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Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana

Versión vigente desde 16/03/2015

CAPÍTULO III. Reglas especiales para las consultas populares no referendarias de iniciativa ciudadana

La convocatoria de una consulta popular no referendaria puede ser promovida por personas físicas o jurídicas, de conformidad con los requisitos que establece esta ley.

1. La comisión promotora de la iniciativa puede estar formada por una o más entidades con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro o por un mínimo de tres personas físicas que cumplan los requisitos establecidos para poder participar en las consultas.

2. En ningún caso pueden formar parte de la comisión promotora:

a) Los diputados del Parlamento de Cataluña.

b) Los miembros electos de corporaciones locales.

c) Los diputados o senadores de las Cortes Generales.

d) Los diputados del Parlamento Europeo.

e) Las personas que incurran en alguna de las causas de inelegibilidad o incompatibilidad que la legislación vigente establece para los cargos electos y altos cargos de las instituciones catalanas.

f) Los miembros del Gobierno.

1. La solicitud de la iniciativa debe dirigirse al presidente de la Generalidad o al presidente de la entidad local, según sea su ámbito.

2. La solicitud de iniciativa debe ir acompañada de los siguientes documentos:

a) El texto que se propone someter a consulta.

b) La lista de las personas llamadas a participar en la consulta, las cuales deben circunscribirse al ámbito territorial o sectorial de la consulta, de acuerdo con lo establecido por el artículo 5.

c) La propuesta de modelo de hoja de recogida de firmas, que debe contener el texto íntegro de la consulta y el espacio para que la persona firmante consigne el nombre, apellidos, el municipio de residencia y el número de documento nacional de identidad o número de identificación de extranjeros.

d) Una memoria explicativa de las razones que aconsejan, a juicio de los promotores, la iniciativa para promover la consulta popular no referendaria.

e) La relación de los miembros que componen la comisión promotora y sus datos personales.

f) Si la iniciativa es promovida por personas jurídicas, el certificado del acuerdo del órgano competente en el que se ha acordado su presentación.

3. En el plazo de tres meses, el órgano competente debe comunicar a la comisión promotora firmante de la iniciativa su admisión a trámite y la validación de la hoja de recogida de firmas, o la inadmisión a trámite. En el caso de inadmisión a trámite, la resolución debe ser motivada y puede recurrirse esta resolución ante la Comisión de Control.

4. Son causas de inadmisibilidad de la solicitud de iniciativa:

a) Que el objeto de la consulta no se ajuste a lo establecido en la presente ley.

b) Que la documentación presentada por los promotores de la iniciativa no cumpla alguno de los requisitos establecidos por el apartado 2.

c) Que reproduzca otra iniciativa de consulta popular no referendaria de contenido igual o sustancialmente equivalente presentada en los períodos a que se refiere el artículo 39.1.

d) Que haya sido presentada en los períodos a que se refiere el artículo 39.2.

e) Que los llamados a participar no correspondan al ámbito territorial y sectorial de la consulta.

Las iniciativas ciudadanas pueden ser de ámbito de Cataluña o de ámbito local, según el órgano competente para su toma en consideración.

Pueden ser firmantes de la iniciativa las personas propuestas para ser llamadas a participar.

1. Para solicitar una consulta popular no referendaria en el ámbito de Cataluña son necesarias las firmas válidas de 75.000 personas llamadas a participar.

2. Para solicitar una consulta popular no referendaria en el ámbito local, es necesario el número de firmas válidas que establezca la normativa propia de la entidad local, que en ningún caso puede ser superior a lo establecido en esta ley, y en defecto de una determinación específica, las siguientes:

a) En los municipios de hasta 1.000 habitantes, un 15% de las personas llamadas a participar.

b) En los municipios entre 1.001 y 20.000 habitantes, un 10% de las personas llamadas a participar, con un mínimo de 150 firmas.

c) En los municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes, un 5% de las personas llamadas a participar, con un mínimo de 2.000 firmas.

d) En los municipios de más de 100.000 habitantes, un 2% de las personas llamadas a participar, con un mínimo de 5.000 firmas.

3. Si la iniciativa se refiere a un ámbito territorial superior al municipio, como comarcas o veguerías, o inferior, como entidades municipales descentralizadas, barrios o distritos, deben aplicarse solo los porcentajes que establece el apartado 2, que deben tener como base la población concreta del área afectada.

1. La recogida de firmas debe efectuarse con hojas conformes al modelo aprobado por el órgano convocante.

2. En cada impreso de recogida de firmas debe figurar, de forma claramente comprensible, una cláusula informativa sobre la finalidad de la recogida y los demás requisitos exigidos por la normativa de protección de datos de carácter personal.

3. Los datos recogidos en los impresos de recogida de firmas son confidenciales, sólo pueden utilizarse con el fin de apoyar a la solicitud de la consulta para la que se han recogido y deben destruirse una vez transcurrido el plazo para recurrir o, en su caso, una vez resueltos definitivamente los recursos. Solo pueden ser publicadas si las personas firmantes lo autorizan expresamente.

4. Las firmas deben autenticarse en la forma que se determine por reglamento. En todo caso, la comisión promotora puede designar a fedatarios especiales para que autentiquen las firmas, los cuales deben tener más de dieciséis años y deben jurar o prometer ante la Comisión de Control que las firmas que se adjuntan a la iniciativa son auténticas. Los miembros de la comisión promotora son responsables de la autenticidad de las firmas, de su confidencialidad y del trato adecuado de los datos recogidos.

5. El plazo para la recogida de firmas es de noventa días, salvo en el caso de las consultas populares no referendarias mediante votación de ámbito local, que es de sesenta días. Los plazos computan a partir de la fecha de notificación de la admisión a trámite.

1. Una vez recogido el número mínimo de firmas, las hojas deben entregarse al Gobierno de la Generalidad o a la correspondiente entidad local para la comprobación de la inscripción en el correspondiente registro.

2. La acreditación de la inscripción debe efectuarse mediante certificado emitido por los responsables de los correspondientes registros, de conformidad con los datos de la última actualización disponible y en un plazo de dos meses a contar desde la presentación de las hojas de firmas.

1. Si las firmas validadas alcanzan el número mínimo establecido, el órgano competente debe convocar la consulta solicitada en el plazo que establece el artículo 10.4 a partir de la resolución de validación de las firmas.

2. La convocatoria de la consulta solicitada solo puede ser denegada, mediante resolución motivada que debe notificarse a la comisión promotora, si el número de firmas validadas no llega al mínimo legalmente exigible.

3. Corresponde al Gobierno de la Generalidad o a la entidad local legitimada en cada caso para convocar la consulta decidir sobre la validación de las firmas o la denegación de la consulta solicitada.

1. Una vez iniciados los trámites para promover una consulta popular no referendaria, no pueden promoverse otras consultas de contenido igual o sustancialmente equivalente hasta transcurridos dos años a partir de:

a) La celebración de la consulta.

b) La finalización del proceso de validación y recuento de las firmas en caso de denegación de la solicitud de convocatoria.

c) El momento de conclusión del plazo de recogida de firmas o el momento en que haya decaído la solicitud.

2. No puede promoverse ni celebrar ninguna consulta popular no referendaria de iniciativa ciudadana de ámbito local en los seis meses anteriores a las elecciones locales ni en el período comprendido entre las elecciones y la constitución de la entidad local.

3. No puede promoverse ni celebrar ninguna consulta popular no referendaria de iniciativa ciudadana de ámbito de Cataluña a partir del momento de la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones y hasta que no hayan transcurrido cien días desde la toma de posesión del presidente de la Generalidad.

4. En el caso de las propuestas de consulta popular no referendaria que estén en tramitación en el momento de la disolución de la entidad convocante, deben suspenderse los trámites subsiguientes hasta la investidura del presidente de la Generalidad o la constitución de la entidad local.

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