
a) 30 euros, si se trata de recurso de queja.
b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de rescisión de sentencia firme
a instancia del rebelde.
c) 50 euros, si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal.
d) 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación
de doctrina.
e) 50 euros, si fuera revisión.
4. Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el
Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia
será precisa la consignación como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien
recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial. Se excluye de la consignación
de depósito la formulación del recurso de reposición que la ley exija con carácter previo al recurso
de queja.
5. El Ministerio Fiscal también quedará exento de constituir el depósito que para recurrir
viene exigido en esta Ley. El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos quedarán exentos de constituir el depósito referido.
6. Al notificarse la resolución a las partes, se indicará la necesidad de constitución
de depósito para recurrir, así como la forma de efectuarlo. La admisión del recurso precisará que,
al interponerse el mismo si se trata de resoluciones interlocutorias, a la presentación del recurso
de queja, al presentar la demanda de rescisión de sentencia firme en la rebeldía y revisión, o
al anunciarse o prepararse el mismo en los demás casos, se haya consignado en la oportuna entidad
de crédito y en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado o del Tribunal,
la cantidad objeto de depósito, lo que deberá ser acreditado. El Secretario verificará la constitución
del depósito y dejará constancia de ello en los autos.
7. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Si el
recurrente hubiera incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito, se concederá
a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto, con aportación en su caso de documentación
acreditativa. De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita
la demanda, quedando firme la resolución impugnada.
8. Si se estimare total o parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de sentencia,
en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.
9. Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la
resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, al que se dará el destino
previsto en esta disposición.
10. Los depósitos perdidos y los rendimientos de la cuenta quedan afectados a las necesidades
derivadas de la actividad del Ministerio de Justicia, destinándose específicamente a sufragar los
gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita, y a la modernización e informatización
integral de la Administración de Justicia. A estos efectos, los ingresos procedentes de los depósitos
perdidos y los rendimientos de la cuenta generarán crédito en los estados de gastos de la sección
13 "Ministerio de Justicia".
11. El Ministerio de Justicia transferirá anualmente a cada Comunidad Autónoma con
competencias asumidas en materia de Justicia, para los fines anteriormente indicados, el cuarenta
por ciento de lo ingresado en su territorio por este concepto, y destinará un veinte por ciento
de la cuantía global para la financiación del ente instrumental participado por el Ministerio de
Justicia, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, encargado de elaborar
una plataforma informática que asegure la conectividad entre todos los Juzgados y Tribunales de
España.
12. La cuantía del depósito para recurrir podrá ser actualizada y revisada anualmente
mediante Real Decreto.
13. La exigencia de este depósito será compatible con el devengo de la tasa exigida
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
14. El depósito previsto en la presente disposición no será aplicable para la interposición
de los recursos de suplicación o de casación en el orden jurisdiccional social, ni de revisión
en el orden jurisdiccional civil, que continuarán regulándose por lo previsto, respectivamente,
en la Ley de Procedimiento Laboral y en la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Decimosexta.
Límite a los llamamientos En ningún caso procederá llamamiento alguno si no hubiese disponibilidad
presupuestaria a la vista de las comunicaciones que periódicamente realiza el Ministerio de Justicia
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las
retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora
del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Añadida por art. único.30 de Ley Orgánica
núm. 8/2012.
Decimoséptima.
Presentación de los planes anuales de sustitución y de las listas del artículo 200 Los
Presidentes de los órganos colegiados correspondientes, en el marco de sus respectivas competencias
y, en su caso, a través de los decanos, velarán porque los planes anuales de sustitución y las listas
a las que se refiere el artículo 200 de esta Ley obren en el Consejo General del Poder Judicial al
menos dos meses antes del uno de enero de cada año. En todo caso, el Consejo General del Poder Judicial
podrá adecuar los planes anuales aprobados cuando como consecuencia de un concurso de traslado o cualquier
otra circunstancia, fuese necesario.
** Añadida por art. único.31 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Decimoctava.
Previsiones de los planes anuales de sustitución Los planes anuales de sustitución preverán
aquellos supuestos en los que el posible sustituto participe en medidas de apoyo o refuerzo, o quede
adscrito con relevación de funciones a otro órgano, a fin de relevarle de la sustitución que pudiese
corresponderle, salvo que expresamente manifestase lo contrario. Del mismo modo preverán la solución
que deba adoptarse ante cualquier otra situación de posible duplicidad de señalamientos.
** Añadida por art. único.32 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Decimonovena.
Planes de sustitución correspondientes de partidos judiciales De considerarse oportuno,
a iniciativa de los decanos, Juntas de Jueces de los partidos afectados, Presidente de la Audiencia
Provincial, Presidente del Tribunal Superior de Justicia o del propio Consejo General del Poder Judicial,
se podrán aprobar planes de sustitución que incluyan varios partidos judiciales, asumiendo el Decano
del partido judicial con más habitantes las labores propias que le encomienda la presente Ley.
** Añadida por art. único.33 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
Vigésima.
Delegación de atribuciones en materia de sustituciones Los Presidentes de los Tribunales
Superiores de Justicia podrán delegar las atribuciones que les reconoce la presente Ley en materia
de sustituciones en aquellos Presidentes de las Audiencias Provinciales de su territorio que consideren
oportuno.
** Añadida por art. único.34 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
1. Hasta que entre en vigor la Ley de Planta , continuarán funcionando las tres Salas
de lo Contencioso-Administrativo existentes en el Tribunal Supremo.
2. En dicha Ley se regulará la situación de quienes en la fecha de su entrada en vigor
sean Presidentes de las citadas Salas.
Segunda.
Tribunales Superiores de Justicia
1. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se constituirán
los Tribunales Superiores de Justicia y, una vez en funcionamiento, desaparecerán las Audiencias
Territoriales.
2. En tanto no entren en funcionamiento los Tribunales Superiores de Justicia, subsistirán
las Audiencias Territoriales existentes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
3. Hasta que entren en funcionamiento los Tribunales Superiores de Justicia, las competencias
que la presente Ley atribuye a su Sala de lo Civil y Penal continuarán residenciadas en las Salas
del Tribunal Supremo que actualmente las tienen atribuidas, salvo que los Estatutos de Autonomía
las atribuyan a la respectiva Audiencia Territorial.
4. Los Magistrados destinados en las Salas de lo Civil de las Audiencias Territoriales
pasarán, cuando éstas sean suprimidas, a prestar servicio en el Tribunal Superior o Audiencias
correspondientes de la sede donde aquéllas se encuentren radicadas, de conformidad con los criterios
que establezca la Ley de Planta.
5. Los Magistrados de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias
Territoriales, cuando éstas sean suprimidas, se integrarán en las Salas de lo Contencioso-Administrativo
de los Tribunales Superiores de Justicia.
Tercera.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Juzgados de Distrito
1. El Gobierno, dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley de demarcación
, oído el Consejo General del Poder Judicial, efectuará la conversión de los actuales Juzgados
de Distrito en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o, en su caso, de Paz, con arreglo
a las siguientes reglas: 1ª En las poblaciones donde estuvieran separados los órdenes civil y penal,
los Juzgados de Distrito pasarán a ser Juzgados de Primera Instancia o de Instrucción, servidos
por el mismo personal que tienen en la actualidad, excepto los encargados con exclusividad del
Registro Civil, que pasarán a ser Juzgados de Primera Instancia. 2ª En las demás poblaciones, cuyos
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción se hallaren servidos por Magistrados, los Juzgados
de Distrito se convertirán en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y continuarán prestando
servicio en los mismos los Jueces titulares y demás personal en ellos destinados. 3ª En los Juzgados
de Distrito a convertir según la regla anterior, los Jueces titulares a quienes por antigüedad
correspondiera ascender, durante el plazo previsto para la conversión, permanecerán con la categoría
de Magistrados, conservando su número en el escalafón en el mismo Juzgado, no surtiendo efectos
económicos el ascenso hasta que la conversión se efectúe. El ascendido podrá optar por la efectividad
inmediata del ascenso, con cambio de destino. 4ª En las poblaciones con Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción servidos por Jueces se aplicará lo dispuesto en la norma anterior, salvo que, por
el escaso volumen de trabajo, resulte procedente la supresión del Juzgado o Juzgados de Distrito
existentes. En este último supuesto, el Juez y Secretario destinados en el Juzgado que se suprima
gozarán, por una sola vez, de preferencia para ocupar las vacantes existentes en el Juzgado o Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción de la localidad, al que, en otro caso, quedarán adscritos en
la forma y con las funciones que, con carácter general, establezca el Consejo General del Poder
Judicial, hasta tanto ocupen otra plaza en propiedad en su propio Cuerpo o Carrera, en los concursos
que reglamentariamente se convoquen y a los que necesariamente habrán de concurrir, reconociéndoseles
preferencia para ocupar las vacantes que se produzcan dentro de la misma provincia. Si no obtuvieren
destino en los tres primeros concursos que se convoquen, podrán ser destinados con carácter forzoso
a las vacantes existentes. El personal asistencial y colaborador quedará adscrito al Juzgado o
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción al que pertenezca el de Distrito, y gozará de preferencia
para ocupar las vacantes que en ellos se produzcan. 5ª Los Juzgados de Distrito que radiquen en
poblaciones que no sean cabeza de Partido Judicial se convertirán en Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción cuando las necesidades del servicio lo aconsejaren, y continuarán servidos por los
Jueces y demás personal en ellos destinados. Los restantes Juzgados de Distrito serán sustituidos
por Juzgados de Paz, y el Juez, Secretario y el personal que en aquéllos prestaban servicios gozarán,
en su caso, de la adscripción provisional y preferencias establecidas en la regla 4ª. 6ª En aquellas
poblaciones en las que en la actualidad hubiese dos o más Juzgados de Distrito y no estuviese unificado
el Registro Civil, se determinará el Juzgado de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción
encargado de llevar aquel servicio.
2. Producida la conversión de Juzgados a que se refiere la norma anterior, se observarán
las reglas siguientes: 1ª Los Juzgados de Distrito convertidos en Juzgados de Primera Instancia
o en Juzgados de Instrucción continuarán conociendo hasta su terminación de cuantos asuntos civiles
y penales tuvieran en trámite, y, desde la fecha de la conversión, comenzarán a entender de los
civiles o de los penales que les correspondieren, por reparto o por el servicio de guardia. 2ª
Los Juzgados de Distrito convertidos en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, cuando existieren
otro u otros de esta clase, seguirán conociendo igualmente hasta su terminación de los procedimientos
civiles y penales pendientes, y en la fecha de la conversión asumirán el conocimiento de los asuntos
civiles y penales que, por reparto o servicio de guardia, les correspondiere. 3ª Los asuntos pendientes
en los Juzgados de Distrito convertidos en Juzgados de Paz pasarán a conocimiento del respectivo
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, excepto en aquello que con arreglo a esta Ley corresponda
al Juzgado de Paz. 4ª Las apelaciones civiles y penales interpuestas contra las resoluciones de
los Juzgados de Distrito con anterioridad a la fecha de la conversión, seguirán sustanciándose
ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Las que se promuevan con posterioridad a
aquella fecha se tramitarán ante la Audiencia Provincial, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley.
Cuarta.
Juzgados de Menores Los actuales Tribunales Tutelares de Menores continuarán ejerciendo
sus funciones hasta que entren en funcionamiento los Juzgados de Menores.
Quinta.
Jueces y Fiscales de ingreso y ascenso
1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedará sin efecto la distinción, dentro
de las categorías de Juez y Fiscal, de los grados de ingreso y de ascenso.
2. A tal efecto, quienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1981, de
16 de noviembre , de integración de la Carrera Judicial y del Secretariado de la Administración
de Justicia, ostentasen la categoría y grado de Jueces de ingreso, quedarán situados por su orden,
a continuación del último de los que ostentaren la categoría y grado de Juez de ascenso, dentro
del escalafón de la Carrera Judicial.
Sexta.
Integración de Abogados Fiscales de ascenso y de ingreso
1. Quienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre , ostentaran
la categoría y grado de Abogado Fiscal de ascenso, a efectos de categoría personal y de Abogado
Fiscal de ingreso, quedarán situados, por su orden, dentro del escalafón de la Carrera Fiscal,
a continuación del último de los que ostentaren la categoría y grado de Abogado Fiscal de ascenso.
2. Los Abogados Fiscales de ingreso que hubieren ejercido el derecho de opción reconocido
en la disposición transitoria segunda de la citada Ley y ostentaren, a efectos de categoría personal,
el grado de ascenso, recuperarán, desde la entrada en vigor de la presente Ley, todos los derechos
a que renunciaron, pudiendo, cuando les corresponda la promoción a la segunda categoría por antigüedad,
optar por continuar en la misma categoría, renunciando a todos los efectos del ascenso. Igual derecho
tendrán los Abogados Fiscales de ingreso procedentes del antiguo Cuerpo de Fiscales de Distrito.
3. Los tres años de servicios efectivos en la categoría tercera exigidos por el artículo
37 , primero, dos, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal , para acceder a la segunda categoría
a través de las pruebas selectivas, se entenderán referidos para todos los Abogados Fiscales de
ingreso, ostenten o no el grado de ascenso a título personal, a los servicios prestados en la categoría
a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Séptima.
Escuela Judicial
1. A la entrada en vigor de la presente Ley, la Escuela Judicial pasará a denominarse
Centro de Estudios Judiciales. El personal, el patrimonio y los medios y recursos económicos se
transfieren al Centro de Estudios Judiciales.
2. El Director, el Jefe de Estudios y el Secretario de la Escuela Judicial continuarán
en sus funciones hasta que tomen posesión los titulares de los correspondientes órganos directivos
del Centro de Estudios Judiciales.
3. Los cursos que se estuvieren celebrando serán asumidos por el Centro de Estudios
Judiciales, que desarrollará también los siguientes hasta que se promulgue su reglamento.
Octava.
Situaciones de Jueces y Magistrados
** Ap. 7 modificada por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 12/2011, de 22 de septiembre.
** Ap. 6 modificada por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 12/2011, de 22 de septiembre.
** Ap. 8 modificada por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 12/2011, de 22 de septiembre.
1. Los Jueces y Magistrados que se hallaren en situación de excedencia especial o supernumerario
y les correspondiere, con arreglo a esta Ley, la de excedencia voluntaria, deberán solicitar el
reingreso al servicio activo dentro del plazo de tres meses contados, a partir de la entrada en
vigor de la Ley de Planta . Si no formularen petición en el indicado plazo, pasarán automáticamente
a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de entrada
en vigor de la presente Ley.
2. Los que se encontraren en situación de supernumerario o de excedencia voluntaria
y les correspondiere la de servicios especiales, en aquel último supuesto, se considerarán en la
situación que corresponda a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, contándoles como
servicios efectivos en la Carrera el tiempo que permanecieron en excedencia voluntaria, correspondiendo
la de servicios especiales, según lo dispuesto en esta Ley.
3. Cuando cesen en la situación de excedencia especial a menos que hubiesen obtenido
plaza, quedarán adscritos con carácter provisional a las Salas del Tribunal Supremo, a las de los
Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia, o a los Juzgados de la población en los que
se encontraban destinados al cesar en el servicio activo que designe la Sala de Gobierno respectiva,
en función de su categoría y orden jurisdiccional en que servían.
4. Esta adscripción se mantendrá hasta que se produzca la primera vacante de su categoría,
y en su caso, turno en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias o Juzgados
a que estuvieren adscritos, la que se les adjudicará fuera de concurso y con carácter preferente.
5. El plazo de diez años a que se refiere el apartado 3 del artículo 357 comenzará
a contarse, para los Jueces y Magistrados que se encontraran en situación de excedencia voluntaria
el día de la entrada en vigor de la presente Ley, a partir de esta última fecha.
6. Los miembros de la Carrera Judicial que, a la fecha de aprobación de los apartados
6, 7 y 8 de la presente disposición transitoria, se encontraren en situación de excedencia voluntaria
por la causa prevista en la letra f) del artículo 356, serán considerados, cuando así lo soliciten,
en situación de servicios especiales desde la fecha de su nombramiento o aceptación del cargo,
computándose como servicios efectivos en la Carrera Judicial el tiempo que hayan permanecido en
dicha excedencia voluntaria. Este régimen, y lo dispuesto en las letras f) de los artículos 351
y 356, es aplicable a los miembros de la Carrera Fiscal y del Cuerpo de Secretarios, cualquiera
que fuera su categoría.
** APDO. 6 modificada por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 12/2011
7. Cuando cesen en la situación de servicios especiales, salvo que hubiesen obtenido
nueva plaza por concurso, quedarán adscritos con carácter provisional a las Salas del Tribunal
Supremo, a las de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia o a los Juzgados de la
población en los que se encontraban destinados al cesar en el servicio activo, en función de la
categoría y orden jurisdiccional en que servían.
** APDO. 7 modificada por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 12/2011
8. Esta adscripción se mantendrá hasta que se produzca la primera vacante de su categoría
y, en su caso, turno en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia o Juzgados
a que estuvieren adscritos, la que se les adjudicará fuera de concurso y con carácter preferente.
** APDO. 8 modificada por art. único.3 de Ley Orgánica núm. 12/2011
Novena.
Comisiones de Servicio Los Jueces y Magistrados que a la entrada en vigor de la presente
Ley estuvieran en comisión en órganos jurisdiccionales, en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, o en cualquier otro Departamento ministerial u organismo administrativo,
cesarán en dicha comisión, reintegrándose a su destino judicial en el plazo de dos meses siguientes
a la entrada en vigor de la presente Ley.
Décima.
Procedimientos disciplinarios
1. Los procedimientos disciplinarios iniciados a la entrada en vigor de esta Ley se
adaptarán a lo dispuesto en la misma sobre competencia, procedimientos y recursos.
2. En cuanto a la tipificación de los hechos o de las conductas y la imposición de
sanciones, se aplicará el principio de irretroactividad, salvo que lo establecido en esta Ley fuera
más favorable para el sometido a procedimiento disciplinario, a juicio del mismo.
Undécima.
Presidentes de Sala del Tribunal Supremo Los actuales Presidentes de Sala del Tribunal
Supremo continuarán desempeñando su cargo hasta que, constituido el Consejo General del Poder Judicial
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sean ratificados o sustituidos por aquél en el plazo de
tres meses.
Duodécima.
Provisión de plazas en el Tribunal Supremo
1. Las vacantes que se produzcan en las Salas del Tribunal Supremo a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley se proveerán conforme a lo dispuesto en la misma, aplicándose transitoriamente
las siguientes reglas: 1ª Las vacantes producidas por cese de Magistrados no procedentes de la
Carrera Judicial se proveerán entre Abogados y otros Juristas de reconocido prestigio. 2ª Las vacantes
que dejen los procedentes de la Carrera Judicial se proveerán de la manera siguiente:
a) La primera, con Magistrados que hubieren prestado diez años de servicios en órganos
especializados en el orden jurisdiccional propio de la Sala de que se trate.
b) La segunda, con Magistrados que reunieren las condiciones generales para el acceso
al Tribunal Supremo.
c) La tercera, por igual turno que la primera, y la cuarta, por el mismo turno que
la segunda.
2. No obstante lo anterior y en cuanto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
los turnos segundo y cuarto se proveerán en la forma que establece la letra a) del artículo 344
de la presente Ley.
3. Las reglas anteriores se aplicarán siempre de manera que no se vulnere la proporción
establecida en el artículo 344 de esta Ley.
4. Cuando se hubiere alcanzado la composición prevista en esta Ley, seguirán aplicándose
las normas generales de provisión previstas en la misma.
Decimotercera.
Presidentes de las Audiencias Territoriales y Provinciales
1. Los actuales Presidentes de las Audiencias Territoriales y Provinciales continuarán
desempeñando el cargo hasta que, constituido el Consejo General del Poder Judicial de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley, sean ratificados o sustituidos por aquél en el plazo de tres meses.
2. Constituidos los Tribunales Superiores de Justicia, cesarán en su cargo quienes
en tal fecha fueran presidentes de Audiencia Territorial y se procederá a efectuar el nombramiento
de los Presidentes de aquélla.
3. Los Presidentes de Audiencias Provinciales y Territoriales que cesaren en su cargo
quedarán adscritos, respectivamente, a la Audiencia o al Tribunal Superior y serán destinados para
ocupar la primera vacante que se produzca en la Audiencia o Tribunal a que estuvieran adscritos,
si no obtuvieran otra plaza, a su instancia, con anterioridad. No obstante, los Presidentes de
las Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona, si cesaren en su cargo, serán adscritos al
Tribunal Supremo.
Decimocuarta.
Jueces Decanos Los actuales Decanos de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en las
poblaciones donde haya diez o más, continuarán desempeñando sus cargos hasta que la respectiva Junta
de Jueces efectúe la elección a que se refiere el artículo 166 de esta Ley, en el plazo de dos meses.
Si no fueren elegidos o nombrados para el cargo, serán adscritos, en su caso, a la Audiencia de la
respectiva capital hasta que obtengan destino en propiedad.
Decimoquinta.
Magistrados por oposición de lo Contencioso-administrativo
** Ap. 4 modificada por art. 1.16 de Ley Orgánica núm. 16/1994, de 8 de noviembre.
1. Los Magistrados que hubieran ingresado por oposición en el orden contencioso-administrativo
tendrán derecho a ser promovidos por el turno de la letra a) del artículo 344 y conservarán la
reserva a su favor de dos de cada cinco plazas de Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. Ello no obstante, el Consejo General del Poder Judicial gozará de libertad
de criterio, en la promoción, cuando no hubiese Magistrados de esta clase que reunieren las condiciones
legales, o ninguno de ellos ostentare méritos suficientes para la promoción. Los que sean promovidos
en virtud del párrafo anterior, se entenderán comprendidos, a efectos de la proporción en la composición
de la Sala, en el turno de la letra a) del artículo 344 de la presente Ley.
2. Los Magistrados a que se refiere el apartado anterior conservarán los derechos reconocidos
en la disposición final primera de la Ley 17/1980, de 24 de abril , que establece el régimen retributivo
de los funcionarios al servicio del Poder Judicial.
3. Tendrán preferencia sobre los demás miembros de la Carrera Judicial para la provisión
de plazas especialistas en las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de las plazas en los Juzgados
especializados en dicho orden jurisdiccional en los términos previstos en los artículos 329.2 y
330.2.
4. Los Magistrados de lo Contencioso-Administrativo por oposición procedentes de la
Carrera Fiscal quedarán en la misma en situación de excedencia voluntaria.
** APDO. 4 modificada por art. 1.16 de Ley Orgánica núm. 16/1994
Decimosexta.
Magistrados suplentes Hasta que termine el año judicial en que entre en vigor la presente
Ley continuarán desempeñando sus cargos los actuales Magistrados suplentes. En el plazo de tres meses
siguientes a su entrada en vigor, las Salas de Gobierno harán nueva propuesta de Magistrados suplentes
para el próximo, cumpliendo lo establecido en la misma.
Decimoséptima.
Cuerpo de Magistrados de Trabajo
1. Desde la entrada en vigor de la presente Ley no se convocarán concursos para el
ingreso en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo.
2. Los actuales Magistrados de Trabajo procedentes de la Carrera Judicial se integrarán
en la misma con la categoría que tuvieran en ella y ocupando el puesto escalafonal que les corresponda,
rigiéndose en lo sucesivo, para la provisión de destinos y promoción de categorías, por las disposiciones
de esta Ley. Los pertenecientes al Cuerpo de Magistrados de Trabajo a que se refiere el párrafo
anterior tendrán la consideración de especialistas a los efectos de lo establecido en el artículo
344 a) de la Ley.
** APDO. 2 modificada por art. 3.11 de Ley Orgánica núm. 16/1994
3. Los que procedan de la Carrera Fiscal se integrarán en la Judicial, colocándose
en el escalafón en el número bis que les corresponde en razón de su antigüedad en aquélla, en la
que permanecerán en excedencia voluntaria.
** APDO. 3 modificada por art. 1.17 de Ley Orgánica núm. 16/1994
4. A efectos de la preferencia para cubrir las plazas de especialistas en las Salas
y Juzgados de lo Social, establecida en los artículos 329.2 y 330.2, de esta Ley, los actuales
Magistrados de Trabajo la tendrán sobre los demás miembros de la Carrera Judicial.
5. El actual escalafón del Cuerpo de Magistrados de Trabajo se mantendrá como escala
anexa al de la Carrera Judicial, conservando todos sus componentes la colocación, categoría y antigüedad
que tienen en él; esta escala determinará entre ellos el orden de preferencia para la provisión
de plazas en las Salas de lo Social y en los Juzgados de lo Social.
Decimoctava.
Tribunal Central de Trabajo El Tribunal Central del Trabajo quedará suprimido en la fecha
en que entren en funcionamiento las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y de los Tribunales
Superiores de Justicia, que serán establecidas por la Ley que fije la planta de los Tribunales. Serán
de aplicación las reglas siguientes: 1ª Los Presidentes y Magistrados del Tribunal Central que, en
virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria anterior, se integren en la Carrera Judicial,
pasarán a constituir la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, según exija la Ley de Planta, y si excedieren de la plantilla que se establezca, se seguirá
un orden de preferencia atendiendo a la mayor antigüedad en el cargo, quedando los restantes adscritos
a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad.
Dicha Sala conocerá de todos los asuntos pendientes en el Tribunal Central, con excepción de los que
correspondan a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 2ª Los Secretarios de Sala y de Gobierno
del Tribunal Central de Trabajo pasarán a prestar servicio en la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional y en la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y si excedieren de la plantilla que se
establezca, se seguirá un orden de preferencia atendiendo a la mayor antigüedad en el cargo, quedando
los restantes adscritos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que
obtengan destino en propiedad.
Decimonovena.
Magistraturas de Trabajo
1. Hasta la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Social, continuarán ejerciendo
sus funciones las actuales Magistraturas de Trabajo.
2. Mientras continúen en funcionamiento las Magistraturas de Trabajo, las plazas vacantes
se proveerán en la forma establecida en el artículo 329 de esta Ley.
Vigésima.
Personal al servicio de la jurisdicción laboral
1. El personal administrativo, auxiliar y subalterno que, a la entrada en vigor de
la presente Ley, preste servicios en las Magistraturas de Trabajo o en el Tribunal Central de Trabajo,
continuará prestándolos en los mismos órganos y, desde que se establezcan, en los Juzgados de lo
Social y Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con sujeción al régimen que en la actualidad
es aplicable hasta que se dicten los reglamentos de personal al servicio de la Administración de
Justicia, los cuales establecerán las normas para su integración en los distintos Cuerpos de aquélla.
2. Será aplicable al personal a que se refiere esta disposición, desde la entrada en
vigor de la presente Ley, el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 489.
Vigésima primera.
Secretarios de la Jurisdicción de Trabajo En la fecha de entrada en vigor de la Ley de
Planta , el Cuerpo de Secretarios de la Jurisdicción de Trabajo se integrará en el Cuerpo de Secretarios
judiciales conforme a las siguientes reglas: 1ª Los Secretarios de la Magistratura de Trabajo, de las
categorías A y B, pasarán a integrar la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios judiciales, escalafonándose
por orden del mayor tiempo de servicios prestados en el Cuerpo de procedencia. 2ª Los Secretarios procedentes
de la Jurisdicción de Trabajo tendrán preferencia para ocupar las plazas de los Juzgados de lo Social
y en las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional o Tribunales Superiores de Justicia. 3ª En el
momento en que se estructuren y entren en funcionamiento las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores
de Justicia, gozarán de absoluta preferencia los Secretarios de la Jurisdicción de Trabajo de la actual
categoría A, sobre los de la B, para servir aquéllos.
Vigésima segunda.
Secretarios judiciales
1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedará sin efecto la distinción, dentro
de la tercera categoría del Cuerpo de Secretarios judiciales, de los grados de ingreso y de ascenso.
2. A tal efecto, quienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1981, de
16 de noviembre , ostentaren el grado de ingreso de la tercera categoría, quedarán situados, por
su orden, a continuación del último de los que ostentaren el grado de ascenso de la tercera categoría,
dentro del escalafón del Cuerpo de Secretarios judiciales.
3. Los Secretarios judiciales que, al amparo de lo establecido en la norma sexta del
artículo sexto de la Ley Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre , y por ocupar plaza de inferior categoría
que la que les correspondía hubieran adquirido la categoría superior a todos los efectos, excepto
los económicos, conservarán la misma situación hasta tanto ocupen plaza de su categoría.
4. Los funcionarios que estén en posesión del título de Licenciado en Derecho y que
procedan de los Cuerpos declarados a extinguir de Oficiales de Sala del Tribunal Supremo y Audiencias
Oficiales de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y escala técnica del Cuerpo Administrativo
de los Tribunales, que estén en situación de activo a la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán
integrados en el Cuerpo de Secretarios judiciales en la tercera categoría, a continuación del último
que figure en ella, por orden de antigüedad de servicio.
5. Los Secretarios judiciales destinados en Fiscalías serán adscritos provisionalmente,
a la entrada en vigor de esta Ley, a los Tribunales y Audiencias existentes en la misma población
donde prestan servicios, hasta tanto adquieran destino en propiedad en los concursos de provisión
ordinarios, en los que gozarán de preferencia, por una sola vez, para ocupar las vacantes que se
produzcan en aquélla.
Vigésima tercera.
Retribuciones de Secretarios judiciales Los Secretarios judiciales remunerados exclusivamente
por arancel o acogidos al sistema mixto de retribución mediante sueldo y participación arancelaria,
únicamente percibirán, desde la entrada en vigor de la presente Ley, los sueldos y complementos con
arreglo a su categoría y destino, establecidos con carácter general para el Secretariado, más un treinta
por ciento del sueldo que les corresponda, en concepto de gratificación, sin que puedan percibir participación
arancelaria de clase alguna, y tendrán derecho a la percepción de haberes pasivos en la forma y cuantía
establecida para los funcionarios públicos, considerándose como servicios abonables los prestados en
el Cuerpo desde la fecha de ingreso.
Vigésima cuarta.
Secretarios de Juzgados de Paz de Municipios de más de siete mil habitantes
1. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, no se convocarán más oposiciones para
el ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de Municipios de más de siete mil habitantes,
que se declara a extinguir.
2. Los funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de Municipios
de más de siete mil habitantes que, a la entrada en vigor de esta Ley, estén en posesión del título
de Licenciado en Derecho, se integrarán en la tercera categoría del Secretariado de la Administración
de Justicia, cubriendo por riguroso orden de antigüedad de servicios efectivos, mediante concurso
específico a este Cuerpo, las vacantes que en ese momento existieren en la citada categoría.
3. Las Secretarías de Juzgados de Paz de poblaciones de más de siete mil habitantes,
mientras queden miembros del Cuerpo a que se refiere esta Disposición que reúnan los requisitos
legales para cubrirlas, se anunciarán, cuando vacaren, a concurso entre los mismos.
4. Declarada desierta una plaza que esté servida por Secretario del Cuerpo de Secretarios
de Juzgados de Paz de Municipios de más de siete mil habitantes por falta de peticionario, quedará
reservada la plaza para su provisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 481 de esta Ley.
5. Los funcionarios del Cuerpo declarado a extinguir de Secretarios de Juzgados de
Paz de Municipios de más de siete mil habitantes con cinco años de servicios efectivos que, a partir
de la entrada en vigor de la presente Ley, obtengan la licenciatura en Derecho, podrán participar
en los concursos a que se refiere el artículo 478.
Vigésima quinta.
Letrados del Ministerio de Justicia Los miembros de la Carrera Judicial que se hallaren
en situación de supernumerario, por pertenecer en activo o en servicios especiales al Cuerpo Especial
Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia, integrado en la actualidad en el Cuerpo Superior de
Letrados del Estado, si al ingresar en el servicio activo no obtuvieren en el Ministerio de Justicia
alguna plaza de aquellas a las que se refiere la disposición adicional décima, quedarán adscritos al
Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Provincial de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad.
Vigésima sexta.
De los funcionarios de los actuales Tribunales Tutelares de Menores
1. La escala de Jueces unipersonales de menores queda declarada a extinguir. Sus miembros
podrán seguir ocupando plaza en los nuevos Juzgados de Menores de la localidad en la que hubieren
venido prestando servicio. En el desempeño de las funciones jurisdiccionales se les aplicará el
estatuto jurídico de la Carrera Judicial.
2. Quienes pertenezcan a la escala de Secretarios de Tribunales Tutelares de Menores
se integrarán en el Cuerpo de Secretarios judiciales, ocupando en el escalafón un número bis según
la antigüedad que ostentaren en la escala de procedencia.
3. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley preste servicios en los
Tribunales de Tutelares de Menores continuará prestándolos en dichos órganos y desde que se establezcan
en los Juzgados de Menores, con sujeción al régimen que en la actualidad les es aplicable, hasta
que se dicten los reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia, los cuales
establecerán las normas para su integración en los distintos Cuerpos de aquélla. Será aplicable
al personal a que se refiere esta Disposición, desde la entrada en vigor de la presente Ley, el
régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 489.
** APDO. 3 derogada en lo referente al personal de la Escala de Delegados
Profesionales Técnicos de los Tribunales Tutelares de Menores por disp. adic. 5.4 de Ley Orgánica
núm. 4/1992
Vigésima séptima.
Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social
1. Los actuales Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social que tengan atribuidas
funciones de vigilancia penitenciaria, así como aquellos que las tengan atribuidas con exclusividad,
continuarán ejerciendo tales funciones como Juzgados de Vigilancia Penitenciaria hasta que la Ley
de Planta establezca estos últimos. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los referidos
Juzgados se denominarán de Vigilancia Penitenciaria y desarrollarán las funciones que como tales
correspondan, sin perjuicio de cuanto al respecto establezca la Ley de Planta .
2. Las funciones en materia de peligrosidad y rehabilitación social corresponderán
a los Juzgados de Instrucción. Será competente el Juzgado de Instrucción en cuyo territorio se
haya manifestado de modo principal la presunta peligrosidad.
3. Mientras no se disponga otra cosa, la actual Sala de Peligrosidad y Rehabilitación
Social, constituida en la Audiencia Nacional, seguirá conociendo de los recursos de apelación y
de queja contra las resoluciones que dicten los Juzgados de Instrucción en la materia a que se
refiere el apartado anterior.
4. Los asuntos en trámite serán resueltos por el Juzgado al que correspondía de acuerdo
con la legislación anterior.
Vigésima octava.
Régimen transitorio de jubilaciones
1. Los Magistrados del Tribunal Supremo, Magistrados, Jueces y Fiscales se jubilarán
de acuerdo con el siguiente régimen transitorio: El 1 de enero de 1986, los que hayan cumplido
setenta años. Durante 1986, los que vayan cumpliendo setenta años. El 1 de enero de 1987, los que
hayan cumplido sesenta y nueve años. Durante 1987, los que vayan cumpliendo sesenta y nueve años.
El 1 de enero de 1988, los que hayan cumplido sesenta y ocho años. Durante 1988, los que vayan
cumpliendo sesenta y ocho años. El 1 de enero de 1989, los que hayan cumplido sesenta y siete años.
Durante 1989, los que vayan cumpliendo sesenta y siete años. El 1 de enero de 1990, los que hayan
cumplido sesenta y seis años. Durante 1990, los que vayan cumpliendo sesenta y seis años. A partir
del 1 de enero de 1991, la jubilación será a los sesenta y cinco años.
** APDO. 1 derogada por disp. derog. única de Ley Orgánica núm. 7/1992
2. Los miembros de los restantes Cuerpos de la Administración de Justicia que, a la
entrada en vigor de la Ley, tengan más de sesenta y dos años y menos de sesenta y cinco, se jubilarán
cuando haya transcurrido la mitad del tiempo que en dicha fecha les falte para cumplir los sesenta
y ocho años de edad. Los que a la referida fecha hubiesen cumplido los sesenta y cinco años se
jubilarán a los dos años de su entrada en vigor, salvo que antes cumplan los setenta.
Vigésima novena.
Los procesos a que se refiere la disposición adicional octava que se hayan iniciado antes
de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuarán su tramitación con arreglo a las normas
vigentes en el momento de su iniciación.
Trigésima.
En tanto la legislación de planta y demarcación no disponga otra cosa, las ciudades de
Ceuta y Melilla conservarán la adscripción judicial que tienen en la actualidad.
Trigésima primera.
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la Ley de Planta y conforme
a lo dispuesto en esta Ley serán elegidos los Jueces de Paz, cesando en su cargo los que hasta ese
momento lo viniesen desempeñando.
Trigésima segunda.
Dentro del mes siguiente a la publicación de esta Ley Orgánica en el "Boletín Oficial del
Estado", todos los miembros de la Carrera Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia
que aún no lo hubieren realizado, prestarán el juramento o promesa previsto, respectivamente, en los
artículos 318 y 460 de la presente Ley.
Trigésima tercera.
Las pruebas selectivas y los concursos para ingresar en los Cuerpos a que se refiere esta
Ley, para promoción interna o para provisión de vacantes, que estén convocadas a la fecha de su entrada
en vigor, serán resueltos por el órgano a quien correspondía la resolución conforme a la legislación
anterior.
Trigésima cuarta.
Mientras no se apruebe la Ley de Planta , los órganos jurisdiccionales existentes continuarán
con la organización y competencias que tienen a la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Trigésima quinta.
Lo previsto en el artículo 307 de esta Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto del período
de prácticas tuteladas, como Juez adjunto, del curso teórico y práctico de selección, será de seis
meses para todos los aspirantes a ingreso en la Carrera Judicial que hayan superado o superen las pruebas
de acceso ya convocadas, y para quienes superen las de la siguiente convocatoria que se realicen a
partir de la entrada en vigor de esta disposición transitoria.
** Añadida por art. 3 de Ley Orgánica núm. 9/2000
Trigésima sexta.
Hasta el 31 de diciembre de 2003, la jubilación por edad de los Jueces y Magistrados prevista
en el artículo 386.1 se fija en los setenta y dos años. Hasta el 31 de diciembre de 2004, la jubilación
por edad de los Jueces y Magistrados se fija en los setenta y un años.
** Añadida por art. 4.1 de Ley Orgánica núm. 9/2000
Trigésima séptima.
Hasta el 31 de diciembre de 2003 podrán ser propuestos como Magistrados suplentes quienes,
con los requisitos previstos en el artículo 201 , no hayan alcanzado la edad de setenta y cinco años.
** Añadida por art. 4.1 de Ley Orgánica núm. 9/2000
Trigésima octava.
Durante un plazo no superior a cuatro años, el Consejo General del Poder Judicial podrá,
en función de las necesidades generales de planificación y ordenación de la Carrera Judicial y adaptación
de la misma a la planta judicial dispensar a los miembros de la Carrera Judicial del requisito, al
que se refiere el artículo 311.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de haber
prestado tres años de servicios efectivos como jueces para acceder a la categoría de Magistrado en
los supuestos contemplados en el párrafo primero del apartado 1 del citado artículo.
** Añadida por disp. adic. 2 de Ley Orgánica núm. 9/2002
Trigésima novena.
Los jueces que, por haber renunciado al ascenso conforme a la legislación anterior, estuviesen
obligados a permanecer por un tiempo determinado en dicha categoría, no podrán ascender hasta que haya
transcurrido este plazo. Tras el ascenso, si optasen por continuar en la plaza que venían ocupando
no podrán participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años.
** Añadida por art. 1.21 de Ley Orgánica núm. 1/2009
Cuadragésima.
Régimen transitorio Los jueces y magistrados que, a la entrada en vigor de esta disposición
transitoria, se encuentren en comisión de servicios con relevación de funciones desempeñando funciones
al servicio del Tribunal Supremo, pasarán en ese momento a la situación de servicios especiales en
la carrera judicial, situación en la que permanecerán hasta que las plazas sean cubiertas mediante
el oportuno concurso.
** Añadida por art. 1.22 de Ley Orgánica núm. 1/2009
Cuadragésima primera.
Suspensión de la percepción de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 La supresión
de la percepción de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a los miembros del Cuerpo de
Secretarios Judiciales y al resto del personal al servicio de la Administración de Justicia tendrá
lugar en la forma que establece el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, adecuando dicha paga a fin de que
la minoración resultante sea análoga a la de los restantes funcionarios.
**Añadida por art. único.35 de Ley Orgánica núm. 8/2012.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
1. Quedan derogadas las siguientes Leyes y disposiciones:
Ley Provisional sobre organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 .
Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1882 .
Ley Orgánica de las Magistraturas de Trabajo de 17 de octubre de 1940 .
Ley de Bases de la Justicia Municipal de 19 de julio de 1944 .
Ley de 17 de julio de 1947, Orgánica del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses .
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 , en los
particulares que regulan aquella jurisdicción y la estructura de sus órganos.
Ley 11/1966, de 18 de marzo , sobre Ordenación Orgánica de los Funcionarios de la Administración
de Justicia.
Ley 33/1966, de 31 de mayo , sobre Reforma Orgánica de los Cuerpos de la Jurisdicción de
Trabajo.
Las disposiciones de la Ley 42/1974, de 28 de noviembre , de Bases, Orgánica de la Justicia,
declaradas en vigor por el Real Decreto-ley 24/1976, de 26 de noviembre , por el que se prorroga el
plazo para la articulación de la Ley 42/1974, de 28 de noviembre , de Bases, Orgánica de la Justicia.
Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero , por el que se crea la Audiencia Nacional.
Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio , por el que se aprueba el texto articulado parcial
de la Ley de Bases Orgánica de la Justicia, de 28 de noviembre de 1974 , sobre Juzgados de Distrito
y otros extremos.
Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero , del Consejo General del Poder Judicial.
La disposición adicional primera de la Ley 17/1980, de 24 de abril , por la que se establece
el régimen retributivo de los funcionarios al servicio del Poder Judicial.
La Ley Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre , sobre Integración de la Carrera Judicial y
del Secretariado de la Administración de Justicia.
Ley Orgánica 12/1983, de 16 de noviembre , de Modificación de Competencias de la Audiencia
Nacional.
Ley Orgánica 4/1984, de 30 de abril , por la que se modifica la 5/1981, de 16 de noviembre
.
Cuantas otras leyes y disposiciones se opongan a lo establecido por esta Ley Orgánica.
2. Queda, no obstante, en vigor la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo , Reguladora del
Procedimiento de "Habeas Corpus".
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
En el Libro VIII de esta Ley Orgánica, el Título V tiene rango de ley ordinaria.
** Añadida por art. único.2 de Ley Orgánica núm. 4/2013
Segunda.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado".
** Renumerada por art. único1 de Ley Orgánica núm. 4/2013