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Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia

desde 24/02/2010 hasta 22/05/2012

TÍTULO II

De la provincia

1. La provincia es una entidad local de carácter territorial formada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia, autonomía y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines propios y específicos.

2. Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular:

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y con la del Estado.

3. El gobierno y la administración de las provincias gallegas corresponde a las diputaciones provinciales.

CAPÍTULO I

Territorio

1. El término provincial es el ámbito territorial en que la Diputación Provincial ejerce sus competencias.

2. La modificación de los límites provinciales sólo podrá producirse por alteración de los términos municipales y mediante ley orgánica conforme a la legislación estatal básica.

CAPÍTULO II

Organización

1. Formarán parte de la organización provincial:

a) El presidente, los vicepresidentes, el Pleno y la Comisión de Gobierno. Será también órgano de la provincia la Comisión Especial de Cuentas.

b) Son órganos complementarios las comisiones de estudio, informe o consulta, cuya constitución y funcionamiento se acomodará a las mismas reglas que sus homónimas de ámbito municipal. El Pleno de la Diputación, haciendo uso de su potestad de autoorganización, podrá crear cualquier otro órgano de carácter complementario, sin otro límite que el respeto a la organización determinada por la legislación básica y por la presente Ley.

2. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar, mediante la presencia de diputados pertenecientes a los mismos, en los órganos complementarios de la Diputación Provincial cuya función sea el estudio, informe o consulta de los asuntos que tengan que ser sometidos a la decisión del Pleno.

1. La elección del presidente se rige por lo dispuesto en la legislación electoral general.

2. Corresponde al presidente el nombramiento de los vicepresidentes.

3. El Pleno de la Diputación Provincial estará constituido por el presidente y los demás diputados provinciales.

4. La Comisión de Gobierno estará integrada por el presidente y un número de diputados no superior a la tercera parte del número legal de miembros de la Corporación, nombrados y separados libremente por el presidente, que dará cuenta de ello al Pleno.

1. Corresponde, en todo caso, al presidente de la Diputación:

a) Representar a la Diputación.

b) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, la Comisión de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial.

e) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación.

f) Autorizar y disponer gastos, dentro de los límites de su competencia, ordenar pagos y rendir cuentas.

g) Ejercer la dirección y las facultades en materia de personal que no tenga atribuidas el Pleno.

h) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.

i) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada por ésta a la Diputación.

j) Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios públicos, o de grave peligro de que éstos se produzcan, las medidas precisas y adecuadas, dando inmediata cuenta de las mismas al Pleno de la Diputación.

k) Contratar obras y servicios siempre que su cuantía no exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto ni del cincuenta por ciento del límite general aplicable al procedimiento negociado legalmente establecido.

l) Autorizar la contratación y concesión de obras, servicios y suministros que excediendo de la cuantía señalada en el punto anterior tengan una duración no superior a un año o no exijan créditos superiores al consignado en el presupuesto anual.

m) Hacer cumplir las ordenanzas y reglamentos provinciales.

n) Decidir los empates con voto de calidad.

ñ) Otorgar las autorizaciones o licencias, a no ser que las ordenanzas o las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno.

o) El desarrollo y la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.

p) Presidir las subastas y adjudicar provisionalmente el remate.

q) Ejercer las demás atribuciones que expresamente le atribuyan las leyes.

r) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que las leyes asignen a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

2. El presidente puede delegar en la Comisión de Gobierno el ejercicio de sus atribuciones, a no ser la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno y las enumeradas en las letras b), g) y h) del apartado anterior de este mismo artículo, todo ello sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para encargos específicos, pueda realizar en favor de cualquier miembro de la Corporación, aunque no pertenezca a la Comisión de Gobierno.

Corresponde a los vicepresidentes, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del presidente en los supuestos de vacante.

1. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:

a) La organización de la Diputación.

b) La aprobación de ordenanzas.

c) La aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación de las cuentas.

d) La aprobación de los proyectos de carácter provincial.

e) El control y la fiscalización de la gestión de los órganos de gobierno.

f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias de funcionarios y el número y régimen del personal eventual, todo ello en los términos de la legislación básica y de la presente Ley, así como la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación, salvo lo dispuesto en el artículo 99, número 4, de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y la ratificación del despido del personal laboral.

g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

h) La enajenación del patrimonio.

i) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás administraciones públicas.

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

k) Aquellas que deben corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial y a las que se refiere el artículo 215 de la presente Ley.

l) La votación sobre la moción de censura al presidente, que se regirá por lo dispuesto en la legislación electoral general.

m) Ejercer las demás que expresamente le atribuyan las leyes.

2. El Pleno puede delegar en la Comisión de Gobierno el ejercicio de sus atribuciones, salvo las enumeradas en las letras a), b), c), d), e), f), g), i), k) y l) del apartado anterior.

Corresponde a la Comisión de Gobierno:

a) La asistencia al presidente en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que el presidente u otro órgano provincial le deleguen o que le atribuyan las leyes.

CAPÍTULO III

Competencias

SECCIÓN 1.ª

1. Serán competencias propias de las diputaciones provinciales las que bajo este concepto les atribuyan las leyes. Las competencias propias se ejercerán en régimen de autonomía.

Son competencias propias de las diputaciones provinciales, en cualquier caso, las siguientes:

a) Coordinar los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada de servicios públicos en todo el territorio de la provincia, cooperando, especialmente, con los municipios de población inferior a veinte mil habitantes para garantizar su efectividad.

b) Prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los que tengan menor capacidad económica y de gestión.

c) Prestar los servicios públicos de carácter supramunicipal.

d) En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.

2. En el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma, las leyes del Parlamento de Galicia reguladoras de los distintos sectores de la acción pública delimitarán como competencias propias de las diputaciones provinciales las que se consideren indispensables para la gestión de los intereses de las mismas.

SUBSECCIÓN 1.ª

2. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, podrá financiarse con medios propios de la Diputación, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Xunta de Galicia y la Administración general del Estado con cargo a los respectivos presupuestos. La Xunta de Galicia podrá condicionar la utilización o empleo de sus subvenciones al establecimiento de los criterios y condiciones que considere convenientes.

1. Las diputaciones provinciales participarán activamente en la elaboración y gestión de los planes de desarrollo comarcal, colaborando en el cumplimiento de sus objetivos a través de las unidades técnicas comarcales.

2. Los planes de desarrollo comarcal tendrán el carácter de marco de referencia para la elaboración de los planes de cooperación de obras y servicios.

1. Para alcanzar una eficaz coordinación de las inversiones públicas en el territorio gallego, los programas de cooperación económica con las entidades locales que elaboren las diputaciones provinciales, cualquiera que sea su denominación y naturaleza, serán puestos, antes de su aprobación, en conocimiento de la Xunta de Galicia y de la Comisión Gallega de Cooperación Local.

2. Las administraciones públicas implicadas procurarán la elaboración de un plan único en el que se fundan las inversiones públicas provenientes de todas ellas; este plan se regirá por un criterio de proporcionalidad que facilite el desarrollo de los referidos planes. Será coordinado por la Xunta de Galicia con el apoyo y asesoramiento de la Comisión Gallega de Cooperación Local.

SUBSECCIÓN 2.ª

La cooperación en la asistencia jurídica en favor de los municipios será prestada por las diputaciones provinciales, entre otras, de las formas siguientes:

a) Mediante el informe y asesoramiento en cuantas consultas les sean formuladas por los órganos competentes de tales entidades.

b) Mediante la defensa en juicio cuando así les sea solicitado.

SUBSECCIÓN 3.ª

La asistencia económico-financiera será prestada por las diputaciones provinciales, entre otras, de las formas siguientes:

a) Mediante el informe y asesoramiento en cuantas consultas les sean formuladas, sobre la gestión económico-financiera, por los órganos competentes.

b) Mediante la cesión temporal en uso de material propio de las diputaciones provinciales.

c) Mediante la concesión de subvenciones a fondo perdido.

d) Mediante la concesión de créditos y la creación de cajas de crédito para facilitar a los ayuntamientos operaciones de este tipo.

SUBSECCIÓN 4.ª

Las diputaciones provinciales prestarán asistencia técnica a las entidades locales mediante la elaboración de estudios, proyectos y dirección de obras relativas a servicios de su competencia, en especial en el ámbito del urbanismo, gestión tributaria y asesoramiento e impulso de las medidas destinadas a mejorar la organización administrativa con especial atención a los sistemas de trabajo y la mecanización de tareas.

SUBSECCIÓN 5.ª

Las diputaciones provinciales prestarán asistencia en materia de formación y perfeccionamiento en general directamente o a través de la Escuela Gallega de Administración Pública en la formación y perfeccionamiento del personal encargado de la gestión económica de las entidades locales.

SUBSECCIÓN 6.ª

1. La prestación de servicios que, por su naturaleza, excedan del ámbito de un municipio y no sean asumidos por otra entidad local será atendida por la Diputación Provincial, previa firma de los oportunos convenios o acuerdos de cooperación.

2. La prestación de los servicios supramunicipales, cuando fuese asumida por la Diputación Provincial, podrá efectuarse:

a) A través de los servicios de la propia Diputación Provincial, mediante cualquiera de las formas de gestión previstas en la legislación vigente.

b) Mediante la constitución de consorcios locales.

SUBSECCIÓN 7.ª

Compete a las diputaciones provinciales regir y administrar los intereses peculiares de la provincia, creando, conservando y mejorando los servicios cuyo objeto sea el fomento de los mismos, y, en especial, los siguientes:

a) Construcción y conservación de carreteras y caminos provinciales.

b) Conservación de monumentos histórico-artísticos.

c) Establecimiento y conservación de bibliotecas.

d) Organización de concursos y exposiciones y de cualquier otra actividad cuya finalidad sea el fomento en materia de cultura, educación y deporte.

e) Realización de obras en todo el territorio provincial.

SECCIÓN 2.ª

1. La Comunidad Autónoma de Galicia podrá transferir o delegar competencias en las diputaciones provinciales y encomendar a éstas la gestión ordinaria de sus propios servicios.

2. El régimen de las competencias que la Comunidad Autónoma pueda transferir o delegar en las diputaciones provinciales mediante ley del Parlamento de Galicia o decreto del Consello de la Xunta de Galicia, así como el de la encomienda de gestión de servicios propios, se acomodará a las reglas previstas en el título IV de la presente Ley.

SECCIÓN 1.ª

Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios donde existan grandes aglomeraciones urbanas y cuando entre sus núcleos de población haya vinculaciones económicas y sociales que hagan precisa la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

1. Por ley del Parlamento de Galicia se podrán crear, modificar o suprimir áreas metropolitanas.

2. Corresponde a la ley de creación determinar los órganos de gobierno y administración, el régimen económico y de funcionamiento, los servicios a prestar y las obras a realizar por el área metropolitana, así como las potestades que se le atribuyan y la justa distribución de cargas entre los municipios que la integran.

3. En ningún caso la creación de un área metropolitana puede suponer la pérdida de competencias de los municipios integrados que les hagan perder su condición de tales.

1. La iniciativa para la creación del área metropolitana podrá partir de los municipios interesados, y, en este caso, se requerirá acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada Corporación.

2. Adoptados los acuerdos se elevarán al conselleiro competente en materia de régimen local, quien examinará la regularidad del procedimiento observado.

SECCIÓN 2.ª

La organización del área metropolitana se regirá por las siguientes reglas:

1. Todos los municipios integrados en el área estarán representados en sus órganos de gobierno y administración.

2. El gobierno y administración del área metropolitana corresponderán al Consejo Metropolitano. Deberá existir, además, una Comisión de Gobierno, un director general y un delegado de la Xunta de Galicia en el área metropolitana. Actuará como secretario quien lo sea del Ayuntamiento donde radique la capitalidad de la entidad local.

3. Podrán complementar la organización del área metropolitana:

a) El Comité de Cooperación.

b) Los órganos de participación sectorial.

SUBSECCIÓN 1.ª

1. El Consejo Metropolitano estará formado por el número de miembros, representantes de todos los municipios integrados en el área, que especifique la ley de creación.

2. El presidente del Consejo Metropolitano será elegido de entre sus miembros.

3. Los miembros del Consejo serán elegidos por los ayuntamientos integrados en el área metropolitana garantizando, en todo caso, el pluralismo político existente en sus corporaciones locales.

1. Corresponderán al Consejo Metropolitano, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Elaborar el inventario de necesidades del área y establecer un orden de prioridades entre ellas.

b) Aprobar el Plan metropolitano cuatrienal de actividades, obras y servicios y su análisis anual. Se someterá a la aprobación definitiva de la Xunta de Galicia en relación con aquellos aspectos que le afecten.

c) Revisar anualmente el plan y velar por su ejecución.

d) Aprobar la memoria anual.

e) Adoptar los acuerdos relativos a transferencias o delegación de competencias y los acuerdos de cooperación con los ayuntamientos del área metropolitana, con la Diputación Provincial, con la Xunta de Galicia y con la Administración central del Estado.

f) Coordinar las actuaciones de los municipios integrados en el área metropolitana y de las demás administraciones públicas que incidan en su demarcación territorial. Las decisiones del Consejo Metropolitano que conciernan solamente a uno de los municipios integrados en el área no podrán adoptarse sin informe previo positivo del Pleno de este municipio.

g) La creación, modificación y disolución de empresas y de entidades de carácter público o mixto, o la participación en otras empresas, cuando ello contribuya a conseguir la máxima eficacia en el cumplimiento de los fines propios del área metropolitana.

h) La aprobación y modificación de los presupuestos.

i) La autorización y la disposición de gastos y la aprobación de las cuentas anuales.

j) La aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo.

k) Ejercer las demás facultades que le sean conferidas por ley o por decreto de la Xunta de Galicia.

2. El Consejo Metropolitano se reunirá, al menos, trimestralmente y cuantas veces sea preciso, a iniciativa del presidente o a solicitud de una cuarta parte de sus miembros.

SUBSECCIÓN 2.ª

1. La Comisión de Gobierno estará integrada por el número de vocales que establezca la ley de creación del área metropolitana, que serán elegidos por el Consejo Metropolitano.

2. A cada municipio del área deberá corresponderle, al menos, un vocal en la Comisión de Gobierno.

3. La Comisión de Gobierno estará presidida por el presidente del Consejo Metropolitano.

1. La Comisión de Gobierno es el órgano ejecutivo del área metropolitana y a tal fin tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices de la Consellería competente en materia de régimen local, de la Consellería de Economía y Hacienda en relación con la planificación económica y del Gabinete de Planificación y Desarrollo Territorial, el proyecto del Plan metropolitano cuatrienal, someterlo a información pública en el plazo de un mes y elevarlo al Pleno del Consejo.

b) Ejecutar los acuerdos que adopte el Consejo Metropolitano y la preparación de las decisiones que conciernan a dicho Consejo.

c) Proponer al Consejo Metropolitano la aprobación y modificación de los presupuestos a que se refiere el apartado h) del artículo 125.

d) Solicitar al Consejo Metropolitano la disposición de gastos referentes a las obras y servicios relativos al apartado anterior.

e) Someter al Consejo Metropolitano el proyecto de plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo y la propuesta de creación, modificación y disolución de las empresas y entidades a que se refiere el apartado g) del artículo 125.

f) Ejercer las competencias que le sean delegadas por el Consejo Metropolitano.

2. La Comisión de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al mes y cuantas veces sea necesario, a iniciativa del presidente o a solicitud de una tercera parte de los miembros de la Comisión.

SUBSECCIÓN 3.ª

El director general tendrá la consideración de personal eventual y tendrá que reunir las condiciones que se determinarán reglamentariamente.

El Consejo Metropolitano determinará las atribuciones del director general, que serán ejercidas bajo la supervisión y control directo del presidente y que, entre otras, podrán referirse a:

a) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Metropolitano y de su Comisión de Gobierno.

b) Impulsar y dirigir los servicios técnicos y administrativos que se creen para el ejercicio de las competencias del área metropolitana.

c) Proponer al Consejo o a la Comisión de Gobierno cuantas medidas considere convenientes en orden al funcionamiento de la entidad metropolitana y al cumplimiento de sus funciones.

d) Desempeñar la jefatura del personal adscrito al área metropolitana.

e) Presentar una memoria anual sobre la labor realizada.

SUBSECCIÓN 4.ª

1. En cada área metropolitana habrá un delegado de la Xunta de Galicia, que será nombrado por ésta y coordinará los servicios de la Xunta de Galicia con los que asuma el área metropolitana, pudiendo asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones del Consejo.

2. El delegado ejercerá cuantas funciones le atribuya la Xunta de Galicia, debiendo facilitar puntualmente a la misma cuanta información le solicite y elevándole, anualmente, una memoria explicativa de las actividades realizadas y expresiva de los resultados obtenidos, tanto respecto al desarrollo económico como a la calidad de vida en el área metropolitana.

SUBSECCIÓN 5.ª

1. Podrá crearse el Comité de Cooperación, que tendrá carácter tripartito y estará formado por representantes de la Xunta de Galicia, de la respectiva Diputación Provincial y del área metropolitana.

2. Sus funciones serán, entre otras, las de coordinar las actividades que en el área puedan llevar en común y que estarán financiadas conjuntamente en la proporción que, en cada caso, se establezca.

1. Podrán crearse órganos de participación sectorial en relación con los ámbitos de actuación del área metropolitana que por su naturaleza lo permitan, con la finalidad de integrar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en el sector de que se trate.

2. Presidirán los órganos de participación sectorial los miembros de la Comisión de Gobierno a los que haya sido asignado el sector específico de materias de que se trate.

3. Corresponderán a los órganos de participación, en relación con el sector material correspondiente, las siguientes funciones:

a) Informar al Consejo Metropolitano o a su Comisión de Gobierno sobre cuestiones del sector específico en las que tenga atribuidas competencias el órgano complementario, tanto por propia iniciativa como a petición de dicho Consejo o de la Comisión de Gobierno.

b) Formular propuestas y sugerencias en relación con el funcionamiento del sector o servicio concreto de que se trate.

c) Participar en el seguimiento de la gestión de los asuntos metropolitanos del respectivo sector.

d) Ejercer cualesquiera otras análogas que determine el acuerdo de creación.

SECCIÓN 3.ª

1. El objeto del área metropolitana será determinado y no podrá incluir todas las competencias de los municipios que la integren.

2. Corresponderá a la ley de creación del área metropolitana especificar sus competencias. Podrán corresponderle, entre otras, las siguientes:

a) La coordinación de la planificación urbanística municipal y la gestión urbanística en ámbitos supramunicipales.

b) La prestación de aquellos servicios públicos respecto a los cuales las áreas metropolitanas se convierten en el espacio más idóneo, así:

¿La planificación hidrológica y la aducción y redes de abastecimiento de agua en alta.

¿Los mercados centrales de abastecimiento y lonjas de pescado y la regulación y autorización de las grandes superficies comerciales.

¿La coordinación de los transportes de viajeros y su infraestructura.

¿La ordenación del tráfico de vehículos en las vías urbanas que afecten a varios municipios.

¿La prevención y extinción de incendios.

¿El tratamiento de la basura y el control de los vertidos, sin perjuicio de la competencia autonómica en la materia.

SECCIÓN 4.ª

La hacienda del área metropolitana estará constituida por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Las aportaciones de los municipios integrados en el área metropolitana.

c) Las subvenciones y auxilios concedidos por otras administraciones públicas.

d) Los cánones por la utilización de bienes públicos o las tasas y precios públicos por la prestación de servicios.

e) El producto de las operaciones de crédito.

f) Las donaciones de entidades particulares.

g) Cualesquiera otros que le corresponda percibir de acuerdo con las leyes.

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